Rúbrica

Nuevamente el movimiento de las mujeres ha puesto contra las cuerdas al gobierno de la pretendida “cuarta transformación”. No solo por evidenciar lo vacuo de su discurso pseudosocial y dizque progresista, sino porque al arrinconarlo lo hizo mostrar que no tiene más respuesta a la violencia ejercida en contra de ellas –como a los demás problemas del país- que esconderse.

Y de qué manera lo hizo. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador decidió agazaparse de las marchas que se celebrarán este lunes con motivo del Día Internacional de las Mujeres ¡levantando un muro alrededor de palacio nacional! Con toda la carga histórica y política que las murallas de todo tipo simbolizan.

No es gratuita esta muestra de cobardía. Si a un movimiento teme el régimen de la “4t” es al de las mujeres, el único que le ha puesto cara y representa una oposición real y consistente en México. Y es que a diferencia de lo que sucede con los partidos, a ellas no las puedes descalificar ni desacreditar con la misma facilidad con la que lo hace con otros actores públicos. Por una razón muy sencilla: porque su composición es heterogénea y plural y, más importante todavía, sus reclamos son justos.

¿Qué es lo que tienen que reclamar las mujeres al lopezobradorismo gobernante? Por supuesto y hablando de la coyuntura del momento, su respaldo, cobijo y protección a un personaje indefendible desde varias ópticas, pero que desde la femenina es insostenible: Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y violación por cinco mujeres diferentes.

Señalamientos que no son nuevos, como pretende hacer creer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar que Morena lo postule como candidato a gobernador del estado de Guerrero, entidad en la que existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada que, por cierto, “florecieron” en el municipio de Acapulco cuando Salgado Macedonio fue su alcalde.

Tan solo esa circunstancia tendría suficiente peso para retirar esa candidatura, a lo que el régimen se niega terminantemente recurriendo en su lugar a las más pedestres argucias de simulación para pretender convencer –sin éxito alguno- que el gobierno que iba a “transformar” y “moralizar” la vida pública del país, “atiende” las demandas de las mujeres.

Pero la candidatura de un presunto violador no es lo único que ellas tienen que reclamarle al lopezobradorismo en el poder. El promedio de mujeres asesinadas en México en este momento es de 11 al día. Durante 2020, se registraron 967 feminicidios en el país. Y tan solo en enero de 2021, 240 mujeres fueron asesinadas, de las cuales por lo menos 67 correspondieron a crímenes de odio por su género.

La rabia que suele expresarse violentamente en las marchas de mujeres está más que justificada. Y si bien hay visiones confrontadas sobre la legitimidad de atacar monumentos y edificios históricos, no hay duda que esa acción ha logrado su principal cometido: visibilizar, llamar la atención acerca de un problema sistemática y tradicionalmente ignorado, invisibilizado por el poder, sea cual sea el partido que lo ostente.

Por esa razón es que la única respuesta ofrecida por el gobierno de López Obrador –denostar a las mujeres que protestan y le echan en cara su protección a un abusador, así como levantar un muro de tres metros para aislarse y aislarlas- desnuda su verdadero cariz: machista, misógino, omiso y autoritario. Sin nada que lo diferencie un ápice de sus antecesores.

Así las cosas, mientras funcionarios del gobierno lopezobradorista como Jenaro Villamil dedicaban denodados esfuerzos para hablar en redes sociales de los feminicidios de otras épocas, o como Jesús Ramírez Cuevas que lanzaba una campaña de “apoyo” de bots y trolls para el presidente López Obrador, la creatividad de las mujeres convirtió la ignominia en un espacio para echarles en cara su abyección: la valla de la vergüenza fue adornada con flores y con los nombres de miles de mujeres asesinadas, mientras la fachada del palacio donde habita el que se cree rey incuestionable se alumbraba con la realidad del México de hoy.

En la historia de la humanidad, los muros siempre se han levantado para dividir, para separar y para enfrentar. No hay tal cosa como un “muro de paz”. A menos que la “4t” se refiera a la “paz de los sepulcros” de las mujeres mexicanas a las que se niegan a escuchar, pero cuyo clamor los persigue.

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No son dichos de los partidos de oposición. Tampoco de los medios de comunicación. Ni siquiera de los empresarios a los que tanto resentimiento les tienen –hasta que financian sus campañas-. Son los datos del gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación”.

Durante la conferencia matutina de este jueves en palacio nacional para presentar la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral”, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que el estado de Veracruz se encuentra entre las siete entidades que concentran la mayor tasa de violencia política de todo el país.

De los 73 actos de violencia política registrados en lo que va del proceso electoral 2021, más de la mitad se cometieron en Veracruz y el resto en los estados de Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Baja California y Jalisco, detalló la funcionaria en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En poco más de dos años de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la violencia en Veracruz no solo no se contuvo en lo más mínimo, sino que registró un repunte que solo es superado por el inicio del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Aunque en materia específica de violencia política se coloca en los primeros lugares de los últimos 20 años.

Baste recordar que en este corto periodo de gobierno estatal asesinaron ya a un diputado local, Juan Carlos Molina; a dos presidentas municipales en funciones: Maricela Vallejo de Mixtla de Altamirano y Florisel Ríos de Jamapa; a la regidora de Texcatepec María del Carmen Hernández; a la agente municipal de Ixhuatlancillo Catalina Montalvo Tezohua; y más recientemente a la ex diputada y ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín, junto con su hija Carla Enríquez, precandidata al gobierno de ese mismo municipio.

El número total de asesinatos políticos en Veracruz en el periodo que lleva Morena en el poder es de 22, de acuerdo con el portal La Silla Rota. Incluido ya el homicidio cometido la tarde de este mismo jueves 4 de marzo.

El aspirante priista a presidente municipal de la localidad serrana de La Perla, José Melquiades Vázquez Lucas, fue rafagueado a tiros desde una camioneta frente al palacio municipal de Mariano Escobedo, ciudad colindante con la de Orizaba a la que fue trasladado junto con su esposa para recibir atención médica, pero donde ya no pudieron salvarle la vida.

El homicidio de José Melquiades Vázquez Lucas ocurrió unas pocas horas después, como se señaló al principio de este texto, de que se presentó la “Estrategia de Protección en Contexto Electoral” de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, acto en el que el propio López Obrador aseguraba que “va a haber protección. Se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales”.

Pero en Veracruz, en la Secretaría de Seguridad Pública se entretienen ofreciendo “shows” de adiestramiento canino mientras el que cobra como gobernador está ocupado pagando encuestas que lo ubican entre los “más honestos” del país. Al menos no se atrevieron a colocarlo entre los más eficaces. Seguro esa tarifa rebasaba los parámetros de la “austeridad republicana”.

En la misma conferencia mañanera, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “hubo regiones del país donde (el crimen organizado) decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo”.

Bien pronto los criminales les mostraron que ahora, en tiempo presente, siguen controlando. Y que ésta es la manera como “votan”.

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Este lunes, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, sostuvieron su primera reunión bilateral a distancia en la que abordaron varios temas de la agenda conjunta de ambos países, mismos que fueron expuestos de manera general en la declaración conjunta emitida por los dos gobiernos.

De especial relevancia resulta el apartado de dicha declaración denominado “Cooperación bilateral contra el cambio climático”, en el que ambos mandatarios “destacaron la importancia de enfrentar la crisis climática y acordaron explorar áreas de cooperación”.

En el comunicado se señala además que “los líderes reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración, así como la necesidad de promover la eficiencia energética. Además, discutieron maneras de trabajar juntos en aras de alcanzar un resultado exitoso en la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático organizada por los Estados Unidos y a celebrarse el 22 de abril de este año”.

Todo esto sonaría a un intercambio y toma de acuerdos sensato y acorde con las necesidades de los tiempos que corren y los que vendrán en materia de generación de energía y sustentabilidad ambiental. Empero, en México el discurso y las acciones hacia el interior van en sentido completamente inverso al de lo hablado con el gobierno estadounidense. Por lo menos, públicamente.

Un día después de esta declaración, en el Senado de la República se ratificó sin modificación alguna la nueva Ley de la Industria Eléctrica que condena a México a depender de la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -que atraviesa por una de sus peores etapas en cuanto a eficiencia y productividad, gracias a la infame dirección de Manuel Bartlett Díaz- y relega y casi bloquea por completo el uso de energías limpias.

Uno de los puntos más polémicos de la nueva –y al mismo tiempo arcaica- ley es la eliminación del criterio económico para el despacho de la electricidad. Esto es, no importando el precio, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), deberá dar prioridad a la energía generada por las hidroeléctricas de la CFE. En segundo término, a la de combustibles fósiles como el carbón. Y al final, a la eólica, solar y de ciclo combinado de generadores privados.

Además, abre la puerta para que las plantas más viejas y contaminantes de la CFE accedan a los Certificados de Energía Limpia (CEL), pues la decisión no tomará en cuenta la antigüedad de dichas generadoras de energía. Y claro, la tomará el gobierno de la “cuarta”.

La “justificación” de las autoridades del sector -apoyada por supuestos académicos a los que sus universidades deberían retirarles sus grados por sostener tamañas estupideces- es que las energías limpias como la solar o la eólica son “intermitentes”, pues ¡de noche no sale el sol y no siempre corre el viento! “Explicación” tan colosalmente idiota que hasta parecería que se trata de un chiste.

Pero están hablando en serio. O por lo menos, simulan que no saben que existen mecanismos de almacenamiento de energía que en países como Dinamarca –con todo y que es una potencia petrolera- permiten que varios días al año sus industrias y sus hogares se alimenten exclusivamente de fuentes de energía renovables.

Es impensable que en el gobierno de Biden no supieran lo que iba a suceder en el Congreso mexicano con la reforma de ley impulsada directamente por López Obrador. Y por ello cobra mayor relevancia la iniciativa presentada este mismo martes 2 de marzo, un día después de la reunión, por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en materia ambiental.

El proyecto de Ley de Liderazgo Climático y Acción Ambiental para el Futuro de nuestra Nación (CLEAN, por sus siglas en inglés) tiene entre sus objetivos la producción de 80 por ciento de electricidad limpia para 2030 y la total “descarbonización” de su red eléctrica para el año 2035, estableciendo estos porcentajes como un estándar para las ventas minoristas en ese país.

La propuesta de ley, que retoma muchas promesas de campaña de Biden, se plantea incluso que la economía de los Estados Unidos esté totalmente “descarbonizada” para el año 2050.

Pero como en México lo único que cuenta para quienes hoy gobiernan es hacer negocios a la “antigüita”, el medio ambiente y el futuro del país les vale madre. ¡Que se carbonice! Literal.

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No es la primera vez que el ex gobernador sustituto de Veracruz y dueño de la franquicia partidista primero llamada Convergencia por la Democracia y hoy conocida como Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, juega el rol de “patiño” del régimen y esquirol de la oposición.

Habría que recordar que en el año 2000, cuando contendió por primera vez por una senaduría postulado por la “Alianza por México” (integrada por PRD, Convergencia y PT) se negó a hacer crítica alguna a su ex partido, el PRI, del que fue dirigente estatal en Veracruz algunos años antes y con el que rompió en el sexenio de Ernesto Zedillo, lo que le valió ser encarcelado en esa época.

¿La razón de su tibieza? La existencia de un pacto político de facto con quien encabezaba la fórmula al Senado por el PRI en esas elecciones: el ex gobernador, ex secretario de Gobernación y ex titular de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad Fernando Gutiérrez Barrios, a quien en los hechos ayudó a ganar. Por cierto, la dupla de Gutiérrez Barrios en esos comicios fue Fidel Herrera Beltrán, quien desde la Cámara alta construyó su candidatura a la gubernatura de Veracruz cuatro años después.

A pesar de ello, Dante Delgado siguió navegando con la bandera de la socialdemocracia, el “empoderamiento” ciudadano y la oposición, ahora contra el régimen panista en lo federal y el priista en Veracruz. Pero sin arriesgar ni comprometerse a nada más allá que a sobrevivir y seguir viviendo de las prerrogativas… y de las sendas “mochadas” que le pedía a todas las autoridades que llegaban a cargos de elección popular bajo sus colores.

Para las elecciones de 2006, el fuerte impulso de la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el Partido de la Revolución Democrática le permitió a Delgado Rannauro ganar su elección de senador por Veracruz, “convirtiéndose” al lopezobradorismo desde entonces y hasta 2018.

Para esas últimas elecciones, un diferendo en las condiciones impuestas por Morena para coaligarse llevaron a Dante Delgado a realizar lo impensable: aliarse con quien fue su “carcelero” 20 años antes, el ex priista gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

Movimiento Ciudadano postuló en 2018 a Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la gubernatura a través de una coalición que, tres años después, ahora deplora mientras hace como que “critica” a la “4t”, cuando en realidad es un “caballo de Troya” entre la oposición, como ya algunos analistas como Salvador García Soto habían advertido hace unos meses.

El “juego” de Dante Delgado ha quedado expuesto más diáfanamente con la más reciente “carta” que le dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que desde ahora descalifica por completo a los partidos opositores al actual régimen y vaticina la restauración de la “Presidencia Imperial” en México tras las elecciones del próximo 6 de junio.

“La coalición ‘Va por México’ es la oposición que querías y necesitabas. Una construida con los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición por la que los mexicanos conscientes no van a votar. Una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso”, le escribió Dante a López Obrador. Ante lo cual surge la pregunta obvia: ¿para qué contiende entonces Movimiento Ciudadano en estos comicios, si de antemano su “líder moral” ya le levantó la mano al presidente y a su partido?

Pues para ayudarlo a lograr ese objetivo, actuando como esquirol y minando a la oposición. No sería la primera y seguramente ni la última vez que Dante la traicionara. Si se traiciona con extraordinaria facilidad hasta a sí mismo…

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Entre la comunidad científica mexicana –la que sí investiga en lugar de hacer “grilla” política- existe una gran preocupación por el golpe que el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” pretende darle a la investigación y desarrollo de la ciencia en el país.

Desde diciembre pasado circula el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que, en términos generales, sometería a los intereses del gobierno el rumbo de la investigación científica y tecnológica.

En México existen cerca de 50 leyes generales y las más antiguas vienen de los años 40 y 50, aunque la mayoría de las vigentes han surgido después del año 2000. Entre las características de estas normatividades está la de integrar consejos o comités generales en los que participan gobernantes y gobernados para tomar decisiones de manera conjunta, en un ejercicio de gobernanza.

Pero en el anteproyecto de ley elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que encabeza María Elena Álvarez Buylla, desaparece esa figura y es sustituida por la de “Consejo de Estado” que promueve, a su vez, una “Agenda de Estado” en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

El proyecto de ley determina que “la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realice directamente el Estado se hará conforme a la Agenda de Estado” y que, de igual manera, los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinarán preponderantemente a su cumplimiento, “sin menoscabo de la libertad de investigación, así como de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por ley”.

Empero, el Consejo de Estado, órgano rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, estaría integrado de manera permanente y con derecho a voz y voto únicamente por el Presidente de la República, que lo presidirá; el titular del Conacyt, quien asumirá su Coordinación Ejecutiva; las y los titulares de las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal; y un representante de los gobiernos de las entidades federativas por cada una de las regiones que establezca el Consejo Nacional.

Como “invitados” a las sesiones del Consejo de Estado con voz, pero sin voto, participarían: un representante de las autoridades responsables de la política local, que asumirá la Secretaría Técnica del Consejo de Estado; un representante del sector social y uno del sector privado, propuestos por el Consejo de Articulación del Conacyt; un representante de la comunidad científica que “destaque” por sus aportaciones al desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, propuesto por el Consejo Técnico del Consejo Nacional; y las demás personas que convoque la Coordinación Ejecutiva.

Como es claro y evidente, la “Agenda de Estado” en materia de ciencia sería definida en su totalidad por funcionarios públicos. Los científicos son completamente ignorados en la “ley Buylla” y aquellos que lleguen a participar en las deliberaciones, a invitación expresa del Conacyt, tendrían voz más no voto. O sea, nada.

Es el Consejo de Estado el que le dice a todos los demás qué hacer, qué investigar y qué personas son las que trabajarían en los temas que el gobierno establezca como importantes y que, por supuesto, son los que recibirían financiamiento público. Incluyendo a los beneficiarios de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Asimismo, los centros públicos de investigación perderían toda la autonomía de gestión y administrativa que les ha permitido crecer y desarrollar sus proyectos. Con esta ley, quedarían subordinados a lo que el gobierno decida que es “necesario”, en contraposición con la libertad de investigación que se dice defender en el anteproyecto, lo cual además afectaría a todas las instituciones generadoras de desarrollo científico y tecnológico del país.

Para el Colectivo ProCienciaMX, se trata de un anteproyecto de ley “que no parece ley, que tiene mucha carga de palabrería. Hay mucha historia, muchos juicios de valor y el articulado parece una forma de ‘cartilla moral”.

“Lo que genera es un control férreo por parte de quien esté gobernando a través de ese Consejo de Estado que hasta el nombre suena terrorífico, en el que solo votan secretarios de Estado y funcionarios públicos. Los científicos son hechos a un lado. Es una iniciativa para legalizar el control del aparato científico del país”, señaló el Colectivo ProCienciaMX.

Se ha mantenido en la opacidad –el sello de la casa- el estatus del proyecto de iniciativa y si habría ingresado ya al Congreso de la Unión. Por lo pronto un grupo de científicos y académicos sí presentó una contrapropuesta a través de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.

Y mientras son peras o manzanas, el Conacyt alista un “albazo” para este miércoles 3 de marzo, fecha para la que ha citado a sesión extraordinaria de su Junta de Gobierno en la que pretende imponer una reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores que, por supuesto, no solo no fue consensuada sino ni siquiera informada a la comunidad científica del país, a pesar de que implica modificaciones que afectarán sustancialmente las condiciones de por sí ya complejas en las que trabajan los investigadores.

El gobierno por encima de la ciencia. Por encima de todo. Poseedor de la única “verdad”. Suena a autocracia, ¿no?

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Si bien era de esperarse por el contexto electoral que enmarca la primera mitad de 2021, la radicalización del régimen lopezobradorista cada vez deja menos espacio para dudar de su ruta directa y sin escalas hacia una tiranía disfrazada de democracia. Como la que inventó el “abuelo” priista que le dio origen.

La destrucción a su credibilidad y autonomía autoinfringida por la Auditoría Superior de la Federación solo puede verse como el resultado de la amenaza lanzada públicamente por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de darse a conocer los resultados de la revisión a la Cuenta Pública de 2019 que evidenciaron el desastre administrativo y la ausencia de probidad de este gobierno.

Y aun cuando el ente fiscalizador solo se desdijo respecto del monto de las pérdidas ocasionadas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y no del resto de las observaciones incluidas en su informe –que superan los 67 mil millones de pesos en irregularidades-, el daño está hecho. Ni siquiera necesitan destituir como auditor superior a David Colmenares. Demostró estar dispuesto a someterse a lo que le ordenen desde el Ejecutivo, escribiendo con ello un nuevo capítulo en la tragicomedia de la desaparición de los contrapesos y la división de poderes en nuestro país.

Sin embargo, está lejos de haber concluido la caída libre de México hacia lo peor de su pasado. Este martes, en la Cámara de Diputados fue aprobada, sin alterarle una sola letra, la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por López Obrador hace pocas semanas, la cual fortalece el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, prioriza a los combustóleos y el carbón como generadores de energía altamente contaminante –pero que muy buenos dividendos dejará a varios integrantes de la “4t”- y que incluso provocará un conflicto comercial internacional con Estados Unidos y Canadá, pues se contrapone a varios acuerdos del Tratado de Libre Comercio firmado apenas el año pasado entre las tres naciones.

La expresión del disenso también está en vías de ser proscrita por la mal llamada “cuarta transformación”. Cada vez con mayor virulencia se activan desde el poder campañas de linchamiento y descrédito en contra de quienes se atreven a criticar los horrores del régimen que sus textoservidores y lacayos ensalzan.

Ejemplo de ello es la embestida contra las mujeres defensoras de derechos que han alzado la voz en contra de la postulación como candidato de Morena a gobernador de Guerrero del cinco veces acusado de violación Félix Salgado Macedonio. Junto con las campañas negras en redes sociales, varias defensoras y activistas han sido ya víctimas de amenazas directas, lo que deja de manifiesto que en este caso, el “pacto” que se busca proteger es más bien de tipo criminal.

Por supuesto, socavar el periodismo y la libre expresión ocupa un lugar preponderante en las prioridades del lopezobradorismo. Este mismo martes, el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero sirvió de pretexto para que la esposa del presidente mexicano, Beatriz Gutiérrez Müller, se lanzara contra los periodistas acusando al gremio –en una descomunal manipulación histórica- de haber provocado el asesinato del ex presidente revolucionario.

Incluso, la visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández fue llevada a ese terreno. El populista sudamericano comparó a los reporteros con las porras de los equipos de futbol, desestimando su labor que, les guste o no, es fundamental para la existencia de una democracia real.

El cierre de un día de furia quedó a cargo de la Fiscalía General de la República, que presentó senda solicitud de procedencia para desaforar al gobernador panista de Tamaulipas Francisco Cabeza de Vaca, uno de los promotores de la Alianza Federalista y quien hace meses encaró al mismo presidente López Obrador, a quien pidió dejarse de “politiquerías”. Hoy, esa misma FGR que exoneró sin investigar al ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos por sus presuntos nexos con el narco, acusa al mandatario estatal de delincuencia organizada, a menos de cuatro meses de las elecciones intermedias.

Y de aquí hasta entonces, seguro vendrán cosas peores.

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Las malas prácticas, la discrecionalidad y la opacidad con la que se manejan los gobiernos de la autoproclamada “cuarta transformación” quedaron exhibidas en todo su esplendor en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, presentado el pasado fin de semana por la Auditoría Superior de la Federación.

En apenas el primer año de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ente fiscalizador encontró irregularidades multimillonarias en el uso de los recursos presupuestales. Al estilo de las más corruptas administraciones del pasado.

Las anomalías en el gasto del gobierno federal detectadas por el órgano fiscalizador ascienden a 67 mil 498 millones de pesos, un monto casi nueve veces mayor que el identificado en uno de los casos emblemáticos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la llamada “Estafa Maestra”, cuyos desvíos –también reportados en su momento por la Auditoría Superior de la Federación- fueron por siete mil 670 millones de pesos.

Pero el informe de la ASF es un compendio de todo lo que puede hacerse mal en la administración pública. Tanto el gobierno federal como los de las entidades federativas dejaron sin aclaración el uso de 98 mil 974 millones de pesos, que podrían constituir daño al patrimonio de los mexicanos si no se comprueba satisfactoriamente su disposición.

Uno de los rubros que destaca es el de los programas sociales del gobierno de la “4t”, en donde los auditores detectaron anomalías por seis mil 907 millones de pesos, entre las cuales se encuentran gastos sin comprobar por 126.5 millones en “Jóvenes construyendo futuro”.

Asimismo, la Secretaría del Bienestar no comprobó el pago de pensiones a entre 71.3 y 81.3 por ciento de los beneficiarios entre personas con alguna discapacidad; tampoco comprobó el pago de salarios a “servidores de la nación” por un monto de 15.9 millones de pesos, mientras que realizó transferencias a 789 cuentas bancarias relacionadas con dos o más personas por 85.2 millones de pesos. Entre otras.

En cuanto a las obras “faraónicas” del sexenio, la ASF reportó el ejercicio irregular de 236.3 millones de pesos en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; de 135.3 millones en el Tren Maya y de 75.5 millones en la refinería de Dos Bocas, la cual, por si no bastase, comenzó a construirse sin contar con estudios sobre su viabilidad.

Especial atención merece el apartado en el que la Auditoría Superior de la Federación establece que la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco costó un 232 por ciento más de lo que dijo el gobierno de López Obrador: de los cien mil millones que estimaba la administración federal, el monto aumentó a 331 mil 996 millones 517 mil 600 pesos debido a todas las implicaciones legales y administrativas del capricho más caro de la historia de México, el cual debería llevar a fincar responsabilidades penales por lo que, no hay duda, representa un gigantesco desfalco al erario.

El “rosario” de inconsistencias y malos manejos parece inacabable y deja muy mal parado a un régimen que finca su discurso en el combate a la corrupción, pero que en los hechos la alimenta como cualquier otro de la satanizada “etapa neoliberal”. Si no es que más aún.

Y precisamente porque desnuda la incapacidad, la falta de transparencia, la chapucería y el despilfarro y deshonestidad en el uso de los recursos por parte del gobierno de la dizque “cuarta transformación”, es que el presidente López Obrador montó en cólera y acusó a la ASF de “prestarse” a las “campañas” de sus “adversarios” y le “sugirió” al autónomo ente fiscalizador del Poder Legislativo realizar las “precisiones” necesarias, antes de que su gobierno lo haga. Una amenaza directa.

No solo no se acabó la corrupción. Se han convertido en su más acabado epítome. Y solo fue lo del primer año.

Por más de tres mil millones, desvíos en Veracruz

La Auditoría Superior de la Federación también revisó el manejo de los recursos federales en los estados de la República. Y en Veracruz se encontró con un posible daño patrimonial por tres mil 115 millones de pesos, de los cuales dos mil 961 se concentran en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, particularmente en las secretarías de Educación, Salud y de Finanzas y Planeación.

La voracidad es atroz.

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Entre las muchas taras que han caracterizado el ejercicio del poder de la “4t” en el estado de Veracruz, destaca con fuerza su tendencia recurrente al nepotismo con absoluta desvergüenza.

Multidocumentado fue el caso del subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero, de quien se probó su parentesco en primer grado ni más ni menos que con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de quien es medio hermano, como el propio mandatario terminó admitiendo tácitamente al “echarle la culpa” a la abuela.

A pesar de ello, García Jiménez lo mantiene hasta la fecha en un cargo estratégico, pues Eleazar Guerrero es quien maneja y dispone el destino de los recursos presupuestales de la entidad y coloca a los operadores de la Secretaría de Finanzas en todo el organigrama gubernamental.

Pero no es el único familiar directo del gobernador de Veracruz sobre el que existen historias de tráfico de influencias y hasta de abusos. Hacia el principio de la actual administración estatal, circuló una denuncia en contra de uno de sus hermanos, Tonatiuh García Jiménez, violista de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y a quien empleados señalaron de manejar a su antojo –y sin atribución legal alguna- al Instituto Superior de Música de la Secretaría de Educación de Veracruz (ISMEV) a donde, de acuerdo con lo que se hizo público en los medios en ese momento, llegó a imponer a todos los directivos -incluido al director de su orquesta- además de colocar a recomendados para sustituir a los trabajadores que ahí laboraban.

Y no terminan ahí las historias de nepotismo de Cuitláhuac García Jiménez. También a la par del inicio de su administración, su padre Atanasio García Durán fue apuntalado para impartir conferencias en instituciones públicas de educación sobre una corriente pedagógica denominada “Nueva Escuela Mexicana”. Obvio, con cargo al erario y disponiendo de las plataformas gubernamentales para la promoción personal del progenitor del mandatario, quien fuera presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado en el primer tramo del sexenio de Fidel Herrera Beltrán, con quien entabló una gran y pública cercanía con todo y que en ese entonces era diputado del Partido de la Revolución Democrática. O sea, de “oposición”.

Dicha promoción con recursos del gobierno continúa. Este viernes 19 de febrero la emisora estatal Radiotelevisión de Veracruz transmitirá a las 11 de la mañana la conferencia “TEBA: riqueza y embrión para la Nueva Escuela Mexicana. AUTOPOIESIS”, impartida por Atanasio García Durán. Pero con una “pequeñísima” salvedad.

Este mismo jueves 18 de febrero, fue enviada una circular en la que se “convoca” a todo el personal de Telebachillerato del estado a sintonizar la citada conferencia del padre del gobernador. Pero con algunas acciones precisas a realizar. Por ejemplo: “todo el personal del centro deberá tener y enviar a coordinadores evidencia fotográfica de encontrarse tomando dicha conferencia (evidencia 1)”, se lee en la insólita instrucción.

También se establece que “se enviará a coordinadores el enlace donde el personal docente, administrativo y de intendencia podrán contestar los cuestionamientos referentes a dicha conferencia ingresando con la matrícula y contraseña utilizadas en el curso anterior de google (evidencia 2)”.

“Los docentes deberán solicitar a los estudiantes la evidencia académica que consideren adecuada (resumen, mapa conceptual, mental, etc.) y enviarlas, junto con el listado de alumnos que cumplieron con la misma, a los coordinadores (evidencia 3). Los estudiantes que entreguen dicha evidencia académica obtendrán en el mes de marzo constancia de participación, que será descargada y enviada por los coordinadores a cada uno de ellos”, concluye la comunicación.

Ya no solo hablamos pues del evidente nepotismo. También de un claro abuso, manipulando a las instituciones estatales, a sus empleados, docentes y hasta a los alumnos como si fueran parte del patrimonio de la familia García Jiménez. Nuestras “bendiciones”.

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Como si no bastasen los problemas y desgracias, en México se viven momentos de mal fario ante la magnitud de lo que estaría por venir.

Este lunes y martes se registró una jornada inédita de apagones –que eufemísticamente el gobierno federal prefiere llamar “cortes programados de energía eléctrica”- en más de la mitad de los estados de la República. Veracruz incluido, con todo y que es productor de electricidad y hasta opera una planta nuclear para ese propósito.

El discurso ideologizado y el reparto de culpas a terceros no se hizo esperar: desde el neoliberalismo hasta el frío invernal fueron las causas de lo que en los hechos se terminó convirtiendo en un primer racionamiento nacional de la energía eléctrica, algo no visto en México nunca desde que se tendió el sistema eléctrico de nuestro país.

Si bien es cierto que una severa tormenta invernal provocó este fin de semana un corte en el abasto de gas natural proveniente del estado de Texas, con el cual se produce electricidad para las entidades del norte de México, lo que quedó al descubierto fue la vulnerabilidad del país en materia de generación de energía y la desmedida dependencia de Estados Unidos que, con todo y las peroratas nacionalistas del régimen, ha permanecido intacta los últimos dos años.

Y es que como resultaba obvio, de inmediato salieron a relucir las justificaciones ideológicas –que si la defensa de la soberanía, que si la culpa es de los gobiernos neoliberales anteriores y la reforma energética- para buscar ocultar las deficiencias técnicas de una administración empecinada en retroceder en todos los sentidos. El común, entre éstos.

Porque si a ésas vamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en las condiciones en las que opera en la actualidad y que contemplan sendos acuerdos de cooperación bilateral en materia de abasto de energía. Mismos que, por cierto, podrían provocar un conflicto con nuestros socios comerciales si el régimen de la “4t” saca adelante la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con la que, en lugar de avanzar hacia las energías renovables no contaminantes, se entierre al país en una fosa de carbón.

Pero regresando al punto de este texto, el problema que se vive sería mucho más grave de lo que el gobierno está dispuesto a reconocer. Los apagones han afectado a unos cinco millones de usuarios de norte a sur del país solamente en dos días. Y a pesar de que tanto el director de la Comisión Federal de Electricidad, el impresentable Manuel Bartlett, como el vocero presidencial Jesús Ramírez juran que los cortes de electricidad son controlados, rotativos, aleatorios y no duran más de media hora, la realidad es que desde varias regiones del territorio nacional se alzan quejas porque familias, negocios e instituciones se han quedado sin energía durante varias horas, lo que representa cuantiosas pérdidas de las, que por supuesto, absolutamente nadie se hace responsable.

Los efectos han sido inmediatos. El precio del gas para consumo doméstico se disparó en las últimas horas y empresas distribuidoras de gas natural como Engie pidieron a sus clientes “reducir al máximo” el consumo para “contribuir a mitigar la baja disponibilidad” del fluido en el sistema. Esto, mientras el propio Centro Nacional para el Control de la Energía (Cenace) solicitó a la población y al sector industrial su apoyo para “la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial”.

En medio de una pandemia que ha obligado al confinamiento, al trabajo desde el hogar, a la educación en línea, y que hace vital el funcionamiento de aparatos electrónicos para atender a los miles de enfermos que los necesitan para sobrevivir, ¿cuál de estas actividades encuadraría entre las que consumen la “energía eléctrica no esencial” que el gobierno pide racionar, al estilo de lo que sucede en los países bajo las dictaduras que admira?

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Atrapado en su propio laberinto de contradicciones, sin ejercer el poder realmente y copado por los grupos dentro del lopezobradorismo que en realidad toman las decisiones, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el estado se le va de las manos en medio de la violencia.

En menos de una semana, ocurrieron tres asesinatos de índole política que han puesto contra la pared y en entredicho al gobierno veracruzano: el 11 de febrero, fue asesinado a balazos Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo Galván, luego de ser interceptado por un grupo armado de camino a una reunión con simpatizantes.

Al amanecer de este lunes 15 de febrero, corrió la noticia de la salvaje ejecución de la ex alcaldesa y ex diputada local priista por Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija Carla Enríquez Merlín, quien era precandidata de Morena a la misma alcaldía que su madre encabezó hace poco más de una década.

Ambas se encontraban en su domicilio particular en aquel municipio del sur del estado, al que durante la madrugada ingresaron los sujetos armados que les dieron muerte. A la ex edil y ex legisladora, además, con una particular saña.

Estos crímenes se suman a una ya larga cadena de asesinatos políticos acontecidos durante el actual sexenio para los cuales, el gobierno de Cuitláhuac García no ha tenido más respuesta que el lugar común: “no habrá impunidad”, “se investigará hasta sus últimas consecuencias”, “ya se acabó la corrupción” y demás frases vacías que ya no pueden ocultar lo que es claro a todas luces: la total incapacidad de la presente administración estatal para encarar cualquiera de los problemas que asuelan a la entidad. Incluso, los que le afectan directamente.

Apenas la semana pasada también, casi al mismo tiempo que Gilberto Ortiz Parra era emboscado en Úrsulo Galván, en el municipio de Orizaba –el que más desarrollo ha alcanzado de todo Veracruz en la última década, por mucho- una patrulla de policías estatales fue atacada a balazos a plena luz del día. El saldo fueron tres uniformados muertos, entre los cuales se encontraba una joven que recién se había graduado de la Academia de Policía.

Pero en lugar de realizar una verdadera investigación para fincar responsabilidades de manera efectiva y en el marco de la legalidad, el gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, prefirió buscar venganza y este fin de semana, mediante un operativo sorpresa, tomó el control de la fuerza policial en esa ciudad y desarmó a los efectivos municipales, dos de los cuales fueron detenidos y luego puestos en libertad, mientras acusaban tortura.

No es que a la policía orizabeña la integren “hermanas de la caridad”. Ampliamente documentados están los abusos en los que ha incurrido a lo largo del tiempo, especialmente cuando la comandaba el oscuro Juan Ramón Herebia. Sin embargo, la precipitada actuación de las fuerzas estatales lo que único que logró fue victimizar y muy seguramente alertar a los probables homicidas de los elementos estatales.

Así podríamos enumerar más casos de cómo la violencia criminal se extiende y toma el control en vísperas de las elecciones en las que en Veracruz se renovarán los 212 ayuntamientos, lo cual reviste de especial interés para los grupos delincuenciales pues su radio de operación es, precisamente, a nivel municipal.

Mientras eso sucede, en el gobierno de Cuitláhuac García no son capaces siquiera de mantener la cadena de custodia de las evidencias de los crímenes, como quedó demostrado con la filtración a los medios de comunicación de las fotografías de los cadáveres de Gladys Merlín y Carla Enríquez, todavía inertes y ensangrentados en su domicilio particular, a donde únicamente ingresaron policías.

Y todavía no han iniciado formalmente las campañas.

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