Aquella máxima de los políticos de tener a los amigos cerca y los enemigos todavía más cerca no ha pasado de moda. Sólo que ahora se aplica con ciertas variantes. Antes, a un enemigo de alguien poderoso se le daba una posición para mantenerlo vigilado y también para acotar su margen de acción, porque cuando tomaba decisiones que no le resultaban convenientes a su rival, este, como su superior, simplemente las echaba abajo. Ahora ya no es necesario, la vigilancia sobre las personas que se consideran políticamente peligrosas se puede mantener simplemente espiándolo. Está disponible la tecnología para intervenir teléfonos, correos electrónicos y todo cuanto se comparta en las redes sociales.
Esa vigilancia siempre ha sido ilegal o cuando menos ilegítima. La diferencia es que ahora es posible hacer pública esa maniobra y señalar al que espía, no sólo para exhibir la acción indebida de espiar sino porque al descubrir a quién vigila se muestran los puntos débiles del personaje público, pues perfila el tipo de personas, ideas y temas de interés que percibe como conflictivos para mantener su posición de poder.
En esto de vigilar, también aplica aquello de que según el sapo es la pedrada. Cuanto más poder está en juego, más compleja será la tarea de vigilancia. En 2013 se dio a conocer que, amparada en el argumento de la lucha contra el terrorismo, la administración de Barack Obama espiaba a millones de ciudadanos estadounidenses, con la supuesta intención de adelantarse a posibles ataques de Al Qaeda. Un funcionario filtró a la prensa que la empresa de comunicación Verizon estaba obligada, por una orden judicial secreta, a entregar a la Agencia de Seguridad Nacional los registros de llamadas de más de cien millones de usuarios de telefonía celular. Aunque Obama recibió el respaldo de los republicanos, su popularidad disminuyó drásticamente.
En otros gobiernos, menos interesados en mostrar una cara democrática, la vigilancia ha sido burda y directa. Así, entre más totalitario un régimen, más abierto el espionaje y la represión.
Todavía no concluye el escándalo que le provocó al gobierno mexicano la filtración estadounidense del espionaje gubernamental sobre cierto actores políticos con la utilización de un programa denominado Pegasus para intervenir los teléfonos celulares. Se prometió una investigación que no se sabe si prosperará, dado que el presunto responsable del espionaje es el mismo que está a cargo de la investigación.
Ahora que el debate de la agenda pública tiene lugar en las redes sociales, es común que se revisen las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, de personas de interés para quienes tienen alguna posición. Lo puede hacer un secretario de despacho, un director general, un presidente municipal, un líder sindical, un gobernador, quien sea. Sólo es necesario ser “amigo” del vigilado. Y a veces ni eso.
Esto puede contradecir la afirmación que han hecho los estudiosos de estas nuevas formas de comunicación en el sentido de que las redes abren canales de comunicación y de expresión más horizontales, menos subordinados. Es cierto que la ciudadanía expresa su punto de vista acerca de situaciones de la vida nacional en las que no son actores principales. Por ejemplo, muchas personas se pronuncian, todavía, y todos los días, acerca de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En Twitter están plenamente identificados los personajes públicos que mantienen este reclamo al gobierno, pero lo están menos quienes simplemente se adhieren.
En cambio, las personas difícilmente denuncian lo que ocurre en sus lugares de trabajo, en sus sindicatos, en su escuela o en su ciudad. A pesar de la globalidad, las redes se conforman con muchas personas del círculo cercano y siempre se temen represalias.
Hace muy poco, un maestro xalapeño, ciudadano común y corriente, crítico de sus autoridades, sorpresivamente fue citado a la oficina de un secretario estatal. Le aplicaron primero el terror psicológico haciéndolo esperar más de una hora, al cabo de la cual fue “recibido” por el jefe de seguridad del funcionario, quien le informó que tenían todos sus datos, los de su familia, de su pareja, de su trabajo y era mejor que dejara de criticar al titular de esa secretaría en Facebook, pues lo tenían bien identificado. Después de la amenaza lo dejaron esperando nuevamente. El mismísimo secretario apareció sólo para preguntar afirmando “¿ya habló contigo fulanito (el jefe de seguridad), verdad?” Y regresó a su oficina. El joven maestro no volvió a ocuparse de las decisiones de ese funcionario. Esto fue en la administración duartista. ¿Y quién no recuerda el encarcelamiento de Maruchi Bravo por sus publicaciones en Facebook?
En la presente administración de Veracruz se ha criticado agriamente el nombramiento del director del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Enrique Márquez, un violinista graduado en el extranjero que a pesar de las credenciales registradas en el papel, ha mostrado ser poco diestro para el manejo de los asuntos culturales. Las críticas arrecian porque, para su infortunio, ha tenido antecesores que empequeñecen todavía más su figura.
Hace pocos días se hizo público que la directora de la casa de la cultura de Coatepec, Irene Sepúlveda, envió un mensaje a un artista en el que le pedía no externar su opinión acerca del IVEC en redes sociales pues “estas son revisadas muy minuciosamente por el Estado [sic], amén de que hoy por hoy, has sido apoyado en lo que has necesitado”, pero además le informaba que su solicitud “viene a petición del Sr. Gobernador”. En su descargo, hay que decir que se lo pedía muy atentamente.
Lo dicho por la funcionaria no ha sido desmentido. De ser cierto, resulta muy grave que, con anuencia del gobernador o a petición suya, en verdad se estén revisando “muy minuciosamente” las redes sociales para detectar quién expresa críticas a la actuación del gobierno.
Los problemas del estado de Veracruz son múltiples y sería muy lamentable que una parte de los esfuerzos del gobierno se destinen a vigilar a los ciudadanos en lugar de resolver esos problemas, que, por otra parte, no se limitan a seguir la tragicomedia del proceso contra Duarte sino a tratar de corregir todo el daño que causó a la entidad.
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