Artículo de fondo

La frase “no entienden que no entienden” es una expresión que solemos usar las feministas cuando estamos frente a un ejemplo vivo de misoginia o de miopía patriarcal; de ésas que ameritan que nos miremos a los ojos sin necesidad de pronunciar palabra y elevemos las cejas ante la inmundicia que acabamos de constatar.
Ejemplos hay muchos. Refiramos algunos.
La paridad llegó para quedarse. En realidad, era inminente su aprobación y posterior puesta en vigor. Nadie puede llamarse sorprendido, porque el camino ha sido largo y hemos venido hilvanando el territorio con el sistema de cuotas que debió haberles dado una pista de que no seguirían siendo los únicos dueños de la cancha política.
Pero ya saben, la misoginia les hace creer que los cargos públicos tienen su nombre y entonces buscan todas las excusas para incumplir con lo inevitable. ¿Recuerdan lo absurdo de la oposición de la Jucopo en el Senado a que las candidaturas a la gubernatura fueran paritarias? o ¿el caso de los falsos “trans”, en que 18 hombres trataron de hacerse pasar por integrantes del colectivo LGBTI+ para ocupar candidaturas interseccionales en Tlaxcala?
A estas joyas medievales hay que añadir complementos como los increíblemente aún existentes foros en donde los “clubes de Toby” se reúnen para discutir asuntos públicos sin una sola mujer, con argumentos tan arcaicos como que “no hay mujeres para hablar de esos temas” o que “las mujeres se pelean y los hombres sí nos ponemos de acuerdo”.
Pues sí. El poder patriarcal sostiene pactos patriarcales y como las mujeres –no todas– ponemos en duda esos pactos, pues entonces impulsamos otra forma de liderazgo que cuesta trabajo construir. Pero que no quieran parecer ahora los más conciliadores del mundo, porque a la hora de arrebatarse el poder, los golpes bajos están al orden del día.
Así que las mujeres debemos estar presentes en todas las reuniones, grupos, eventos y actos en donde se discutan asuntos públicos y más aún si esos asuntos impactan a la vida de otras mujeres. Y ya de paso, también desmitifiquemos eso de los conflictos, porque la historia de la humanidad es la mejor evidencia de que la testosterona no es un ingrediente que garantice la construcción de paz y la consolidación de acuerdos.
¿Qué parte de que la paridad implica que las mujeres debemos estar presentes en la mitad de todo no han entendido?
Pensaba escribir mi columna de otro tema, pero en los días recientes he atestiguado algunas situaciones que me parecen dignas de mi mejor sarcasmo. Sujetos que se congratulan de ser machistas, que siguen pensando que los conservadurismos les darán votos cuando ni siquiera han hecho un análisis del mercado electoral real y por tanto ignoran la fuerza que significa el voto de las mujeres. O bien, los que utilizan a mujeres para hacerse pasar por aliados del feminismo cuando con esos actos, lo que en realidad están haciendo es violentarnos.
Y peor aún, hombres que hacen creer a las mujeres que nuestra agenda, nuestras necesidades, nuestros planteamientos les importan….cada día 25 de mes, pero el resto del tiempo se empeñan en mostrar el escaso compromiso con un maremoto de fuerza pujante.
Es tiempo de las mujeres y este momento es irreversible. No hay ámbito, sector, espacio que pueda estar al margen de la irrupción pública de la presencia femenina.
Pero no solo la paridad es el sello de estos tiempos. Los acosos, los hostigamientos, las violencias, las discriminaciones son el ejemplo vivo de lo que ya no tiene lugar en el nuevo ejercicio de relacionarnos socialmente y son la evidencia tácita de lo que ya no estamos dispuestas a soportar.
El “Me Too” lo dejó muy claro y no hubo agresor ni grande ni chiquito que pudiera esconderse del señalamiento público. Ahí, a donde la ley a veces no llega porque opera con la discrecionalidad que los pactos patriarcales han establecido, las mujeres han encontrado que denunciar públicamente, exhibir, señalar es una prerrogativa que obra en su beneficio para tratar de frenar la oleada sin fin de las violencias que han vivido.
Así que el que aún haya sujetos que buscan que “sigamos platicando este tema en un lugar más cómodo” o que pretendan obtener algún beneficio sexual a cambio de una gestión o una excepción, simplemente no han entendido nada.
Las organizaciones han ido asumiendo poco a poco los cambios de forma y de fondo que implica la construcción de la igualdad y el combate efectivo a todas las formas de violencia. Las instituciones, empresas y sindicatos se están tardando mucho más en el proceso de desmontar las prácticas violentadoras y patriarcales en las que han fincado su operación cotidiana, porque en esos ámbitos la represalia más recurrente es la que amenaza su permanencia y continuidad laboral, pero a pesar de ello, con una valentía infinita, mujeres en todos los espacios están atreviéndose a decir ¡ya basta!
Como con la extinción de los dinosaurios, la misoginia patriarcal impone sus resistencias y se niega a ver lo que es obvio y ya está aquí.
No entienden que no entienden. Pero la certeza de la inminencia de su propia caída les llevará a hacerlo.

Los resultados del proceso electoral 2021 y el largo período que le sobrevino al desahogo de recursos por las impugnaciones presentadas, dan cuenta de que era indispensable aprobar las reformas que hicieron ley la paridad, sin embargo queda claro que  las leyes son solo una parte del proceso de transformación de los órganos de representación pública dadas las prácticas patriarcales tan arraigadas que derivan en múltiples resistencias que obstaculizan el reconocimiento de  que integrar en forma equitativa los poderes e instancias de toma de decisiones públicas no implican que un sexo ceda poder a otro, sino que un órgano constituido sea enriquecido con una participación igualitaria entre quienes lo componen.

El poder no le pertenece a ningún sexo, sino que yace en el equilibrio de su integración para la representación. Este no es el juego de las sillas donde se paran unos y se sientan otras.

Por ello es que una vez que se ha cumplido con la paridad requerida en los Congresos Federal y estatales, hemos de ir hacia el siguiente peldaño en la escalera de derechos que vamos subiendo.

Más allá de la paridad, la meta está colocada en la igualdad sustantiva que busca un cambio en las condiciones de vida de miles de mujeres que en el mundo siguen siendo las más pobres entre las pobres, las más marginadas, las más violentadas. Ellas, nosotras, todas, tenemos que saber que otra forma de relacionarnos socialmente es posible si logramos construir un modelo en donde las mujeres y los hombres seamos auténticamente iguales y nuestros derechos tengan el mismo valor.

Ahí es en donde hay que enfocarse, ya que hasta hoy el acceso de mujeres a espacios de representación en condiciones de paridad no ha significado la disminución de la brecha que separa a las mujeres de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

Proponer, dictaminar y aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de las mujeres, es un acto de justicia social que atiende a los análisis coyunturales de los problemas públicos de urgente resolución.

Pero ese compromiso de las legisladoras que son la mitad de los órganos que hoy son paritarios debe verse también reflejada en la construcción de mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en el Poder encargado de velar por el cumplimiento de las leyes.

Para este efecto, existe a nivel nacional la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, que corresponde al marco regulatorio internacional (Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo No. 190) y a la legislación nacional impulsada por el Instituto Nacional de las Mujeres como una herramienta que busca establecer los mecanismos que garanticen la eliminación de prácticas discriminatorias entre hombres y mujeres al interior de los espacios laborales, para garantizar con ello la igualdad entre el personal que se desempeña en el Congreso, tanto en los espacios administrativos como técnicos, buscando además propiciar las condiciones necesarias que permitan erradicar todas las formas de violencias que pueden llegar a tener lugar en estos entornos.

Es indispensable ir hacia la certificación de los Congresos con esta Norma que considera aspectos como: contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, que se haga efectiva a través del funcionamiento de un Comité instalado para tal efecto y que valide los procesos de contratación de personal, de ascenso y permanencia y de capacitación, garantizando que los nombramientos sean otorgados conforme corresponda, no violentando los derechos laborales de ninguna persona que trabaje dentro del Congreso, garantizando instalaciones inclusivas y libres de violencias y que promueva el uso del lenguaje no sexista.

Acorde con esa Norma vigente, es indispensable que todos los Congresos  cuenten con un Protocolo para el Acoso y el Hostigamiento Sexual así como la respectiva instalación del Comité en contra de la discriminación que garantiza igualdad en el trato entre quienes laboran en los poderes legislativos y vela también por la igualdad salarial, entre otros aspectos.

Esa transversalización de la perspectiva de género también debe hacerse palpable en cada uno de los espacios internos de la vida laboral del Poder Legislativo con una serie de acciones orientadas a promover la igualdad, promoviendo el respeto pleno a las diversidades, brindando además atención al personal que labora para el cuidado de su salud mental y psicológica, apoyando las maternidades y paternidades, que incluya espacios dignos para lactar y para la niñez y garantizando un entorno inclusivo, sostenible e igualitario.

Así pues, es momento de hacer valer la paridad legislativa ganada, para traducirla en igualdad sustantiva.

El camino ha sido largo y el avance lento pero firme. Nada gratis, nada regalado, ninguna concesión otorgada. A cada triunfo siempre ha sobrevenido una factura por pagar. Y es que la afrenta – dicen– es enorme: cuestionadoras del mandato patriarcal, nuestra osadía por arribar al poder ha sido recibida con un regateo a grado máximo. Tanto, que los señores del Senado que votaron por la paridad en todo, impugnaron la paridad en todo.

Es que les gustan las letras chiquitas, los derechos a medias, los significados escondidos y creyeron que el logro histórico era la foto de la votación del pleno, pero no el ejercicio efectivo de esa modificación legal.

Sí, queremos todo. El cambio hubo que empujarlo con cuotas como un mecanismo diseñado para ir llegando de a poquito. Pero como la definición de las acciones afirmativas lo señala, ésas son medidas temporales. La paridad no lo es. Llegó para quedarse. Pero no se hagan bolas, no es que nos conformemos con eso. Este es apenas el trampolín del salto. La paridad es un piso, no un techo y de lo que se trata es que sea parejo.

Hoy pues, empujamos para hacer efectiva la paridad. Por eso estamos tan afanosamente señalando cada gabinete que no se integra con un principio que ya es ley. Cada Congreso que no se apega a ello, cada gobierno impostor que se pone moñito naranja pero que diezma la representación y el poder de las mujeres que lo integran.

Estamos también con especial interés analizando sus acciones públicas, viendo si cumplen con el combate efectivo a las violencias o solo las utilizan como parte de una retórica desgastada; revisando si sus políticas públicas tienen o no perspectiva de género; esperando la nueva propuesta de presupuesto para ver si este año también desposeerán a las mujeres del dinero que hará que las promesas se traduzcan en acciones, o si se quedarán solo ahí, como palabras al viento.

No nos cansamos, sino todo lo contrario. Cada día el gran movimiento feminista mexicano se articula más, se organiza mejor, se fortalece en acciones conjuntas que abonan a la misma causa: la de la defensa de los derechos de las mujeres que exige progresividad sin demoras.

Por décadas impulsamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos porque ese es uno de los tres pilares de la lucha feminista que comienza, claro, por la libre determinación de nuestros cuerpos. Hoy –con todo y el clero ejerciendo su presión mediática, espiritual y política-, el proceso de despenalización del aborto se ha logrado hacer realidad en cuatro entidades y será indiscutiblemente aprobado en todo el país, porque forma parte de la agenda de derechos que más temprano que tarde alcanzaremos en cada rincón, en un compromiso impostergable.

El error de algunos que siguen creyendo que derechos como éste son partidizables simplemente los aleja más del sentir real de una población latente, que es también una ciudadanía activa.

Sabemos que estas acciones no destierran la misoginia, pero sin duda alguna son un aliento que trae esperanza de que pronto, muy pronto, ninguna mujer deba morir en el parto por un aborto clandestino, ni ser madre cuando todavía es niña, o deba cumplir con un rol que no está en su plan de vida.

Nos falta el combate efectivo a la violencia. Y como nos siguen matando, nosotras nos seguimos buscando, nos seguimos acompañando, nos seguimos preparando para hacerle frente a una problemática social que a los gobiernos se les ha salido de las manos.

Por esto y por toda una agenda que no estamos viendo que sea atendida con la celeridad que amerita, es que nos hemos rearticulado.

El movimiento feminista mexicano tomó conciencia de sí por primera vez cuando se reunió en el Teatro “Peón Contreras” de Mérida, Yucatán para celebrar su Primer Congreso en 1916. Ha pasado más de un siglo desde entonces y hoy decidimos volver a ese emblemático lugar para decirle a todo México que estamos listas.

En Mérida nos escuchamos, marcamos la ruta y signamos un acuerdo. Ése por el que nos hemos comprometido a hacer la diferencia, para no dar un paso atrás, para entender que “¡si las mujeres no están, la democracia no va!”.

Con nuestra firma signamos el manifiesto que establece la urgencia de politizar la agenda de las mujeres, demandando el compromiso de los acuerdos y responsabilidades de los partidos políticos frente a los derechos de las mujeres para hacer valer la paridad total en todos los niveles y órganos de gobierno, exigiendo que ningún agresor nunca más llegue al poder.

Pero además, requiriendo que se destinen presupuestos dignos y justos, al tiempo que también le solicitamos al Estado mexicano haga valer la laicidad que la Constitución establece, exigiendo que se impulse una agenda que desfeminice los cuidados y que valide el nuevo pacto social que corresponde a la realidad de vida que hoy es necesario garantizar.

En la vindicación plena de nuestra ciudadanía política, la exigencia de respeto hacia nuestros derechos es el compromiso que motiva nuestra acción y en ese sentido, nuestra presencia pública en las calles, en las redes y en la vida de la nación es irreversible y lo que viene a continuación, es la continuación de este proceso que no tiene marcha atrás.

Honrando la memoria de Hermila Galindo, de Elvia Carrillo Puerto y de tantas otras mujeres que construyeron los cimientos de esta realidad, hoy las mujeres estamos haciendo el más revolucionario de todos los actos: estar juntas y articuladas. ¡Ya llegamos y no nos vamos!

@MonicaMendozaM

Tuvieron que llegar muchas y tuvieron que ser feministas para que en el Congreso de la Unión –Senado y Cámara de Diputados incluida– se concretaran al fin los esfuerzos de muchos años de impulso a las leyes en materia de paridad y de violencia política que venían siendo empujadas desde tiempo atrás pero que no habían podido “pasar”, entre otras cosas, porque el tamiz de la Consejería Jurídica del sexenio anterior no las consideró pertinentes y ahí simplemente todo ese gran esfuerzo “se atoró”.

Y es que las reformas de 2019 que hicieron realidad la Paridad en Todo son la coronación en la ley de un proceso que busca que las mujeres puedan ocupar los mismos espacios de representación que los hombres, porque esa proporción se asemeja a la vida cotidiana –en la que en realidad somos más las mujeres que los hombres- y por tanto, los espacios de toma de decisiones deben estar integrados acorde con esa pluralidad.

Pero la Paridad estaba ya integrada a la Constitución como un principio desde 2014, en una reforma político-electoral que estableció la obligatoriedad de que los partidos garantizaran una integración igualitaria en sus candidaturas legislativas, tanto para las obtenidas por el principio de mayoría relativa como para las de representación proporcional, permitiendo a las autoridades electorales rechazar los registros de aquellos partidos que no cumplieren con este principio.

Sin embargo, lo que no hizo esa reforma fue establecer el método mediante el cual los partidos elegirían a esas candidatas, por lo que el proceso electoral inmediato –que fue el de 2015– evidenció que aunque si bien sí las postularon para la mitad de los cargos, las enviaron a los llamados “distritos perdedores”.

Estos espejismos disfrazados de paridad son una serie de trampas pensadas para seguir manteniendo el control político del poder “de a de veras”, como sucedió en el proceso de 2018, en el que nos llenamos de síndicas que encabezaban las planillas de hombres candidatos a las alcaldías, mismas que –por cierto– cuando llegaron al cargo, vivieron y siguen viviendo dosis muy altas de violencia política en todas sus manifestaciones.

Este es uno de los aspectos que fue subsanado con la nueva reforma de 2019, en la cual se establecen los llamados “bloques de competitividad” y se determinan las reglas para que la paridad sea horizontal y vertical, garantizando así la competencia electoral en municipios y distritos.

Pero las resistencias patriarcales para no ceder el poder son práctica común desde tiempos inmemoriales y hay que reconocer que tienen una muy alta capacidad de adaptación y de reinvención, porque cada que se imponen nuevas reglas, encuentran resquicios para filtrar una misoginia que no está dispuesta a ceder ni un ápice en lo que a su juicio les pertenece: el poder.

Así que aún no terminábamos de celebrar el gran logro que bocetaba una realidad política diferente, cuando de pronto se quiso ver que la aprobación paritaria contenía letras chiquitas que exceptuaban de su cumplimiento a los cargos unipersonales y entonces, vaya, hasta la Junta de Coordinación Política del Senado se pronunció, señalando que el INE no tenía facultades para determinar que también las candidaturas a las gubernaturas habían de ser paritarias.

Aunque los senadores –y atrás de ellos, sus partidos- hicieron una gran exhibición de que la misoginia no tiene límites, no estaría de más invitarles a que vayan asumiendo lo que parecería obvio: las candidaturas presidenciales para 2024 también deberán ser paritarias.

Así que nos fuimos a la elección de 2021 con el mayor número de candidaturas en disputa en toda la historia electoral del país, con la mitad de mujeres y de hombres como aspirantes y obtuvimos los resultados que – por cierto – en algunas latitudes aún no terminan de revisar.

Dado que se votó de manera directa por más hombres que mujeres en las diputaciones federales, las leyes aprobadas sirvieron para equilibrar la integración con las plurinominales, cumpliendo gracias a ello con la proporcionalidad paritaria que las nuevas reglas políticas demandan.

Pero todavía no terminábamos de ubicar a quienes serán nuestras nuevas aliadas para seguir adelante con el empuje de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, cuando los partidos decidieron que todas las coordinaciones de las bancadas en San Lázaro…estén encabezadas por hombres.

Adiós paridad, fuera máscaras. Todo lo que en el discurso es mera verborrea cuando pronuncian sus vacuas frases de “somos un partido aliado de las mujeres”, “haremos de sus causas las nuestras”, aderezadas por moñitos naranjas y tuits que de tan falsos ofenden o dan risa, quedó rezagado y de nuevo el “Club de Toby” será el que tome las decisiones políticas en la que será la segunda Legislatura federal paritaria.

¿Qué quiere decir que solo hombres encabecen las bancadas? Pues que habrá una Junta de Coordinación Política con pura testosterona y sin el menor ápice de perspectiva de género para la toma de decisiones que impactan a más de la mitad de la población, pues serán ellos quienes definan los órdenes del día, los accesos a tribuna, las presentaciones de iniciativas y desde luego, sus aprobaciones.

Ahí es cuando la gran ola paritaria choca contra techos de cristal que habrá que derrumbar.

@MonicaMendozaM

A la memoria de

Norma Riego

“Castigar el aborto es una acción que atenta en contra de la salud de las personas y contra las clases de escasos recursos”. Esto lo dijo Ofelia Domínguez Navarro en 1936 al presentar la ponencia titulada “Aborto por causas sociales y económicas” como parte de la Convención de Unificación del Código Penal.

Esta referencia da cuenta de que la búsqueda por reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo cumple un siglo, luego de que desde 1871 el aborto es considerado un delito, siendo que el artículo 571 del Código Penal de ese año penalizaba el aborto consumado, exceptuando de sanción desde entonces al aborto por violación.

Esta es una práctica milenaria que ha sido poco documentada. Si acaso hay datos que revelan que durante la Colonia existía un Departamento de partos ocultos al cual eran canalizadas las mujeres españolas que concebían hijos fuera del matrimonio y que entregaban a sus hijos a la Iglesia, lo que evidencia que desde siempre el aborto ha sido un privilegio de clase, pues para las mujeres indígenas y pobres las costumbres ancestrales dan cuenta de todo tipo de procedimientos destinados a interrumpir los embarazos no deseados que van desde la toma de infusiones hasta la introducción de dispositivos por el útero que desprendían el feto, desgarrando a las mujeres por dentro hasta provocarles la muerte, prácticas que siguen siendo realizadas en algunos contextos.

Fue hasta la “Revolución Sexual” y gracias al empuje de la tercera ola feminista en México que estos afanes reivindicativos cobraron de nuevo fuerza. En los años 70 la discusión se colocó al centro de la mesa gracias al ejercicio de la sexualidad libre de las juventudes de entonces, que hicieron realidad el concepto de “maternidad voluntaria”, proceso al que se sumaron las políticas públicas de salud y población que buscaban disminuir la tasa de natalidad asociada a la explosión demográfica, por lo que impulsaron una estrategia que vino acompañada de aquella campaña cuyo eslogan era “la familia pequeña vive mejor”.

Momentos de excepcional relevancia en ese largo camino fueron la Primera Jornada Nacional sobre Aborto de 1976, el Proyecto de Ley de Maternidad Voluntaria de 1979, la fundación del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto de 1991, y la campaña de Acceso a la Justicia para las Mujeres de 1998.

Lo cierto es que el cuerpo de las mujeres ha sido desde tiempos inmemoriales territorio de la dominación patriarcal. Lo ha sido así desde la visión judeo-cristiana que cuenta que fue una mujer la que tentó a Adán vinculando al pecado con la carne. Pero lo ha sido también a través del recurso de borrarnos de la historia como no-protagonistas de los aconteceres, condenándonos al desempeño de un rol ornamental que durante siglos ha sido reforzado. Luego vino la visión del liberalismo que nos confinó a la vida privada, ocupadas en forma exclusiva de lo doméstico y del cuidado familiar. Todo éste ha sido un largo camino en el que fuimos desposeídas de todos los derechos, por los que hemos tenido que ir luchando para conquistarlos uno a uno.

Hoy que ya podemos estudiar lo que queremos, que ya podemos tener propiedades a nuestro nombre, que ya podemos votar y ser votadas, que ya podemos ir a la luna…aún se nos niega nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.

El hecho que cambió la discusión pública sobre el aborto fue el caso de Paulina, una niña de 13 años víctima de abuso sexual en el año 2000 y que solicitó –junto con su madre– autorización para interrumpir su embarazo. Paulina fue obligada a llevarlo a término y acabó siendo, en contra de su voluntad, una madre-niña obligada a vivir una vida que no era la suya.

El caso de Paulina derivó en la “Ley Robles”, que permitía el aborto en el entonces Distrito Federal ante tres causales, antecedente que permitió que en 2007 la Asamblea Legislativa despenalizara el aborto para las primeras 12 semanas de gestación.

Desde entonces, para las mujeres que quieren practicarse un aborto con condiciones sanitarias óptimas y que pueden pagarlo, viajar a la Ciudad de México es la ruta más segura. Tan solo en 2020 el portal de Datos Abiertos del gobierno de la ciudad registró que se efectuaron ocho mil 784 procedimientos, mismos que son 42.37 por ciento menos de los que tuvieron lugar en 2019, presuntamente por la covid-19.

En Veracruz, el camino hacia la despenalización ha estado también lleno de escollos. La aprobación de la despenalización en la Ciudad de México abrió el debate para una reforma en las entidades federativas, lo que provocó que el “lobby” antiderechos comenzara a ejercer presión al más alto nivel, desde el púlpito de las Iglesias y a través del poderío económico y político de sus miembros, para evitar a toda costa que esta discusión ocupara espacio en la agenda legislativa de nuestra entidad.

Es justo reconocer la iniciativa para despenalizar que presentara en la LIX Legislatura la perredista Yazmín Copete. O la defensa pública y en tribuna realizada en torno al tema por parte de la finada perredista Margarita Guillaumín y de la priista Dalia Pérez, ambas diputadas integrantes de la LXI Legislatura. Y la Iniciativa presentada por la legisladora morenista Tanya Carola Viveros, antecesoras en el impulso de este derecho y pertenecientes todas a Congresos en su mayoría masculinos, en donde las suyas eran voces minoritarias que no contaron con el respaldo ni de sus bancadas ni del resto de quienes integraban el Poder Legislativo.

La historia progresista de Veracruz tiene un antes y un después a 2016, año en el que el entonces gobernador Javier Duarte impulsó la reforma al artículo 4º de la Constitución veracruzana, en la cual se promueve la “defensa de la vida desde la concepción”, aprobación corporativa que provocó el rechazo público y en tribuna de las entonces diputadas Mónica Robles y Ana María Condado, pero además el señalamiento de ser regresiva y revictimizante por parte de organismos no gubernamentales y de la propia ONU.

La acción de inconstitucionalidad interpuesta por ello ante la Suprema Corte de Justicia, más otros recursos jurídicos que desde entonces fueron presentados para evidenciar lo regresivo de esa medida, dan cuenta de la larga lucha que se ha emprendido por parte de organizaciones de la sociedad civil, que a raíz de ello solicitaron ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) la declaratoria de una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado por la restricción al derecho a la salud y la limitación a los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado veracruzano a las mujeres de esta entidad.

Esta batalla ha estado acompañada en cada momento por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM), el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir, Justicia Derechos Humanos y Género y las organizaciones feministas estatales y activistas que estamos integradas en el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, sin los cuales hubiera sido imposible obtener un resultado favorable.

La reciente aprobación de la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo y que introduce la causal salud y que considera una sanción para el aborto inducido, hace que Veracruz se convierta en el cuarto estado del país en legislar en la materia y con ello permite que la LXV Legislatura no incurra en la omisión en la que sí incurrió su antecesora, en la que la doble agenda moral de quienes eran mayoría, bloqueó el cumplimiento del mandato legal de realizar esta reforma.

El que la diputada Mónica Robles haya presentado la Iniciativa de reforma la semana pasada, supongo que fue un riesgo difícil de asumir luego de la persecución, amenazas y agresiones a que se expuso cuando el año pasado impulsó la reforma al Código Civil que incluía, entre otros temas, el matrimonio igualitario, lo que devino en ataques cometidos por los grupos anti derechos que operan con total belicosidad y agresividad. Pero colocado en la balanza, pesa más la justicia social, la auténtica defensa de los derechos de las mujeres y la responsabilidad por atender un problema público que ya no admite dilaciones.

Celebro el valor, el coraje y la congruencia de quienes finalmente decidieron apoyar una iniciativa que no corresponde con la agenda política de ningún partido, pues se trata de un acto de justicia social. Partidizar la postura de cada legislador o legisladora en temas de derechos es un absoluto error de cálculo político y es una incongruencia social.

Lo sabemos las activistas que hemos acompañado este largo andar pese a también haber sido violentadas, incluso institucionalmente, por asumirnos defensoras del derecho a decidir. Lo saben las mujeres veracruzanas que han callado sus abortos por miedo al rechazo. Lo saben las y los médicos que han visto en sus quirófanos a niñas ser madres. Y lo sabe Diana Patricia, que mientras hay quienes banalizan la discusión planteando la pregunta de ¿estás a favor o en contra?, ella está encarcelada, dado que por la brutal golpiza que su marido le propinó, tuvo un aborto espontáneo a los seis meses de gestación y hoy él está libre y ella permanece privada de su libertad.

No puede ser pro vida nadie que desde sus condiciones de privilegio, pretende acotar los derechos de otra persona. Son antiderechos. Llamémosles por su nombre.

@MonicaMendozaM

Por Javier Solórzano Zinser

De lo mejor que le ha salido al Partido Verde ha sido acomodarse. Ha sido indistintamente priista, panista, perredista y en tiempos recientes morenista, nomás faltaba.

Lo que en sus inicios fue interesante como partido por la importancia que tenía y tiene el tema del medio ambiente, con todo lo que lo rodea, pasó a segundo plano para convertirse en un partido familiar para ser cuestionado. Se convirtió en una organización que juega a acomodarse, hace alianzas para no perderse y para no perder su registro. El partido termina por representar el cuestionable esquema partidario.

Los temas ecologistas se han diluido en el Verde y, aunque a veces logre colocar en la agenda algún asunto, de ahí no pasa.

El Verde tuvo muchos padrinos en sus orígenes. Su existencia tenía que ver con una corriente de opinión en el mundo que tomó conciencia positiva y constructivamente de los problemas del medio ambiente.

Diversas organizaciones civiles, académicas y científicas han sido claves en la defensa de la tierra. Algunos gobiernos han tomado el tema como propio y lo han colocado como eje de sus políticas públicas.

Todos estos esfuerzos han sido fundamentales y son producto de la acción de muchos partidos verdes en el mundo, con excepciones muy claramente identificables, los cuales han sido y son factores estratégicos en defensa del medio ambiente.

Para el Partido Verde las cosas van por otros rumbos. Se han quedado en la grilla, la política, la politiquería y en el no perderse el presupuesto que se otorga a los partidos políticos. El concurso del Verde no se aprecia en la dinámica nacional, siendo que debería de ser una importante influencia para la toma de conciencia y acción en los temas del medio ambiente.

Un elemento que de alguna u otra forma ubica al partido es que ha sido poco o nada solidario con los defensores del medio ambiente, los cuales en muchos casos han sido asesinados en el país.

Su historia es la de alianzas que le permitan no alejarse del ejercicio del poder, al tiempo que su presencia electoral lo ha convertido en una organización apetecible para los partidos políticos que se encuentran en posibilidad de ganar los procesos electorales nacionales.

Supieron estar con Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora con López Obrador, quienes saben agradecer “favores recibidos”, sobre todo, en las votaciones en el Congreso.

El Verde se ha acomodado y se ofrece, lo cual lo lleva a la construcción de mecanismos de autodefensa. El cuestionable y señalado desarrollo del Verde tiene en sus alianzas el elemento por el cual logra que no se metan en sus asuntos internos.

Quizá uno de los signos de identidad más marcados del Verde sean sus escándalos. Como sea, ha logrado salir de ellos y poco o nada han transcendido siendo que tienen que ver, entre otras cosas, con los manejos de dinero, recordemos aquella frase de “nos chamaquearon” de Jorge González respecto a unos terrenos en el sureste mexicano, días previos a que se dieran a conocer los famosos videos de políticos del PRD recibiendo dinero en bolsas.

Es probable que el justificado escándalo que se creó con estos videos haya pasado a segundo plano por lo sucedido con el dirigente del Verde en un video transmitido en MVS.

Sergio Aguayo recordó ayer el monto de dinero que recibió el Verde entre 2010 y 2021, 4,281 mdp de las prerrogativas federales. El INE ha informado que se viene una multa al partido por 40 mdp, entre otras razones por el pago a un grupo de los cuestionablemente llamados influencers por emitir mensajes el día de las elecciones en favor del Verde.

El Partido Verde anda como en el 2018 en el yo no fui.

RESQUICIOS

Nos dice el vocero de los papás y mamás de niños con cáncer, Luis Fernando Reyes Guzmán, padre de Fernando Gael: “Me arrepiento profundamente que mi hijo haya conocido a tipos como el secretario de Salud y el subsecretario. Jorge Alcocer, quien ayer fue grosero y nos volvió a ofender”.

con información de:

Quebradero

Sabedora de que #LaAgendaDeLasMujeres se lee más allá de las fronteras estatales y nacionales, hoy situaré mi análisis en el plano local, cierta de que es una realidad por la que atraviesan las instancias de las mujeres en otras geografías.

En 1995 se celebró en Beijing, China la Cuarta Cumbre Mundial de las Mujeres, de la que emana la Plataforma de Acción a través de la cual la ONU convocó a las naciones a implementar políticas públicas para transversalizar la perspectiva de género al interior de cada país, requiriendo que formalizaran su voluntad mediante la creación de mecanismos  para el adelanto de las mujeres dentro de la administración pública en los niveles federal, estatal y municipal.

En Veracruz, para entonces ya se habían dado los primeros pasos, de los que es digno mencionar el trabajo realizado por la Dra. Mireya Toto Gutiérrez, quien desde el gobierno estatal -entonces encabezado por Dante Delgado Rannauro- le dio forma a la primera oficina de atención a las mujeres; o bien, el extraordinario trabajo realizado por la Mtra. Libertad Hernández Landa, a quien el entonces gobernador Patricio Chirinos Calero le confirió la responsabilidad de sentar las bases de un programa participativo que derivó en el Programa Comunitario de las Mujeres, del que se retomaron algunos aspectos para conformar el Programa Estatal de las Mujeres, que comenzó funciones a partir del sexenio de Miguel Alemán Velasco y que estaba adscrito a la Secretaría de Gobierno, donde estuvo encabezado por Maricela Cienfuegos, Carolina Gudiño y Sandra Soto. De todo ese proceso doy cuenta en mi tesis de maestría, presentada en 2005.

Con lo mandatado por la ONU y ante las múltiples violencias que ya evidenciaban la desigualdad estructural hacia las mujeres, en 2007 la LX Legislatura del Congreso del Estado impulsó el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo en el que se proponía –entre otros puntos-  la creación de órganos autónomos como el Instituto Veracruzano de las Mujeres, para lo que se convocó a la sociedad civil a que participáramos en los foros en donde muchas presentamos iniciativas que se integraron a la propuesta final que da origen al Instituto. Por lo que es justo afirmar que el IVM se creó por nosotras y para nosotras.

Aquel esfuerzo legislativo (que estuvo coordinado por Mireya Toto, para entonces diputada local) deriva en la aprobación de la Ley 613 por la que se crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, instancia encargada del diseño y aplicación de las políticas públicas para transversalizar la perspectiva de género en la entidad veracruzana y que está conformado por los consejos Consultivo y Social, destinados a garantizar la ciudadanización de las acciones que desde esta instancia se realicen para a su vez, asegurar que abonan a la mejora de la calidad de vida de las mujeres en la entidad.

Al publicarse la Ley, la Secretaría de Gobierno emitió la convocatoria respectiva para conformar ambos consejos: el Social, integrado por representantes de organizaciones y sindicatos, y el Consultivo, por mujeres con trayectoria académica, quienes emitieron la convocatoria para elegir a la primera directora del IVM, para lo que las postuladas debían tener probada experiencia y conocimientos en género, presentar la documentación que lo avalara y luego ser evaluadas, con lo que se definió la terna que se envió al Ejecutivo estatal, quien decidió que la primera mujer en dirigir el Instituto fuera la que había obtenido el mayor puntaje en la evaluación.

Así asumió el cargo la Mtra. Martha Mendoza Parissi, quien sentó las bases de un trabajo sin precedentes hasta la fecha y al que nos convocó a sumarnos a un concierto plural de activistas y académicas que enriquecieron su gestión. Ella decidió no postularse para ser reelecta –aunque la ley la facultaba– por lo que en 2010 los consejos Consultivo y Social emitieron la Convocatoria respectiva para que las interesadas en postularse presentaran la documentación debida, proceso que derivó en una terna de la que me honro haber formado parte y de la que fue elegida la Dra. Edda Arrez Rebolledo, quien asumió la dirección por dos períodos consecutivos, trabajando en diseño y aplicación de políticas públicas ya con un presupuesto que desde entonces empezaba a mermarse.

Al inicio del bienio estatal, se cambió a los dos consejos porque habían cumplido el período para el cual fueron electos; pero los nuevos fueron integrados sin la pluralidad debida, permitiendo el ingreso de algunas representantes de grupos antiderechos y otras personas con afinidad partidista y política con quien entonces gobernaba. Esos son los consejos que hasta el día de hoy existen, mismos que ya no están completos y de los que es necesario revisar su vigencia.

Durante los meses que tardó el proceso de conformación de esos consejos, al frente del IVM estuvo en calidad de encargada de despacho la Lic. Sara Gabriela Palacios Hernández, quien fue relevada cuando se concretó el nombramiento de la tercera Directora del Instituto, que recayó en la Mtra. Yolanda Olivares Pérez, quien renunció al inicio del presente gobierno. Desde entonces y durante los casi 3 años que van de la actual administración,  el Instituto tiene como titular a la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez, quien ha asumido la tarea en calidad de encargada de despacho.

El complejo escenario actual en el que vivimos las mujeres donde existe una dolorosa y abrumadora escalada de violencias que se ahondan con cada vez más severas desigualdades y brechas, requiere de instituciones fortalecidas financiera, normativa y operativamente.

A casi 15 años de haber sido creado, es muy importante señalar que los aspectos procedimentales contenidos en la Ley 613 que definen el mecanismo para renovar la dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres, proponen y defienden la existencia de los dos consejos para garantizar la participación de las organizaciones civiles y de expertas académicas para ciudadanizar el actuar y legitimar el proceder de una instancia que debe estar encabezada por una mujer cuya selección –que no imposición– otorgue certidumbre de que el suyo es el perfil idóneo para asumir la titularidad de una instancia que, como se ha dicho, nos honra y seguiremos defendiendo. Porque el IVM es nuestro, es de todas.

@MonicaMendozaM

¡Representación Mayoritaria y Proporcional
se complementan políticamente!

Por Francisco Berlín Valenzuela*

Segunda Parte
Argumentos a favor de la Representación Proporcional.

Los autores que sostienen las bondades de la R. P. toman como punto de partida de sus análisis sus fundamentos, que vamos a agrupar en cinco: dos que son de tipo axiológico que atienden a la justicia y equidad; dos de tipo ético, referidos a la superación de la lucha política a través del escrutinio de ideas y a la honestidad de los elegidos frente a sus electores; finalmente, agregamos un argumento funcional que parte de la idea del pluralismo democrático de la sociedad.

El argumento que alude a la justicia y a la equidad, sostiene que la R.P. es el resultado de una evolución natural de los sistemas mayoritarios, que buscaban mayor eficacia en la toma de decisiones, los cuáles resultaban injustos e inequitativos al dejar fuera del ejercicio del poder político, a individuos y partidos, que participaban en los procesos electorales, sin haber obtenido los votos suficientes, lo cual era apreciado como una falta de justicia y equidad en la representación.

Por razones históricas, la discusión que se generó con la R.P. partió de la idea de que se oponía a la representación mayoritaria, siendo desde mi punto de vista un enfoque equivocado, al enfrentar a dos categorías que por sí mismas no son oponibles, por lo que los autores que defendían y criticaban la bondad de estos sistemas electorales, pretendían demostrar que uno era mejor que el otro, soslayando que cada uno obedecía a criterios diferentes en su concepción, en la pretensión de mejorar los sistemas electorales. Con el transcurso del tiempo, diversos autores vieron el problema en su verdadera dimensión, al considerar que la evaluación y enjuiciamiento de la R.P. debía hacerse de acuerdo a los nuevos fenómenos que la modernidad política estaba originando, independientemente de las circunstancias políticas que motivaron la representación mayoritaria.

Analizando este problema el mencionado tratadista Carlos Fayt en su libro Derecho Político, señaló que “se distinguen entre el poder de decisión y el poder de representación. Al primero corresponde el principio de la mayoría; al segundo el de la proporcionalidad”. Algunos otros autores, piensan que los sistemas de mayoría gozaban de mayor prestigio, porque otorgaban eficacia a las acciones de gobierno, en tanto otros, sostenían que la R.P. garantizaba el derecho de las minorías a participar en los gobiernos, lo cual respondía a un principio de justicia.

Por lo que hace a la idea de justicia en la R.P., debe ser encuadrada dentro de un contexto, que satisfaga los requerimientos de equidad, de los diversos partidos políticos participantes en los procesos comiciales, en los cuáles los electores al sufragar, determinan la fuerza numérica que a cada uno de ellos desea atribuirle.

Por cuanto se refiere a los argumentos éticos en defensa de la representación proporcional, se hacen consistir en que el escrutinio de las ideas eleva el nivel de la contienda política, por una parte, y por la otra, en que se considera que este sistema es un modo de escrutinio honesto, que permite la superación de las luchas por el poder político, que en ocasiones se tornan violentas, por la mezcla de intereses personales o de grupo de los participantes. La R.P., en este sentido, hace viable el escrutinio de programas e ideologías, siempre y cuando existan condiciones que permitan la tolerancia y la libre expresión del pensamiento, para hacer posible la confrontación de puntos de vista divergentes sobre los grandes problemas de una nación.

Es así, como la R.P. propicia el debate de las ideas, obligando a los partidos a formular programas y doctrinas atractivas, confrontándolas posteriormente, entre los integrantes de los parlamentos, clarificando de esta manera las luchas políticas y los grandes problemas de la nación.

El argumento de que la R.P. es un modo de escrutinio honesto, está relacionado con dos criterios: aquél que ve en este sistema una superación de la deshonestidad a que da lugar el escrutinio de segunda vuelta, y el que afirma que la R.P. es eficaz, para combatir un régimen político atacado por la corrupción. El primero tiene un alcance muy relativo, dado que se funda no en las características propias de la R.P., sino en los vicios que genera el sistema mayoritario de segunda vuelta, por las políticas de alianzas que genera, ignorando la confianza expresada por los electores en la primera vuelta. No se soslaya que también en la R.P. puede tener lugar este vicio de deshonestidad, cuando se está en presencia de las llamadas listas conjugadas, en la que los partidos pueden mezclar a diferentes candidatos, que si no llegan a ser utilizadas, hacen válido el argumento de honestidad.

Por cuanto al segundo criterio, que hace alusión al saneamiento que la R.P. produce en un régimen corrupto, se le aprecia un notable interés, en virtud de que la corrupción está presente en muchos gobiernos, cuyos integrantes se muestran incapaces de resistir las tentaciones que el poder les ofrece. Se piensa que la participación de otras fuerzas políticas, con apego a sus principios doctrinarios, pueden contribuir a atenuar los abusos que suelen cometer los partidos en el gobierno. Este es, desde mi punto de vista, un argumento también relativo, pues la adopción de la R.P. en un sistema electoral, sólo genera una esperanza para reducir la corrupción, ya que se ha contemplado que en muchas ocasiones, los grupos opositores acaban siendo “convencidos”´ por quienes disponen de enormes recursos para corromperlos también.

Finalmente, habré de referirme al último de los argumentos teóricos que he sistematizado en este estudio, el cual está referido a la idea de que la R.P. es una forma de expresión de las diversas corrientes que están inmersas en el pluralismo. Parte del convencimiento de que toda sociedad democrática es en principio plural, afirmación que debemos matizar en nuestro análisis, pues por lo que a la vida política se refiere, adquiere sentido en el momento en que tal pluralismo puede manifestarse organizadamente y con requerimientos de participación en las luchas por la obtención del poder.

Es muy importante y no debe olvidarse que la R.P. no surgió artificialmente. Ni como resultado de racionalización de prácticas electorales, sino como una consecuencia de la necesidad de expresión política de las diversas fuerzas sociales, agrupadas en los llamados partidos de doctrina, que se sentían marginadas del ejercicio del poder.

Por consiguiente, es trascendental que los actores políticos en nuestro tiempo, así como los gobernantes y los gobernados, conozcan muy bien la razón de ser de la representación proporcional y no olviden que fueron los grupos emergentes los que crearon el imperativo de justicia y equidad, principios teóricos que la sustentan, así como que ella no nació -como algunos autores piensan- simplemente para perfeccionar los sistemas electorales mayoritarios, sino como un complemento necesario para dar cabida a las nuevas fuerzas, que con su presencia actualizaban políticamente la pluralidad.

Sin embargo, este proceso sociológico, sólo pudo ser superado en algunos países que traspasaron ese imperativo y la exigencia de participación de las clases emergentes, hacia sus reservas coloniales y expansión imperialista, a lo que debemos agregar también, la de aquellas naciones que implantaron un proceso de homogeneización social, producido mediante una lucha revolucionaria o el entronizamiento de un régimen autoritario o dictatorial. La conclusión, entonces, es que esos países, no implantaron la R.P., pues ignoraron las condiciones sociales existentes y ahondaron su homogeneización social, para conservar los sistemas mayoritarios.

El sistema de la R.P., no debe ser visto en México ni en ninguna parte del mundo, como un sistema que resuelva los problemas del pluralismo democrático, sino como un sistema complementario de la representación mayoritaria, que haga posible, tener una mejor calidad democrática.

Continuará en la Tercera Parte, el 06/29/21

Raymundo Riva Palacio

De manera innecesaria, el Ejército se metió en un problema político… y de censura. Le quiso arreglar un problema de imagen al presidente Andrés Manuel López Obrador y lo empeoró al dar a conocer el decomiso de un paquete con casi 3 kilogramos de cristal, una droga sintética con valor de mercado de 83 millones de pesos, que eran transportados en un autobús de pasajeros en el trayecto entre Apatzingán y Buenavista, en la Tierra Caliente michoacana. El problema de este episodio fue detonado, paradójicamente, por la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia, que dio a conocer las fotos originales del decomiso: el autobús tenía el logotipo de Morena, que había sido borrado por los militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional se ha mantenido callada pese a las críticas y las burlas. Poco tiene que decir, porque cualquier explicación es irrelevante. Borraron el logotipo del partido en el gobierno en un vehículo que transportaba 14 bolsas con droga, en medio de acusaciones de Morena como beneficiaria electoral del apoyo de los cárteles. El Ejército no tenía necesidad de borrar nada, o cuando menos, aquel Ejército que conocíamos, el institucional, el que siempre respetaba al Presidente, pero se respetaba a sí mismo y actuaba con los intereses de la nación por encima de todo. Hoy, con el general Luis Cresencio Sandoval al frente de la secretaría, las cosas han cambiado.

El secretario de la Defensa quizás no entiende mucho de política o le han llenado las manos al Ejército con tantos negocios, que tiene nublada la perspectiva estratégica. Su preponderante papel en la administración del presidente López Obrador, como afirman en Palacio Nacional, radica en que el general le dice a todo que sí. Y cuando no le pide nada, también dice que sí, como cuando el secretario de la Defensa respaldó el proyecto político-ideológico de López Obrador, con lo cual, por descarte, avaló todo lo que dice y hace el Presidente en contra de quienes piensan distinto a él, sin importar que a veces viole la ley.

La frase que define al general Sandoval la pronunció el pasado 9 de febrero en el aniversario 107 de la Marcha de la Lealtad, cuando aseguró: “Las Fuerzas Armadas hacen suyos los ideales de transformación y reiteran su incondicional lealtad a su proyecto de nación”. El proyecto incluye que los soldados se vuelvan albañiles, distribuidores de medicinas, policías de crucero y le hagan el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos, para convertir auténticamente a México en el ideal norteamericano, un buffer state que sirva de contención y filtro para lo indeseable en su territorio.

La lealtad al Presidente y a su proyecto de nación, como lo fraseó, va más allá de la institucionalidad y se acerca a la complicidad. Lo que el general no se ha dado cuenta es que el Presidente puede decir que les tiene aprecio, respeto y agradecimiento, pero son meras expresiones. En los hechos, el Presidente desprecia a las Fuerzas Armadas y mantiene su vieja idea de desaparecerlas. López Obrador engaña con las palabras, y en función de cómo se escuchen y procesen, se responde. El secretario de la Defensa ha reaccionado con una entrega total al Presidente, sin que esté viendo por la institución en el largo plazo. López Obrador ha estado anticipando su deseo por desaparecer a las Fuerzas Armadas desde hace varios años. La última vez, en una entrevista con La Jornada en julio de 2019, cuando afirmó con candidez: “Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional. Declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército, y que la defensa de la nación, en el caso que fuese necesaria, la haríamos todos”.

En los altos mandos de la Secretaría de la Defensa vieron con preocupación las declaraciones del Presidente, que repetía incluso desde antes de asumir el poder, pero conforme fue llenando las arcas militares de recursos, contratos y negocios, las críticas fueron evaporándose. En este espacio se ha insistido que esa política presidencial desnaturaliza al Ejército, pero el general Sandoval ve otras cosas. El traslado de la Guardia Nacional al Ejército, que fue una propuesta suya en octubre, pavimenta el camino para cumplir el deseo del Presidente, al ir cambiando los criterios presupuestales de la seguridad nacional a la seguridad pública, reduciendo su papel a tareas ajenas la seguridad Nacional.

El elefante que está destruyendo a las Fuerzas Armadas está en la sala. El Presidente puso a pelear al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, que tienen una relación tensa. La rivalidad entre las dos dependencias es vieja, pero se ha incrementado. Al mismo tiempo, López Obrador camina hacia el juicio contra las Fuerzas Armadas, a las que quiere responsabilizar de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

El almirante Ojeda, que en ese entonces era jefe de la 8ª Región Naval en Acapulco, estaba al tanto de lo que sucedía. El general Sandoval no estuvo ahí, pero a quien le encargó que defendiera al general Salvador Cienfuegos, por las recientes acusaciones de narcotráfico, el general Alejandro Ramos, era el jefe de la Unidad Jurídica de la secretaría que realizó la investigación sobre el papel de los militares en la desaparición de los normalistas, sin encontrar algo que los responsabilizara. El gobierno piensa lo contrario.

Las Fuerzas Armadas van hacia el paredón de Ayotzinapa. También rumbo al fracaso en el mejoramiento de la seguridad pública. Están creciendo las denuncias de corrupción de altos mandos, sobre todo por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, contribuyendo a su descrédito. Ese será el camino: la descalificación de soldados y marinos, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos e incapacidad operativa. La mesa está preparándose para que la Guardia Nacional, un cuerpo para el orden interno, no la seguridad nacional, las remplace.

El Financiero

En la opinión…

Estrictamente Personal

Espían a periodistas

Raymundo Riva Palacio

Raymundo Riva Palacio

El espionaje contra periodistas se está expandiendo a una velocidad que no se conoció en gobiernos anteriores, y se ha ampliado el número de funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que están buscando las fuentes de información de periodistas o rastreando si tienen intereses ocultos que permeen sus opiniones.

Este es un tema donde la prensa no suele denunciar porque, salvo que atrapen al gobierno prácticamente in fraganti, no tiene forma de saber cuáles periodistas están sujetos a investigación. Pero los secretos no son para siempre.

Javier Tejado, que tiene acceso a información privilegiada, denunció este martes el espionaje contra varios columnistas. En su informada columna en El Universal, Tejado afirmó que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, solicitó información sobre columnistas –como él mismo– que han escrito sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ha sido denunciado como una intromisión en la vida privada de los ciudadanos con objetivos que van más allá de combatir a la delincuencia, como argumentan las autoridades.

En este abuso de facultades, como señaló Tejado, “buscan encontrar los vínculos de periodistas con empresas de telefonía móvil, lo que denota poca capacidad de autocrítica por una ley que sencillamente está mal diseñada”. Este espionaje solicitado por Mejía Berdeja fue planteado por Tejado como una contradicción del funcionario y el gobierno que representa. Espiar a periodistas, señala, “evidencia el mal uso que pueden hacer ciertos funcionarios si se les entregara la información y biométricos de los usuarios de celulares”.

Tejado no abunda cuál fue la dependencia a la que solicitó información, pero se infiere de su texto que no fue a Plataforma México, adscrita a la Secretaría de Seguridad. No hay muchas otras dependencias que puedan hacerla, pero es altamente probable que la petición haya sido al Centro Nacional de Inteligencia, que sustituyó al Cisen, bajo la responsabilidad del general Audomaro Martínez, un viejo amigo y colaborador del presidente López Obrador, quien ha dicho reiteradamente que el espionaje político se erradicó en su gobierno. Esto es una mentira.

Tejado habló de una línea de espionaje, pero no es la única. La Central Nacional de Inteligencia tiene abiertas investigaciones, solicitadas en Palacio Nacional, en contra de varios columnistas políticos que han publicado textos que les han incomodado. Algunos están sujetos a investigación permanente, como otros dos colaboradores de El Universal, Carlos Loret y Héctor de Mauleón. Dos más de ese diario también han sido sometidos a investigación del servicio civil de inteligencia, Mario Maldonado, que escribe una columna en la sección de negocios, y Salvador García Soto, que tiene una columna política. López Obrador se ha quejado públicamente de otro columnista de ese diario, Roberto Rock, porque tiene acceso a información privilegiada, pero no se sabe si también haya sido sometido a una investigación.

El Centro Nacional de Inteligencia no es el único metido en el espionaje de periodistas. El secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, ordenó colocar vigilancia física directa e interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos de un columnista de EL FINANCIERO que en octubre pasado adelantó los preparativos para que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por otra parte, reactivaron el malware modular Pegasus, que vende la compañía israelita NSO Group –y que tiene varios distribuidores en México–, que penetra en los dispositivos móviles y puede leer todos los mensajes, correos electrónicos, ver el historial de búsquedas en internet, extraer las fotografías y los expedientes almacenados, encontrar las contraseñas, los contactos e intervenir llamadas.

Pegasus adquirió notoriedad durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto porque el Citizens Lab de la Universidad de Toronto descubrió que lo estaban utilizando para espiar a activistas y periodistas, lo cual fue un escándalo. No ha sido el caso en el gobierno de López Obrador, pese a las varias denuncias en el pasado sobre el espionaje. En este espacio, por ejemplo, se publicó en octubre que el Centro Nacional de Inteligencia había estado investigando a los líderes del Frente Nacional Anti-AMLO y de los activistas que protestaban por pérdida de agua en la prensa de La Boquilla en Chihuahua. Un mes después El Universal retomó la existencia de una investigación sobre los líderes del llamado FRENAAA, que negó el gobierno.

El gobierno de López Obrador ha estado espiando por todos lados. A una unidad de inteligencia de la Marina dedicada al seguimiento de cárteles de la droga, le ordenaron dejar de vigilarlos para dedicarse a conseguir información delicada de los empresarios, para ser utilizada contra quienes se resistieran a los chantajes para que pagaran impuestos adicionales a los que debían cubrir. No es algo nuevo que se dé este tipo de espionaje, pero es una contradicción entre lo que asegura el Presidente y los hechos. En el pasado, las negativas de espionaje eran menos vehementes y buscaban salidas plausibles –por cierto, sin mucho éxito.

El espionaje a periodistas, ciertamente, no es nuevo. Durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, este espacio publicó la lista de ocho de ellos a quienes había solicitado investigar el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chauyfett. Poco tiempo antes, el periodista Jorge Luis Sierra reveló en un portal ya desaparecido, To2, las fichas de inteligencia militar de varios periodistas vigilados desde el gobierno de José López Portillo hasta, en ese entonces, los 90. Lo que representa una variación del espionaje a periodistas es cómo han incrementado el número de columnistas bajo seguimiento.

Este gobierno democratizó el espionaje contra periodistas de una manera progresiva, con objetivos políticos. Esto es al menos lo que demuestra Tejado en su columna. Preocupa y alarma, como señala, el abuso de las facultades de los funcionarios y la falta de controles internos para contener los excesos del poder.

A diferencia del pasado, esos contrapesos no existen ya.

Al contrario, han cerrado filas contra el nuevo enemigo, los columnistas.

Con información de El Financiero.