El tema del feminismo incomoda al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer mandatario pese a su claro afán de priorizar en su gobierno a los que menos tienen, de abatir las desigualdades y poner el centro de la acción gubernamental en atender los rezagos, en orientar programas sociales para ello y distribuir recursos entre amplios sectores, en abanderar –aunque las más de las veces solo de palabra- el combate a la corrupción, ha tropezado definitivamente con las mujeres.
En diversos momentos de su gestión López Obrador ha mostrado una evidente misoginia intelectual cuando se le pregunta sobre el tema de la violencia doméstica, de los feminicidios, de los reclamos por una vida libre de violencia contra ellas, de las marchas que reivindican esas causas. Son temas que no le gustan, que le causan molestia, como ha quedado de manifiesto en diversas coyunturas desde el arranque de su gobierno donde ha debido abordarlos.
En su visión, los movimientos de protesta de las mujeres tienen un fondo de conservadurismo y para ello argumenta invariablemente que han sido infiltrados por sus adversarios políticos. Ha dicho, y eso lo retrata de cuerpo entero, que los “conservadores se volvieron feministas”.
Hemos visto en estos dos años un presidente alejado de las causas feministas, aunque asegure lo contrario y remita a ver el número de mujeres que son funcionarias en su gobierno.
López Obrador cuando es cuestionado sobre las movilizaciones feministas y los reclamos a su gobierno por no entenderlos, abandona el tema, generaliza, se sale por la tangente, simplifica como siempre entre conservadores y liberales con sus peroratas históricas, descalifica a analistas, medios nacionales o internacionales que retoman el tema.
Ha sido su talón de Aquiles, y su Waterloo en este tema ha sido el caso de su amigo Félix Salgado Macedonio.
Sobre Salgado Macedonio, aspirante al gobierno de Guerrero, pesan denuncias por violación y delitos de tipo sexual, un asunto que ha generado un intenso debate público en nuestro país.
Pero el presidente lo ha defendido a capa y espada, respondiendo que este espinoso tema debe resolverse en las instancias legales y que sobre la candidatura es el pueblo de Guerrero quien debe decidir “a través de un método democrático”. No debe haber linchamientos por politiquería, ha dicho López Obrador, abiertamente decidido a respaldar al cuestionado e impresentable político.
Para el mandatario lo realmente importante es la elección de Guerrero, no las denuncias en contra de Salgado Macedonio, no las agresiones a las mujeres que han sido ampliamente documentadas. Eso no entra en su visión del problema. Lo suyo, lo suyo, es la lucha político-electoral y preservar y ampliar su poder, no los reclamos de justicia de las feministas.
El pasado mes de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia con el fin de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres y evitar que ningún contendiente tenga causas abiertas por violación, abuso, acoso o falta en el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. Todos los partidos aprobaron dicha declaración y se comprometieron a cumplir con ella, incluido Morena, por supuesto. Y pese a ello, la dirigencia nacional de ese partido insiste en sostener a Félix Salgado Macedonio, mantener a salvo sus derechos políticos e insertarlo en las encuestas que levantarán para definir su candidato a la gubernatura. Porque eso es lo que desea el presidente de México que premia a sus leales, a quienes se la jugaron con él desde hace años y a quienes disculpa todo.
El apoyo de López Obrador a Salgado Macedonio es revelador. La política, el rendimiento electoral, el fortalecimiento de su partido y el ganar elecciones es lo que lo mueve. Lo demás, el movimiento feminista incluido y el clamor de miles de mujeres por cerrarle el paso a esa cuestionada candidatura, pasa a segundo plano. Ni las ve ni las oye. “Ya chole con el tema”, ha sido su respuesta.
Para diversos analistas este episodio muestra que el presidente de la República debe actualizar su pensamiento y acción, sobre todo –como ha escrito el columnista Julio Hernández en su Astillero que publica La Jornada- “respecto a un movimiento que está adscrito de manera natural a la izquierda, no necesariamente a la electoral, no a Morena, pero sí a movilizaciones, protestas y pensamiento progresista en todo el mundo”. Descalificar el feminismo –le recuerdan a AMLO- y seguir ignorando lo que significa esta lucha “es un acto de poder abiertamente conservador, retardatario”.
Porque debe recordarse que el feminismo transita en el discurso de la izquierda en su abierta crítica al neoliberalismo y a la lucha por la igualdad de género y contra la exclusión, al tiempo que reivindica el cumplimiento de la ley y de la justicia, el diseño de políticas públicas eficaces que fortalezcan las capacidades institucionales para lograr un impacto real en la transformación de la vida de las mujeres.
En absoluto ello se reduce al ingreso y representación política de mujeres en el espacio público, y que esta presencia se haya incrementado como presumen los gobiernos de Morena, porque la posibilidad real de una cuarta transformación en materia de género languidecerá mientras pese más la fidelidad acrítica de los correligionarios del presidente, hombres y mujeres, seducidos por el ejercicio del poder, que una genuina revisión de lo que debe hacerse para en verdad abrazar la causa de las mujeres.
Es claro entonces que para entender y apoyar al feminismo se requieren ciudadanos –y servidores públicos- que tengan en verdad pensamiento progresista, que tengan como referentes cotidianos la compasión, la solidaridad, la humildad, el respeto y el amor por los demás, el compromiso con una vida digna, la lucha por la libertad y contra la injusticia y el respeto a la ley.
De ahí que no se entienda que en Morena que dice pugnar por la justicia social, la colaboración, la libertad, la soberanía, los derechos humanos, los derechos de las minorías, muchos de sus militantes –y peor muchas senadoras, diputadas y funcionarias- se resistan a cerrar el paso a candidaturas como la del guerrerense que se hace llamar “El Toro” que desafía a sus críticos y ofende por partida doble a las mujeres a quienes ha agredido, y se escuden en el diagnóstico de López Obrador de que todo es obra de la politiquería que azuzan sus adversarios.
Pero todo se explica si nos atenemos a que la rebatinga por el poder y los cargos públicos es el verdadero motor de muchos de los políticos de la pretendida Cuarta Transformación, con el presidente a la cabeza, y ante esa realidad, no se sostiene discurso convincente alguno sobre sobre el feminismo y el auténtico cambio que dicen impulsar.
“No somos iguales”, replican ante las críticas. Ya serán las mujeres con su voto, más temprano que tarde, quienes habrán de juzgar qué tan diferentes resultaron.
Con las mujeres pueden topar sus delirios transformadores.
En el sector público, la fiscalización o función fiscalizadora tiene como objetivo que la actividad económico-financiera del aparato estatal se sujete a los principios de legalidad, eficiencia y economía, a través de órganos públicos denominados entidades fiscalizadoras superiores, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada en 1999 y dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en las entidades federativas como Veracruz con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en funciones desde el año 2000 y que rinde cuentas al Congreso local.
Hoy la ASF está en el ojo del huracán luego de que tras la presentación del Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2019, que audita el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, concluyó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra insignia de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, representó un costo estimado de 331 mil 996 millones 517 mil pesos, el triple de lo previsto por el administración federal en abril de 2019.
Como era previsible este Informe generó la molestia del Primer Mandatario, que fiel a su estilo acusó a la ASF de alimentar con datos falsos a sus adversarios políticos y le exigió una aclaración pública que llegó de inmediato al admitir la Auditoría que existen “inconsistencias” en la cuantificación del monto de cancelación, por lo que el contenido de esta auditoría es objeto de “una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada” para determinar este costo. En suma, reconocieron que el monto de más de 331 mil millones de pesos era exagerado y lógicamente ardió Troya.
Los adversarios políticos del presidente acusaron al titular de la ASF, David Colmenares Páramo, de ceder a la presión del presidente López Obrador, en tanto que los afines al lopezobradorismo lo fustigan por supuestamente haber hecho su trabajo con un sesgo político encaminado a dañar la imagen del gobierno de la pretendida Cuarta Transformación. Aún más, López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría por estos hechos y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la misma, el diputado Mario Alberto Rodríguez, ya adelantó que citarán al Auditor Superior y a los auditores especiales que tuvieron a su cargo la revisión del caso del aeropuerto de Texcoco.
Lo que es un hecho es que la rectificación que hizo la ASF revela dos cosas: incompetencia y mala fe o sujeción a dictados o presiones políticas. Le cuento:
En el primer caso el error está desde el punto de partida, esto es, que la revisión corresponde a una auditoría de desempeño donde sólo se analizan los alcances de los programas de gobierno, pero deja de lado examinar el gasto y ello es fundamental sobre todo en obras como el del aeropuerto donde, de acuerdo al discurso del presidente López Obrador que lo llevó a cancelar el proyecto de Texcoco, hubo hechos de corrupción. Entonces lo conveniente era realizar una auditoría forense, que hace una fiscalización rigurosa del empleo de los recursos públicos. Haberlo hecho así nos lleva hoy a que el debate se centre en el sobrecosto que representa la cancelación y no el conocer si existieron y por qué monto desviaciones de recursos, favoritismos en los contratos para beneficiar a determinadas empresas o sobornos a funcionarios públicos.
De hecho la tónica de la gestión de David Colmenares al frente de la ASF ha sido relegar las auditorías de cumplimiento financiero y forenses, que tienen por objeto revisar el ejercicio del presupuesto asignado y sus desviaciones, para centrarse en las auditorías de desempeño. Craso error o ganas de bajar la presión en los análisis del gasto, sea para cuidar a ex funcionarios del anterior gobierno o para evitar choques con el presidente López Obrador. Nada de eso le salió bien.
Basta con ver como la ASF también dio marcha atrás en sus conclusiones de que en el caso de la auditoría a la Secretaría de la Función Pública la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros se resistió al proceso de fiscalización y se negó a entregar información y documentación que se le solicitó como parte de la revisión. En este caso Colmenares Páramo aseguró en diversos medios de comunicación que la SFP no obstaculizó la labor de los auditores y que contaron con toda la información para realizar sus funciones.
Y ahora, como es lógico, luego del escándalo, rápidamente empiezan a surgir declaraciones de funcionarios con observaciones sobre presunto daño patrimonial señalados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, como es el caso de la Secretaria de Energía Rocío Nahle, que califican de absurdas las observaciones al ejercicio de recursos en proyectos bajo su responsabilidad, como la refinería de Dos Bocas.
Como es previsible, así irán descalificándose todos los datos y conclusiones del Informe de la ASF.
Peor, imposible. Las horas de Colmenares al frente de la ASF están contadas. Saldrá por la puerta trasera.
Sin embargo, lo relevante de toda esta historia es que la fiscalización del primer año de gobierno de López Obrador queda bajo sospecha, se tendrá que realizarse nuevamente o deberemos esperar hasta después de las elecciones para conocer los datos reales, con lo que ello supone en términos de opacidad sobre el real ejercicio de los recursos del gobierno federal y alentará a gobiernos estatales y a todo ente fiscalizado a rechazar los informes.
La conclusión de este penoso episodio es confirmar como los procesos de fiscalización por más técnicos que se pretendan, de acuerdo con la ley, no dejan de contaminarse ante la coyuntura política, y más en año de elecciones. Recordemos como en Veracruz, el ORFIS de plano va de prórroga en prórroga autorizada por el Congreso local para presentar la revisión de la Cuenta Pública del primer año de ejercicio del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la que si bien van las cosas conoceremos hacia el segundo semestre de este 2021, una vez pasadas, claro está, las elecciones locales y federales.
Ello sin dejar de recordar los arreglos en lo oscurito que se hacen en el Congreso cuando se presentan los Informes del ORFIS y donde la Comisión de Vigilancia se arregla con los ayuntamientos observados para limpiar sus cuentas o apretar a las autoridades municipales con fines electorales, como ha sucedido siempre.
Cuando el horizonte de los políticos y de los gobiernos se circunscribe a lo electoral y a los arreglos políticos no hay fiscalización que sirva. El ORFIS con un presupuesto de casi 183 millones de pesos en 2020 no puede concluir su trabajo y la ASF que manejó en ese año más de 2 mil millones de pesos lo hizo mal. Vaya cosa. Seguimos en la simulación de que el país y nuestro estado han cambiado.
La figura de los candidatos independientes surgió en México como una de tantas vías que se han ensayado para ciudadanizar la política, hacer efectivos derechos políticos consagrados en las leyes y atender, aunque sea de manera tangencial, la creciente demanda de la gente para que los representantes populares rindan cuentas. Se creyó que al abrir la posibilidad de que un ciudadano busque acceder a cargos de elección sin pasar por las maquinarias de los partidos lo alejaría de las prácticas tradicionales que invariablemente sujetan a un político a los intereses de gobiernos o dirigencias partidistas para acercarlo al ideal de responder sin cortapisas al elector.
Sin embargo, como sabemos son los partidos políticos a través de sus representaciones en las cámaras los que confeccionan y deciden si se modifican o no las leyes electorales, por lo que al incorporar a las candidaturas independientes al marco normativo lo hicieron estableciendo un conjunto de requisitos y trabas que desalienta a cualquiera el intentar esta vía para competir electoralmente.
En Veracruz 36 personas buscan candidaturas independientes para el proceso electoral en curso y de esa cifra, 32 son aspirantes a candidatura para la presidencia municipal y cuatro para la diputación local. De acuerdo con el Organismo Público Local Electoral (OPLE), el municipio con más aspirantes es Xalapa, que reportó siete registros de intención para el caso de la alcaldía y tres para la diputación local.
El simple requisito de recabar las firmas de ciudadanos en los distritos o municipios en que pretendan competir equivalente al 3 por ciento de la lista nominal de electores revela el tamaño del reto de quien aspire a ser candidato independiente. Lo cual se hace aún más complejo si consideramos que fuera de las estructuras partidistas y sin contar con financiamiento público, los valientes que se animen a transitar ese empedrado camino están en franca desventaja. Cómo hacerle para reunir los apoyos requeridos, y peor aun cuando no pueden hacer actos anticipados de campaña y la recolección de firmas deben llevarla a cabo con recursos privados. Tarea hercúlea que en muchos casos solo puede lograrse si detrás del aspirante está una organización partidista o ente gubernamental que lo respalde o capitales lícitos o ilícitos dispuestos a hacer el gasto.
Aunque debe señalarse, por supuesto, que existen aspirantes auténticamente independientes, cuya trayectoria así lo acredita y que batallan con todas esas reglas respaldados por cientos de entusiastas ciudadanos que los ayudan a recabar las firmas requeridas, como es el caso del ex rector de la Universidad Veracruzana Raúl Arias Lovillo, que busca la alcaldía de Xalapa.
Con todo, varios aspirantes a candidaturas independientes solicitaron al Organismo Público Local Electoral de Veracruz la ampliación del plazo de entrega de firmas ciudadanas que necesitan para obtener sus candidaturas por treinta días más atendiendo a que el plazo para ello oficialmente vence el próximo 22 de febrero. Y piden también que el porcentaje de ciudadanos que deben respaldarlos se reduzca del 3 al 1 por ciento de la lista nominal de electores, así como eliminar la parte de la dispersión que les exige contar con el dos por ciento de apoyos ciudadanos en cada sección.
La complejidad de reunir los apoyos ciudadanos es más cuesta arriba en plena emergencia sanitaria por el virus SARS-COV 2, lo que obliga a los aspirantes a pasar las de Caín para promoverse sin violar la ley o utilizar una aplicación diseñada por el INE para tal propósito pero que implica que cada ciudadano la descargue en sus equipos de cómputo o teléfonos celulares, tomar una foto de su credencial para votar, con lo engorroso que ello puede resultarle a algunos.
Intentar ser candidato independiente es pues una tarea sumamente compleja y lo es porque así fue establecida por los legisladores que introdujeron esa figura en la legislación electoral con ganas de desanimar al más entusiasta.
Estamos en consecuencia frente a una más de las simulaciones a las que somos tan afectos en nuestro país. Si lo políticamente correcto es ciudadanizar la política, pues hagámoslo, pero que no se cumpla, o que se cumpla poquito.
Con todo, más allá de las dificultades de concretar una candidatura independiente es importante que se intente esa vía y que se visibilicen y denuncien las trabas y obstáculos para cumplir los requisitos legales.
El ideal en esta historia es que fortalezcamos la opción independiente, y dejemos que los partidos tradicionales sigan en su juego gatopardista, con sus arreglos cupulares, postulando a los mismos de siempre, a estrellas del espectáculo o del deporte y exhibiendo su miopía y sordera ante el sentir ciudadano.
Contar con cuadros capacitados debe ser una de las tareas centrales de cualquier organización política que aspira al poder. Siempre se requiere, además de la natural renovación generacional, del acceso de gente preparada, con nuevas visiones y actitudes que refresquen la forma de hacer política y ofrezcan renovadas respuestas a problemas añejos. Por ello existen escuelas de cuadros y formaciones juveniles en todos los partidos. Son como las fuerzas básicas de las que habrán de emerger los nuevos liderazgos, los técnicos o los políticos profesionales en los que se soporta la capacidad de una fuerza política para ofertar a la ciudadanía una plataforma política, un ideario o un proyecto de desarrollo nacional o estatal y ejercer gobiernos a la altura de las circunstancias.
En esa lógica todos los gobernantes buscan formar sus cuadros que les permitan trascender el ciclo de poder que les corresponde. Son los jóvenes – y en los tiempos de la Cuarta Transformación, los cercanos sin mayor experiencia en la administración pública- que de la nada reciben delicadas oportunidades políticas o administrativas y que en teoría se deben ir fogueando para empresas cada vez mayores. Sea un cargo de elección popular o una alta responsabilidad en el organigrama burocrático. Su mérito es, o debía ser, sus aptitudes profesionales, su sensibilidad política, su formación cultural o académica, sus dotes para el liderazgo o el cabildeo, entre muchas prendas que en teoría sustentan o dan la razón al propósito del gobernante que los impulsa.
En México y en el mundo vivimos en el espejismo de la juvenilización, donde lo joven es visto como lo bueno, lo honesto, lo que viste a un equipo de gobierno. De ahí que veamos a muchos políticos o administradores jóvenes como gobernadores, secretarios de estado o del despacho, legisladores, ediles o funcionarios públicos, sin que el hecho de su accionar en la administración pública signifique por sí mismo garantía de probidad, eficacia y eficiencia. No necesariamente por ser joven o haber sido compañero de viaje en la lucha por el poder se tiene la aptitud para estar a la altura de los retos que impone el gobernar. Como no es en automático, lo sabemos, que un correligionario sin más experiencia que haber participado en campañas políticas o en movilizaciones desde la oposición pueda con el paquete de un cargo administrativo de gran responsabilidad.
Los nuevos políticos pueden tener carisma, pero difícilmente pueden inspirar confianza en automático. En ello cuenta mucho la actitud, que es, sin duda, un factor decisivo para el crecimiento político. Y es justamente en ese aspecto donde la gran mayoría de jóvenes y funcionarios “empoderados” cojea. La soberbia y la arrogancia con que se conducen muchos de ellos los desconecta de la gente. Basta ver las imágenes de algunos dirigentes partidistas, funcionarios o legisladores para corroborarlo. Ahí los tenemos en una actitud de grosera altivez, con un lenguaje corporal que dice mucho de su sobredimensionada autoestima. El poder les marea, sin duda. La mezcla de juventud, inexperiencia y poder sin contrapesos no siempre es la mejor alternativa.
Por ello muchos de los “prometedores” políticos no pasan del sexenio en que gozan del apoyo gubernamental. Ejemplos abundan. De las “camadas” de jóvenes políticos que recordemos en las décadas recientes pocos, muy pocos, lograron forjarse una carrera política destacable o que valga la pena recordar, a pesar del apoyo de sus protectores. Porque la verdadera madurez política de las y los jóvenes empoderados se aprecia y los lleva a trascender, cuando además de las características de formación y sensibilidad que requiere el ejercicio de esta actividad, poseen la capacidad de avanzar sin que alguien más les indique qué hacer, qué decir o qué pensar. Ya lo decía el filósofo Emmanuel Kant: “La inmadurez es la incapacidad de usar nuestra propia inteligencia sin la guía de otro”.
Y es aquí donde podemos concluir que, bien pensado el asunto, es mejor confiar los delicados asuntos de la gobernanza a alguien con madurez política. A quien desde joven aprendió que puestos, dirigencias y liderazgos son cíclicos y reconoce que el valor más grande de la política es actuar siempre con responsabilidad y sencillez, honrando la palabra empeñada. Lo demás, por más que se quiera alargar inútilmente la curva de aprendizaje, siempre será apostar por inútiles y contraproducentes fuegos fatuos.
El pasado 13 de junio asumí la presidencia del Comité de Participación Ciudadana y con ella del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, lo que representa un privilegio y un enorme reto que enfrento con determinación y convicción.
Porque al igual que la gran mayoría de la sociedad estoy convencido de que la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades, los graves rezagos que nos lastran y la incontrolable violencia criminal que nos amenaza a diario tienen su origen, sin duda, en la corrupción, las complicidades y la agraviante impunidad que vivimos.
La corrupción todo lo corroe. Es un problema estructural cada vez más complejo y sofisticado, que desde el poder se mueve a través de redes de ocultamiento y maquinaciones para defraudar, y que opera felizmente al amparo de la falta de castigo.
Del lado ciudadano desde tiempos inmemoriales tenemos interiorizado el razonamiento de que la dádiva, el cohecho, el porcentaje o diezmo y la mordida son mecanismos de defensa o interacción ante la autoridad, que sirve lo mismo para agilizar trámites y evitar multas que para ganar un contrato, una licitación o ser beneficiario de fondos o recursos económicos provenientes de programas gubernamentales.
Del lado de la autoridad, del servidor público, se tiene por regla general que los cargos públicos son para aprovecharlos en beneficio propio o de los amigos o cercanos. Sea para fortalecer la carrera política, hacer negocios o fondearse para la próxima campaña electoral, para el próximo encargo que se busca.
Son reglas no escritas y modus vivendi de muchos.
Son también prácticas que conforman un amplísimo catálogo de los resortes que mueven a buena parte, o gran parte para ser más precisos, de quienes abrazan la carrera política y el servicio público, desde luego con sus honrosas excepciones, y que al final, guiados por la voracidad, la falta de escrúpulos y la ausencia de sanciones a sus actos, alimentan al monstruo de mil cabezas llamado corrupción.
Todo eso es posible porque se concibe a los puestos públicos como un botín. Y esa captura de la administración gubernamental, de los órganos de representación o de toda institución pública, los convierte en espacios para acomodar a los incondicionales, a los correligionarios y a habilitar funcionarios solo por afinidades partidistas, sin importar si cuenten con el perfil requerido para el cargo, lo que pone la mesa para perpetuar la corrupción.
De ahí que lo central en esta lucha es combatir justamente esa captura, frenar los afanes de los políticos por administrar los gobiernos sin rendir cuentas e impulsar una nueva cultura de la legalidad que permita moralizar la vida pública.
La sociedad quiere acciones decididas para combatir la corrupción y la impunidad. Está decidida a que se cambie realmente y a fondo el estado de cosas y que el discurso del combate a la corrupción, de la honestidad, se corresponda con acciones que lo demuestren.
Por ello se creó el Sistema Anticorrupción como un mecanismo que vincula a las instancias públicas responsables de la prevención, fiscalización, transparencia, y la sanción administrativa y penal de las faltas y hechos de corrupción, que deben trabajar coordinadamente en un órgano colegiado que es presidido por un representante ciudadano.
En Veracruz se ha avanzado en contar con los cimientos del Sistema, con los órganos que lo integran debidamente conformados y en operación. Con una presencia pública importante gracias al trabajo del Comité de Participación Ciudadana con la vinculación con organismos empresariales, instituciones académicas y organizaciones sociales para sumar esfuerzos en la lucha anticorrupción.
Sin embargo es mucho lo que falta por hacer.
Actualmente los esfuerzos se centran en integrar la Política Estatal Anticorrupción, que alineada a la política nacional en la materia pero con las especificidades de la problemática de nuestro estado, haga posible cerrar los espacios a la arbitrariedad, la impunidad y la visión patrimonialista del poder, a fortalecer la profesionalización en el servicio público, a impulsar la cultura de la legalidad y a vigorizar la interacción del gobierno con la sociedad.
No obstante, los diques para que esto se lleve a cabo son muchos y de diversa índole.
Persiste la simulación y la reticencia de instituciones y actores de la vida pública para transparentar sus actos, para hacer efectiva la rendición de cuentas.
Desde su instalación el Comité de Participación Ciudadana de Veracruz debió avanzar a contracorriente. En el gobierno anterior se nos cerraron las puertas de las oficinas gubernamentales y en los meses recientes ha debido enfrentar campañas mediáticas para denostarlo, para cuestionar la integridad de sus miembros, para frenar sus iniciativas. Ante cada queja que se hace pública, ante cada solicitud de información respecto a denuncias ciudadanas sobre presuntos hechos de corrupción, la respuesta ha sido cuestionar al Comité.
Se ha querido poner en tela de duda la honorabilidad de sus miembros solo por el hecho de cuestionar, indagar, preguntar o ventilar presuntos hechos fuera de la ley y pedir a las autoridades que lo investiguen y cumplan con su responsabilidad. Se nos cuestiona por cumplir un mandato legal y por ejercer las atribuciones de vigilancia que nos otorga la Ley del Sistema Anticorrupción.
Este año, además, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción se le aplicó un recorte de más del 50 por ciento a su presupuesto. El mayor recorte de todas las instituciones públicas en Veracruz, lo que dejó al Sistema en una condición financiera tal que le imposibilita prácticamente cumplir con las obligaciones que la ley le impone y que llevó a fuertes ajustes en su operación y al recorte, decidido por el Órgano de Gobierno, de casi la mitad del personal.
Hay muchas resistencias. Pero eso a los ciudadanos no nos frenará.
La tarea no es fácil. Confiamos en la sensibilidad del Gobierno de Veracruz para fortalecer al Sistema Anticorrupción, que, sin duda, puede y debe ser su mejor aliado en el cumplimiento de los objetivos de la lucha contra la corrupción y la impunidad que enarbola el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Combatir de verdad y a fondo el fenómeno de la corrupción debe trascender el discurso, más allá de agendas personales, proyectos políticos o visiones partidistas o de grupo. Es una tarea fundamental para hacer frente al fenómeno indeseable del ejercicio indebido de la función pública del que ya padecimos ampliamente en Veracruz y que no queremos que se repita.
Esto solo será posible si existe una participación ciudadana fuerte y demandante. Porque cuando los ciudadanos nos alejamos de la cosa pública y se nos adormece el juicio crítico a las acciones de gobierno, los políticos hacen de las suyas. Eso lo sabemos y lo hemos padecido ampliamente en nuestro estado y en todo el país.
Por eso el combate a la corrupción y la impunidad en Veracruz solo puede lograrse con un Sistema Estatal Anticorrupción eficaz, eficiente y fuerte.
Pero para que ello se logre es fundamental que exista la apertura gubernamental y la voluntad política para mostrar en los hechos el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la impunidad.
Quienes formamos el Comité de Participación Ciudadana, en alianza con la sociedad civil organizada, con el concurso de los medios de comunicación, con las aportaciones del periodismo de investigación, con la inteligencia de muchos académicos, y con todos los que quieran sumarse a esta gran cruzada, haremos nuestra tarea, con todo nuestro esfuerzo, capacidades y experiencia.
Lo que esperamos, simple y llanamente, es que las autoridades hagan la suya.
No esperamos más pero tampoco menos.
En los días que corren en Veracruz hemos presenciado una explosión delictiva cuyas ondas expansivas llegan a prácticamente todos los rincones de la geografía de la entidad. La delincuencia organizada ha lanzado un reto de proporciones mayúsculas al gobierno del estado, que ha debido reaccionar con la concentración de efectivos de todos los cuerpos de seguridad y el apoyo de fuerzas militares para intentar frenar la ola de violencia que siega vidas, genera miedo, zozobra y lastima gravemente la convivencia social. Estamos frente al mayor desafío que el narcotráfico había planteado en Veracruz y vaya que ya habíamos padecido de manera cruenta este fenómeno en administraciones pasadas.
El problema es grave y requiere atenderse con toda la fuerza gubernamental, pero precisa, sin duda, del respaldo de la sociedad para que se le ataque de manera más efectiva.
La lucha requiere abrir frentes en varias direcciones que vayan más allá de las acciones meramente policíacas y militares.
Es vital que a la par de tomar las medidas emergentes para contener la violencia y continuar la lucha contra el crimen, se den pasos efectivos en el fortalecimiento de nuestra economía para ofrecer alternativas reales de empleo e ingreso y se “desnarcotice” la actividad económica de muchas regiones, amén de impulsar con el concurso de organizaciones sociales y privadas un amplio programa de información en las escuelas, en las comunidades rurales, en las zonas urbanas, en los centros de trabajo y entre los padres de familia que permita alertar sobre los peligros y riesgos del consumo y tráfico de narcóticos.
Urge transformar la visión imperante en el imaginario colectivo, especialmente de los estratos de menores ingresos, de que la actividad del narcotráfico, si bien implica una vida de sobresaltos y clandestinidad, se compensa ampliamente con el poder y riqueza que genera, por lo que muchos jóvenes suponen que bien vale la pena correr el riesgo ante la falta de oportunidades; estimulados, desde luego, por las series sobre narcos y toda la parafernalia que se ha creado en torno a ellos y la aureola de “prestigio” de algunos santones de esta ilícita actividad, en lo que es a todas luces una apología de la violencia al alcance de cualquier televidente.
Así como se debe poner un dique a la penetración del narcotráfico en la actividad política, en las campañas y en las finanzas de los partidos políticos. Urge fortalecer las facultades de fiscalización de los órganos electorales y se obligue a los partidos y candidatos a informar puntualmente sobre las fuentes del financiamiento privado a sus campañas internas y al proselitismo que realizan en épocas electorales, para evitar que sirvan como vehículos para el lavado de dinero. Esa es, a no dudarlo, una de las asignaturas pendientes y de la mayor relevancia en el combate al crimen organizado.
Pero en toda esta historia tiene un lugar especial la prevención del delito y el castigo a las conductas antisociales, que es la tarea de las instancias de seguridad y de las fiscalías.
Es evidente que la penetración del narco en las estructuras de poder y en las corporaciones policíacas, el lavado de dinero, el boom del narcomenudeo, la colusión de jueces y autoridades con los barones de la droga para dejar libres a los criminales son moneda corriente en el México de hoy y explican lo infructuosa que resulta las más de las veces la guerra contra el narcotráfico.
Poco se puede hacer cuando los organismos de seguridad, los elementos encargados de combatir a los delincuentes y las fiscalías que deben procurar justicia están al servicio de quienes supuestamente persiguen. Es la corrupción que todo corroe y echa por la borda todos los esfuerzos para hacer efectivo el Estado de Derecho.
Ahora las autoridades piden paciencia al ciudadano mientras se desarrolla la lucha contra los grupos delincuenciales. Sin embargo eso ya lo han pedido desde hace 12, 6 y 2 años en el país y en Veracruz, particularmente, y la sangría continúa.
Surge entonces la interrogante: ¿Estamos condenados a convivir con esos niveles de violencia e inseguridad?
La existencia del crimen organizado precisa de condiciones ambientales propicias para su establecimiento y desarrollo. Ese hábitat que le facilita las cosas se da en aquellos espacios en los que la laxitud en la aplicación de la ley y la vulnerabilidad del marco jurídico van de la mano con la connivencia de las autoridades y los cuerpos policíacos con los delincuentes, trátese de ladronzuelos de poca monta, saqueadores del erario público, defraudadores de cuello blanco, secuestradores, traficantes de drogas o roba coches.
La colusión de intereses de los supuestos encargados de aplicar la ley con quienes la quebrantan da por resultado la primacía de la impunidad y con ella la indefensión absoluta del ciudadano. Eso ocurre cuando las complicidades marcan el derrotero de las investigaciones policiacas, la actuación y conclusiones de las fiscalías especializadas y, en general, el rumbo de toda indagatoria que parte del principio de no tocar determinados intereses.
Mucho se ha dicho que para gobernar hoy en día, en el sentido de garantizar condiciones de gobernabilidad -estabilidad social y contención o desahogo de la conflictividad por cauces institucionales-, los políticos requieren establecer acuerdos no solo con la sociedad, los partidos, el Congreso o la Judicatura, sino con los llamados poderes fácticos que tienen una indiscutible presencia e influencia en nuestra sociedad, llámense las fuerzas armadas, la Iglesia y, por increíble que pueda parecer, el propio crimen organizado.
Sabemos que los cárteles de la droga ponen condiciones o presionan a los gobiernos para que les respeten territorios, rutas de operación, negocios de lavado de dinero, representantes o encargados del cabildeo. De los acuerdos a que se llegue –si los hay- depende el éxito o fracaso de las políticas de seguridad, de las acciones de combate al narcotráfico y, desde luego, el conjurar la amenaza de la violencia generalizada y de las ejecuciones. El dilema es pactar o no, hacerse de la vista gorda, simular que se les combate o combatirlos de verdad. Hasta ahora lo que han imperado son la simulación y los pactos inconfesables.
Ante ese panorama ¿están obligados sociedad y gobierno a rendirse ante el peso, influencia y amenazas de los criminales? Desde luego que no.
La lucha contra el crimen organizado no debe admitir tregua ni negociación o tolerancia con los criminales.
Sin embargo, más allá de todo ello, cualquier acción de combate a la delincuencia que busque el éxito debe partir de un hecho simple y fundamental: que se castigue al que delinque, que pague a la sociedad todo aquel que quebrante la ley.
No puede ni debe haber permisividad. Llámense como se llamen los infractores deben ser sancionados, porque la impunidad prohíja más y más graves delitos.
No podemos acostumbrarnos a convivir con la violencia. Ni dejar que se repitan los crímenes porque no se les castiga. Esa debe ser la exigencia ciudadana que más ayudará en esta batalla.
La corrupción es un problema de enormes dimensiones que tiene repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales en todos los órdenes de la vida pública y privada en nuestro país. Es un fenómeno dual, donde se ven inmersos ciudadanos y autoridades. Conviven y se benefician, aunque se diga lo contrario.
Tanto mal hace el particular que soborna como el funcionario público que se aprovecha del cargo.
Desde tiempos inmemoriales tenemos interiorizado el razonamiento de que la dádiva, el cohecho, el porcentaje o diezmo y la mordida son mecanismos de defensa o interacción ciudadana ante la autoridad, que sirve lo mismo para agilizar trámites y evitar multas que para ganar un contrato, una licitación o ser beneficiario de fondos o recursos económicos provenientes de programas gubernamentales.
Del lado de la autoridad, del servidor público, también se tiene por regla general que los cargos públicos son para aprovecharlos en beneficio propio o de los amigos o familiares. Sea para fortalecer la carrera política, afianzar relaciones con personajes o grupos de poder, hacer negocios para acrecentar las cuentas bancarias personales y tener un guardadito para la próxima campaña política o no padecer en el futuro desde la fría banca, lo mismo que para lograr contratos de obra vía prestanombres, organizar conflictos para resolverlos y llevarse una porción de la derrama económica pactada con los dirigentes de las organizaciones sociales que protestan, armar consultorías, despachos contables o de asesoría que prestan sus servicios a la dependencia donde despacha justamente el dueño de esos despachos. Son reglas no escritas y modus vivendi de muchos.
Son también prácticas que conforman un amplísimo catálogo prolijo de enumerar sobre las prácticas inveteradas de buena parte de quienes abrazan la carrera política y el servicio público, desde luego con sus honrosas excepciones, que al final alimentan al monstruo de mil cabezas llamado corrupción.
En el funcionario que se enriquece en el cargo y abusa de sus funciones, en el ciudadano que paga una dádiva, en el servidor público que la recibe, en la simulación en la rendición de cuentas, en la opacidad como norma, se explican efectivamente mucha de nuestras taras y rezagos como nación.
La captura de los puestos públicos y el convertir la administración gubernamental en espacio para acomodar a los cuates, los correligionarios, la familia y amigos, para saldar compromisos de campaña, y habilitar funcionarios sin ton ni son solo por afinidades partidistas, sin importar si cuenten con el perfil requerido para el cargo, es otra de las manifestaciones de la corrupción.
Si en los regímenes priistas y panistas era el sello de la casa el simular que se combatía la corrupción aunque se beneficiaran ampliamente de ella -¡y de qué manera!-, en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, donde el eje del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente el combate sin tregua a la corrupción y la impunidad, resulta lamentable, por decir lo menos, que empiecen a aparecer denuncias sobre casos de abuso de poder que contradicen el discurso y la decisión del Primer Mandatario, y se dan justamente en Veracruz.
Desde el arranque del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez comenzaron a hacerse denuncias respecto a casos de nepotismo y de despidos injustificados para colocar recomendados, compañeros de partido y compromisos de campaña.
Se señaló en su oportunidad, sin que haya habido investigación alguna por parte de la Contraloría General del Estado, que la titular de la Secretaría del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, designó a mediados de febrero de 2019 a su hija como Jefa del Departamento Jurídico y de Amparos de la dependencia. Y no solo eso, de acuerdo a información publicada en medios de comunicación locales la titular de esa secretaría habría colocado a su hermano, a su yerno, a un tío y a un sobrino dentro de la dependencia.
Por su parte, el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, habría colocado al menos a siete sobrinos y otros familiares en clínicas, hospitales y direcciones de la dependencia. En tanto que en otras dependencias, como es el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue designado un primo del propio primer mandatario estatal, cuyos hijos cuentan con cargos en la Secretaría de Seguridad Pública, y en el DIF Estatal.
Luego de la filtración de un audio donde la titular de la Secretaría de Trabajo intentaba justificar el nombramiento en favor de su hija y de que estallara el escándalo en medios locales, el gobernante veracruzano salió al paso para señalar que ese nombramiento no llegó a darse, que se le pidió a la funcionaria desistir de hacerlo y que por tanto no sería sancionada. Pero hasta ahí. ¿Y en relación a los otros cargos señalados y en lo que toca a la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en otros dependencias? De eso no se ha dicho nada.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 46 que todo servidor público debe abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas.
Así como de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que puede resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o por afinidad o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
En su artículo 53 la misma Ley define las sanciones aplicables al caso, que son destitución del puesto; sanción económica, cuando se haya causado un daño patrimonial u obtenido un lucro; o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Los casos anteriormente citados deben investigarse si de salvar la credibilidad del gobierno se trata y de ser comprobados sancionarse en los términos que señala la norma.
Combatir de verdad y a fondo el fenómeno de la corrupción debe trascender el discurso.
Es una tarea fundamental para hacer frente al fenómeno indeseable del ejercicio indebido de la función pública del que ya padecimos ampliamente en Veracruz y que no queremos que se repita.
Es lo menos que se espera cuando el cambio de régimen anuncia y promete una nueva visión del servicio público, alejado de sus peores prácticas, que sin duda se deben erradicar.
Porque la única convivencia democrática posible y el genuino cambio del estado de cosas, una auténtica Cuarta Transformación es la que se sustenta en el equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y el apego de gobernantes y gobernados a lo que marca la ley.
Ni más, pero tampoco menos.
A partir del primer minuto de este sábado 1 de diciembre los veracruzanos estrenamos gobernador. Y lo haremos en un clima de gran expectación y optimismo ante la llegada de los nuevos vientos que todo cambio trae consigo, pero sobre todo porque el ideario, oferta política y el programa de gobierno que se anuncia representan una bocanada de aire fresco luego de catorce años de administraciones marcadas por una visión patrimonialista del poder, de negocios y corrupción, que llevaron a Veracruz a una profunda y grave crisis en todos los órdenes que llevara muchos años remontar.
La renovación de la esperanza sexenal de los ciudadanos deberá corresponderse con una renovación en las prácticas y estilos de hacer política, con un cambio diametral del estilo de gobernar. Así lo ha ofrecido Cuitláhuac García Jiménez, todos los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional con cargos de representación popular, lo mismo que quienes formarán parte del equipo gobernante. Confiamos en que se cumpla la palabra empeñada porque el clamor por un auténtico cambio en Veracruz es enorme.
La sociedad quiere un gobierno austero, honesto, con verdadera visión del servicio público, en el que el compromiso social, la tolerancia, el diálogo respetuoso y la búsqueda de acuerdos sin excluir al otro, sean instrumentos cotidianos para el ejercicio de la política.
Demandan un gobierno de descentralización política y administrativa, de puertas abiertas, transparente y sin simulaciones, que propicie de verdad la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Nos urge contar con un gobierno en el que nadie esté por encima de la ley, en el que la vigencia plena del derecho no admita excepciones, arreglos en lo oscurito o la famosa justicia y gracia para los amigos, los compañeros de partido o los cercanos al círculo del poder.
Una administración que se aboque a restaurar el tejido social y garantizar seguridad a todos los veracruzanos; que combata la impunidad y rompa el círculo de complicidades entre el crimen organizado y políticos ambiciosos y sin escrúpulos que han abonado a la descomposición, al quiebre de la convivencia y a que Veracruz se convirtiera en un camposanto, con un espantoso baño de sangre y violencia que se expresa de manera desgarradora en el tema de los desparecidos que enluta miles de hogares en nuestro estado.
Ya desde su triunfo en las elecciones del pasado 1 de julio el nuevo mandatario ha venido anunciando que vendrá un cambio profundo para la entidad y que esta transformación precisa de la participación de los ciudadanos. Tomémosle la palabra y hagamos cada uno nuestra parte en esta tarea. Una sociedad demandante y actuante es la mejor manera de que este prometedor inicio de gobierno sea una constante en los próximos seis años: un gobierno cercano a la gente, eficaz, transparente y de auténticas manos limpias.
Porque si algo agravia a los ciudadanos, daña al tejido social y dinamita la legitimidad de las instituciones es la corrupción de los políticos. Si algo ha dañado a Veracruz es el altísimo grado de corrupción que ha sido la constante en las administraciones de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.
Esa es ahora una de las principales tareas que tiene frente a sí la nueva administración. El principal reto del gobernador Cuitláhuac Jiménez será la reconstrucción de la credibilidad.
Bienvenida la transparencia y rendición de cuentas que se anuncia. No más funcionarios con aires de aristócrata que crean que les hacen un favor a los veracruzanos al ocupar los cargos públicos. No más salarios estratosféricos, compensaciones millonarias, ni el uso de bienes públicos, vehículos o helicópteros oficiales para viajes de placer. Disciplina presupuestal y honestidad en el uso de los recursos gubernamentales es una exigencia ciudadana a la que se debe y puede dar respuesta.
Esperamos una gestión en la que la eficiencia y modernidad burocráticas partan de una reingeniería del aparato administrativo que elimine estructuras inútiles, que duplican o triplican funciones, creadas las más de las veces para dar acomodo a los cuates, para contrapesar o apuntalar a un funcionario ineficaz o para contar con más estructuras administrativas desde las que pueden hacerse negocios o meterle la mano al cajón.
Un gobierno que consolide los mecanismos de fiscalización y control, en el que la política financiera y la administración de los recursos sea transparente, moderna y eficiente, más profesional, en la que no quepan más los caprichos principescos, las obras suntuarias, los negocios al amparo de las obras públicas o el uso de recursos gubernamentales para campañas políticas, comprar voluntades o financiar proyectos sucesorios.
Una gestión marcada por la profesionalización del servicio público, por el desarrollo de un auténtico Servicio Civil de Carrera que asegure la estabilidad en la función, el mérito y una nueva cultura administrativa de servicio al ciudadano.
Una administración en la que la simplificación y la mejora regulatoria contribuyan al combate a la corrupción; una gestión que dé énfasis a la planeación estratégica para proyectar sobre bases reales el desarrollo regional a mediano y largo plazos.
Un gobierno que garantice el derecho a la información, que sea cercano al ciudadano, en el que los funcionarios no se encierren en sus oficinas, camionetas o entre sus escoltas. Un gobierno que no ponga vallas para impedir que la gente se acerque.
En suma, un gobierno de auténticos servidores públicos. Nada más, pero tampoco menos es lo que esperamos de ellos.
Llegó la hora de la verdad y a partir de este 1 de diciembre tiene la palabra Cuitláhuac García.
Llega al poder junto con el presidente más votado en la historia moderna de México, su mentor y compañero de partido, Andrés Manuel López Obrador, y sin duda, con sensibilidad y visión de Estado, tiene todo para lograrlo. Por el bien de Veracruz esperemos que así suceda.
Aún me queda el regusto de las dos entrevistas y un par de visitas fugaces que hice a la señora Dora María, vecina de la colonia Álvaro Obregón. Esta entrevista me dejó la satisfacción de conocer a una mujer xalapeña de pura cepa, de trato afable, historia interesante, gran amante de sus árboles, plantas y flores.
Comenzaré contándole que el día en que concerté con ella la entrevista y el segundo día en que comenzamos a charlar, me recibió con tierra en sus manos, pues era la hora de estar con sus plantas. Después tuvimos que esperar dos días, pues el frío impedía subir a la azotea y áreas abiertas a conocer sus más trescientas plantas. Frío y lluvia que también ellas debían resistir.
Dorita casó con don Rodolfo hace 53 años. Él es originario del vecino estado de Puebla, a donde fueron a vivir sus primeros años de matrimonio. Después regresaron a Xalapa, donde se establecieron definitivamente. Procrearon ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro varones, todos profesionistas: dos ingenieros agrónomos, dos abogados, un ingeniero civil, un administrador de empresas, una nutrióloga y una periodista…¡Qué satisfacción!
Ella también se preparó para la vida. Su padre la indujo a estudiar Corte y Confección y ella ejerció la alta costura por cuarenta años. Bordaba con chaquira, lentejuelas y abalorios, vestidos y ajuares completos que elaboraba para novias y quinceañeras; trajes de comunión y ropones de bautizo. Cuando se retiró, sus hijos le pusieron una tienda de abarrotes para que se distrajera y ayudara.
Don Rodolfo fue un exitoso maestro de albañilería. Con la ayuda de sus hijos, construyó su casa hace treinta y cinco años, atendiendo los deseos de su esposa y respetando la orografía del terreno. Es de destacar que también le gustan las plantas y sembrarlas. Por estar cercana a mi domicilio, con frecuencia observaba esta casa; siempre me pareció como de cuento, por la estructura de su fachada, sus desniveles y toda la vegetación que mana de ella.
En el centro del arriate de la banqueta, una casuarina de treinta y cinco años filtra el aire y oxigena, por lo que el calor ni el aire les llega de golpe, me explica Dorita. Allí, una jacaranda de 20 años, un níspero, algunas plantas de café, un ficcus de cuatro metros, guías de teléfono enredado entre los árboles y un ramillete de jazmines, coronan el conjunto.
En la banqueta, pegado a la barda, destaca otro conjunto: un árbol de dólar, “ojo de pájaro” -por sus flores amarillas-, jazmines, stargazer (lirio tipo azucena), flores de cera y varias enredaderas. La escalonada entrada a la vivienda nos lleva al primer nivel donde nos recibe un alargado y ancho jardín que también da a la fachada. De entre ellos asoman arbustos, plantas, flores de todos colores como anturios rojos, flor de mayo, flores de un tubérculo llamadas “amor de un día”, orquídeas: “espíritu santo”, “orquídeas de palo”, `vaca´, `torito´ y `babuchas de la reina´, así como phalenopsis blancas, moradas y lilas. También hay rosales de flores blancas, amarillas y rosadas y la “rosa de terciopelo”. A los lados, unas llantas que fungen como macetas.
Hay anturios oaxaqueños, bromelias, mini anturios rojos, bugambilias blancas, rosadas, naranjas y rojas; aves del paraíso, violetas blancas y lilas. También helechos, suculentas, mafafas, palo rojo, macadamia. Sólo en la azotea hay doscientas plantas, entre las cuales destacan las hierbas curativas: Mirto, ruda, romero, Santa María, que bien pueden tomarse en té o para baños. Hierba de burro, tomillo, orégano, epazote, acuyo, “hierba maestra”, ajenjo -para el dolor de estómago-, chayote…
No cabe duda, las de Dorita y don Rodolfo sí que son manos creadoras…xalapaflorida@hotmail.com