Mónica Mendoza Madrigal

Integrantes del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, se reunieron con el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, para tratar con él asuntos de la agenda de paridad y de violencia política que son el eje de la agenda de la organización civil.
En el estado de Veracruz se quedó sin efecto la armonización legislativa para homologar el marco legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, por el que se reformaron a nivel nacional ocho instrumentos legales en 2018, a pesar de que la iniciativa se trabajó integralmente en 2020 entre todas las instituciones involucradas en su estudio.
Al no estar armonizadas las leyes equivalentes en el ámbito estatal, se carece de los instrumentos legales para sancionar las conductas constitutivas de este delito, lo cual es una limitante, dado que –como es sabido– en este momento la entidad se ubica en el segundo lugar en el registro nacional de personas sancionadas.
Por tal motivo, el Capítulo Veracruz ha venido sosteniendo reuniones con distintos actores políticos para empujar la referida armonización y hoy fue el tema que motivó el encuentro con el Secretario de Gobierno en un diálogo respetuoso de la pluralidad de esta organización,
Además de ese tema central, se habló también de la importancia de participar como sociedad civil en las mesas de Coordinación Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en la entidad para la campaña electoral, a fin de atender con oportunidad los casos de violencia que se puedan llegar a presentar.
Respecto de la acción de gobierno, se reconoció el interés de esta administración por haber convocado a la renovación de los Consejos Consultivo y Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres y de haber sesionado la Junta de Gobierno del mismo para la toma de protesta de las nuevas consejeras. Y se reiteró la importancia de que pronto sea emitida la convocatoria para elegir a la Directora de esta dependencia, que es la encargada de la política pública en materia de mujeres en el estado.
Sobre ese particular, se subrayó la importancia de profesionalizar el servicio público de carrera con perspectiva de género para que se transversalice en forma efectiva a toda la administración pública veracruzana.
La comisión de integrantes que asistieron a la reunión con el Secretario de Gobierno estuvo integrada por Mónica Mendoza Madrigal, presidenta del Capítulo Veracruz; Teresa de Jesús Vázquez de los Santos, secretaria técnica; Leticia Perlasca, coordinadora de la Comisión de Observatorio; Myriam Lagunes Marín, coordinadora de la Comisión de Vinculación; Rosa Valeria Marcial Salamanca, coordinadora de la Comisión de Comunicación; Yolanda Olivares Pérez, coordinadora de la Comisión de coeducación; así como la diputada Montserrat Ortega Ruíz, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso Local y las integrantes del Capítulo Veracruz Adelina Trujillo Landa, Maricarmen Rizo Ruiz, Karla Estrada Gómez, Mara Iliana Cruz Pastrana y Edda Arrez Rebolledo.

Por Mónica Mendoza Madrigal
Confieso que el tema de esta columna me fue sugerido por varias amistades que conocen la experiencia que le da lugar y que me instaron a ponerla por escrito, con la esperanza de así tratar de romper la inercia de la injusticia del sistema de salud pública de este país. Así que estas letras que usted lee surgen del enojo, de la frustración y de la indignación que espero que no se nos termine nunca, para que jamás lleguemos a dejar de exigir lo que es justo.
Mi madre es adulta mayor y es jubilada y pensionada. Trabajó 32 años para el gobierno federal y además es viuda, así que tiene derecho al ISSSTE y al IMSS, servicios que hasta hace poco más de un año, no había sido necesario utilizar. Ella no está enferma, pero los años no pasan en balde, por lo que necesita varias cirugías del área de traumatología y ortopedia.
En noviembre de 2023 comencé el largo camino de dar mil vueltas para que de su médica tratante la canalizaran a especialidades y ahí intentar que pudieran operarla. Hoy –año y medio después-, estamos exactamente en el mismo punto de inicio, sin ninguna señal de que hayamos avanzado, en el interminable proceso de la burocracia médica.
El año pasado le cancelaron 3 veces sus citas y la canalizaron con 4 médicos diferentes, uno de los cuales es un traumatólogo pediatra. El colmo de toda esta cadena de inoperancias fue el momento en que el médico abrió la puerta de su consultorio y al verla, exclamó sorprendido: “es usted una adulta”, lo cual en realidad fue todo un despropósito, porque se supone que él ya había visto su expediente.
En fin, que no hemos logrado tener 2 citas continuas con el mismo médico en más de un año y por tanto, su tratamiento no tiene ninguna continuidad. Hoy sabemos que esto ocurre porque los especialistas externos que laboran para la institución no renuevan sus contratos debido a la pésima paga que les dan y por la impotencia de que no tienen los insumos para que sus pacientes sean debidamente tratados, así que se van. Aunque los que son de planta tampoco quieren arriesgarse a alguna denuncia por mala praxis ante la inexistencia de insumos, así que jamás nos ha tocado que la atienda un médico de planta, porque invariablemente ha “coincidido” que están de licencia médica o de vacaciones.
Una de las cirugías que mi mamá requiere ameritaría colocarle una prótesis en la rodilla y los propios médicos nos comentaron que el ISSSTE no licitó las prótesis, así que hay una lista de espera de 2 años por una rodilla nueva, que para una persona adulta representa la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, sin dolor y con mejor dignidad.
Hace una semana “perdimos” la cita porque llegamos unos minutos tarde al Hospital Regional del ISSSTE del puerto de Veracruz (tratando de estacionarnos abajo, sacando la silla de ruedas y subiendo al piso correspondiente), cuando en realidad la atención a los pacientes anotados traía un retraso de más 45 minutos. Habíamos esperado esa cita durante casi 4 meses y ni la enfermera ni el médico mostraron ni un milímetro de compromiso con la salud de sus pacientes, así que cuando se negaron a atenderla, lloré de frustración.
Hay en el hospital una red muy solidaria tejida casi en la clandestinidad entre las y los pacientes –todos personas adultas– y sus familiares, que pasan ahí tantas horas, que terminan conociendo el funcionamiento de los intestinos de ese enorme elefante blanco, así que ellos se acercaron para decirme que subiera a la dirección a quejarme, cosa que hice.
Ahí me dijeron que los doctores deben atender a todos los pacientes, así que la coordinadora ofreció que llamaría al médico para decirle que atendiera a mi mami, quién esperó 2 horas, hasta que mejor nos retiramos cansadas, frustradas, desilusionadas.
En su segunda cita semanal con el especialista del pie (son médicos distintos), el que nos correspondía tampoco nos atendió (de hecho, no lo hemos conocido porque al parecer, él es el único que opera), así que el residente nos explicó que esa estrategia de “apoyo” de la dirección hacia los pacientes en realidad es falsa, porque a los médicos les tienen terminantemente prohibido atender a alguien que llegue tarde, porque así ya al menos “es uno menos”, y que de hecho esa es parte de la razón por la que los médicos no quieren ya trabajar para el ISSSTE, porque los súper saturan de pacientes, a los que solo les pueden recetar medicamentos paliativos, porque de operarlos, nada.
Nos comentan ellos mismos que a los especialistas interinos a veces les pagan 3 mil pesos mensuales, lo que en realidad acabó haciendo que me desistiera de poner una queja formal en contra del doctor que no nos quiso atender y más bien terminé condoliéndome por su situación, pues es absolutamente indignante que a un médico especialista que ha estudiado como 10 años para poder ejercer, le paguen un salario tan miserable como ese.
Esta será la segunda vez que a mi madre le realizan sus estudios preoperatorios, sin que exista la menor posibilidad de que en algún momento puedan intervenirla –claro, a menos que me ampare y obligue al sistema a hacerlo-. Ya ella desistió de querer que le pongan una prótesis. Es tan inhumano todo el sistema, que ella y otros pacientes en circunstancias semejantes, acaban negándose a ejercer un derecho que es suyo.
He expuesto el tema en redes, arrobando las cuentas institucionales, he llevado escritos dirigidos a quien dirigía el hospital, le he escrito al Director General y absolutamente nada ha sucedido. En realidad, cada ventanilla de atención está diseñada no para darle solución a la necesidad de las personas derechohabientes que –por obviedad de circunstancias– tienen algún padecimiento de salud, sino para esquivar los golpes mediáticos o legales que pudieran interponerles y cansar a las y los quejosos hasta que desistan y acepten los paracetamoles que les ofrecen. O fallezcan.
Cuando llevo a mi madre a sus consultas percibo un olor muy particular que flota en el aire en el hospital: es el de la desesperanza de las y los enfermos, el de la frustración de sus familiares que les acompañan y el de una burocracia mediocre que cree que les pagan por desayunar picadas y no por atender pacientes.
No cabe duda que el sistema de salud público de México jamás fue como el de Dinamarca y representa el mayor fracaso del gobierno federal en su mandato y obligación de brindar un sistema de salud digno para su población.

Se presenta el libro Alcaldesas Veracruzanas. La paridad en los gobiernos locales de Veracruz
• Esta investigación sistematiza y analiza datos públicos, que revisan la presencia de las mujeres al frente de los gobiernos locales en la entidad

Xalapa, Enríquez a 21 de noviembre de 2024.- Este jueves fue presentado en el auditorio Leonardo Pasquel, en la ciudad de Xalapa, el libro Alcaldesas Veracruzanas. La paridad en los gobiernos locales de Veracruz, de la autoría de la Dra. Mónica Mendoza Madrigal, investigadora posdoctoral.

El libro, que es parte de la producción editorial del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, permite situar en un contexto histórico y coyuntural a las mujeres que encabezan los gobiernos locales en Veracruz en una representación aún muy lejana a la paridad que se tiene ya en otros ámbitos de la función pública.

El texto centra su análisis en los resultados electorales alcanzados en la elección 2020-2021 ordinaria y 2022 extraordinaria para la renovación de las alcaldías, ahondando en ¿quiénes son las mujeres que gobiernan municipios en Veracruz? ¿En dónde están los municipios que ellas gobiernan? ¿Con quiénes gobiernan? Y ¿qué partidos y coaliciones son los que más han postulado mujeres y a los que pertenecen las mujeres que han gobernado localmente?, lo cual permite dimensionar cómo son los gobiernos locales que están encabezados por mujeres en la entidad.

Refiere además un análisis histórico que recupera la presencia de todas las mujeres que han gobernado en Veracruz localmente, identificando en qué municipios han gobernado más mujeres y en cuáles nunca ha habido hasta hoy una presidenta municipal.

Hacer de la paridad una realidad es un proceso que se ha construido paulatinamente y el local es el último ámbito en el que este principio constitucional no se ha hecho presente, en una entidad que tiene una significativa presencia numérica de mujeres en su población y en su padrón electoral.

Participaron como presentadoras tres académicas expertas en temas de municipalismo y democracia electoral. Por parte de la Universidad Veracruzana se contó con la participación de la Dra. Ana Beatriz Lira Rocas, investigadora de la Facultad de Economía y quién fundara la Maestría en Gestión Municipal, quien señaló que el ámbito de lo local es del que menos información se suele disponer, por lo que consideró que el libro es un aporte que pone al alcance del público información interpretada de datos que permiten dimensionar la presencia de las mujeres en ese ámbito del poder y afirmó que es fundamental aproximarse a comprender cómo las mujeres ejercen el poder en el nivel local.

Por su parte, la investigadora de la Escuela Judicial Electoral, Dra. Alejandra Tello Mendoza, quien es una fuerte impulsora de la paridad política y del combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género, manifestó que el gran reto que este libro recupera es que permite ahondar en cómo la paridad descriptiva se traduce en otra forma posible de gobernar, al servicio de la ciudadanía en el plano local.

La última participación estuvo a cargo de la Dra. Ady Patricia Carrera Hernández, docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la UPAEP, y quien perteneciera al INAFED, asesora del Banco Mundial, PNUD, OCDE y otros organismos internacionales en materia de gestión municipal. Afirmó que el que las mujeres al frente de los gobiernos locales representan un reto para la toma de decisiones desde los cuales las mujeres pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que vive en esos territorios.

La autora, a su vez, puntualizó que las 51 alcaldesas que hoy gobiernan en Veracruz obtuvieron el 24.09 por ciento de la votación total emitida en el proceso electoral local inmediato anterior, y que los municipios que ellas gobiernan representan poco más del 23 por ciento del total del presupuesto destinado a municipios en todo el estado, gobernando solo en dos ciudades grandes, tres intermedias y el resto en municipios pobres o de pobreza extrema.

Con un mensaje que resaltó la importancia de la investigación científica para el análisis de la realidad de la entidad, el coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, Dr. Rubén Flores González reafirmó el compromiso institucional por el desarrollo académico.

Finalmente, la Magistrada Lilia García Montané del Tribunal Electoral de Veracruz destacó que el aporte que desde el feminismo brinda este texto para el análisis de la presencia pública de las mujeres en los gobiernos locales.

Llevar la paridad al ámbito local, representa el reto de llevar al ámbito de representación pública más cercano a la ciudadanía la igualdad en el ejercicio de gobierno, así como la posibilidad de que eso se traduzca en menos desigualdad para la población que se gobierna.

Semana decisiva del calendario electoral, definida claro está, por la instalación del Consejo para el proceso electoral local que tendrá como meta el domingo 2 de junio, día en que concurrirán las elecciones más grandes de la historia reciente de nuestro país.
En Veracruz se juega casi todo: la gubernatura, las senadurías, las diputaciones federales y locales y solo se exceptúa a las elecciones municipales, por las que se contenderá en 2025.
Al momento de iniciar el proceso, de los partidos nacionales con presencia en la entidad, la coalición que conforman Morena, el Partido Verde y el del Trabajo están a días de formalizar la decisión que en realidad sabemos desde hace casi cuatro años, pero que buscaron disfrazar con un proceso del que ahora no saben bien cómo evitar que sus fracturas les dividan más; mientras que del Frente Amplio por México integrado por el PRI, el PAN y el PRD seguimos viendo el mutismo y falta de definición que solo genera incertidumbre y que en nada abona al afianzamiento de una oposición sólida; y falta aún por saber quién abanderará a Movimiento Ciudadano que dijo que se la jugará solo.
Los nombres serán pues los que ellos decidan. Sí, en masculino.
En todo caso lo que debemos exigirles a las tres personas o más que participen como contendientes por la gubernatura de Veracruz es una agenda clara para y por las mujeres de la entidad.
Porque es cierto que la paridad le añade un componente distinto a la configuración de las campañas, pero sean hombres o mujeres quienes les abanderen, tienen que presentarnos una agenda con la que haya compromisos reales basados en un diagnóstico realista de la realidad de vida de las más de 4 millones de mujeres veracruzanas que residen en territorio veracruzano.
Ya basta del falso discurso utilizado durante casi un sexenio en el que se dice que hay compromiso con las mujeres porque varias de ellas encabezan dependencias y poderes. Ya vimos que ellas no deciden y más aún, que su presencia es utilizada para violentarlas o para usarlas para convalidar prácticas patriarcales.
No, lo que necesitamos es el claro compromiso de cada contendiente sobre el destino que tendrá el Instituto Veracruzano de las Mujeres que habrá vivido su sexenio más opaco, no tan solo por el no nombramiento de su titular, sino por operar con Consejos Consultivo y Social vencidos, por la progresiva disminución de su presupuesto, por la poca incidencia de su actuar y por la poca transparencia en las dos Alertas de Violencia declaradas para la entidad y la excesiva dilación de la declaratoria de una tercera.
Necesitamos saber exactamente qué acciones se realizan en la Fiscalía para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que nos mantiene en los primeros lugares a nivel nacional, aunque pretendan ocultar esa realidad maquillando las cifras.
Es urgente saber cómo están los servicios de salud garantizando la calidad de vida de las mujeres, la atención al cáncer, a la muerte materna, a la salud mental y al aborto, con el que sigue habiendo pendientes pese a ser ya un derecho garantizado por la legislación veracruzana.
Queremos conocer cuál es su compromiso para con las mujeres víctimas de violencia, para las madres buscadoras, para las mujeres privadas de su libertad, para nuestras niñas que están siendo enganchadas por las redes de trata, para atender la violencia vicaria cuyas cifras son alarmantes. ¿Qué tienen diseñado como política pública para fortalecer la autonomía financiera de las mujeres? Y para disminuir la brecha de desigualdad en una entidad en donde esa es una condición que limita el desarrollo.
Hay que preguntarles a quienes aspiran a gobernar la entidad ¿qué han hecho desde sus cargos por las mujeres?
Ya estuvo bueno de demagogia. Ya perdimos un sexenio. No estamos dispuestas a perder ni un minuto más.

Hoy 17 de octubre las mujeres conmemoramos una de las fechas más importantes en el calendario de efemérides asociadas con derechos que nos son plenamente resignificativas.

Las mujeres mexicanas no éramos sujetas de derechos políticos y electorales, pese a que teníamos un largo camino en esa exigencia, pero con todo y lo enormemente relevante del hecho ocurrido un día como hoy de hace 70 años, no es correcto decir que se “nos concedió” el derecho a votar y a ser votadas porque los derechos no se conceden, sino que se reconocen.

En realidad lo que se hizo aquel día fue dejar de aplazar un proceso irreversible.

La primera mujer mexicana en postularse como candidata fue Hermila Galindo, esa pionera a la que en su época consideraron desfasada de la realidad porque se postuló a sabiendas de que votar y ser votadas no era un derecho contenido en la legislación mexicana, a lo que ella dijo que habría un día que se haría costumbre que las mujeres fueran candidatas, pero en lo que esa fecha llegaba, había que comenzar a hacer común la práctica.

En 4 estados de la República hubo reformas que permitieron que tuviéramos diputadas locales, alcaldesas y regidoras antes de tener Diputadas federales y senadoras, porque el experimento había que empezar a impulsarlo en poblados pequeños en los que fuera probándose “si la ciudadanía ya estaría preparada para tener mujeres legislando”.

Y aunque en efecto Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y a Beatriz Peniche solo duraron 2 años en el cargo de Diputadas del Congreso Yucateco porque la inestabilidad política derivada del asesinado del entonces gobernador no brindaba las garantías necesarias para que ellas se mantuvieran en su curul, aquellas tres mujeres son las precursoras de un proceso imposible de frenar.

A nivel federal demoraron un sexenio en dejar de fingir que se reconocería el sufragio femenino – la iniciativa fue presentada y votada siendo Cárdenas presidente, pero jamás se publicó en el Diario Oficial – así que 1953 era un momento inminente para llevar al país adelante en materia de derechos para las mujeres y cuando otras naciones africanas y centroamericanas ya habían avanzado en el reconocimiento, México se convirtió en la doceava nación del continente en dar un paso adelante.

Como sabemos, el camino ha sido largo. Cuento en mi libro sobre la historia del Congreso de Veracruz que el arribo de mujeres a las curules locales no fue continúo ni progresivo. Acá la primera mujer en ser diputada local fue Irene Bourell, cuya historia da perfecta cuenta de lo que fue para las mujeres abrirse paso en la política. Ella fue fundadora de la Liga de Comunidades Agrarias – junto con su marido – y pese a que él murió en la brega siendo muy joven y ella tuvo una larga y prolífica vida, hay quienes aún la reconocen solo por haber sido la viuda de un líder agrarista, cuando sus propios méritos son materia suficiente para ocupar un lugar significativo en la historia, pues no tan solo fue la primera mujer en el Congreso de Veracruz, sino la primera en representar a Veracruz en el Congreso de la Unión y la primer mujer en ser parte de la Mesa Directiva en un Congreso en América Latina, y sin embargo en el estado de Veracruz solo hay una biblioteca que lleva su nombre, que poco significa para la historia de esta entidad.

Así la historia de las pioneras, no nombradas y no reconocidas, que fueron llegando a cuenta gotas a ocupar los cargos, más por voluntad política de los líderes que por reconocimiento real de sus trayectorias y méritos. De estos 70 años, 50 transcurrieron así, hasta que hubo que darle un empujón al sistema de partidos, la más patriarcal de todas las instituciones políticas, que solo con cuotas es que incorporaron mujeres, a las que mandaron a contender en distritos perdedores u obligaron a renunciar para cederles el lugar, en una serie de trampas a las que están siempre dispuestos a llegar, con tal de no ceder en aquello que consideran suyo: el poder.

Pero las cuotas funcionaron y gracias a ellas alcanzamos la paridad, principio constitucional hermano de la igualdad que sin embargo, hay que estar defendiendo cada día de los desaforados intentos por acotarlo y ponerle límites.

Es muy relevante llegar a esta conmemoración, una noche después de que el INE determinara sostener su recomendación de que de las 9 gubernaturas que habrán de disputarse en 2024, 5 de ellas estén encabezadas por mujeres. Oh afrenta más descabellada, “¡el INE se sobrepasa!”. Y por qué no entonces – para ponerse a tono con la corrección política tan de moda en estos tiempos -, ¿no proponemos que 9 de 9 candidaturas sean para mujeres?. Siempre fue así para los hombres y entonces no había excesos ni extralimitaciones que fueran cuestionadas. El patriarcado cede, pero ah que estas mujeres que lo quieren todo y lo quieren ya.

Los partidos – todos -, no acaban de entender que la paridad no trae solo faldas a la contienda. Trae a la mitad de las excluidas, y a su agenda y a su forma de hacer política, ante lo que la misoginia tradicional se exhibe como una vieja práctica que ya no cabe ni representa. Pero nosotras, las hijas de las sufragistas, las paritaristas, no encargaremos de refrendarlo.

Hoy lunes 31 de julio de 2023 es el último día del segundo período ordinario de sesiones del Congreso local, fecha en la que vence el tiempo establecido por la ley para hacer cualquier reforma a aplicar en el proceso electoral que habrá de dar inicio en 90 días y con ello, se perdió la posibilidad de que fuera armonizada en la legislación estatal la 3 de 3 contra la violencia.
Esta reforma fue aprobada por el Senado el miércoles 24 de mayo y cuya minuta fue ratificada por los Congresos estatales –el de Veracruz incluido– permitiéndole ser declarada válida, entrando en vigor a partir del 30 de mayo pasado, un día después de que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es sin duda la más importante legislación lograda en materia de ética pública en este período legislativo federal para prevenir la violencia contra las mujeres, que tiene al país con cifras alarmantes en toda la geografía nacional. Con la reforma al párrafo segundo del apartado A del Artículo 102 y la adición de una fracción VII al Artículo 38 de la Constitución, se logra establecer que las personas que estén prófugas de la justicia; que hayan sido o estén sentenciados por haber ejercido delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, o que hayan ejercido violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos; y quienes hayan sido declarados como deudores de pensión alimenticia, no puedan ser registradas como candidatas a cualquier cargo de elección popular, ni obtener cargos en el servicio público.
Una reforma Constitucional como ésta requería –por procedimiento legislativo– ser armonizada en los Congresos estatales en los 180 días contados a partir del 30 de mayo, plazo que vence hoy sin que el Congreso veracruzano hiciera las reformas requeridas.
Es un hecho que avergüenza y que no extraña.
El segundo Congreso paritario en la historia del estado no tiene una sola iniciativa aprobada en favor de las mujeres veracruzanas. En realidad, no han aprobado nada de nadie: ni de la oposición, ni de su propia bancada, cuya sobrerrepresentación sirve para muy poco, porque éste es un Poder Legislativo de un solo hombre, que durante cinco años consecutivos ha ejercido en forma unilateral el control al interior de un Poder omiso y misógino, como lo demuestra claramente la no aprobación de normas necesarias como la Ley Monse, la Ley del acoso callejero, la de la Violencia Vicaria y tantas otras que siguen durmiendo el sueño de los justos en los cajones de escritorios de legisladores y legisladoras que, eso sí, se afanan por pedir el voto de quienes hoy claramente han defraudado.
En materia electoral, vamos a ir al proceso más importante en la historia de este país y como quedó pendiente desde la Legislatura pasada, Veracruz no armonizó la violencia política en las leyes locales y ahora, no lo hizo tampoco con la 3 de 3.
Queda clara la protección que este Legislativo brinda a los violentadores, a los acosadores y a los deudores de pensión alimenticia que el partido al que pertenecen pretende que veamos en las boletas. A menos que haya otras instancias, verdaderamente comprometidas con la Constitución y con el combate real a la violencia contra las mujeres, que sí actúen con responsabilidad y ética por éstas tan graves omisiones.

Una cosa es el desdén institucional para no comprometerse con la agenda de las mujeres, y otra, el claro desprecio que en solo cuatro años y medio se ha convertido en misoginia de Estado. En Veracruz gobernó ininterrumpidamente el PRI hasta 2016, cuando con un bienio se tuvo al frente del Poder Ejecutivo estatal a un gobierno emanado de un partido de filiación distinta y, desde 2018, una aparente izquierda hizo su arribo al gobierno.

Desde entonces, el debilitamiento institucional, la falta de políticas públicas en la materia y la ausencia de acciones específicas para atender la agenda de las mujeres ha ido de mal en peor.

Hace 17 años se creó el Instituto Veracruzano de las Mujeres luego de un profundo proceso de reforma impulsado desde el Legislativo y fortalecido por la participación activa de una sociedad civil constituida por mujeres que propusimos una agenda de trabajo, que acompañamos a su realización.

De esa dependencia que significaba un avance en materia de institucionalización de la perspectiva de género, hoy no queda nada. No tan solo se insiste con necedad absurda en no iniciar el proceso para emitir la convocatoria correspondiente para nombrar una directora, sino que el presupuesto con el que opera la dependencia es cada vez más reducido y sus acciones, menos incidentes.

Ni qué decir de la acción transversal en dependencias que lo que sí han hecho es convertirse en auténticas cuevas de acosadores que, pese al mandato de ley que obliga a aplicar el protocolo contra el acoso para poner fin a esas prácticas, los agresores están protegidos desde el más alto círculo del morenato veracruzano, por lo que siguen impunes.

Y qué se puede esperar, cuando es el propio mandatario el que un día sí y otro también emite declaraciones para agraviar opositores en general y mujeres en particular, perfil que comparte con su secretario de Gobierno, que hace malabares para no ser sancionado por violentador político. Y no porque verdaderamente le importe no ser reconocido como tal, sino porque ello pondría en riesgo sus aspiraciones de buscar un cargo de elección popular ahora que usurpa la identidad afrodescendiente en una entidad que se honra de su tercera raíz, rasgo cultural que no representa pese a su color de piel, con el que únicamente lucra y se victimiza.

Las mujeres no estamos seguras, lo sabemos. Y no me refiero solo a las que han sido víctimas de feminicidios, cifra que crece alarmante junto con otra más numerosa aún: la de las desaparecidas. Y mientras esa realidad nos golpea sin una sola acción contundente para frenarla, hoy además las periodistas, las activistas y en general las opositoras somos perseguidas por no acatar los mandatos patriarcales de estos personajes.

Todo México sigue aún sin dar crédito de la persecución emprendida desde el Poder Ejecutivo de una entidad en contra una integrante del Poder Judicial estatal. Y es que la persecución a la jueza Angélica Sánchez no es solo una coacción contra ella, sino también un ataque para doblegar a un Poder ante la complicidad de sus pares, que están sumándose a esta barbaridad creyendo ingenuamente que al obedecer esta inmundicia, recibirán protección y cobijo. ¿Qué parte del infierno no están viendo?

Nadie está a salvo y eso ya deberían saberlo. El servilismo lacayuno es en vano, pues ni les darán las gracias, ni quedarán impunes. Valdría más conservar la dignidad aplicando la ley, que no porque hoy la ignoren, será letra muerta para siempre.

Sí, sus acciones infunden miedo y hay quienes con el miedo callan.

Pero hay quienes no estamos dispuestas a vivir con miedo.

Feminista

En el primer año de la actual administración, al término de un evento oficial un par de mujeres me abordaron. Había participado en una ponencia sobre la instrumentación del protocolo de acoso y hostigamiento sexual en instituciones gubernamentales –proceso que estaba impulsándose en todas las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales, ante la urgente necesidad de erradicar esa tan común forma de violencia en los espacios laborales que quedó desnudada luego de que el #MeToo sacara a la luz estas deleznables prácticas– y lo que me dijeron me dejó fría: ambas venían padeciendo un infierno de violencia laboral y sexual en la dependencia de gobierno en la que laboraban de parte de un sujeto que se ufanaba de ser cercano al gobernador de Veracruz.

Me pidieron acompañarlas en su proceso “porque nadie más se atrevía” y pese a que en ese momento yo era funcionaria todavía, caminé con ellas largamente en un infierno que aún no termina, porque el sujeto –entonces secretario particular de la titular de la Sedema– sí resultó ser del círculo cercano del gobernador, de la hoy titular de la Secretaría del Trabajo y de su hermana Magistrada, instancia en la que esa pesadilla sigue estando entrampada.

El valor y la determinación de Yael y de Julieta han sido mayores a las muchas trabas interpuestas. Primero dentro de la dependencia en donde fueron revictimizadas. Y luego por parte de la justicia, que sigue protegiendo a este acosador.

Su caso no es aislado

Una breve revisión de los múltiples acosos que se han hecho públicos en esta administración estatal rebasa por completo los límites que podrían situarlos como “casos aislados” y permiten dimensionar el amplio alcance de un delito recurrente entre la clase política que hoy gobierna.

Hemos sabido en estos años transcurridos de casos muy sonados en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Educación, en Salud y recientemente se “voló la barda” la revelación pública de una presunta red de favores sexuales en la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue negada rápidamente, sin una investigación interna que sustente ese dicho.

La propia Contralora General del Estado reconoció durante su comparecencia en diciembre pasado que en los primeros tres años de gobierno hay un registro de hasta 200 casos de acoso y hasta el momento han sido cesados apenas una veintena de funcionarios públicos, cifra nada significativa de acuerdo con la magnitud de denuncias que les ha sido canalizada, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿y los otros más de 150 casos en los que no se ha procedido contra los responsables? Seguramente sus víctimas siguen conviviendo con ellos en el mismo espacio laboral en donde una y otra vez se les refrenda que el poder político protege a los acosadores.

La semana pasada, dos hechos ocurridos relacionados con este tema han encendido los semáforos en forma particular.

El primero, es relativo a la denuncia presentada por una ex trabajadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres por acoso laboral y amenazas, hecho sumamente grave porque, ya de por sí, el IVM se ha convertido en el estandarte del desdén de este gobierno hacia las mujeres. No tan solo disminuyendo su actuar pese a la grave situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, sino que ya lleva cuatro años y todo pinta que llegará a seis sin renovar los consejos Consultivo y Social y sin emitir –con base en la ley– la convocatoria que lleve a nombrar una Directora al frente de ésta, que es la institución que las veracruzanas impulsamos para ejecutar la política pública en materia de mujeres en esta entidad.

Y claro, si en el IVM se violenta a las mujeres, ¿qué se puede esperar en el resto de la administración pública estatal?

El segundo de los hechos que sienta un precedente significativo en esta materia es la revocación que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la resolución adoptada por los órganos jurisdiccionales electorales del estado en relación con la violencia ejercida por parte del Secretario de Gobierno hacia una diputada local.

Hasta hoy los órganos electorales habían estado determinando que en el Derecho Parlamentario no había violencia política, pero esta resolución redimensiona ese hecho y establece que el Derecho Parlamentario solo aplica a quienes son representantes populares y por tanto, quienes desempeñan una función pública externa al Congreso no están exceptuados de cumplir la ley.

El impacto que las violencias institucionales generan de parte de quienes considerando que el poder que tienen les permite acosar laboral o sexualmente o bien, violentar a mujeres, es la esencia misma que las leyes en la materia y sus instrumentos normativos –como los protocolos– buscan proteger: que ningún agresor sienta que el poder le protege.

Si al interior de las dependencias no se actúa con contundencia para combatir todas las formas de violencia, ¿con qué congruencia pueden intentar disminuir las violencias que se generan en la sociedad que gobiernan?

El ejemplo debe primero ponerse en casa. Y en ese renglón, aquí están reprobados.

Si creíamos que con la paridad sería suficiente para garantizar nuestro acceso al poder político, ha sido claro que no es así.

Cada acción, decisión y omisión política que se ha llevado a cabo tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipales, así lo ha evidenciado.

Las mujeres son colocadas en posiciones de representación pero sin decisión política real y sin incidencia. Solo para el ornato, solo para la impostura.

Mujeres que les permiten a ellos –los señores del poder– llenarse la boca con el discurso de una inclusión que sirve solo para la foto, porque en la práctica, en el terreno mismo donde el poder se hace real, ni estamos incluidas ni somos consideradas.

El perverso juego de los “lores” tiene reglas muy claras para ellos, por eso las acciones que realizan los “grandes señores” son repetidas por los pequeños “príncipes”, quienes tratan de imitar la escena una y mil veces con gabinetes en apariencia paritarios, congresos mitad y mitad solo en la forma y posiciones entregadas a mujeres que, o bien reafirman el poder de aquellos que ahí las colocan, o que son utilizadas para guardar las formas en un tiempo en donde no ser paritario es ser incorrecto, política y legalmente hablando.

Pero las mujeres no mandamos y ésa es la cruel verdad. Seguimos dando las “gracias” a esos caballeros que “generosamente” confiaron en nosotras y que “nos dieron la oportunidad” de ocupar este encargo que hoy desempeñamos, pasando por alto que nadie nos ha regalado nada y que el cargo que estamos desempeñando lo vamos a trabajar con creces, para encima de todo tener que demostrar que tenemos la capacidad para llevarlo a cabo. Y eso es muy agotador.

En esa circunstancia, muchas de las que llegan acaban cediendo al embate del poder de los “lores” porque en cada ámbito, por minúsculo que sea, hay un señor que ejerce con profunda convicción el autoritarismo y lo hace valer con los recursos de los que dispone: limitando el presupuesto a ejercer, bloqueando las iniciativas, acosando, obligando, presionando y para ser muy precisas: violentando.

Éste es el punto al que quería llegar. A decir con absoluta convicción que a todas se nos violenta de una o de otra forma porque no importa si el cargo que desempeñamos es chico, mediano o grande: es un espacio que ellos creen que les pertenece y por tanto su objetivo es bloquear nuestro desempeño para hacer evidente que no nos merecemos estar ahí porque no tenemos capacidad para ejercerlo.

Y entonces, queridas amigas, caemos en la más perversa de las trampas patriarcales: no ser sororas.

Marcela Lagarde lo dice muy bien cuando afirma que ésta “es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer”, señalando además que es una acción política pero también ética, que requiere correspondencia, congruencia y la profunda convicción de que la acción individual tendrá trascendencia para las posibilidades de acceso de otras que están también enfrentando las mismas restricciones para lograr sobrevivir en este mar de tiburones.

Por eso la sororidad es el acto político más revolucionario que podemos llevar a cabo. Pero la sororidad implica creer cuando alguien se llama violentado, implica no creer que tu violencia vivida es más grave que la violencia vivida por otra y desde luego que implica que no puedes pretender ser apoyada solo cuando a ti se te daña, si antes no has sido sorora con las otras.

Si bien a todas nos toca enfrentar las distintas violencias y cada una sabe cuáles tolera y cuáles no, lo cierto es que cada mujer tiene sus propias circunstancias que hacen que su camino tome giros distintos a los de otras, porque las condiciones en las que su trayecto se ha conducido son distintas para cada una.

Así que la sororidad es la única estrategia de sobrevivencia en un terreno minado para que caigamos en las bombas que hagan explotar nuestra osadía. Y cuando una mujer decide no serlo, además de que está actuando con las herramientas que el patriarcado dicta, se está aislando a sí misma de la posibilidad de constituir con otras una red que pueda servirle de apoyo cuando inevitablemente le llegue el momento de que el sistema le dé la espalda.

Que no nos quepa duda. A todas nos llegará el tiempo de que el sistema nos cobre la factura.

Es importante hacer esta reflexión en el cierre de un año políticamente muy fuerte: un año electoral, al que fuimos en condiciones de paridad, que incrementó la ya de por sí altas dosis de violencia política que desde siempre se han vivido pero que hoy, claramente, se recrudeció y cuya resultante significó en algunos casos sí una mayor posibilidad de acceso –que no de distribución del poder a ejercer–, y en otros no se tradujo en mayores espacios para las mujeres, como claramente sucede en el ámbito municipal en donde en este estado y a nivel  nacional hubo menos mujeres que obtuvieron el triunfo como presidentas municipales, abriendo un hueco en la base de la pirámide política que impide que se construya la representación positiva de liderazgos femeninos que transformen la visión de que las mujeres también gobernamos y lo hacemos bien.

El 2022 será de nuevo un año con elecciones en varias entidades, esta vez ya no acompañado de un proceso federal. Ojalá que para ir a ello hagamos las revisiones necesarias que coloquen en el centro del debate y el análisis nuestra forma de asumir el poder, de reproducirlo y de relacionarnos con otras políticamente. Porque si no transformamos de fondo a la política y a su praxis, seguiremos ondeando la bandera de la hipocresía con la cual se abraza una causa en apariencia, pero con la que no se es congruente.

Y ya no tenemos tiempo para la incongruencia. O estamos todas con todas de manera real, o que nadie se sorprenda de no recibir el respaldo que busca solo cuando le conviene.

Para ejercer el poder de a de veras necesitamos estar unidas realmente y no solo eso. Es indispensable que elevemos nuestra voz pública para fijar posturas contundentes que no dejen pasar ninguna violencia, por pequeña que ésta sea, pues ahí es en donde radica nuestra fortaleza y porque además – como hemos podido aprender – la violencia escala, así que ese pequeño acto que hoy se comete en contra de una, mañana será un acto que podría nokearnos.

Es momento de que entendamos que si seguimos simulando, sin ser realmente sororas, sin estar articuladas, sin estar estratégicamente unidas y quedándonos calladas, seguiremos siendo víctimas de la misoginia, sí. Pero también de nuestra propia ingenuidad. Y a veces, de la mezquindad.

En enero regresará la #AgendaDeLasMujeres. Toca ahora tiempo del autocuidado, de la paz mental, de los abrazos y de los afectos vitales. Esa también es una reivindicación política que nos hemos ganado a pulso.

@MonicaMendozaM