Con esta nueva ley que se aprobó en fast-track por los diputados se abre sin duda la puerta a una mayor militarización del país, al dar vía libre a los gobiernos para desentenderse de las tareas de conformar cuerpos policiacos eficientes, honorables y debidamente capacitados y optar cómodamente por solicitar la intervención de las fuerzas armadas para suplir las carencias estatales, tal y como ha venido sucediendo en el país, y donde Veracruz es una clara muestra de ello.
La militarización de la seguridad pública de México, de acuerdo a datos de especialistas, ha tenido tres grandes consecuencias: ha incrementado la violencia en el país mientras persisten las violaciones de derechos humanos; ha reducido la urgencia y presión para aprobar reformas que fortalezcan a la policía civil, y ha minado la rendición de cuentas en la seguridad hasta casi desaparecerla por completo.
Se ha insistido desde hace varios años que tener al Ejército en las calles en funciones de seguridad pública contraviene lo dispuesto por la Constitución General de la República, puesto que el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil, y que mantener a los militares no garantiza en absoluto la contención del crimen organizado, tal y como desgraciadamente ha sucedido. Los resultados de su presencia en tareas de seguridad no han dado los resultados esperados. Ha sido una estrategia fallida.
Porque debe recordarse que a casi 11 años de la puesta en marcha de la política de militarización la situación de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos en México no deja lugar al optimismo. Pasamos de más de 10 mil homicidios al año en 2007 a 23 mil en 2016 y este año estamos a punto de romper récord. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) advirtió que los niveles históricos de violencia en México son alarmantes: cada 16 minutos 9 segundos hay una víctima de homicidio doloso en el país. Y cuando 2017 aún no termina, ya resulta el año con mayor número de asesinatos en la gestión de Enrique Peña Nieto, en la que suman 20 mil 878 víctimas.
Los reportes diarios en diversos sitios del país, donde Veracruz acapara la atención nacional, dan cuenta de crímenes, ejecuciones, decapitaciones, hallazgos de fosas clandestinas, entre muchas notas terribles que muestran la gravedad del problema, con todo y la participación del Ejército y la Marina junto a las policías estatales en el combate al crimen organizado.
De ahí que la ley aprobada solo profundizará el problema, pues dará la facilidad a las autoridades federales, estatales y municipales para seguir evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales solo contribuirá a perpetuar la situación que se busca subsanar, porque no habrá incentivos para preparar corporaciones de seguridad eficaces, ya que los gobiernos tendrán el recurso legal para encubrir este grave vacío institucional con requerimientos de intervención de las fuerzas armadas.
Pero si ello no fuera suficiente para cuestionar la nueva ley, la amenaza a los derechos civiles y a la protección de los derechos humanos que implica ha generado el rechazo de organizaciones no gubernamentales que advierten sobre los riesgos que entraña. Apuntan que la Cámara de Diputados decidió avalar en detrimento de los derechos humanos, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad que no le competen y, con ello, un modelo de seguridad que ha sido demostradamente fallido por las violaciones sistemáticas e impunidad que se han registrado en diversos casos. Incluso Amnistía Internacional México manifestó profunda preocupación por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y la calificó como “un retroceso en materia de derechos humanos”.
Lo más preocupante y que debe alertarnos a todos, es la ambigüedad que deja en lo referente a la actuación de las fuerzas militares ante movilizaciones sociales o políticas de protesta, al señalar que cuando existan amenazas a la seguridad interior podrán participar, “como último recurso del Estado”.
Pese a que la ley aprobada por los diputados precisa que las expresiones de protesta social o de carácter político-electoral “que se realicen pacíficamente” bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, la espada de Damocles pende en adelante sobre quienes cuestionen el status quo, unas elecciones fraudulentas u osen tomar la calle y a quienes protesten se les infiltren grupos de provocadores aleccionados para actuar violentamente, como la historia ha mostrado que hacen los gobiernos que se ven en riesgo o son cuestionados por la sociedad.
“La necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la misma, no pueden ser producto de decisiones coyunturales o políticas…Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”, ha sentenciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La gravedad de la situación de inseguridad en México y la ola de criminalidad y violencia que nos azota no se resolverá legalizando una estrategia claramente fallida.
Todo sería más fácil si en el país se combatiera realmente la impunidad y se asegurara que los criminales, los responsables de las desapariciones, secuestros y otros delitos graves sean procesados. Eso y que se termine con la corrupción en el sector público para fortalecer el estado de derecho y predicar con el ejemplo. Pero con la clase política rapaz que tenemos que solo piensa ya en las elecciones del próximo año es imposible.
Tiempos ominosos se avecinan.
