En Veracruz, la política comienza a encontrar cauces más sofisticados, alejándose paulatinamente de los viejos usos clientelares y desordenados que dominaron durante décadas. El estado ha comenzado a acostumbrarse a un nuevo estilo de ejercer el poder: más calculado, más estratégico y con mayor sentido institucional. Esta transición se ha evidenciado con claridad en el proceso de renovación del Poder Judicial del estado, donde, más allá de las formas, lo que ha quedado de manifiesto es que el verdadero centro de poder no está donde muchos pensaban.
La reciente elección de magistrados y jueces, enmarcada en la nueva legislación impulsada por el Congreso local, dejó entrever que el Órgano de Administración del Poder Judicial es la instancia que realmente ejercerá el control sobre este poder del Estado. El resultado del proceso, organizado con torpeza por el OPLE —cuyas pifias, falta de dirección y hasta conflictos de interés fueron ampliamente cuestionados— provocó un desenlace por demás simbólico: Luz María López Aburto, supuestamente la más votada, fue colocada al frente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, mientras que Rosalba García, en segundo lugar, asumirá la presidencia formal del Tribunal Superior de Justicia.
Pero la jugada maestra no estaba en esos nombramientos. La verdadera acción estratégica vino después, desde el Palacio de Gobierno, con la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle García. Con mano firme y visión política, la mandataria veracruzana realizó un movimiento quirúrgico: designó directamente a Socorro Hernández Cadena como magistrada del Órgano de Administración del Poder Judicial, el verdadero centro de decisiones operativas, financieras y administrativas del tribunal. Un espacio donde no se gana por votación, sino por control político y confianza.
Simultáneamente, el Congreso del Estado, alineado con esta lógica institucional, designó a Alma Rosa Hernández Escobar como magistrada, reforzando el bloque de confianza del Ejecutivo al interior del aparato judicial. Por su parte, la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, también alineada con el Ejecutivo, complementó la jugada con el nombramiento de tres integrantes más del pleno administrativo: Diana Cruz Villegas, Antonio Sibrevilla Castillo y Víctor Luis Priego López.
De esta manera, se constituyó un bloque compacto de cinco personas con experiencia, cercanía y compromiso con la nueva visión de gobierno. Un poder paralelo, pero constitucionalmente respaldado, que operará como contrapeso interno y garante del funcionamiento eficiente del Poder Judicial.
Y es que, para entender esta movida, hay que recordar que la renovación judicial provocó una fractura interna en el Poder Judicial. Por un lado, llegaron los nuevos magistrados designados tras el desaseado proceso del OPLE —algunos sin experiencia, otros sin conocimiento de los propios procedimientos judiciales y muchos sin trayectoria real—, y por el otro lado quedaron los operadores de carrera, quienes conocen las entrañas del sistema. Dos bloques enfrentados que amenazaban con paralizar el funcionamiento del sistema judicial veracruzano. Ante ese riesgo, la gobernadora decidió intervenir, y lo hizo con fuerza y precisión.
Como reza el dicho, “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”. Y eso fue lo que hizo Rocío Nahle: puso orden con actores propios, de confianza, pero también con conocimiento técnico. Era necesario. La reforma constitucional que sustenta este nuevo modelo judicial así lo permite, y la gobernadora la utilizó a su favor.
El caso de Rosalba, quien asumirá la presidencia del Tribunal, es particularmente ilustrativo. Su falta de pericia política y su nulo oficio institucional quedaron al descubierto cuando, en un acto de soberbia y desconocimiento, intentó frenar el proceso de integración del Órgano de Administración. Una intentona absurda y carente de sustento legal, que terminó exhibiendo su debilidad y desconexión con el nuevo orden jurídico-político del estado. Pretender detener una maquinaria ya en marcha solo por protagonismo no es liderazgo, es temeridad.
Por eso llamó tanto la atención la discreción con la que actuó Nahle. Sin estridencias ni declaraciones innecesarias, la gobernadora se movió con eficacia, protegiendo uno de los pilares clave para su administración: la justicia. Porque está claro que sin un Poder Judicial fuerte, funcional y leal a los principios del nuevo gobierno, no puede haber gobernabilidad ni mucho menos seguridad. En ese sentido, la decisión de proteger y blindar ese espacio de poder no es solo política, sino profundamente estratégica.
Y es que Nahle sabe que el futuro de Veracruz no se construirá solo desde el Ejecutivo. El Judicial juega un papel central en la pacificación del estado, en el combate a la impunidad, y en la consolidación del nuevo régimen de legalidad que ha prometido. Por eso, más allá de las apariencias, es en este tipo de decisiones donde se está definiendo el rumbo del estado. Donde se ve la diferencia entre gobernar y administrar. Entre improvisar y planear.
Lo que ha quedado claro en este proceso es que el nuevo Poder Judicial no está en manos de los votados, sino de los que tienen el respaldo, la experiencia y el control estratégico del aparato. El Órgano de Administración se convierte así en la verdadera palanca de mando, y su integración con operadores de confianza del gobierno augura una etapa de consolidación y estabilidad.
Y mientras algunos siguen creyendo que el poder está en las fotografías, en las presidencias o en los nombramientos mediáticos, la realidad es que el centro de decisiones se ha trasladado a un espacio más discreto, más técnico, pero también más poderoso.
El oficio político fino, del que tanto se ha hablado en los últimos meses, se manifiesta justamente aquí: en la capacidad para anticipar escenarios, mover piezas, equilibrar fuerzas y consolidar una estructura de poder funcional. La intervención de Rocío Nahle en la integración del Órgano de Administración del Poder Judicial es, sin duda, una muestra clara de ello.
Y no se trata de un capricho ni de una imposición. Se trata de gobernar con responsabilidad, entendiendo que el caos no construye justicia y que la legalidad sin operatividad no sirve. Veracruz necesita un Poder Judicial que funcione, que esté alineado con los objetivos del estado y que actúe con independencia, pero también con eficiencia. Para lograrlo, era necesario mover el tablero. Y eso fue precisamente lo que hizo la mandataria.
En su toma de protesta, Rocío Nahle fue clara al señalar que su prioridad sería siempre el bienestar de Veracruz. Y en esa lógica, blindar al Poder Judicial y garantizar su funcionamiento no es un acto de control, sino de protección institucional. Porque al final, si el Judicial se paraliza o se divide, los únicos que pierden son los ciudadanos.
Hoy, el mensaje es claro: en Veracruz, el poder se ejerce con inteligencia, y se construye desde adentro. Y si alguien tenía dudas de quién manda en el estado, la respuesta llegó con fuerza, aunque sin aspavientos. En silencio, pero con autoridad. Como se ejerce el poder de verdad.
Al tiempo.
“X” @ LuisBaqueiro_mx
