Mónica Mendoza Madrigal

La legitimidad es el insumo que tiene un actor político para gobernar…o legislar, según sea el caso. Es ese gradiante que le permite comenzar a accionar una vez que asume el cargo y ya cuando está en él, lo que le da la posibilidad de emprender acciones, hacer reformas, implementar medidas. Esa legitimidad puede obtenerse ya sea en las urnas, cuando hay una copiosa votación que le respalda y que una vez en el cargo le brinda el margen necesario para actuar, o bien, a través de la negociación política, mediante su capacidad para construir acuerdos que le brinden el respaldo necesario para emprender sus proyectos.
Eso es teoría, que en la práctica política tuvo sentido…hasta el México que se construye – o deconstruye – desde el domingo pasado y es que no existe posibilidad alguna de pensar que un nuevo Poder Judicial renazca con un margen tan bajo de participación ciudadana, pues aunque la narrativa oficial trate de imponer el encuadre de que 13% es mucho, solo hay que invertir la cifra y entender que en realidad ese porcentaje pone de manifiesto que al menos 87% de personas votantes decidieron no participar en el proceso “histórico” al que se les convocó el domingo pasado, mandando con ello un mensaje que es imposible ignorar.
Los días transcurridos desde el 1 de junio hasta hoy han permitido hacer análisis múltiples de un proceso que quedará enmarcado para siempre en la duda y la opacidad, y que derivó en un electorado que prefirió no votar, de acuerdo con la empresa Polls.mx, porque creyó que esas elecciones fueron una farsa (21%), porque no le importan esas elecciones (18%), porque no tenía información para votar de manera informada (15%), porque rechaza la reforma judicial y no existían garantías para que se respetara el voto (8% cada una), porque no tenía tiempo (6%), porque no sabía a donde ir a votar y no la llevaron a votar (2% cada una).
La judicial por tanto es – hasta el día de hoy – la elección con menor participación ciudadana en 30 años, y la más cara de la historia de México, donde cada voto costó un alrededor de $583 pesos, significando en total para el INE 7 mil millones de pesos para elegir entre los casi 3,000 personas candidatas a jueces y juezas, magistraturas y ministerios de la Suprema Corte.
¿Caro? Carísimo. Y el costo se incrementa cuando la duda de la veracidad del procedimiento aumenta.
Y es que haciendo un análisis sobre la credibilidad de ese 13% de votantes – sin restarle los 10.80% de votos nulos, cifra que es mayor a la de cualquier otro proceso electoral – aplicando matemáticas básicas, estimando que si cada persona pudo haber tardado en promedio 20 minutos en votar en cada una de las 80 mil casillas instaladas que estuvieron abiertas 10 horas del día, ello significaría que en cada una pudieron votar 30 personas en promedio, lo que daría un total de 2 millones, 400 mil votantes, cifra que está por completo alejada de los supuesto 13 millones de votantes que se señala participaron, poniendo en tela de juicio la posibilidad de que más bien las boletas ya hayan sido llenadas previamente y solo algunas personas habrían en efecto realizado el acto ciudadano de emitir su sufragio.
Quiero decir muy enfáticamente que la crítica que planteo hacia la legitimidad del proceso de ningún modo pone en tela de juicio la probidad y el talento de muchas y muchos de quienes decidieron participar en este proceso. Conocí muchos argumentos de estas personas que decidieron postularse y de otras que defendían cabalmente la necesidad de participar en el proceso – yo no lo hice -, apoyando estas postulaciones para con altos perfiles equilibrar aquellos que claramente llegarían impulsados por la fuerza del grupo político (o delincuencial) que les impulsaba. Lamentablemente lo que hoy vemos es que quienes resultaron “electos y electas” son quienes coinciden con los nombres de los acordeones oficiales que profusamente circularon en los días previos y que fueron utilizados durante la jornada electoral.
Ya hoy empezamos a ver cómo es que estarán configurados los órganos y el sabor de boca sigue siendo amargo, pero aquí más que argumentos, surgen dudas:
¿Cómo recuperar la legitimidad no tan solo del Poder Judicial que será reconfigurado a partir de agosto que entren en funciones las y los nuevos funcionarios, sino de todo el sistema político que reprobó esta prueba de la democracia?
¿Cómo es posible seguir sosteniendo que este es un logro del gobierno federal y su presidenta, misma que sostiene tener una aprobación del 80% – que por cierto ha descendido en tan solo 6 meses que tiene al frente de la presidencia de la República– cuando lo que evidencian estos resultados electorales es la desaprobación real de una acción si bien ideada y configurada por su antecesor, implementada por ella y por su gobierno? Es insostenible el discurso y el mecanismo por el que se mide la aprobación de una persona que gobierna.
Me preocupa gravemente el impacto que esto que planteo tendrá para el país, pero me preocupa además esto otro que les comparto para finalizar.
Hay tres aspectos sobre los que se recargará el fracaso de este experimento: primero, ya se dejó ver en forma inmediata en donde la elección judicial cobró su factura con la baja participación en el proceso electoral local de Veracruz del que abundaré en una próxima columna; segundo; en la impartición justicia, proceso al que nos enfrentaremos a partir de agosto que entren en vigor las y los nuevos juzgadores emanados de este frankenstein; tercero, el costo político que el previsible fracaso de un proceso que no debió ser, le implicará al INE al que se le hará pagar los platos de una reforma que comenzó con un berrinche (sí, cuando la SCJN le tiró su reforma energética al ex presidente) y que será el pretexto para que el siguiente paso en la escalada de destrucción institucional sea plantear – ante este mal resultado – la necesidad de atraer nuevamente las elecciones al gobierno federal y ahora sí, el túnel del tiempo nos regresará por completo al momento de la historia al que pertenecen quienes hoy gobiernan.

Hay distintas formas de votar y distintos comportamientos del electorado al momento de ejercer su sufragio y sobre ello se ha escrito y teorizado ampliamente.
En el análisis sobre el comportamiento del votante hay desde la teoría sociodemográfica del voto, que afirma que de acuerdo con la edad, nivel de estudios, nivel de ingresos y tipo de ciudad en la que se habita existe una predisposición a sufragar en tal o cual sentido, hasta otros análisis que explican el sentido del voto en función de una ponderación de carácter económica a partir del beneficio que les proporciona a esas personas sufragar por tal o cual opción, incluyendo además aspectos de carácter psicológico a partir motivaciones subjetivas de la psique de las y los votantes, que a veces prefieren al candidato “más guapo”, o al “más masculino”, o al “abuelito” al que hay que proteger, o a la “mujer” que podría ser nuestra madre, de acuerdo con la apelación psicológica que se construya desde la estrategia de comunicación que en cada candidatura se maneje y que se enfoque a los distintos segmentos de un electorado que tiene distintas motivaciones, según sea el momento en que cada proceso ocurra.
En México, se ha buscado atraer al voto corporativo o clientelar, o al voto verde, o al voto del hambre, en todos los casos apelando a dos factores que son centrales para entender al electorado mexicano: la falta de cultura política y la pobreza de la población, que régimen político tras régimen político acaban vendiendo su voto a quien le ofrece tres centavos más el día de la elección, ya sea en efectivo o con despensas y otros obsequios, o por medio de la coacción de los programas sociales que –dicho sea de paso– están ya en la Constitución y por tanto, nadie les puede quitar.
Todas estas estrategias a las que acuden los distintos partidos políticos lucran con la ignorancia y la necesidad de un electorado que valora el hecho de que el momento en que emitimos nuestro sufragio es, en realidad, el único momento en que somos realmente iguales. El voto de un rico vale lo mismo que el de un pobre, el de un obrero y el de una persona académica, que el de los del norte y las del sur.
Y además, es secreto.
Pero pese a esos dos aspectos tan relevantes, ¿por qué entonces se cree que el voto puede ser cooptado?
La compra de votos es una deformación de la realidad electoral bastante antidemocrática que ejerce principalmente quien está en el poder y quiere quedarse con el privilegio que éste le confiere y además, porque es quien tiene el dinero para los 500 o dos mil o cuatro mil pesos que hoy pueden llegarse a pagar para que alguien acepte hacer el “ratón loco”, o “embarazar urnas”, o hacer “mapacherías”, o cualquier otro vicio electoral tan tristemente célebre del sistema electoral mexicano, al que hay que añadir como mala praxis al “carro completo” , inaudito en un contexto democrático de pluripartidismo.
En efecto, que un mismo partido gane todos los cargos a elegir o que obtenga una abrumadora mayoría, en realidad es síntoma inequívoco de que esa democracia tiene mala salud porque –en el mejor de los casos– habla de una ciudadanía que eligió irreflexivamente y reconoce que hubo “compra de votos” en cualquiera de las manifestaciones que revelan la mala praxis antes mencionada.
Por ello es que la apelación al voto útil se vuelve necesaria en el contexto mexicano, donde –a diferencia de lo que ocurre en otros países, incluso latinoamericanos, en donde hay segunda vuelta electoral– que en un mismo proceso se convoque a las y los votantes a elegir entre más de cinco opciones partidistas, lo que provoca es la pulverización del voto que, entre tantas alternativas, acaba diluyéndose y así, quien gana lo hace por un margen menor y quienes no obtienen el triunfo tienen poca fuerza representativa a la hora de definir espacios plurinominales.
Sería más fácil si las fuerzas políticas no oficialistas y sus electores se pusieran de acuerdo.
Ante ello, el voto útil se convierte en una alternativa deseable por medio de la cual se le pide al electorado dejar de lado aspectos superficiales en su valoración de preferencias como: el gusto por las canciones de campaña, la publicidad que puede ser atractiva, la belleza o simpatía de tales o cuales candidatos y candidatas, y se le pide que elijan estratégicamente no de entre la totalidad de las opciones ofertadas, sino de entre el primer lugar, que seguramente lleva una amplia ventaja, por la persona que está en la segunda posición. Si el voto de quienes se sitúan en las encuestas en el tercer, cuarto, quinto y demás sitios se concentra en esa segunda opción, ésta se fortalece y se vuelve competitiva y así puede llegar a disputarle a quien lleva el primer lugar la preferencia electoral en un margen más cerrado, lo que realmente permitirá que se pueda negociar o establecer alianzas –que en política son indispensables– y sobretodo, que haya contrapesos reales.
No se trata de revanchismo electoral, sino de hacer valer la democracia.
En cada ciudad de los dos estados en donde hay elecciones municipales, usted que elegirá alcaldes o alcaldesas puede hacer de su voto un ejercicio estratégico de auténtica democracia.
Los 70 años de un mismo régimen no se superan con otros muchos años de un otro régimen político que no tiene contrapesos. Eso es dictadura, no democracia.
Vayamos hacia adelante. Hacia procesos auténticamente participativos en donde la ciudadanía ejerce su voto en forma reflexiva.
Hay ciudades como Xalapa, en donde el segundo lugar presenta una oferta competitiva. Quienes apoyan a las otras fuerzas políticas pueden realmente hacer valer su voz apoyando a una alternativa realista que presenta una oferta política seria. Y quienes aún no deciden por quién votar, pueden fortalecer a la segunda posición para que sea una posición conjunta, de todos y todas, por el bien de la ciudad.
Es momento de hacer a un lado egos, fobias y filias, y valorar a las personas que presentan candidaturas viables.
Acompaño en su planilla a Silvio Lagos, candidato del PRI a la alcaldía de Xalapa y en estas semanas de campaña ha sido devastador escuchar reiteradamente la petición ciudadana de que “se respete el voto” o que “se defienda el voto”. Eso es muy grave, pues habla de la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía sobre el futuro de su sufragio.
Cuando nadie quería la candidatura por Xalapa, él levantó la mano y dijo “yo quiero”. Y con una planilla de ciudadanas y ciudadanos –ninguno de los cuales es su familiar, a diferencia de las otras opciones- , muchos y muchas apostaron por una estrepitosa derrota.
Hoy, muy dignamente cierra campaña estando en un segundo lugar, posición que es competitiva electoralmente hablando –sobre todo en una Xalapa en donde Morena no ganó la gubernatura-gracias a que ha demostrado tener propuesta, saber cómo hacerlo y ser un profesional que se toma la política en serio.
Sería posible brindarle alternancia a la capital del estado si se hace valer el voto útil, fortaleciéndolo como la opción elegida mediante un voto razonado.
Ojalá quienes aún no definen su voto o quienes están con alguna de las otras opciones, lo valoren y consideren la viabilidad de hacer valer su voto en favor de un bien mayor. Nuestra ciudad lo vale.

#LaAgendaDeLasMujeres
Sin sociedad civil no hay democracia
Por Mónica Mendoza Madrigal
El sistema democrático mexicano está fincado en la Constitución Política que a partir de 1917 con su promulgación, vio nacer al sistema político en que se funda, de tal manera que ahí quedó establecido que el voto popular es la forma en la que en este país se elige a quien gobierna y a quien legisla, que son por tanto, representantes populares.
Ya desde antes, pero sobre todo a partir de ese momento, los partidos políticos se convirtieron en la vía para acceder al poder y con sus militancias cada uno mantenía una presencia territorial que se traducía en posiciones políticas, que les permitió afianzarse durante varias décadas.
En un proceso que trasciende a nuestro país y que tiene un alcance y una dimensión mayor, en los últimos 20 años ha comenzado a tener lugar un fenómeno que demuestra un comportamiento político singular: las militancias férreas han disminuido y lo que ha aumentado son las filas de indecisos e indecisas, que han pasado de la apatía electoral a la desafección política, complejo proceso que se caracteriza por la pérdida de confianza en las instituciones –partidos incluidos– y sobre todo por la desilusión respecto de la eficacia de la política como vía para ayudarles a vivir mejor.
La resultante de ese proceso es sin duda alguna, la erosión de la democracia que vivimos no tan solo en América Latina, sino en el mundo, y que ha traído consigo el avance de regímenes autoritarios que creíamos haber erradicado y que hoy están de nuevo aquí, empujando acciones que implican retrocesos de derechos que ya habíamos ganado y por los que hoy hemos de luchar de nuevo.
Así pues, muchas personas que antes se identificaban como militantes o que encontraban cabida en ideologías políticas, comenzaron a migrar hacia otras formas de organización más horizontales, más voluntarias, más autónomas para desde ahí tratar de empujar acciones concretas que dejaron de ser atendidas desde las instituciones formales, y así intentar incidir en la agenda pública.
Ahí es en donde una parte de la sociedad se ha venido reorganizando. Hay quienes la llaman “sociedad civil organizada” o que toma la forma de “organizaciones no gubernamentales”, que son una expresiones de ciudadanía activa a partir de causas que se insertan en agendas y desde las cuales se lucha, y gracias a las cuales ha sido posible rearticular la participación, que quedó diluida ante la pérdida de identificación o sentido de pertinencia en las instituciones o partidos formales existentes.
El proceso y la forma de organización no es para nada nuevo, pero sí se ha potenciado en forma significativa en estas últimas décadas.
De María Marván es una frase que lo resume bien: “no es lo mismo ser pueblo, que ser ciudadanía”. En la primera manera de ser, no hay organización, reciprocidad, sentido del compromiso público ni vínculo activo. En la segunda sí. Ser y estar en la sociedad civil cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Son actividades voluntarias de involucramiento con agendas y causas a las que hay que aportarles y defender, con las que hay que comprometerse no tan solo con una segunda y hasta tercera jornada laboral, sino con la convicción y -como tristemente hemos visto en los últimos años– hasta con la vida, pues en este país a los defensores y defensoras se les persigue y se les mata.
Para empujar sus agendas, las y los activistas, en muchos casos, solían buscar alianzas con actores políticos para el avance de sus temas y causas, ante el riesgo de solo ser usados electoralmente y luego no dar continuidad a los compromisos.
Historias como esas, abundan.
Sin embargo, hoy se vive una coyuntura política particular que replantea la forma de participar de la sociedad civil en la agenda política en general, y en la electoral en particular.
Dado que la ciudadanía confía más en la sociedad civil que en la clase política -y confianza es legitimidad-, la sociedad civil no puede ni debe ser ajena a participar en forma activa en los procesos políticos. Y eso los partidos y las instituciones deben entenderlo.
Es momento de construir alianzas claras, formales y cercanas entre actores políticos y sociales para lograr un avance real y sostenido en las causas y agendas, porque la historia es hoy y el gran cisma que resquebraja el edificio de la democracia que nos es común, ha cuarteado sus cimientos.
No sin nosotros y nosotras es el llamado de la sociedad civil a ser parte de la solución y como dije, el momento es ahora.
La sociedad civil tiene otra lógica y otra dinámica para organizarse. Otras prioridades, otras motivaciones ante una realidad común, que amerita la suma de las voluntades.
Sumar a la sociedad civil es fundamental para recuperar el sentido de comunidad. Más aun cuando en Veracruz y Durango se elegirán autoridades municipales. Ese proceso deberá ser inclusivo, participativo, colectivo y su reto es que trascienda lo electoral para afianzarse en lo local.
Solo así.

Integrantes del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, se reunieron con el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, para tratar con él asuntos de la agenda de paridad y de violencia política que son el eje de la agenda de la organización civil.
En el estado de Veracruz se quedó sin efecto la armonización legislativa para homologar el marco legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por el que se reformaron a nivel nacional ocho instrumentos legales en 2018, a pesar de que la iniciativa se trabajó integralmente en 2020 entre todas las instituciones involucradas en su estudio.
Al no estar armonizadas las leyes equivalentes en el ámbito estatal, se carece de los instrumentos legales para sancionar las conductas constitutivas de este delito, lo cual es una limitante, dado que –como es sabido– en este momento la entidad se ubica en el segundo lugar en el registro nacional de personas sancionadas.
Por tal motivo, el Capítulo Veracruz ha venido sosteniendo reuniones con distintos actores políticos para empujar la referida armonización y hoy fue el tema que motivó el encuentro con el Secretario de Gobierno en un diálogo respetuoso de la pluralidad de esta organización,
Además de ese tema central, se habló también de la importancia de participar como sociedad civil en las mesas de Coordinación Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en la entidad para la campaña electoral, a fin de atender con oportunidad los casos de violencia que se puedan llegar a presentar.
Respecto de la acción de gobierno, se reconoció el interés de esta administración por haber convocado a la renovación de los Consejos Consultivo y Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de haber sesionado la Junta de Gobierno del mismo para la toma de protesta de las nuevas consejeras. Y se reiteró la importancia de que pronto sea emitida la convocatoria para elegir a la Directora de esta dependencia, que es la encargada de la política pública en materia de mujeres en el estado.
Sobre ese particular, se subrayó la importancia de profesionalizar el servicio público de carrera con perspectiva de género para que se transversalice en forma efectiva a toda la administración pública veracruzana.
La comisión de integrantes que asistieron a la reunión con el Secretario de Gobierno estuvo integrada por Mónica Mendoza Madrigal, presidenta del Capítulo Veracruz; Teresa de Jesús Vázquez de los Santos, secretaria técnica; Leticia Perlasca, coordinadora de la Comisión de Observatorio; Myriam Lagunes Marín, coordinadora de la Comisión de Vinculación; Rosa Valeria Marcial Salamanca, coordinadora de la Comisión de Comunicación; Yolanda Olivares Pérez, coordinadora de la Comisión de coeducación; así como la diputada Montserrat Ortega Ruíz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso Local y las integrantes del Capítulo Veracruz Adelina Trujillo Landa, Maricarmen Rizo Ruiz, Karla Estrada Gómez, Mara Iliana Cruz Pastrana y Edda Arrez Rebolledo.

Por Mónica Mendoza Madrigal
Confieso que el tema de esta columna me fue sugerido por varias amistades que conocen la experiencia que le da lugar y que me instaron a ponerla por escrito, con la esperanza de así tratar de romper la inercia de la injusticia del sistema de salud pública de este país. Así que estas letras que usted lee surgen del enojo, de la frustración y de la indignación que espero que no se nos termine nunca, para que jamás lleguemos a dejar de exigir lo que es justo.
Mi madre es adulta mayor y es jubilada y pensionada. Trabajó 32 años para el gobierno federal y además es viuda, así que tiene derecho al ISSSTE y al IMSS, servicios que hasta hace poco más de un año, no había sido necesario utilizar. Ella no está enferma, pero los años no pasan en balde, por lo que necesita varias cirugías del área de traumatología y ortopedia.
En noviembre de 2023 comencé el largo camino de dar mil vueltas para que de su médica tratante la canalizaran a especialidades y ahí intentar que pudieran operarla. Hoy –año y medio después-, estamos exactamente en el mismo punto de inicio, sin ninguna señal de que hayamos avanzado, en el interminable proceso de la burocracia médica.
El año pasado le cancelaron 3 veces sus citas y la canalizaron con 4 médicos diferentes, uno de los cuales es un traumatólogo pediatra. El colmo de toda esta cadena de inoperancias fue el momento en que el médico abrió la puerta de su consultorio y al verla, exclamó sorprendido: “es usted una adulta”, lo cual en realidad fue todo un despropósito, porque se supone que él ya había visto su expediente.
En fin, que no hemos logrado tener 2 citas continuas con el mismo médico en más de un año y por tanto, su tratamiento no tiene ninguna continuidad. Hoy sabemos que esto ocurre porque los especialistas externos que laboran para la institución no renuevan sus contratos debido a la pésima paga que les dan y por la impotencia de que no tienen los insumos para que sus pacientes sean debidamente tratados, así que se van. Aunque los que son de planta tampoco quieren arriesgarse a alguna denuncia por mala praxis ante la inexistencia de insumos, así que jamás nos ha tocado que la atienda un médico de planta, porque invariablemente ha “coincidido” que están de licencia médica o de vacaciones.
Una de las cirugías que mi mamá requiere ameritaría colocarle una prótesis en la rodilla y los propios médicos nos comentaron que el ISSSTE no licitó las prótesis, así que hay una lista de espera de 2 años por una rodilla nueva, que para una persona adulta representa la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, sin dolor y con mejor dignidad.
Hace una semana “perdimos” la cita porque llegamos unos minutos tarde al Hospital Regional del ISSSTE del puerto de Veracruz (tratando de estacionarnos abajo, sacando la silla de ruedas y subiendo al piso correspondiente), cuando en realidad la atención a los pacientes anotados traía un retraso de más 45 minutos. Habíamos esperado esa cita durante casi 4 meses y ni la enfermera ni el médico mostraron ni un milímetro de compromiso con la salud de sus pacientes, así que cuando se negaron a atenderla, lloré de frustración.
Hay en el hospital una red muy solidaria tejida casi en la clandestinidad entre las y los pacientes –todos personas adultas– y sus familiares, que pasan ahí tantas horas, que terminan conociendo el funcionamiento de los intestinos de ese enorme elefante blanco, así que ellos se acercaron para decirme que subiera a la dirección a quejarme, cosa que hice.
Ahí me dijeron que los doctores deben atender a todos los pacientes, así que la coordinadora ofreció que llamaría al médico para decirle que atendiera a mi mami, quién esperó 2 horas, hasta que mejor nos retiramos cansadas, frustradas, desilusionadas.
En su segunda cita semanal con el especialista del pie (son médicos distintos), el que nos correspondía tampoco nos atendió (de hecho, no lo hemos conocido porque al parecer, él es el único que opera), así que el residente nos explicó que esa estrategia de “apoyo” de la dirección hacia los pacientes en realidad es falsa, porque a los médicos les tienen terminantemente prohibido atender a alguien que llegue tarde, porque así ya al menos “es uno menos”, y que de hecho esa es parte de la razón por la que los médicos no quieren ya trabajar para el ISSSTE, porque los súper saturan de pacientes, a los que solo les pueden recetar medicamentos paliativos, porque de operarlos, nada.
Nos comentan ellos mismos que a los especialistas interinos a veces les pagan 3 mil pesos mensuales, lo que en realidad acabó haciendo que me desistiera de poner una queja formal en contra del doctor que no nos quiso atender y más bien terminé condoliéndome por su situación, pues es absolutamente indignante que a un médico especialista que ha estudiado como 10 años para poder ejercer, le paguen un salario tan miserable como ese.
Esta será la segunda vez que a mi madre le realizan sus estudios preoperatorios, sin que exista la menor posibilidad de que en algún momento puedan intervenirla –claro, a menos que me ampare y obligue al sistema a hacerlo-. Ya ella desistió de querer que le pongan una prótesis. Es tan inhumano todo el sistema, que ella y otros pacientes en circunstancias semejantes, acaban negándose a ejercer un derecho que es suyo.
He expuesto el tema en redes, arrobando las cuentas institucionales, he llevado escritos dirigidos a quien dirigía el hospital, le he escrito al Director General y absolutamente nada ha sucedido. En realidad, cada ventanilla de atención está diseñada no para darle solución a la necesidad de las personas derechohabientes que –por obviedad de circunstancias– tienen algún padecimiento de salud, sino para esquivar los golpes mediáticos o legales que pudieran interponerles y cansar a las y los quejosos hasta que desistan y acepten los paracetamoles que les ofrecen. O fallezcan.
Cuando llevo a mi madre a sus consultas percibo un olor muy particular que flota en el aire en el hospital: es el de la desesperanza de las y los enfermos, el de la frustración de sus familiares que les acompañan y el de una burocracia mediocre que cree que les pagan por desayunar picadas y no por atender pacientes.
No cabe duda que el sistema de salud público de México jamás fue como el de Dinamarca y representa el mayor fracaso del gobierno federal en su mandato y obligación de brindar un sistema de salud digno para su población.

Se presenta el libro Alcaldesas Veracruzanas. La paridad en los gobiernos locales de Veracruz
• Esta investigación sistematiza y analiza datos públicos, que revisan la presencia de las mujeres al frente de los gobiernos locales en la entidad

Xalapa, Enríquez a 21 de noviembre de 2024.- Este jueves fue presentado en el auditorio Leonardo Pasquel, en la ciudad de Xalapa, el libro Alcaldesas Veracruzanas. La paridad en los gobiernos locales de Veracruz, de la autoría de la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, investigadora posdoctoral.

El libro, que es parte de la producción editorial del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, permite situar en un contexto histórico y coyuntural a las mujeres que encabezan los gobiernos locales en Veracruz en una representación aún muy lejana a la paridad que se tiene ya en otros ámbitos de la función pública.

El texto centra su análisis en los resultados electorales alcanzados en la elección 2020-2021 ordinaria y 2022 extraordinaria para la renovación de las alcaldías, ahondando en ¿quiénes son las mujeres que gobiernan municipios en Veracruz? ¿En dónde están los municipios que ellas gobiernan? ¿Con quiénes gobiernan? Y ¿qué partidos y coaliciones son los que más han postulado mujeres y a los que pertenecen las mujeres que han gobernado localmente?, lo cual permite dimensionar cómo son los gobiernos locales que están encabezados por mujeres en la entidad.

Refiere además un análisis histórico que recupera la presencia de todas las mujeres que han gobernado en Veracruz localmente, identificando en qué municipios han gobernado más mujeres y en cuáles nunca ha habido hasta hoy una presidenta municipal.

Hacer de la paridad una realidad es un proceso que se ha construido paulatinamente y el local es el último ámbito en el que este principio constitucional no se ha hecho presente, en una entidad que tiene una significativa presencia numérica de mujeres en su población y en su padrón electoral.

Participaron como presentadoras tres académicas expertas en temas de municipalismo y democracia electoral. Por parte de la Universidad Veracruzana se contó con la participación de la Dra. Ana Beatriz Lira Rocas, investigadora de la Facultad de Economía y quién fundara la Maestría en Gestión Municipal, quien señaló que el ámbito de lo local es del que menos información se suele disponer, por lo que consideró que el libro es un aporte que pone al alcance del público información interpretada de datos que permiten dimensionar la presencia de las mujeres en ese ámbito del poder y afirmó que es fundamental aproximarse a comprender cómo las mujeres ejercen el poder en el nivel local.

Por su parte, la investigadora de la Escuela Judicial Electoral, Dra. Alejandra Tello Mendoza, quien es una fuerte impulsora de la paridad política y del combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género, manifestó que el gran reto que este libro recupera es que permite ahondar en cómo la paridad descriptiva se traduce en otra forma posible de gobernar, al servicio de la ciudadanía en el plano local.

La última participación estuvo a cargo de la Dra. Ady Patricia Carrera Hernández, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, y quien perteneciera al INAFED, asesora del Banco Mundial, PNUD, OCDE y otros organismos internacionales en materia de gestión municipal. Afirmó que el que las mujeres al frente de los gobiernos locales representan un reto para la toma de decisiones desde los cuales las mujeres pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que vive en esos territorios.

La autora, a su vez, puntualizó que las 51 alcaldesas que hoy gobiernan en Veracruz obtuvieron el 24.09 por ciento de la votación total emitida en el proceso electoral local inmediato anterior, y que los municipios que ellas gobiernan representan poco más del 23 por ciento del total del presupuesto destinado a municipios en todo el estado, gobernando solo en dos ciudades grandes, tres intermedias y el resto en municipios pobres o de pobreza extrema.

Con un mensaje que resaltó la importancia de la investigación científica para el análisis de la realidad de la entidad, el coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, Dr. Rubén Flores González reafirmó el compromiso institucional por el desarrollo académico.

Finalmente, la Magistrada Lilia García Montané del Tribunal Electoral de Veracruz destacó que el aporte que desde el feminismo brinda este texto para el análisis de la presencia pública de las mujeres en los gobiernos locales.

Llevar la paridad al ámbito local, representa el reto de llevar al ámbito de representación pública más cercano a la ciudadanía la igualdad en el ejercicio de gobierno, así como la posibilidad de que eso se traduzca en menos desigualdad para la población que se gobierna.

Semana decisiva del calendario electoral, definida claro está, por la instalación del Consejo para el proceso electoral local que tendrá como meta el domingo 2 de junio, día en que concurrirán las elecciones más grandes de la historia reciente de nuestro país.
En Veracruz se juega casi todo: la gubernatura, las senadurías, las diputaciones federales y locales y solo se exceptúa a las elecciones municipales, por las que se contenderá en 2025.
Al momento de iniciar el proceso, de los partidos nacionales con presencia en la entidad, la coalición que conforman Morena, el Partido Verde y el del Trabajo están a días de formalizar la decisión que en realidad sabemos desde hace casi cuatro años, pero que buscaron disfrazar con un proceso del que ahora no saben bien cómo evitar que sus fracturas les dividan más; mientras que del Frente Amplio por México integrado por el PRI, el PAN y el PRD seguimos viendo el mutismo y falta de definición que solo genera incertidumbre y que en nada abona al afianzamiento de una oposición sólida; y falta aún por saber quién abanderará a Movimiento Ciudadano que dijo que se la jugará solo.
Los nombres serán pues los que ellos decidan. Sí, en masculino.
En todo caso lo que debemos exigirles a las tres personas o más que participen como contendientes por la gubernatura de Veracruz es una agenda clara para y por las mujeres de la entidad.
Porque es cierto que la paridad le añade un componente distinto a la configuración de las campañas, pero sean hombres o mujeres quienes les abanderen, tienen que presentarnos una agenda con la que haya compromisos reales basados en un diagnóstico realista de la realidad de vida de las más de 4 millones de mujeres veracruzanas que residen en territorio veracruzano.
Ya basta del falso discurso utilizado durante casi un sexenio en el que se dice que hay compromiso con las mujeres porque varias de ellas encabezan dependencias y poderes. Ya vimos que ellas no deciden y más aún, que su presencia es utilizada para violentarlas o para usarlas para convalidar prácticas patriarcales.
No, lo que necesitamos es el claro compromiso de cada contendiente sobre el destino que tendrá el Instituto Veracruzano de las Mujeres que habrá vivido su sexenio más opaco, no tan solo por el no nombramiento de su titular, sino por operar con Consejos Consultivo y Social vencidos, por la progresiva disminución de su presupuesto, por la poca incidencia de su actuar y por la poca transparencia en las dos Alertas de Violencia declaradas para la entidad y la excesiva dilación de la declaratoria de una tercera.
Necesitamos saber exactamente qué acciones se realizan en la Fiscalía para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que nos mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, aunque pretendan ocultar esa realidad maquillando las cifras.
Es urgente saber cómo están los servicios de salud garantizando la calidad de vida de las mujeres, la atención al cáncer, a la muerte materna, a la salud mental y al aborto, con el que sigue habiendo pendientes pese a ser ya un derecho garantizado por la legislación veracruzana.
Queremos conocer cuál es su compromiso para con las mujeres víctimas de violencia, para las madres buscadoras, para las mujeres privadas de su libertad, para nuestras niñas que están siendo enganchadas por las redes de trata, para atender la violencia vicaria cuyas cifras son alarmantes. ¿Qué tienen diseñado como política pública para fortalecer la autonomía financiera de las mujeres? Y para disminuir la brecha de desigualdad en una entidad en donde esa es una condición que limita el desarrollo.
Hay que preguntarles a quienes aspiran a gobernar la entidad ¿qué han hecho desde sus cargos por las mujeres?
Ya estuvo bueno de demagogia. Ya perdimos un sexenio. No estamos dispuestas a perder ni un minuto más.

Hoy 17 de octubre las mujeres conmemoramos una de las fechas más importantes en el calendario de efemérides asociadas con derechos que nos son plenamente resignificativas.

Las mujeres mexicanas no éramos sujetas de derechos políticos y electorales, pese a que teníamos un largo camino en esa exigencia, pero con todo y lo enormemente relevante del hecho ocurrido un día como hoy de hace 70 años, no es correcto decir que se “nos concedió” el derecho a votar y a ser votadas porque los derechos no se conceden, sino que se reconocen.

En realidad lo que se hizo aquel día fue dejar de aplazar un proceso irreversible.

La primera mujer mexicana en postularse como candidata fue Hermila Galindo, esa pionera a la que en su época consideraron desfasada de la realidad porque se postuló a sabiendas de que votar y ser votadas no era un derecho contenido en la legislación mexicana, a lo que ella dijo que habría un día que se haría costumbre que las mujeres fueran candidatas, pero en lo que esa fecha llegaba, había que comenzar a hacer común la práctica.

En 4 estados de la República hubo reformas que permitieron que tuviéramos diputadas locales, alcaldesas y regidoras antes de tener Diputadas federales y senadoras, porque el experimento había que empezar a impulsarlo en poblados pequeños en los que fuera probándose “si la ciudadanía ya estaría preparada para tener mujeres legislando”.

Y aunque en efecto Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y a Beatriz Peniche solo duraron 2 años en el cargo de Diputadas del Congreso Yucateco porque la inestabilidad política derivada del asesinado del entonces gobernador no brindaba las garantías necesarias para que ellas se mantuvieran en su curul, aquellas tres mujeres son las precursoras de un proceso imposible de frenar.

A nivel federal demoraron un sexenio en dejar de fingir que se reconocería el sufragio femenino – la iniciativa fue presentada y votada siendo Cárdenas presidente, pero jamás se publicó en el Diario Oficial – así que 1953 era un momento inminente para llevar al país adelante en materia de derechos para las mujeres y cuando otras naciones africanas y centroamericanas ya habían avanzado en el reconocimiento, México se convirtió en la doceava nación del continente en dar un paso adelante.

Como sabemos, el camino ha sido largo. Cuento en mi libro sobre la historia del Congreso de Veracruz que el arribo de mujeres a las curules locales no fue continúo ni progresivo. Acá la primera mujer en ser diputada local fue Irene Bourell, cuya historia da perfecta cuenta de lo que fue para las mujeres abrirse paso en la política. Ella fue fundadora de la Liga de Comunidades Agrarias – junto con su marido – y pese a que él murió en la brega siendo muy joven y ella tuvo una larga y prolífica vida, hay quienes aún la reconocen solo por haber sido la viuda de un líder agrarista, cuando sus propios méritos son materia suficiente para ocupar un lugar significativo en la historia, pues no tan solo fue la primera mujer en el Congreso de Veracruz, sino la primera en representar a Veracruz en el Congreso de la Unión y la primer mujer en ser parte de la Mesa Directiva en un Congreso en América Latina, y sin embargo en el estado de Veracruz solo hay una biblioteca que lleva su nombre, que poco significa para la historia de esta entidad.

Así la historia de las pioneras, no nombradas y no reconocidas, que fueron llegando a cuenta gotas a ocupar los cargos, más por voluntad política de los líderes que por reconocimiento real de sus trayectorias y méritos. De estos 70 años, 50 transcurrieron así, hasta que hubo que darle un empujón al sistema de partidos, la más patriarcal de todas las instituciones políticas, que solo con cuotas es que incorporaron mujeres, a las que mandaron a contender en distritos perdedores u obligaron a renunciar para cederles el lugar, en una serie de trampas a las que están siempre dispuestos a llegar, con tal de no ceder en aquello que consideran suyo: el poder.

Pero las cuotas funcionaron y gracias a ellas alcanzamos la paridad, principio constitucional hermano de la igualdad que sin embargo, hay que estar defendiendo cada día de los desaforados intentos por acotarlo y ponerle límites.

Es muy relevante llegar a esta conmemoración, una noche después de que el INE determinara sostener su recomendación de que de las 9 gubernaturas que habrán de disputarse en 2024, 5 de ellas estén encabezadas por mujeres. Oh afrenta más descabellada, “¡el INE se sobrepasa!”. Y por qué no entonces – para ponerse a tono con la corrección política tan de moda en estos tiempos -, ¿no proponemos que 9 de 9 candidaturas sean para mujeres?. Siempre fue así para los hombres y entonces no había excesos ni extralimitaciones que fueran cuestionadas. El patriarcado cede, pero ah que estas mujeres que lo quieren todo y lo quieren ya.

Los partidos – todos -, no acaban de entender que la paridad no trae solo faldas a la contienda. Trae a la mitad de las excluidas, y a su agenda y a su forma de hacer política, ante lo que la misoginia tradicional se exhibe como una vieja práctica que ya no cabe ni representa. Pero nosotras, las hijas de las sufragistas, las paritaristas, no encargaremos de refrendarlo.

Hoy lunes 31 de julio de 2023 es el último día del segundo período ordinario de sesiones del Congreso local, fecha en la que vence el tiempo establecido por la ley para hacer cualquier reforma a aplicar en el proceso electoral que habrá de dar inicio en 90 días y con ello, se perdió la posibilidad de que fuera armonizada en la legislación estatal la 3 de 3 contra la violencia.
Esta reforma fue aprobada por el Senado el miércoles 24 de mayo y cuya minuta fue ratificada por los Congresos estatales –el de Veracruz incluido– permitiéndole ser declarada válida, entrando en vigor a partir del 30 de mayo pasado, un día después de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es sin duda la más importante legislación lograda en materia de ética pública en este período legislativo federal para prevenir la violencia contra las mujeres, que tiene al país con cifras alarmantes en toda la geografía nacional. Con la reforma al párrafo segundo del apartado A del Artículo 102 y la adición de una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución, se logra establecer que las personas que estén prófugas de la justicia; que hayan sido o estén sentenciados por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, o que hayan ejercido violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y quienes hayan sido declarados como deudores de pensión alimenticia, no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público.
Una reforma Constitucional como ésta requería –por procedimiento legislativo– ser armonizada en los Congresos estatales en los 180 días contados a partir del 30 de mayo, plazo que vence hoy sin que el Congreso veracruzano hiciera las reformas requeridas.
Es un hecho que avergüenza y que no extraña.
El segundo Congreso paritario en la historia del estado no tiene una sola iniciativa aprobada en favor de las mujeres veracruzanas. En realidad, no han aprobado nada de nadie: ni de la oposición, ni de su propia bancada, cuya sobrerrepresentación sirve para muy poco, porque éste es un Poder Legislativo de un solo hombre, que durante cinco años consecutivos ha ejercido en forma unilateral el control al interior de un Poder omiso y misógino, como lo demuestra claramente la no aprobación de normas necesarias como la Ley Monse, la Ley del acoso callejero, la de la Violencia Vicaria y tantas otras que siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones de escritorios de legisladores y legisladoras que, eso sí, se afanan por pedir el voto de quienes hoy claramente han defraudado.
En materia electoral, vamos a ir al proceso más importante en la historia de este país y como quedó pendiente desde la Legislatura pasada, Veracruz no armonizó la violencia política en las leyes locales y ahora, no lo hizo tampoco con la 3 de 3.
Queda clara la protección que este Legislativo brinda a los violentadores, a los acosadores y a los deudores de pensión alimenticia que el partido al que pertenecen pretende que veamos en las boletas. A menos que haya otras instancias, verdaderamente comprometidas con la Constitución y con el combate real a la violencia contra las mujeres, que sí actúen con responsabilidad y ética por éstas tan graves omisiones.

Una cosa es el desdén institucional para no comprometerse con la agenda de las mujeres, y otra, el claro desprecio que en solo cuatro años y medio se ha convertido en misoginia de Estado. En Veracruz gobernó ininterrumpidamente el PRI hasta 2016, cuando con un bienio se tuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal a un gobierno emanado de un partido de filiación distinta y, desde 2018, una aparente izquierda hizo su arribo al gobierno.

Desde entonces, el debilitamiento institucional, la falta de políticas públicas en la materia y la ausencia de acciones específicas para atender la agenda de las mujeres ha ido de mal en peor.

Hace 17 años se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres luego de un profundo proceso de reforma impulsado desde el Legislativo y fortalecido por la participación activa de una sociedad civil constituida por mujeres que propusimos una agenda de trabajo, que acompañamos a su realización.

De esa dependencia que significaba un avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género, hoy no queda nada. No tan solo se insiste con necedad absurda en no iniciar el proceso para emitir la convocatoria correspondiente para nombrar una directora, sino que el presupuesto con el que opera la dependencia es cada vez más reducido y sus acciones, menos incidentes.

Ni qué decir de la acción transversal en dependencias que lo que sí han hecho es convertirse en auténticas cuevas de acosadores que, pese al mandato de ley que obliga a aplicar el protocolo contra el acoso para poner fin a esas prácticas, los agresores están protegidos desde el más alto círculo del morenato veracruzano, por lo que siguen impunes.

Y qué se puede esperar, cuando es el propio mandatario el que un día sí y otro también emite declaraciones para agraviar opositores en general y mujeres en particular, perfil que comparte con su secretario de Gobierno, que hace malabares para no ser sancionado por violentador político. Y no porque verdaderamente le importe no ser reconocido como tal, sino porque ello pondría en riesgo sus aspiraciones de buscar un cargo de elección popular ahora que usurpa la identidad afrodescendiente en una entidad que se honra de su tercera raíz, rasgo cultural que no representa pese a su color de piel, con el que únicamente lucra y se victimiza.

Las mujeres no estamos seguras, lo sabemos. Y no me refiero solo a las que han sido víctimas de feminicidios, cifra que crece alarmante junto con otra más numerosa aún: la de las desaparecidas. Y mientras esa realidad nos golpea sin una sola acción contundente para frenarla, hoy además las periodistas, las activistas y en general las opositoras somos perseguidas por no acatar los mandatos patriarcales de estos personajes.

Todo México sigue aún sin dar crédito de la persecución emprendida desde el Poder Ejecutivo de una entidad en contra una integrante del Poder Judicial estatal. Y es que la persecución a la jueza Angélica Sánchez no es solo una coacción contra ella, sino también un ataque para doblegar a un Poder ante la complicidad de sus pares, que están sumándose a esta barbaridad creyendo ingenuamente que al obedecer esta inmundicia, recibirán protección y cobijo. ¿Qué parte del infierno no están viendo?

Nadie está a salvo y eso ya deberían saberlo. El servilismo lacayuno es en vano, pues ni les darán las gracias, ni quedarán impunes. Valdría más conservar la dignidad aplicando la ley, que no porque hoy la ignoren, será letra muerta para siempre.

Sí, sus acciones infunden miedo y hay quienes con el miedo callan.

Pero hay quienes no estamos dispuestas a vivir con miedo.

Feminista