De Interés Público
Este fin de semana habrá elecciones en Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López obrador y que lo llevó a la Presidencia de México.
De acuerdo con la convocatoria lanzada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena el pasado mes de junio, este fin de semana y en la primera semana de agosto se elegirán a tres mil consejeros, a los dirigentes estatales y a toda la pléyade de morenistas notables y otros no tanto que tendrán decisión en los procesos de elecciones a las gubernaturas de 2023 y 2024, así como las reglas a la nominación presidencial.
El Congreso Nacional de Morena se celebrará los días 17 y 18 de septiembre próximos y para llegar a ese momento se tendrán que renovar sus coordinaciones distritales federales y consejos estatales en las 31 entidades federativas del país.
En Veracruz, Morena ha estado sin un dirigente oficial desde la salida hace casi cuatro años de Manuel Huerta, hoy delegado de los programas federales en la entidad, y quien ha estado a cargo del partido es Esteban Ramírez Zepeta como delegado con funciones de presidente en el estado, cuando el Comité Ejecutivo Nacional lo nombró hace un año y medio.
Bajo los términos de la convocatoria para renovar sus dirigencias y consejos, Veracruz, junto con el resto de entidades, renovará a su Comité Directivo Estatal el próximo 6 de agosto. Y para ello votarán los representantes acreditados ante el Consejo Estatal que serán elegidos el próximo 30 de julio en las asambleas distritales en las que los militantes de Morena o “Protagonistas Verdaderos del Cambio”, como los denominan, deberán ratificar su afiliación al partido para poder elegir a 10 coordinadores por cada distrito que hay en Veracruz, cinco mujeres y cinco hombres, para contar con un total 200 coordinadores distritales en todo el estado.
Estos 200 coordinadores distritales o consejeros estatales renovados, como quiera llamárseles, tendrán la tarea de votar en la asamblea estatal del próximo 6 de agosto para la renovación de la presidencia y seis carteras más de su Comité Directivo Estatal. Donde todo se prepara para ungir a Esteban Ramírez Zepeta, operador y cercanísimo al gobernador Cuitláhuac García.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera señaló que confía en que en esta jornada electiva del fin de semana y en todos los procesos internos de su partido se demuestre que son buenos ciudadanos los que van a participar y pidió conocer a los aspirantes a consejeros para “no ser borregos”. Pidió evitar ser acarreado a este ejercicio, alertó sobre una eventual compra de votos para favorecer a determinados personajes y a no dejarse manipular porque “es ofensivo y si sale por ahí algún mapache que los manden lejos lejos, porque, dijo el mandatario, “nosotros hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre contra el fraude”.
Hasta aquí los procedimientos establecidos por la dirigencia nacional de Morena y la convocatoria del presidente a que tengan juego limpio que no tienen nada de reprochable, pero la realidad siempre terca se encarga de demostrar que los políticos de todos los colores solo saben jugar con los mecanismos de siempre, con los resortes que patentaron los priistas el siglo pasado, pese a los llamados de López Obrador.
El caso es que en los estados en que gobierna Morena y en los ayuntamientos que controla, ante la falta de estructuras partidistas derivada de haberse echado a la hamaca y no haber establecido comités municipales, confiados en que la popularidad del presidente lo es todo para esa fuerza política y sus gobiernos, les agarraron las prisas y ante la urgencia de contar con un padrón de afiliados más o menos robusto decidieron armar un proceso de afiliación fast track.
Con esas prisas y en la plenitud del poder la solución la encontraron fácil: a todos los empleados públicos les exigieron contar con diez afiliados por cada uno de ellos y participar en la movilización para llevarlos a las asambleas de este fin de semana. Instrucción que lógicamente va acompañada del riesgo de tener represalias o incluso perder el empleo de no cubrir la cuota correspondiente y movilizar a sus invitados recién afiliados a la de a fuerzas.
Todo este procedimiento en curso representa justamente lo contario a lo que supone el presidente López Obrador que se está haciendo: que no habrá borregos ni acarreados a las asambleas; actos que, desde luego, contradicen su dicho de que ellos no son así porque han luchado siempre por la democracia y contra el fraude. Pero la evidencia es clara de que así preparan las asambles los cuadros dirigentes de Morena en los que tanto confía.
Además, el proceso de elección de sus delegados ha estado marcado por otros problemas como las impugnaciones por el presunto “rasuramiento” de militantes de la lista de candidatos y la “caída del sistema” en los sitios web de Morena que paralizó durante dos días la revisión íntegra de las listas de candidatos que serán votados. Se acusa que han dejado fuera, por ejemplo, a gente cercana al senador Ricardo Monreal y a los críticos de la dirigencia nacional de ese partido.
Las opiniones coinciden en que el rasurado de las listas y la purga de perfiles hecha en estados del país y en las instancias nacionales de Morena para preparar un Congreso Nacional a modo, tiene como finalidad asegurar mayoría de consejeros en favor de Claudia Sheinbaum.
En esas circunstancias, el proceso interno de Morena apunta hacia un choque de trenes habida cuenta la intolerancia de las diversas corrientes y grupos que conforman a este movimiento y que desatados rumbo a las elecciones estatales en puerta y a la elección presidencial anticipa un choque de trenes. Porque no debe olvidarse que el partido del presidente, como toda la izquierda tiene en su código genético el virus de la autodestrucción. Y si no, veáse lo que le pasó al PRD.
La historia reciente muestra que por mucho que se hable de la transformación nacional las prácticas políticas de la cultura política priista siguen tan campantes: las imposiciones, la cultura de la trampa, el acarreo, la compra de votos y el uso de recursos públicos para fines partidistas están tan vivos como ayer.
Es una pena que teniendo en Andrés Manuel López Obrador a un referente de lucha tenaz por construir un movimiento claramente opuesto a los gobiernos del pasado, a un líder que busca el cambio de prácticas nocivas que marcaron a las administraciones que abusaron del poder en beneficio propio, hoy vemos a quienes llegaron a las gubernaturas, congresos, ayuntamientos y a las estructuras gubernamentales gracias al empuje del carismático tabasqueño, usar y abusar del poder en beneficio propio o de sus camarillas.
A la incompetencia de buena parte de estos morenistas mostrada en el ejercicio de sus gobiernos ahora suman los malabares que hacen para acomodar a sus fieles rumbo a su Congreso Nacional para buscar asegurar, ya sin López Obrador, seguir disfrutando las mieles del poder.
Y, obviamente, a preparar el terreno a sus aliados para las elecciones estatales en puerta.
El caso de nuestro estado y la reforma constitucional que se prepara para “veracruzanizar” a la zacatecana Rocío Nahle para que pueda ser la candidata de Morena a la gubernatura, en detrimento de los derechos de miles de mujeres militantes de ese partido nacidas en Veracruz, lo ejemplifica.
La Cuarta Transformación ofrecida por AMLO para el país avanza a paso lento, mientras que la verdadera transformación se realizó ipso facto en muchos antaño aguerridos luchadores de izquierda transmutados en políticos profesionales, cortados, ahora se ve, con la misma tijera de los priistas o panistas que tanto dicen aborrecer.
Por sus obras los conocemos.
El procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, entregará un informe de “Quién es quién en los sueldos” de integrantes de organismos autónomos y otros cargos en las mañaneras del primer mandatario.
“Vamos a invitar a Sheffield el quién es quién en los sueldos. Todo, cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, un consejero del INE, los directores de empresas paraestatales, los del Banco de México”, dijo AMLO y aseveró que el objetivo es “ver cómo andamos” y va a incluir los detalles de su sueldo, para mostrar que es más lo que ganan quienes están en organismos autónomos, principalmente.
El sueldo del presidente López Obrador es de 112 mil 122 pesos de acuerdo al presupuesto de egresos del 2022, más 30 mil 974 en prestaciones, para un total mensual de 149 mil 386 pesos al mes. En teoría, ese debería ser el sueldo más elevado del gobierno, sin embargo, no es así, ya que hay funcionarios que perciben más de esos ingresos, a los cuales AMLO prometió exhibir.
El presidente al anunciar esta nueva sección de su conferencia mañanera recordó que cuando presentó la Ley de Austeridad y se hizo la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que el presidente, hubo funcionarios que se ampararon para que no se aplicara la ley con ellos y pudieran conservar sus antiguos sueldos.
Al citar el tema de ¿Quién es quién en los salarios?, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su Mañanera, abrió la puerta para buscar información referente al salario de muchos funcionarios federales y estatales, así como de los legisladores del Congreso de la Unión y del Congreso de Veracruz, por citar algunos casos.
Por ejemplo, los consejeros del INE tienen una percepción mensual por su trabajo de 364 mil 251 pesos, en tanto que los diputados federales en México reciben 130 mil 34 pesos al mes y cuentan con prestaciones como: aportaciones de seguridad social, ahorro solidario, aguinaldo y otras cuatro prestaciones. Los senadores 184 mil 598 pesos con prestaciones análogas a la de los diputados.
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevan al mes la friolera de 416 mil 722 pesos más prestaciones. Y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no quedarse atrás se llevan nada menos que 417 mil 178 pesos cada mes. Y desde luego que los ministros del máximo órgano de justicia del país cuentan con prestaciones como prima vacacional, aguinaldo, seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, estímulo por antigüedad, entre otras.
En el ámbito local el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez recibe supuestamente 58 mil pesos. Un diputado local sufre con apenas 142 mil pesos mensuales, cantidad que no les alcanza para su trabajo en giras y eventos dice el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, y señala que con 58 mil pesos mensuales de salario a diputados locales, sin contar los bonos y apoyos diversos que reciben, el Congreso de Veracruz, es uno de los más austeros del país y afirma que considerando el número de diputados a nivel nacional, de ser la segunda legislatura más cara, ahora con la 4T jarocha son la número 16, “el más austero”, apunta. ¿Usted lo cree?
Cualquier persona interesada puede buscar en la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente y encontrará algunos datos que no necesariamente son fiables, puesto que es sabido que en los sitios web de las instituciones en los apartados correspondientes a las obligaciones de transparencia -dispuestas en la ley en la materia- no aparece la información real, puesto que se omiten compensaciones y otros bonos o remuneraciones que se otorgan a los altos mandos de las dependencias. Haga usted la prueba y se dará cuenta.
En el caso de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García aseguró que es el mandatario con menores ingresos a nivel nacional, en comparación con sus homólogos de otras entidades. Incluso dice que ojalá lo exhiban en una mañanera porque dice que es el que menos gana de todos los gobernadores, y que no recibe bonos de ningún tipo, aunque ahora que vive en Casa Veracruz seguramente su salario le rinde mucho porque no gasta en manutención, ni en giras, ni en escoltas, vehículos y demás parafernalia porque eso nos cuesta a todos los veracruzanos.
Y ello sin contar en el caso de nuestra entidad los salarios de los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz. El gasto de la nómina del Poder Judicial del Estado de Veracruz es de 65 millones de pesos al mes. La magistrada presidenta, Isabel Inés Romero Cruz cobra 181 mil 621 pesos, por concepto de salario bruto y compensación, mientras que los ingresos de los 34 magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado se ubican entre los más altos a nivel nacional, pues van entre 154 mil pesos y poco más de 181 mil pesos mensuales.
¿Y los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz? Ellas dos y él, porque son 3 magistrados, hacen felices su trabajo bien remunerados con sus 150 mil pesotes al mes, y los consejeros del OPLE perciben cantidades similares que defienden a capa y espada cada vez que se toca el tema y hacen malabares discursivos para explicar el por qué ganan tanto.
Pero para que se vea que hay ahorros y compromiso con los propósitos presidenciales y los que dice abrazar el gobernador, a los empleados y trabajadores del Poder Judicial, por ejemplo, se les aplica ya a partir del mes de junio la llamada austeridad franciscana, con descuentos que van de un 20 a 30 por ciento, voluntariamente a fuerzas.
Pero no es el caso de la directora de administración del Poder Judicial, Joana Marlén Bautista (envuelta por cierto en una fuerte polémica con acusaciones mutuas de violencia de género con la diputada panista Jessica Lagunes por filtraciones y señalamientos sobre presuntos temas privados e íntimos de la funcionaria), quien austera también se asignó un salario superior a los 180 mil pesos mensuales. ¿Cómo ve?
La cuestión está en que si realmente merecen esos salarios estratosféricos todos esos representantes populares, togados y altos mandos. Desde luego que no, si nos atenemos a los resultados de sus gestiones.
Por eso la búsqueda del presidente de México de la medianía en las remuneraciones de los servidores públicos ha topado con pared y es una batalla perdida. Nadie está dispuesto a sacrificar esos jugosos ingresos que son literalmente una ofensa para cualquier mexicano de la clase media y baja de este país.
Sigue habiendo un gobierno rico y un pueblo pobre, dígase lo que se diga.
Pero lo censurable es que con todo y que gran parte de esos personajes del morenismo que son beneficiarios de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que en las elecciones de 2018 y en 2021 arrasó y los llevó a calentar curules, ocupar oficinas públicas y manejar a su antojo los presupuestos públicos, siguen jurando y perjurando su credo en la 4T – y se toman fotos y fotos para las redes sociales extendiendo cuatro dedos de la mano como orgullosos militantes de esa corriente- pero no están dispuestos, para nada, a que la austeridad que pregona el presidente los toque.
Emilio Cárdenas Escobosa
¿En verdad irán tras Peña Nieto?
En un anuncio inesperado por todas las señales y la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a entrarle al tema, finalmente este jueves 7 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que presentó una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita por 26 millones y medios de pesos.
De acuerdo a la denuncia presentada por Pablo Gómez, titular de la UIF, el expresidente Enrique Peña Nieto y familiares consanguíneos realizaron triangulaciones internacionales en efectivo en los años 2019 y 2021 cuyo origen es desconocido, y que fueron transferidos desde una cuenta en México hacia España. Además, se detectó que se realizaron en esa cuenta retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos entre el año 2013 y el año 2022, de los cuales se depositaron en efectivo 36 millones 333 mil 939 pesos de los que se desconoce el origen.
Adicionalmente, de acuerdo a lo informado por Pablo Gómez, se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras, ambas empresas constituidas antes del incicio de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, y lo más notable es que una de ellas fue proveedora de diversos servicios y bienes al gobierno federal durante la administración de EPN por un monto de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.
Y una de esas empresas, en el lapso comprendido de 2015 a 2021, envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por 1600 millones de pesos y 4 millones 942 mil dólares, de acuerdo al reporte de la autoridad financiera. En tanto que otra de las empresas en las que aparece Peña Nieto como accionista tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros. Una danza de millones de pesos que ha puesto al ex presidente Enrique Peña Nieto en el ojo del huracán.
Desde que inició su gobierno el presidente López Obrador ha sido enfático en señalar que no barrería hacia atrás en el caso de investigaciones a los ex presidentes de México, pese a su reiterado discurso de combate a la corrupción. Lo más que ha hecho el mandatario es despotricar en contra de los ex presidentes Salinas de Gortari, Fox y Calderón sin pasar del machacón discurso de que su gobierno es distinto, y obviamente sin ordenar indagatoria alguna.
Pero en el caso de Enrique Peña Nieto bastante se había cuidado de mencionarlo e incluso en diversas ocasiones tuvo para él palabras de reconocimiento por “haber facilitado la transición” cuando AMLO ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales del 2018.
Este cuidadoso discurso de López Obrador hacia su antecesor alimentó las especulaciones sobre un pacto de impunidad entre el tabasqueño y Peña Nieto, interpretación que se fortaleció cuando en las investigaciones del caso Odebretch por parte de la Fiscalía General de la República en 2020, el expresidente está acusado de “cohecho” y “traición a la patria”, luego de que se concluyó que el exmandatario habría “utilizado” a figuras clave de su gabinete para dar prioridad a los contratos de Odebretch, mientras se beneficiaba personalmente, aunque nunca se señaló que existiera registro de algún monto que haya recibido a modo de “pago”.
Cabe señalar, no obstante, que los funcionarios involucrados en el caso Odebretch y el presunto “cohecho” con Peña Nieto, el exdirector de Petróleos de México, Emilio Lozoya, y el extitular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, enfrentan o enfrentaron órdenes de aprehensión por sus supuestas acciones, sin que haya sucedido nada. Se congelaron las actuaciones judiciales. Y todo ello pese a que Lozoya, afirmara durante el juicio que se le sigue que Peña Nieto y su mano derecha, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar la controvertida Reforma Energética y otros proyectos en 2013 y 2014. Lógicamente Videgaray negó las acusaciones, y nadie enfrenta cargos por este escandaloso caso de corrupción que se suma al de la Estafa Maestra, casos que han quedado en el olvido, aprovechando la tradicional amnesia colectiva. Pero que se explica sobre todo por la decisión del presidente López Obrador de ya no moverle más al tema.
Pero algo cambió. Porque no es fortuito este misil de alto impacto lanzado hoy al ex presidente Peña Nieto. Y las dudas surgen sobre los motivos que explicarían este repentino cambió de rumbo.
¿Tendrá que ver con la alocada actuación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que arrinconado por las indagatorias en su contra por presunto enriquecimiento ilìcito a su paso por el gobierno de Campeche anda como chivo en cristalería en una gira internacional denunciando al gobierno de AMLO de autoritario y persecutor de opositores políticos?
¿Será acaso la papa caliente que le deja al cuestionadísimo fiscal general Alejandro Gertz Manero que no ha sido capaz, quizá ocupado en sus venganzas y litigios personales, de armar una acusación sólida en contra de Peña Nieto sobre la base de las denuncias de Lozoya? ¿Será la prueba de fuego para la permanencia de Gertz?
¿Es la puntilla al PRI en los momentos en que enfrenta la peor crisis de su historia ante la acumulación de derrotas que hace a este partido un lastre en la alianza opositora que eventualmente enfrentará a Morena en el 2024? ¿Es el llamado a la militancia tricolor de abandonar en masa el otrora poderoso partido tricolor, sobre todo ahora que el partido del presidente decidió abrir sus documentos básicos para dar cabida con plenitud de derechos a quienes decidan afiliarse a Morena?
Pronto lo sabremos. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no tiene perseguidos políticos, pero destacó que, si la FGR abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad de la política, se investigará. Y, mañosamente, recordó que el pueblo fue el que decidió que se pudieran abrir investigaciones contra expresidentes, cuando votaron en una consulta ciudadana, pese a que en aquel ejercicio apenas votó un 8 por ciento del padrón, por lo que no es vinculante el resultado de la consulta.
Y obviamente, ante el proceso emprendido por las autoridades financieras que puede derivar en el inicio de la persecución en su contra, Peña Nieto aseguró que aclarará los señalamientos que hay en su contra y manifestó en su cuenta de Twitter que confía en las autoridades mexicanas.
Pero el presidente Peña Nieto que vive hoy felizmente en España y que seguramente supone que no pasará nada no debe perder de vista que podría enfrentar una pena de cinco a 15 años de prisión si se demuestra que cometió el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más lo que se acumule, si es que existe verdadera voluntad política de ir a fondo para castigar a los responsables de diversos ilícitos en uno de los sexenios más corruptos de que se tenga memoria en los años recientes en México.
Justicia a la carta
El caso de José Manuel del Río Virgen deja en claro la crisis de la procuración de justicia en Veracruz, su carácter faccioso y la absoluta falta de autonomía de la institución.
Para el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez este episodio, en el que de lo menos que se le acusa es de autoritario y represor, ha sido muy desgastante para su imagen; calificativos que pueden ser los que marquen el balance de estos años del primer gobierno morenista en Veracruz.
Un gobierno que se anunció distinto a los anteriores y que lo repite como mantra, resultó en la procuración de justicia igual o peor que aquellas administraciones que padecimos en los años recientes los veracruzanos. Con los poderes al servicio del Ejecutivo, sin contrapesos, con una fiscalía sin autonomía y teniendo como meta el agradar en todo al presidente López Obrador, el escenario ideal para la revancha política, el sometimiento de los opositores y el buscar asegurar futuras victorias electorales, por las buenas o como haga falta, está puesto y se ha usado alegremente, porque no pasa nada; el apoyo del primer mandatario todo lo justifica. Amor con amor se paga.
Pero el respaldo presidencial culminará el 30 de septiembre del 2024 al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y después de esa fecha, ya con presidente electo próximo a asumir el mando, las cosas pueden abrir panoramas hoy impensables en Palacio de Gobierno.
Porque lo que ha quedado en el imaginario colectivo y en el mensaje público es que en el caso de José Manuel del Río Virgen su detención y la prisión preventiva de un año que un juez local le dictó obedeció a una revancha del gobierno de Veracruz en contra del senador Ricardo Monreal, quien hizo público el abuso cometido en contra de un grupo de jóvenes acusados de ultrajes a la autoridad, y que a la postre fueron liberados por orden de un juez federal ante la fabricación de las acusaciones. Pero más allá de ello, queda claro que la ojeriza a Monreal deviene de su carácter del morenista incómodo en el escenario sucesorio ideado por el presidente López Obrador.
Ahora, tras salir de prisión, el secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen declaró que emprenderá acciones legales en contra de las autoridades por haber sido privado de su libertad sin pruebas y por consigna, y alertó de posibles hechos que pudieran sucederle a él, a su familia y a los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, responsabilizando directamente al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez; a la titular de la fiscalía, Verónica Hernández Giadáns; y al secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos. Pero qué necesidad.
La persecución política no puede ser la pauta en la actuación del las autoridades judiciales o de la Fiscalía. En Veracruz han sido detenidos 24 políticos desde el inicio de la actual administración y no son del todo claras las razones para que ello haya sucedido. Familiares y allegados a estos han señalado que se les tiene en prisión por consigna.
La vulneración de las garantías individuales y de los derechos humanos empañan el estado de derecho. En Veracruz no puede ni debe haber víctimas inocentes en la cárcel, sean políticos o ciudadanos injustamente detenidos.
Todos queremos vivir en un país y un Veracruz donde prevalezca la legalidad. Por más altos que sean o se pretendan los fines de la tan cacareada Cuarta Transformación no pueden admitir el que se tuerza la ley para perseguir opositores. Así no se consigue ni la paz ni la justicia y menos la transformación del estado de cosas.
Hay que robustecer y respetar el marco legal para que haya genuina justicia. Luego de lo visto y expuesto debe reflexionarse, por ejemplo, sobre la pertinencia de revisar las causales para que se ordene la prisión preventiva oficiosa.
Los gobiernos locales no son ínsulas. No se puede imponer la voluntad personal y torcer la ley para revanchas o para demostrar quien es el más lopezobradorista de todos los mandatarios.
Si el mandatario en su defensa aclara que su gobierno, lo mismo que la fiscal Verónica Hernández Giadáns, siempre están del lado de la víctima y es por eso que hoy se investiga a todos, incluidos a los políticos, tiene que ser congruente y hacerlo en todos los casos. Y sobre todo liberar a los inocentes.
¿Ahora qué sigue? ¿Se aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se repare el daño hecho a Del Río Virgen? ¿Se seguirá a la espera de que tribunales y jueces federales sigan propinando derrotas a la Fiscalía veracruzana? ¿Es inamovible Verónica Hernández Giadans?
Lo fundamental que se reencaucen las cosas y dejemos de ser la entidad en la que el estado de derecho funciona al gusto y capricho de las prioridades político-electorales de la Cuarta Transformación.
A más de tres décadas de la publicación del libro “La disputa por la nación”, escrito por Carlos Tello Macías y Rolando Cordera, texto que en su tiempo abrió un gran debate en círculos académicos y políticos, mantiene una vigencia fundamental.
La relectura de este texto es reveladora pues con una absoluta claridad vislumbraba en 1981 el futuro inmediato que se abría para nuestro país, tiempo en el que iniciaba lento pero inexorable el proceso de apertura comercial, de integración de bloques económicos y etapa en la que nuestro país vivía una crisis más, donde la devaluación del peso, la concentración de la riqueza y la desigualdad en la distribución del ingreso eran la norma, y donde el modelo económico cerrado y orientado al consumo interno mostraba evidentes signos de agotamiento.
En su momento los autores tuvieron la visión de capturar lo que desde las últimas dos décadas del siglo XX se perfilaba como la disyuntiva para México y que hoy en plena discusión sobre la pertinencia del proyecto de izquierda que enarbola el movimiento impulsado por el presidente López Obrador es totalmente claro: las opciones entre el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo.
El primero que se preveía como la vuelta al proyecto del nacionalismo revolucionario que enarboló destacadamente el presidente Lázaro Cárdenas y que en los años treinta impulsó un programa de reformas sociales y económicas que ponían el acento en abatir la desigualdad y la pobreza, y el segundo, que fue el que al final se impuso, el del neoliberalismo, que vislumbraba que la vía para potenciar el desarrollo del país era la integración económica con Estados Unidos que se creía daría lugar a un crecimiento económico acelerado que, aunque en un inicio en un periodo de ajuste exacerbaría la marginalidad y las desigualdades, a la larga sus frutos serían disfrutados por la sociedad en su conjunto.
Lo interesante de esa obra es que más allá de la puntual descripción de las implicaciones económicas de cada uno de los modelos ponía también el acento en los fundamentos ideológicos y políticos que representaban tomar partido por alguno de ellos. Y planteaban que al final era posible que se lograra un modelo híbrido en el que pudiera perfilarse una ruta que asegurara un desarrollo incluyente, más equitativo y con acento en la justicia social que tendría como eje rector la ampliación de la vida democrática.
Carlos Tello y Rolando Cordera lo decían puntualmente: “la política democrática y la economía abierta deben estar incrustadas y responder a una dimensión social atenazada por la desigualdad, la pobreza y las tendencias a la desintegración comunitaria y el desplome de la cohesión social. Ésta es la clave de un resultado productivo de la disputa actual que sin demasiada retórica podemos definir como una disputa por el porvenir de México como nación” (p. 36).
Vistas las cosas a la distancia y hoy que la polarización nacional está instalada entre nosotros es preciso que recordemos ese debate que si bien se daba en el ámbito académico retrataba puntualmente las tensiones que comenzaban a mostrarse en torno a los proyectos que perfilaban y que representaban grupos concretos de priistas de entonces que comenzaban a ubicarse, unos en las filas del neoliberalismo, los llamados tecnócratas que habrían de hacerse al final del poder, y otros en la corriente nacionalista y que miraba con añoranza los años del desarrollo estabilizador, que habrían de derivar, comandados por Cuauhtémoc Cárdenas y quienes lo siguieron, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y, entre muchos más, el hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática; fue el grupo que quebró la hegemonía del PRI y abriría las puertas a un proceso acelerado de democratización del país que tendría su punto culminante en la llegada de Morena al poder.
De ahí que no hay que ir muy lejos para encontrar la fuente de la que abrevó el hoy primer mandatario en sus visiones e idealizaciones sobre un pasado que cree preciso y necesario recuperar y, desde luego, entender su machacón discurso sobre el neoliberalismo como causante de todos los males del país. Bajo esta visión para lograr el cambio de régimen y consolidar la Cuarta Transformación es necesario cerrarle el paso y combatir cualquier expresión del neoliberalismo.
Lo paradójico es que hablar del neoliberalismo es hablar de una manifestación del capitalismo en su fase de globalización, de fe en el mercado mundial, de establecimiento de valores estándar de convivencia en todas las naciones: democracia, derechos humanos, ciudadanización, libertades, etc. Y ese capitalismo es el que rige, para bien o para mal, la vida política, económica y social de México. Pero es también, y ello debe subrayarse, el modelo que ha auspiciado el individualismo, la expropiación de ganancias, la explotación, la desigualdad, el empobrecimiento de grandes capas de la población, la falta de movilidad social y desde luego, en la política y entre los políticos, la corrupción como apropiación de bienes públicos para fines privados.
El reto pues de la transformación del país no es menor porque la disputa entre el nacionalismo revolucionario y el neoliberalismo sigue tan viva como hace más de cuatro décadas. Y las resistencias de uno y otro lado no han dejado ni dejarán de expresarse. Están tan vivas y fuertes como si fuera ayer. La narrativa presidencial lo confirma cada mañana.
Hace más de cuatro años el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un estudio sobre el sistema de justicia en México cuyas conclusiones fueron demoledoras,
“Los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis -dijeron en su informe- y la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza.”
Estas aseveraciones las hacían antes del presunto cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema de justicia en México con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y antes de que se creara como institución autónoma la Fiscalía General de la República. Esto es, antes del inicio del actual gobierno de la Cuarta Transformación.
Ya en funciones el gobierno de López Obrador desde la secretaría de gobernación se decía que el eslabón más débil de este país se llama procuración de justicia, se llama falta de capacitación de fiscales y de ministerios públicos, y se llama también corrupción. “Si logramos transformar el sistema de procuración de justicia del país, habremos transformado al país”, aseguraba la entonces titular del área y hoy senadora Olga Sánchez Cordero. ¿Algo ha cambiado tres años después?
Baste ver la zigzagueante investigación del presunto crimen de la joven neoleonesa Debanhi Escobar y las fallas de las fiscalías estatales en otros casos que han sido motivo de escándalos, así como los pobrísimos resultados de la gestión de la FGR, también plagada de escándalos, a cargo de Alejandro Gertz Manero. Nada ha cambiado y seguimos en las mismas.
Y el caso de Veracruz es ya penoso.
La procuración de justicia en Veracruz está en un bache. Las pifias se han ido acumulando y lo que parece la gota que derramó el vaso fue la “detención” de un joven repartidor al que la Fiscalía General del Estado identificaba como Ángel de Jesús N, apodado según ellos “El Mara”, a quien señalaban como responsable del asesinato de las comunicadoras Yesenia Mollinedo y Johana García que fueron ejecutadas el 9 de mayo en el municipio de Cosoleacaque. Y que resultó ser un homónimo al que debieron dejar en libertad.
Este es el más reciente de los yerros que acumula la institución que se ha distinguido por su ineficiencia y por el uso faccioso de la justicia para fines de revancha política, para mantener, con el apoyo de jueces de consigna de un Poder Judicial subordinado a los intereses partidistas y a los afanes del gobierno morenista, en la cárcel a cientos de detenidos que fueron acusados del ya derogado delito de ultrajes a la autoridad, luego de que la SCJN declarara la inconstitucionalidad de este tipo penal, y a dar palos de ciego en infinidad de indagatorias que no avanzan.
Baste recordar que en la comparecencia de la fiscal Verónica Hernández Giadáns a finales del 2021 la funcionaria reconoció que se iniciaron 96 mil 186 carpetas de investigación y solo había 277 sentencias lo que no equivale ni al uno por ciento.
Por ello ahora ante el “usted disculpe” que dieron al joven repartidor que acaparó el día de ayer los titulares de todos los informativos locales y nacionales, al creerse que comenzaba a hacerse justicia en el caso de las periodistas ultimadas, y al que llevaron tras su liberación a Palacio de Gobierno a “agradecer” a las autoridades su puesta en libertad y que no haya sufrido violencia durante su detención, resulta ya el colmo.
A quien debe agradecer la familia del joven es a sus amigos repartidores que se movilizaron y salieron a las calles para exhibir el error de la fiscalía, señalando que contaban con videos que confirmaban su presencia en Xalapa, a la hora en que se asesinaba a las dos reporteras en Cosoleacaque.
De ahí que abogados, activistas, integrantes de colectivos y diputados federales consideraron viable y urgente que se revise el actuar de la Fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns.
Algunos de plano pidieron la renuncia de la fiscal por su actuación que –dicen- ha fracturado el Estado de Derecho en Veracruz, provocando que no haya seguridad jurídica para nadie y recordaron el caso del asesinato de la joven Montserrat Bendimes, en el municipio de Veracruz, a quien su novio le quitó la vida a golpes, feminicidio que sigue en la impunidad, con el responsable prófugo y mandando videos donde alega su inocencia.
La pelota está en la cancha del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y al menos formalmente, en la del Congreso del Estado. Y pensar que el mandatario había felicitado incluso a la fiscal por la celeridad de su actuación y la detención de un presunto implicado en el crimen de las comunicadoras. Y aún la defiende argumentando que no hay daño alguno que reparar y que el error en la detención del joven repartidor no fue de la Fiscalía sino de la Coordinación Nacional Antisecuestro, instancia federal que suponemos participa en las indagatorias. Pero lo que es un hecho es que la desconfianza en la institución está instalada y crece día a día.
Aunque ya sabemos que la fiscal, como todos los funcionarios de este gobierno son inamovibles. Así que nada pasará, pese a este penoso caso y pese a los reclamos de los colectivos de familiares de desaparecidos que cuestionan acremente su gestión.
La autocrítica no es el fuerte de esta administración.
Adiós al Acuario de Veracruz
En los días que corren ha sido noticia el Acuario de Veracruz.
Un atractivo turístico de primer orden para la entidad y el puerto de Veracruz, un ejemplo de éxito y de cuidado y conservación de la fauna marina desde hace 30 años, entró en zona de turbulencia tras la decisión del gobierno de Cuitláhuac García de extinguir el fideicomiso que lo administraba y que sea ahora la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente la que lo tenga bajo su custodia y operación.
Las supuestas razones sorprendieron, pero lo que hizo levantar la ceja a todo mundo fueron las contradicciones en las que empezaron a incurrir para justificar esta inopinada decisión. El procurador Sergio Rodríguez Cortés señaló que clausuraban este centro porque existían procesos administrativos por una fiesta realizada en el año 2020 en el acuario, mientras que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez acusó al Comité Técnico del Acuario de Veracruz de ocultar información por la muerte de un manatí en las instalaciones del recinto y deshacerse del cuerpo de una manera irregular.
Lo que se pensó, con toda razón, y al final quedó demostrado, es que el gobierno morenista iba tras los recursos que maneja el fideicomiso que administra el Acuario de Veracruz y que maneja más de 80 millones de pesos anualmente.
El famoso Acuario de Veracruz, inaugurado el 13 de noviembre de 1992, durante el gobierno de Dante Delgado Rannauro, es un recinto de entretenimiento, que cuenta con diversas exhibiciones y áreas que albergan 3,258 ejemplares de alrededor de 170 especies. Es el acuario más importante de América Latina y catalogado como uno de los diez mejores del mundo y que cuenta con la pecera cilíndrica más grande de México. Fue el primero en recibir la acreditación internacional de la Asociación de Zoos y Acuarios y el primer acuario en México en obtener el Certificado de Calidad Ambiental Turística, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todos estos reconocimientos pueden quedar solo en recuerdo tras la decisión del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Porque ya sabemos la forma en que se administran las cosas en la mayor parte de las dependencias de este gobierno y que todo espacio en la administración pública e instancia gubernamental es aprovechado para acomodar recomendados y ver si se puede hacer algún negocio con los proveedores. Ojalá que quienes vayan a llegar a laborar ahí conozcan de biología marina, de cuidado de especies en peligro de extinción, de conservación animal, etc. y no sean el cuñado del primo del secretario, o la novia del otro poderoso funcionario, unos primos de la secretaria consentida, de compas que anduvieron en campaña y quieren irse a vivir al puerto.
Porque ya el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, anunció que más de 100 trabajadores del Acuario de Veracruz serían liquidados por la nueva administración “conforme a derecho”, aunque habrá recontrataciones de personal y que todo se hará, asegura, de manera “transparente y legal” para que los empleados sean liquidados reconociéndoles sus años de servicio y prestaciones laborales.
Ahí radica uno de los problemas de este cambio de administración en el acuario que según el decreto publicado ahora pasará a llamarse “Aquarium”: en las afectaciones al personal que labora en ese centro y que cumplía con sus funciones para que el acuario operara en estricto apego al marco legal y en pleno cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y Convenciones Internacionales, como recordó la directiva del fideicomiso en un último comunicado emitido el pasado lunes, para solicitar una visita de inspección documental y de campo al acuario para que autoridades del estado verificarán el manejo adecuado y las condiciones idóneas de bienestar animal que guardan los ejemplares del lugar. Pero todo ello fue inútil, la decisión ya estaba tomada.
Ahora el responsable del acuario será el procurador estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, exalcalde de Ciudad Mendoza, un oscuro personaje que ha transitado protegido por los gobiernos de Javier Duarte y, Miguel Ángel Yunes por los servicios prestados, y hábil como es se coló en el gobierno de Morena, donde ha sido acusado de extorsión a empresarios por observaciones ante presuntas o reales irregularidades en su operación y de hacer una fortuna con la imposición de multas. Su fama pública lo condena y baste recordar la foto que publicó en redes sociales donde literalmente se abanica con billetes de mil pesos mientras en la cama donde posa en ropa interior se observan fajos de dinero. De ese tamaño es el funcionario que administrará el nuevo “Aquarium”.
Y como era de esperarse, los directivos del Consejo de Administración del Fideicomiso del Acuario de Veracruz, anunciaron que impugnarán la decisión y el acto jurídico realizado por el gobernador García Jiménez que no se sostiene, como opinan abogados expertos en el tema, pues el Gobierno del Estado no puede participar extinguiendo algo de lo cual ya no tiene el derecho, pues esa renuncia del derecho se hizo al reformarse en el 2006 los términos del fidecomiso público para blindar al centro de la intervención gubernamental, por lo que todas las reglas de operación que son federales regulan exclusivamente a la persona moral que opera el Acuario de Veracruz.
El abogado Fidel Ordoñez en una entrevista concedida a la XEU dijo que vendrá “una fuerte batalla legal”, pues la acción tomada implica responsabilidad de naturaleza penal federal y que tendrá que operarse el acuario con una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el el delito de despojo.
Finalmente, lo que debe cuidarse y recordarse es que no se tiene claro qué pasará con los animales y la administración de los ejemplares, porque las autorizaciones federales no están otorgadas al gobierno del estado sino a la asociación civil que administra el Acuario de Veracruz.
Aquí no valen los discursitos de que el recinto del acuario ahora será del pueblo veracruzano, muy al estilo de la 4T jarocha. Es un tema de cuidado y preservación animal y de respeto a quienes están haciendo bien su trabajo, no de apropiarse de presupuestos e instituciones a capricho. Ya veremos que sucede en este episodio que causó una gran controversia y la condena de buena parte de la sociedad veracruzana.
Como apuntábamos en nuestra anterior colaboración, la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de entrada rechazada por legisladores y voceros de los partidos PAN, PRI y PRD por sus fobias a todo lo que provenga del gobierno morenista y a la oportunidad que vieron, sobre todo, de cobrarle cuentas al presidente por las constantes descalificaciones del primer mandatario al llamarlos traidores a la patria.
Es lógico que se rechace porque no guste nada el que se proponga recortar las prerrogativas de los partidos y complicarles el mantenimiento de las costosas burocracias. Ello es entendible en los dirigentes de las fuerzas políticas, pero lo que no se entiende es que algunos analistas, académicos y buena parte de los opinadores y comunicadores, dejen brotar sus prejuicios y aún su desprecio a todo lo que huela a la 4T y rechacen a rajatabla y sin medias tintas la propuesta, calificándola como una vía para desmantelar las instituciones electorales y la propia competencia democrática. ¡Nos convertiremos en Cuba o Venezuela!, claman presuntamente preocupados.
No obstante, debe destacarse -y eso los saben los académicos, opinadores y analistas- que es imprescindible buscar nuevas fórmulas para reconstruir el sistema de competencia política sobre la base de que es necesario abatir el costoso aparato creado para tal efecto, disminuir las prerrogativas que reciben los partidos políticos y buscar mecanismos más efectivos para lograr la plena representación política de estados y ciudadanos en los órganos legislativos y en los cabildos, sin dejar de lado la integración de la legislación electoral en un marco más simple y que trascienda el principio de desconfianza que ha hecho que México tenga uno de los esquemas legales y normativos más complejos y rebuscados del orbe.
Sobre la reducción del financiamiento público a los partidos políticos se ha dicho que el desaparecer las ministraciones para el gasto ordinario abriría la puerta a financiamiento poco claro y aún de actividades ilícitas para que los partidos solventen sus gastos de oficinas, contratación de personal, etc. Esto efectivamente puede dar lugar a esta circunstancia, aunque es evidente que hoy por hoy no estamos lejos de ello: existe la presunción de que el gobierno en cualquiera de sus niveles, empresas o el crimen organizado están sufragando ilegalmente, desde luego, la operación de las organizaciones políticas. Lo anterior parece una verdad de Perogrullo vistos los recursos que mueven las fuerzas en contienda, particularmente la del partido en turno en el poder; así como lo hizo el PRI durante ochenta años y en su turno lo hacía el PAN, ahora Morena sigue la tradición de fondearse con recursos públicos al margen de las prerrogativas oficiales.
La mejor manera para que los partidos no deban recibir ingentes recursos para sus actividades ordinarias y de campañas como sucede hasta ahora es muy sencilla: debe restringirse en la ley la entrega de artículos de cualquier naturaleza a los potenciales electores durante las campañas políticas, con excepción de folletos informativos, prohibir las movilizaciones de votantes el día de la elección y hacer más restrictiva e incrementar la penalidad en el capítulo de delitos electorales para la entrega de recursos y el uso disfrazado de programas públicos de corte social tendientes a condicionar el voto. Esto, desde luego no lo trae la iniciativa del presidente López Obrador,
En cuanto a la reducción en el número de escaños en las cámaras del Congreso de la Unión, en los congresos estatales y en los ayuntamientos lo que plantea la iniciativa de reforma electoral es novedoso y perfectamente atendible si de reducir los costos de operación de todos estos órganos de representación se trata. Además, el incorporar un criterio de proporcionalidad pura, con sistemas de listas, permitiría integrar de mejor manera los cuerpos parlamentarios y edilicios, a través de la fórmula de cociente natural y resto mayor que se usa hasta ahora para hacer el reparto de curules y regidurías, y se reduciría notablemente la sobre y sub representación que vemos actualmente y que dan lugar a falta de correspondencia entre votos y curules que obtienen los partidos políticos.
Al elegir por listas en lugar de por distritos, y considerando la disminución de espacios en congresos y cabildos, de acuerdo a criterios poblacionales, como plantea la iniciativa de reforma electoral, tendríamos una disminución muy importante de espacios y obviamente de presupuesto, al disminuir a nivel del Congreso de la Unión de 500 a 300 el número de diputaciones federales y de 128 a 96 las senadurías, 3 por estado.
Pero lo novedoso es que en cuanto a los integrantes en los congresos locales se plantea una conformación de acuerdo la población de cada estado, con un mínimo de 15 y un máximo de 45 diputaciones por entidad. Así, el promedio nacional de disminución sería de 41%, y con base en el criterio poblacional, las entidades que más diputados locales tendrán son: el Estado de México, que contaría con 45 diputados; la Ciudad de México, con 31; Jalisco y Veracruz, con 29 cada uno; Puebla, con 26; Guanajuato, con 25; y Chiapas y Nuevo León, con 24. Como puede verse, el Congreso del Estado de Veracruz pasaría de tener 50 curules a solo 29, perdiendo 21 asientos con el consiguiente ahorro económico que ello supone si nos atenemos a que un solo diputado entre su dieta, los apoyos legislativos, gastos de representación en su distrito, asesores y lo que usted quiera sumarle nos cuesta a los contribuyentes veracruzanos no menos de 170 mil pesos mensuales. Haga cuentas.
Para el caso de las regidurías en cada municipio del país también hay una reducción a partir de una escala para asignar 1, 3, 5, 7 y 9 regidurías de acuerdo a la población de cada municipio. En lo que toca al estado de Veracruz solo Xalapa y Veracruz tendrían 5 regidores y los restantes 210 municipios de la entidad se integrarían por un máximo de 3. Esta nueva composición de los cabildos sin duda tendría un gran impacto en el gasto corriente de los ayuntamientos al eliminarse cientos de regidurías que solo generan gastos y más por los onerosos salarios que se asignan los regidores.
La propuesta de reforma electoral plantea también la centralización de la organización de todos los procesos electorales en el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas por lo que desaparecerían los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales estatales. Al respecto debe recordarse que ya desde el año 2013, cuando se discutía la reforma electoral que se llevó a cabo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se cambió el nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional Electoral, uno de los temas a discusión fue justamente desaparecer los Oples para frenar a los gobernadores de los estados que metían las manos en estos para condicionar triunfos y derrotas de acuerdo a su interés, lo cual evidentemente no sucedió y se retoma ahora, cuando la experiencia ha demostrado, y aún en gobiernos morenistas como el de Veracruz, que efectivamente estos órganos y los tribunales locales están al servicio del gobernante en turno, pues es el gobierno estatal el que cubre su presupuesto y obviamente con ello tienen sujetos a los consejeros y magistrados para actuar como se les indique.
Lo que sí es un punto importante de la propuesta de reforma y por lo que vale la pena que se aterrice es el ahorro presupuestal que implica pues estos órganos administrativos y jurisdiccionales locales cuando no es año electoral tienen que estar inventando actividades, cursos, conferencias o trivialidades en las que entretenerse y que justifiquen su presupuesto. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tiene para el 2022, que no es año electoral, un presupuesto de 80 millones 597 mil 026 pesos y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) recibirá en este año, 660 millones 008 mil 047 pesos. Ello sin contar los estratosféricos sueldos que reciben consejeros y magistrados, que son las becas mejor pagadas de Veracruz, más el presupuesto para sus asesores, vehículos y gustos caros.
Otro tema interesante de la propuesta es la apuesta por la utilización del voto electrónico que permitiría reducir el costo de las elecciones, tener resultados de manera inmediata, menos errores en la documentación electoral como sucede siempre, entre otras bondades. No obstante, como en todo acercamiento a mejorar la tarea de organización de las elecciones, esto pasa por dejar atrás el principio de desconfianza que haría que los adversarios políticos se lancen acusaciones de falsear los resultados, introducir algoritmos para favorecer a un candidato o partido, etc. La añeja historia de recelo e incredulidad que conocemos.
Hasta aquí algunos apuntes sobre la propuesta de reforma electoral que habrá de discutirse y votarse en el Congreso de la Unión en los próximos meses, planteamiento que contiene diversos aspectos positivos, así como otros temas que parecen ocurrencias forzadas a incorporarse en la ley como la elección por voto popular de los consejeros electorales del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, habrá que conocer las propuestas de reforma electoral de los partidos de oposición en los trabajos de parlamento abierto que se ha anunciado. E insisto: si Morena pretende obviar la búsqueda de consensos, si no tiene apertura para escuchar y desechar temas que polaricen, o no acepta negociar la permanencia de algunos asuntos por la salida de otros de la iniciativa final, la propuesta electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador irá al fracaso.
Vivimos un clima de polarización de tal magnitud que se ve poco probable que se llegue a acuerdos con los partidos de oposición, no obstante, los alcances de la propuesta y la necesidad real de que nuestro sistema electoral y de partidos políticos se ajusten a la nueva realidad del país, lo que, con espíritu deportivo y democrático, obligaría a que todos, y en primer lugar el presidente López Obrador y los líderes de su partido, hagan concesiones.
Si de altura de miras de los actores se trata, el presidente de la República debe dejar en claro, si realmente busca la transformación del país en lo político, que esta propuesta de reforma electoral no fue solo un anzuelo lanzado para subir el tono de la confrontación y, a sabiendas de que será rechazada, utilizar esta circunstancia como estrategia de campaña. Como los partidos de oposición deben mostrar que lo suyo, como prometen, ya no es más medrar con el poder y el presupuesto público, y están dispuestos a servir a la patria y a los mexicanos.
Se vale soñar.
Emilio Cárdenas Escobosa
Negociar, la clave para la reforma electoral (I)
Como todo lo que propone el presidente de México su iniciativa de reforma electoral divide opiniones. Para sus opositores esta propuesta no pasará, simple y llanamente, y más allá de otros temas polémicos, porque pega en el bolsillo de las burocracias partidistas al desaparecer el financiamiento público ordinario y solo dejarlo para las campañas electorales.
Por ello, más allá de que contenga elementos novedosos y necesarios para reducir los costos gigantescos de los procesos electorales, asegurar una mejor representación política en el Congreso de la Unión, en los congresos locales y en los ayuntamientos, la iniciativa será difícilmente aprobada porque Morena no dispone del control total y necesita los votos de parte de la oposición para sacar adelante cualquier reforma constitucional.
Y más porque desde el gobierno lopezobradorista se ha enrarecido el ambiente y alejado la posibilidad de construir acuerdos al persistirse en tildar de traidores a la patria a los legisladores que rechazaron la reforma eléctrica que quería el presidente de México y que son los mismos con quienes se deben sentar a negociar la reforma electoral.
De ahí que solo en la medida en que tanto el presidente López Obrador como los dirigentes y legisladores de su partido atemperen o eliminen los calificativos en contra de los adversarios políticos podrá avanzar la propuesta. Porque podrán organizar foros y asambleas informativas para dar a conocer los alcances de la iniciativa, pero a quienes deben convencer son a los diputados de oposición.
Por otro lado, se ha argumentado también que desde hace cinco décadas las reformas electorales han sido propuestas por la oposición a raíz de la experiencia de la elección inmediata anterior y no desde el gobierno en funciones. Así tenemos como ejemplos la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles que abrió la representación a los partidos minoritarios en 1977, la que ciudadanizó en los años noventa al órgano electoral encargado de organizar los comicios y dejó fuera al gobierno, y la que en el 2007 modificó las reglas de la comunicación tras los excesos de la campaña negra en televisión en las campañas del 2006 cuando AMLO era “el peligro para México”. Ahora la propuesta viene del gobierno y se ha subrayado que llama la atención que todas las reformas previas se hicieron después de las elecciones intermedias y no antes de una presidencial como ocurriría ahora.
Esta iniciativa de reforma político-electoral, que a decir de López Obrador es más una reforma democrática, representa una de las prioridades de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y se buscará su aprobación entre agosto y octubre próximos, una vez pasadas las elecciones en Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas que habrá este año.
Como muchos analistas se preguntan es ¿por qué el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que por mayores bondades que pudiera contener estaría condenada al rechazo de los legisladores de oposición?
El espíritu de esta reforma es el de quitar privilegios, hacer más barata la democracia, con un ahorro superior a los 20 mil millones de pesos anuales, y conseguir que los ciudadanos sean representados de manera más directa, ha dicho el presidente de México. Para ello contempla 18 modificaciones a la Constitución e incluye siete artículos transitorios.
Su propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, la desaparición de los OPLEs y los Tribunales Electorales Locales para que el nuevo INEC sea el único encargado de la organización de las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal, impulsar el voto electrónico, y la mayor sorpresa: la reducción en el número de curules en las cámaras de diputados y senadores, pero no a través de la eliminación de los diputados plurinominales, como se pensó en un principio, sino en la supresión de los diputados de mayoría relativa, para dejar exclusivamente a diputados de representación proporcional, ahora sobre la base de 32 listas, una por entidad, y no de las cinco circunscripciones presentes hasta ahora. Mismo mecanismo que operaría en la elección de los congresos estatales y los ayuntamientos que también verían reducido al número de sus integrantes a partir de criterios poblacionales.
Un paquete completo que ha generado ya una gran polémica, pero lo que más ha sido cuestionado es que el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas se integre por siete consejeros elegidos por sufragio directo y popular sobre una lista de 60 candidatos presentados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De acuerdo a expertos esto daría lugar a que el presidente y Morena podrían tener el control de las dos terceras partes de esas listas, tanto de conejeros del INEC como del Tribunal Electoral, lo cual sin duda sería un retroceso y sobre todo porque la integración de estos organos precisan de expertos en la materia y no de personajes populares que serían votados en una elección; y en este punto, además, surge la duda respecto a si harán campañas o cómo se conocerán los perfiles de los aspirantes.
Otro tema que requiere una amplia discusión es el relativo a la reducción en el número de legisladores del Congreso de la Unión, de los congresos de los estados y de los ayuntamientos, asunto en el que creo hay consenso popular y que es plausible pero que no ha sido bien recibido por los partidos de oposición, pues limita el número de espacios a repartir para una clase política que, dicho sea de paso, poco abona en los espacios legislativos y que significa un enorme gasto anualmente, pues se ha medido que solo el once por ciento de los diputados participa en tribuna en los debates y el resto solo vota y cobra puntualmente sus dietas.
El tema del ahorro que representa la iniciativa es de llamar la atención, porque si a la reducción en el numero de legisladores federales, locales y de ediles le sumamos la desaparición de los órganos electorales y de los tribunales de los 32 Estados de la República, aunado a la eliminación del financiamiento público ordinario a los partidos políticos, efectivamente estamos ante un escenario ideal de abaratar el costo de las elecciones.
Como puede verse son muchos los temas que implica la reforma electoral propuesta por el presidente de México que no pueden ni deben desecharse a priori, solo por extremismos y posiciones polarizadas, o por fobias hacia la 4T, sin mediar el análisis de sus implicaciones. Dada la brevedad del espacio y la importancia del tema, a ello nos dedicaremos en una segunda entrega de esta columna.