Por: Pilar Ramírez
El martes 25 de octubre fue finalmente expulsado del PRI el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Cuando se anunció el inicio de este proceso de expulsión, eran numerosas las opiniones compartidas en las redes sociales que cuestionaban si ese era un verdadero castigo. Claro, los comentarios estaban llenos de humor ácido porque ante las tropelías cometidas por este personaje, la expulsión del partido parecía nada y ante las actuales circunstancias no pertenecer al PRI es lo que menos le debe preocupar. En una sociedad donde la generación de los millennials representa al 44 por ciento del electorado, es inadmisible que los problemas viejos de corrupción como malversar el dinero público se aborde con las mismas viejas prácticas polí- ticas dirigidas a una sociedad que ya cambió, por los menos en los hábitos de consumo de medios. Puede ser que quienes viven pegados a Facebook no abran un diario impreso casi nunca, es posible también que no sean asiduos a visitar los portales informativos, pero a diferencia de lo que ocurría antes, eso no es impedimento para que se mantengan informados, por lo menos de los hechos más relevantes. Y que su gobernador esté bajo investigación por hacer fraude con una cantidad gigantesca del erario público es uno de esos hechos importan tes, porque todo mundo lo comenta en las redes, se hacen memes sobre los acontecimientos que se van sumando al caso, se postean noticias de los medios, es decir, ahora las notas informativas van al lector, no va el lector a ellas. Así, resulta muy ingenuo que el PRI piense que al expulsar de sus filas a Javier Duarte ya no lo van a relacionar con el partido. Cuando hizo uso indebido del dinero era un gobernador priista, cuando dejó de pagar a las empresas proveedoras de bienes lo que ya le había descontado a los trabajadores era un gobernador priista, cuando envió a la policía a reprimir a los jubilados que con toda la razón del mundo se manifestaban para exigir sus pagos era un gobernador priista, cuando utilizó los recursos federales desti – nados a los municipios para cubrir otras deudas era un gobernador priista, cuando habló a nivel nacional frente a las cámaras diciendo que se había conducido con rectitud y que no era dueño de ningún bien en el extranjero todavía era un gobernador priista y ahora es un expriista fugitivo de la jus – ticia. Pero no es ingenuo sino tramposo considerar que por expulsar a un priista corrupto a los ciudadanos se les puede olvidar que no es el único o que Veracruz es el único pro – ductor de esta especie. A propósito de la intervenión de la Comisión de Justicia Partidaria que fue la encargada del proceso de expulsión, me pareció pertinente corroborar qué dicen los estatutos del partido y otras normas partidistas. El artículo 227, fracción X señala que es motivo de expulsión “cometer faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas”, pero además, el partido tiene un Código de Ética Partidaria, que, entre otras cosas, señala que los militantes deben “asumir cabalmente las normas de la más acendrada moralidad pública”, “dejar de lado todo propósito de beneficio propio que cause ruptura o despres tigio al partido”, “se exige a los militantes, cuadros y dirigentes, así como al priista que alcance un puesto de elección popular, de cualquier nivel, a que desempeñe una función administrativa, por elevada que sea su jerarquía, en términos del código de ética par – tidaria, la estricta observancia de la ley”. Es decir, en teoría se les exige actuar con honestidad, lealtad, responsabilidad, moralidad, ética. Se les exige, no se les pide, pero estamos tan habituados a que este tipo de documentos se conviertan en letra muerta que ya ni siquiera los esgrimimos para exigir una respuesta, pues nadie contestará. ¿Quién podría hacerlo? ¿Quien recibió más de un millón de pesos de liquidación por haber sido director de la CFE durante poco tiempo? ¿Su jefe de prensa que recibió 400 mil por el mismo concepto y en la misma dependencia por unos meses de trabajo? ¿Quién tiene la estatura moral para aplicar este código? ¿Estaría dispuesto el partido a expulsar a todos los funcionarios que hacen pequeñas o grandes trampas, actos de corrupción de cualquier tamaño? ¿Quedarían funcionarios priistas en el partido? Si hay alguien que se anime, puede empezar por Veracruz, muchos empleados de la mayoría de las dependencias pueden señalar los actos indebidos de sus jefes, pero hay un pequeño problema: siguen siendo los jefes, y al igual que Duarte siguió mandando hasta el último minuto que ejerció el cargo, ¿quién va a acusar al que tiene el cargo? La víbora se muerde la cola. (ramirezmorales.pilar@gmail.com )
