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Por Miguel Ángel Cristiani

En un mundo cada vez más inmerso en la inmediatez de las redes sociales, donde los momentos efímeros se traducen en recuerdos filtrados a través de un lente, las experiencias turísticas empiezan a moldearse bajo la sombra de la imagen perfecta. Tal vez, lo que ocurre en Atexcatzinco, Tlaxcala, sea un ejemplo claro de esta nueva era del turismo visual. Allí, el “Fotoparque de Cempasúchil Santum” abre sus puertas con una oferta que combina la tradición, el espectáculo natural y el marketing de experiencias para una sociedad ávida de momentos fotográficos.

La propuesta no es nueva en el panorama turístico nacional; el fenómeno de los “fotoparques” ha crecido exponencialmente en México en los últimos años, siguiendo la estela de destinos como los campos de lavanda en Querétaro o los jardines de girasoles en diversas partes del país.

Aunque en el estado de Veracruz parece que todavía no se han dado por enteradas las autoridades de Turismo, encargadas de promover los sitios atractivos.

Sin embargo, lo que distingue a Santum es su capacidad para mezclar dos elementos profundamente enraizados en nuestra identidad cultural: el cempasúchil y la festividad de Halloween. Este espacio ha logrado crear una conexión entre lo ancestral y lo contemporáneo, pero, más allá de la estética, es necesario preguntarnos: ¿Hasta qué punto este tipo de iniciativas logra trascender lo superficial y aporta al respeto y comprensión de nuestras tradiciones?

El fotoparque, inaugurado a mediados de octubre, destaca por su planteamiento visual, pero también por su enfoque turístico. La primera sección del espacio está ocupada por un sembradío de cempasúchil de la variante china, una flor que es sinónimo de la temporada de “Día de Muertos” en México. Esta flor, que cubre una hectárea de terreno, no solo se ha convertido en el principal atractivo del lugar, sino que ha revitalizado un interés por la tradición de las ofrendas y altares, mientras se posiciona como un objeto de consumo para quienes buscan capturar la imagen perfecta. Sin embargo, debemos cuestionarnos si este nuevo uso del cempasúchil está contribuyendo a su apropiación cultural o si, por el contrario, está reduciendo la flor a un simple objeto ornamental, despojándola de su carga simbólica.

No podemos ignorar que el cempasúchil, más allá de su belleza, tiene un profundo valor en nuestras creencias. Es un puente entre los vivos y los muertos, una flor cuyo color y fragancia guían las almas durante las festividades del Día de Muertos. ¿Es correcto que su florecimiento sea aprovechado principalmente como un gancho turístico, con la finalidad de hacer negocio a costa de la espiritualidad que representa para millones de mexicanos? Es fundamental que este tipo de iniciativas no caigan en la trampa de la superficialidad comercial, y que, al mismo tiempo, ofrezcan una experiencia que respete y dignifique las raíces culturales que estamos celebrando.

No obstante, el fotoparque no se limita solo a la flor de muerto. Su propuesta es más amplia. “Pumpkin Santum”, una segunda sección dedicada a Halloween, incluye decoraciones como calabazas de Texas y espantapájaros de madera, buscando dar cabida a una celebración importada que, aunque tiene un creciente eco en nuestro país, aún no logra insertarse completamente en las dinámicas sociales mexicanas. Este componente, indudablemente, se alinea con la tendencia global hacia la celebración del “Halloween”, pero lo hace de manera tan explícita que a veces parece forzada. El entrelazamiento de una tradición mexicana ancestral con un festejo extranjero, a veces tan superficialmente comercializado, obliga a reflexionar sobre lo que estamos perdiendo de nuestra identidad al adoptar estos “fenómenos” sin un análisis profundo.

Por supuesto, el propósito del parque es enteramente turístico, como lo señala su propietario, Brian Munguía, quien asegura que el objetivo es ofrecer una experiencia única para los visitantes, sin restricciones en el uso de cámaras y fotografías. Esto es, en apariencia, un aspecto positivo, pues democratiza el acceso a la belleza del lugar. Los 100 pesos de entrada, relativamente accesibles para un sector amplio de la población, y con descuento a adultos mayores, permiten disfrutar de las flores, hacer fotografías y acceder a otras instalaciones, como los columpios y las decoraciones temáticas. No obstante, una vez más surge la pregunta: ¿realmente estamos valorizando el patrimonio natural y cultural, o simplemente estamos creando un parque temático más, al servicio del consumo masivo?

El fenómeno de los “fotoparques” es reflejo de un mundo que se está reinventando a través de la óptica de las redes sociales, donde las experiencias son fugaces, pero la necesidad de compartirlas en plataformas digitales es eterna. Los turistas que asisten al fotoparque buscan, más allá del goce estético, crear recuerdos visuales que puedan ser transmitidos a su comunidad virtual. En este sentido, Santum se convierte no solo en un atractivo turístico, sino en un lugar de consumo cultural, donde la tradición se expone al ojo público y se comercializa como parte de un catálogo fotográfico.

El reto, en este sentido, es encontrar el equilibrio entre el disfrute de los espacios naturales y la preservación de los significados que estos poseen. El cempasúchil no debería ser solo una flor para ser fotografiada, sino un símbolo que inspire reflexión, respeto y memoria. El Halloween, por su parte, podría ser una oportunidad para reforzar las tradiciones populares locales en lugar de diluirse en la influencia de festividades ajenas.

Es imperativo que los destinos turísticos como Santum no se conviertan en escaparates vacíos de cultura, sino que mantengan un compromiso con la autenticidad, la educación y el respeto a nuestras raíces. De lo contrario, estaremos ante una fachada de tradición, que oculta una versión adulterada de lo que realmente significa ser mexicano en un mundo globalizado. La reflexión debe ser clara: ¿Queremos que nuestra cultura se convierta en un producto más, o deseamos que sea preservada y transmitida de manera genuina a las futuras generaciones?

Por Miguel Ángel Cristiani

Las imágenes que nos llegan del norte de Veracruz no requieren de subtítulos ni de análisis complejos: familias sumidas en el lodo, viviendas arrasadas, cultivos perdidos, y un clamor que se hace más urgente conforme las horas y los días pasan sin una respuesta concreta. El diluvio que, una vez más, arrasó con vidas y patrimonios en los municipios veracruzanos ha dejado al descubierto no solo la vulnerabilidad de las poblaciones ante fenómenos naturales, sino también la tremenda ineficacia del sistema de respuesta ante desastres que, lejos de mejorar, se diluye en un mar de promesas vacías. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién va a responder por los daños materiales, humanos y emocionales que esta catástrofe ha dejado atrás?

Es una realidad incuestionable que las lluvias y las avenidas de los ríos en las zonas afectadas han superado los límites de lo soportable, pero no podemos seguir cediendo ante la falacia de la “emergencia controlada” mientras las familias no tienen ni lo mínimo para sobrevivir. Porque lo que está ocurriendo no es solo una cuestión de meteorología, sino un fracaso institucional que lleva años gestándose. Las víctimas de esta tragedia no necesitan que se les diga que la naturaleza es impredecible, sino que necesitan respuestas urgentes, soluciones reales y recursos que les permitan reconstruir lo que perdieron, algo que hoy parece más una promesa política que una acción inmediata.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– se apresuran a atender el reclamo legítimo de los afectados, pero más allá de las visitas protocolarias y las declaraciones llenas de buenas intenciones, lo cierto es que la ayuda sigue siendo inalcanzable para aquellos que más la necesitan. ¿De qué sirve que los gobernantes asistan a las zonas devastadas si la población continúa sin lo básico? ¿De qué sirve el desgaste mediático cuando el apoyo no llega a donde se necesita? Y lo más alarmante: ¿qué sucede cuando el aparato estatal se convierte en una barrera, como ocurre con las fuerzas armadas que bloquean la entrada de ayuda humanitaria? Esta situación no es solo una irregularidad, es una grave violación a la ética y a la necesidad de los pueblos afectados.

La frase “no nos ha llegado ninguna ayuda” resuena en cada rincón de las zonas impactadas, como un eco de desesperación. Y aunque las organizaciones civiles están haciendo lo que pueden, sus esfuerzos son insuficientes ante la magnitud del desastre y, sobre todo, ante la falta de voluntad política para liberar los recursos y permitir que las ayudas lleguen con la celeridad que el caso exige. Lo que estamos presenciando es una crisis dentro de la crisis.

Esto nos lleva a una reflexión más profunda: la desaparición del FONDEN, ese Fondo Nacional de Desastres Naturales que en su momento fue un recurso vital para enfrentar situaciones como la que ahora estamos observando, no fue un simple cambio administrativo. Fue una decisión ideológica, una de las muchas tomadas bajo el pretexto de “optimizar” recursos y destinar más fondos a las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, al eliminarlo, el gobierno federal dejó a las comunidades más vulnerables a su suerte, pues ahora, más que nunca, la falta de un mecanismo efectivo de apoyo ha quedado expuesta.

La justificación de que el FONDEN se utilizaba para “grandes obras” no solo es una falacia, sino una mentira disfrazada de eficiencia. Los recursos nunca fueron suficientes para atender a la totalidad de las víctimas, pero al menos existía un esquema de respuesta que, si bien imperfecto, garantizaba una acción más rápida. Hoy, esa promesa se ha diluido en una parálisis presupuestal que se traduce en desinterés y desdén por los afectados.

Este es un momento crucial para reflexionar sobre el verdadero rol del Estado: ¿Para qué existen los gobiernos si no es para proteger, para atender, para auxiliar a los más vulnerables en situaciones de emergencia? Las inundaciones, los huracanes y las tormentas siempre serán impredecibles, pero la respuesta de un gobierno no debe serlo. La ciudadanía no pide milagros ni soluciones inmediatas, pero sí acciones concretas, respaldadas por recursos, por leyes que no se manipulen según las necesidades del poder, y por una ética que garantice que, cuando el desastre golpee, el Estado no se convierta en una figura ausente.

La lección de esta tragedia, por lo tanto, no debe ser solo la de reconstruir lo que se ha perdido, sino también la de exigir una nueva política pública de gestión de desastres que no se limite a repartir discursos, sino a construir infraestructura, a gestionar recursos de manera transparente, y a garantizar que la ayuda llegue a donde más se necesita.

Para Veracruz y para todo el país, el clamor de los afectados debe ser una llamada de atención para las autoridades y para la sociedad en su conjunto: el tiempo de las promesas vacías ya pasó. La reconstrucción no solo debe ser física, sino también ética y política. Y la próxima vez que el desastre se asome, no debemos seguir esperando la respuesta que nunca llega.

Por Miguel Ángel Cristiani

En Veracruz, la palabra “rendición de cuentas” se ha convertido en una especie de promesa perpetua: se repite en cada administración, en cada informe y en cada discurso oficial, pero rara vez se cumple con rigor y consecuencia.

Ahora, la auditora general del ORFIS, doctora Delia González Cobos, ha puesto nuevamente el dedo en la llaga al señalar —ante los integrantes de la Asociación de Comunicadores Veracruzanos (ACOVER)— la urgente necesidad de reformar la legislación para hacer más ágil y transparente la fiscalización de los recursos públicos. Una petición tan sensata como sintomática: si la transparencia requiere una reforma, es porque el sistema actual está trabado, viejo o deliberadamente enredado.

El diagnóstico no admite matices: hay un daño patrimonial de 2,300 millones de pesos detectado en municipios, dependencias estatales y organismos autónomos. Una cifra que retrata, con descarnada precisión, la brecha entre lo que se promete y lo que realmente se cumple en materia de control del gasto público. No se trata de simples errores contables ni de interpretaciones técnicas; estamos hablando de dinero público, de recursos que debieron destinarse a servicios, obras o programas que nunca se realizaron o que quedaron inconclusos.

La doctora Delia no habló desde la complacencia, sino desde la trinchera institucional de quien conoce de primera mano las resistencias, los silencios y las omisiones que frenan la fiscalización en Veracruz. Por eso su planteamiento merece atención: el marco legal vigente es lento, burocrático y muchas veces poco claro en los plazos y alcances para dictaminar responsabilidades. En la práctica, esto se traduce en que los resultados de las auditorías —cuando finalmente se publican— llegan tarde, desfasados y con poco efecto real sobre quienes deberían rendir cuentas.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) realiza procesos permanentes de capacitación, revisión de cuentas públicas y auditorías. También, en los casos más graves, prepara posibles denuncias por irregularidades. Sin embargo, todo este esfuerzo institucional se topa con un muro: el de la política. Porque en Veracruz, como en buena parte del país, la fiscalización no siempre es un ejercicio técnico, sino un terreno de disputas partidistas y de complicidades administrativas.

De ahí la insistencia de la auditora en fortalecer el marco normativo y en profesionalizar los perfiles dentro del propio órgano. Un funcionario sin formación técnica ni ética sólida puede ser tan peligroso como un corrupto, porque ambos distorsionan la función pública: uno por ignorancia, el otro por dolo. La transparencia no se decreta, se construye con conocimiento, responsabilidad y valentía institucional.

Vale recordar que el ORFIS no actúa en el vacío. Su trabajo forma parte de un sistema que incluye al Congreso del Estado, La Fiscalía Anti corrupción, la propia Fiscalía General de Justicia, los entes fiscalizados y, por supuesto, a la sociedad. Pero ese sistema está lejos de funcionar como debería. Y mientras tanto, los expedientes de daño patrimonial se acumulan como testimonio de un mecanismo que falla justo donde debería ser más fuerte: en la rendición de cuentas.

El daño de 2,300 millones de pesos no es sólo un número; es una afrenta al contribuyente, al ciudadano que paga impuestos, al maestro que espera su pago, al campesino sin apoyo, al médico sin insumos. Cada peso desviado o mal manejado representa una promesa incumplida y una confianza traicionada. Por eso, reformar la ley no basta: se necesita voluntad política, autonomía institucional y una cultura cívica que deje de tolerar el saqueo disfrazado de trámite.

La doctora Delia habló también de la importancia de la capacitación. No se puede auditar lo que no se entiende, ni fiscalizar lo que no se conoce. Y es cierto: muchos municipios carecen de personal capacitado para integrar correctamente sus cuentas, lo que genera retrasos y observaciones evitables. Pero otros, hay que decirlo, simplemente esconden su desorden bajo el argumento del desconocimiento. Entre la torpeza y la trampa hay una delgada línea que sólo la ética puede trazar con claridad.

El problema de fondo, entonces, no es técnico sino estructural. México ha desarrollado una maraña de organismos de control, contralorías y fiscalías, pero pocos resultados efectivos. La impunidad es la constante, el castigo la excepción. Y Veracruz, con su larga historia de desfalcos municipales y de gobiernos cuestionados, no puede seguir alimentando esa estadística nacional de la simulación.

Reformar la legislación del ORFIS puede ser un paso importante, siempre y cuando no se convierta en otra reforma cosmética. Lo que Veracruz necesita es un sistema de fiscalización con dientes, con independencia y con tiempos claros. Un mecanismo que no dependa del ánimo político ni del calendario electoral.

Al final, la transparencia no se mide en discursos, sino en hechos. Y si hoy el ORFIS detecta 2,300 millones de pesos en daño patrimonial, la pregunta no es quién lo audita, sino quién lo paga. Porque mientras los responsables sigan libres y los procedimientos se diluyan en tecnicismos, la corrupción seguirá siendo el impuesto invisible que todos los veracruzanos pagamos sin saberlo.

La rendición de cuentas no puede seguir siendo un acto de fe. Debe ser una obligación jurídica, ética y pública. Y mientras no lo sea, la palabra “transparencia” seguirá siendo, en Veracruz, una promesa que no llega.

Por Miguel Ángel Cristiani

En Veracruz, la palabra rendición de cuentas ha sido tan usada y desgastada que ya casi nadie la toma en serio. Pero cuando se habla de un daño patrimonial por más de 2 mil 300 millones de pesos, detectado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en municipios, dependencias estatales y organismos autónomos, la ironía se vuelve indignación.

No se trata de una cifra perdida en el aire. Es dinero público, dinero de todos. Y detrás de cada peso desviado hay una historia de escuelas inconclusas, calles intransitables y hospitales sin medicinas.

El problema no es nuevo. Lo nuevo —y lo preocupante— es que sigue ocurriendo con la misma impunidad con la que se han disfrazado los discursos sobre la “transformación” y la “honestidad valiente”. Los gobiernos cambian, los colores también, pero los vicios permanecen: opacidad, simulación y falta de sanciones reales.

Hoy el ORFIS, encabezado por Delia González Cobos, ha iniciado un proceso de revisión de cuentas públicas, auditorías y capacitación técnica. Se habla incluso de posibles denuncias penales ante irregularidades detectadas. Es un paso muy necesario, sí, pero insuficiente si no se traduce en resultados concretos. Porque la fiscalización sin consecuencias es apenas un ritual burocrático.

Cada año, el informe del ORFIS se convierte en una pasarela de discursos sobre la transparencia. Los diputados “analizan”, los alcaldes “defienden”, los auditores “revisan”, y al final, todo se diluye en la niebla de la burocracia. Las sanciones, cuando llegan, son anecdóticas; los responsables, rara vez pisan un tribunal. Mucho menos la cárcel. La ciudadanía, por su parte, asiste como espectadora resignada a una obra que conoce de memoria: la de la impunidad institucionalizada.

Pero hay un punto clave que no puede pasarse por alto: la importancia de contar con perfiles técnicos y éticos en los puestos encargados de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. No se trata solo de “buenas intenciones”, sino de competencia profesional y moral. Sin servidores públicos capacitados, el sistema de fiscalización se convierte en una coladera donde lo ilegal se disfraza de “error administrativo”.

La corrupción no es solo un asunto de números, sino de valores. De nada sirve detectar daños millonarios si quienes deben sancionar forman parte del mismo entramado de complicidades. Veracruz ha sufrido por décadas una cadena de funcionarios complacientes y políticos cómplices que reducen la rendición de cuentas a una farsa.

Por eso, la formación técnica y ética que hoy impulsa el ORFIS debe ir más allá del curso de capacitación rutinario. Requiere una auténtica reforma institucional que blinde la fiscalización contra los intereses partidistas y las presiones del poder. No basta con enseñar cómo auditar; hay que enseñar a decir no. A no ceder ante el chantaje político, a no encubrir desvíos, a no justificar el saqueo.

La ética pública no se improvisa: se construye con reglas claras, con sanciones ejemplares y con funcionarios que sepan que su deber es con la ley, no con el jefe en turno.

El mayor antídoto contra la corrupción es la vigilancia ciudadana. Pero para ejercerla, el ciudadano necesita información accesible, veraz y oportuna. El ORFIS debe abrir sus datos, transparentar sus auditorías como ya lo está haciendo y permitir el escrutinio público. No hay justificación técnica para esconder lo que es de interés general.

Si el daño patrimonial asciende a más de 2 mil 300 millones, la sociedad tiene derecho a saber quiénes son los responsables, qué dependencias están involucradas y qué sanciones se aplicarán. No se trata de linchar, sino de exigir justicia.

Porque en Veracruz ya no basta con indignarse. Es hora de responsabilizar a los responsables. De dejar de premiar la incompetencia con impunidad.

El daño patrimonial no es solo una cifra: es el retrato de un sistema que se niega a cambiar. Y mientras los ciudadanos sigamos aceptando la corrupción como parte del paisaje, la cuenta pendiente seguirá creciendo.

Veracruz no necesita más discursos sobre transparencia; necesita decisiones firmes, sanciones ejemplares y ética pública en acción. Solo entonces podremos hablar, sin sarcasmo, de una verdadera rendición de cuentas.

La política local está plagada de intereses creados y estrategias que, lejos de buscar el bienestar común, alimentan la ambición de unos cuantos. Un claro ejemplo de esto es el comportamiento de organizaciones como Antorcha Campesina, un grupo que se presenta como defensor de las clases más desfavorecidas, pero que, en la práctica, ha construido un imperio de extorsión y manipulación a costa de quienes dicen representar. El reciente intento de amedrentar al gobierno municipal encabezado por Alberto Islas Reyes, con marchas y protestas, revela, una vez más, la naturaleza parasitaria de esta organización que busca más que justicia, un favor político y económico.
Desde que asumió la administración, el alcalde Islas Reyes ha procurado atender las necesidades de todos los grupos sociales, independientemente de su afiliación política o ideológica. Su gestión ha sido un esfuerzo por transformar una ciudad que, en muchas áreas, se encontraba sumida en el abandono. Obras públicas como el domo en el Telebachillerato Moctezuma o el mantenimiento de diversas calles son solo una muestra del compromiso de este gobierno con la infraestructura y el bienestar de la población. Sin embargo, en lugar de reconocer estos avances, ciertas organizaciones han optado por la vía del chantaje, buscando eludir las políticas públicas que no favorecen sus intereses particulares.
Antorcha Campesina, lejos de ser una organización “ciudadana”, ha funcionado durante años como una red de intereses oscuros, cuyo principal propósito parece ser el enriquecimiento de sus líderes. Su modus operandi es sencillo y lamentablemente efectivo: manipulan a las masas, organizan movilizaciones y crean una cortina de humo que distrae de las verdaderas necesidades de la comunidad. Y en este esquema, la estrategia es clara: crear caos, generar confrontaciones y, con ello, presionar a los gobiernos locales para que cedan a sus demandas.
Lo que está en juego aquí no es un reclamo legítimo de derechos, sino la manipulación de las necesidades más urgentes de la ciudadanía para engrosar las cuentas de unos cuantos. El domo en el Telebachillerato Moctezuma, por ejemplo, es una obra que beneficia directamente a estudiantes y padres de familia, pero en lugar de agradecer y reconocer la inversión pública, se intenta desvirtuar la intención detrás de dicha obra. ¿Cómo es posible que se tilden de injustos los esfuerzos de un gobierno local que sí cumple con sus responsabilidades, mientras que quienes pretenden extorsionar a través de movilizaciones no aportan nada concreto a la solución de los problemas de fondo?
Lo más grave de todo es la forma en que se instrumentaliza a las personas. Esas familias que, bajo el falso discurso de lucha social, terminan en las calles, movilizadas por líderes que, lejos de buscar su bienestar, solo quieren aumentar su cuota de poder y control. ¿Es esta la lucha social que necesitamos en México? ¿La lucha por el poder de unos pocos a costa del sacrificio de muchos?
El alcalde Alberto Islas, en su papel de responsable de la administración municipal, ha tenido la valentía de poner límites a estos abusos. En su reciente declaración, ha dejado claro que no cederá ante los chantajes de los pseudolíderes de Antorcha Campesina, y que se aplicará la ley con todo su rigor. No es un llamado a la represión, sino a la justicia, al respeto por el derecho al libre tránsito y, sobre todo, a la dignidad de los ciudadanos que se ven obligados a sufrir las consecuencias de estas manipulaciones. Las autoridades tienen el deber de garantizar que el espacio público no sea tomado de manera arbitraria por grupos que buscan lucrar con las necesidades ajenas.
Es hora de que los líderes de Antorcha Campesina dejen de utilizar la “lucha” como una excusa para justificar su accionar. Cada vez que se avecina un cambio de administración, como ocurre en este momento, la estrategia parece ser la misma: generar un ambiente de caos para obtener beneficios particulares, ya sea mediante concesiones económicas o, incluso, la intervención de proyectos que les permitan afianzar su poder.
La respuesta de la administración municipal debe ser firme. La ley debe prevalecer sobre la extorsión y el miedo. El gobierno de Islas Reyes ha demostrado que su objetivo es la mejora de la infraestructura y el bienestar de los ciudadanos. Cualquier intento de desvirtuar su labor a través de protestas orquestadas por intereses particulares debe ser contestado con hechos, no con concesiones. Las organizaciones como Antorcha Campesina deben entender que la política no es un espacio para el chantaje ni para la extorsión.
La lucha social es un derecho legítimo que no puede ser utilizado como una herramienta para intereses personales. El verdadero cambio social solo será posible cuando los ciudadanos sean capaces de reconocer a aquellos que realmente velan por sus intereses y a quienes, bajo el disfraz de defensores del pueblo, solo buscan su propio beneficio. La administración actual ha demostrado que es posible avanzar sin someterse a los intereses de los grupos de poder que, por décadas, han manipulado la política local.
Es tiempo de que la ciudadanía se una en torno a un gobierno que busca el bien común y que no cede a las presiones de quienes solo desean perpetuar su poder. Es hora de poner un alto a las extorsiones de quienes han convertido la política en un negocio familiar. Y, sobre todo, es hora de recordar que la verdadera lucha social no se encuentra en las calles, sino en las acciones concretas que mejoran la vida de todos, sin distinción alguna.
Es tiempo de que los verdaderos líderes surjan, aquellos que trabajen de manera transparente y comprometida con el bienestar común, no con los intereses particulares de unos pocos. La ciudadanía está cansada de la manipulación. Ya basta.

Por Miguel Ángel Cristiani

En este país en donde lo excepcional es la transparencia y no la trampa, el caso de la remodelación del Aquárium de Veracruz merece ser analizado no solo como una obra pública fallida, sino como un síntoma. Un síntoma de enfermedad crónica: corrupción impune, opacidad institucional y desprecio por la ley. Porque lo que se pretendía vender como un símbolo del progreso y el turismo en la entidad ha terminado, según el propio ORFIS, como una operación fraudulenta que le costó al erario más de 81 millones de pesos… y contando.

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha documentado, con pelos y señales, lo que se teme cada vez que se anuncia una “obra emblemática”: pagos en exceso por trabajos no realizados, materiales de mala calidad, falta de permisos ambientales y, lo más indignante, la ausencia total de rendición de cuentas. El Aquárium, que debía ser una joya para el puerto jarocho, está plagado de módulos de concreto que se desprenden, estanques mal terminados y deficiencias estructurales que evidencian que se privilegió el negocio sobre la función pública.

Que no nos engañen con justificaciones técnicas. El problema no es que se haya calculado mal una estructura o que se haya presentado humedad por las condiciones del lugar. El problema es político y ético: se gastaron más de 512 millones de pesos en una obra sin permisos de SEMARNAT, sin dictámenes ambientales, sin evidencia documental del gasto, sin supervisión técnica competente, y con el claro tufo de una transa bien orquestada.

Vivimos en un Veracruz donde las autoridades han hecho del maquillaje institucional una especialidad. Lo mismo ocurre con estadios, auditorios y “nidos” deportivos que se levantan a toda prisa en medio de opacidad y contratos inflados. El caso del Aquárium es apenas uno de los tres proyectos señalados por el ORFIS como foco rojo en la Cuenta Pública 2024. ¿Quién responde por esos más de 81 millones de pesos “perdidos”? ¿Dónde está la cadena de responsabilidades administrativas y penales? ¿O ya se nos olvidó que cada peso desviado no es abstracto, sino concreto: ¿son aulas que no se construyen, medicinas que no llegan, caminos que siguen siendo veredas?

Las cifras no mienten, pero los políticos sí. Y ante el descaro institucional, no podemos seguir normalizando el “así son las cosas”. Esta columna no busca linchar a nadie, pero sí exigir que se apliquen las consecuencias legales con todo el peso que permite el marco jurídico. Porque no basta con detectar el daño: hay que resarcirlo y castigar a quien lo haya provocado. Lo contrario es complicidad disfrazada de omisión.

Uno de los puntos más graves —y menos comentados por los medios alineados al oficialismo— es la omisión absoluta de los permisos ambientales. La obra no cuenta con el resolutivo correspondiente de SEMARNAT, lo cual no es un tecnicismo burocrático, sino una falta legal grave. Cualquier obra con impacto ecológico debe pasar por estudios ambientales. ¿Cómo se permitió operar y remodelar un acuario, cuya función misma es la preservación de especies, sin esos estudios?

Estamos hablando de un recinto que alberga fauna marina, que debe cumplir con normativas federales, y que terminó siendo intervenido como si se tratara de un estacionamiento cualquiera. La irresponsabilidad ambiental no solo compromete al estado, sino al país entero ante tratados internacionales de biodiversidad. ¿Quién firmó los contratos? ¿Dónde están los responsables de la evaluación ambiental? ¿Y qué tiene que decir la SEMARNAT?

Este caso es también una lección para la ciudadanía. El desfalco en el Aquárium no se habría hecho sin el silencio cómplice de varios niveles de gobierno. Tampoco sin la apatía de una sociedad que, cansada de tantos fraudes, ha optado muchas veces por la resignación. Pero la resignación no es neutral: beneficia a los corruptos. Por eso es urgente volver a ejercer la ciudadanía crítica, informada, incómoda para el poder.

El informe del ORFIS es un buen comienzo, pero no es el final del camino. Si la Fiscalía Anticorrupción del estado no actúa, si los legisladores no exigen cuentas, si la sociedad civil no alza la voz, este episodio quedará enterrado en la gaveta de los escándalos sin justicia. Y el mensaje será claro: en Veracruz, robar sale barato.

La remodelación del Aquárium es apenas una grieta más en el muro de desconfianza entre los ciudadanos y sus gobiernos. Pero esa grieta debe servirnos para mirar hacia adentro y hacia adelante. No es solo una obra mal hecha. Es una advertencia. Porque cuando un gobierno no cuida ni su propia vitrina, es señal de que el fondo ya está podrido.

Y a los responsables de este desfalco, un recordatorio: el pez por la boca muere. Y los expedientes del ORFIS, aunque lentos, no olvidan.

miguelangelcristiani@gmail.com
@bitacoraveracruz
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Por Miguel Ángel Cristiani

En Estambul, la vieja capital del Imperio Otomano, hay una puerta que no conduce a nada. O mejor dicho: conduce a la historia. La Puerta al Bósforo del Palacio Dolmabahçe se levanta como un arco monumental que no es acceso ni salida, sino pura contemplación. Fue diseñada en el siglo XIX para impresionar a los embajadores europeos que navegaban por el estrecho. Nunca se usó para barcos ni visitantes: su única función era política y estética, mostrar poder, modernidad y refinamiento. Hoy, esa puerta sigue ahí, convertida en postal obligada para millones de turistas.

Mientras tanto, en Veracruz, la Puerta del Mar —el umbral por donde entró la historia a nuestro país durante más de tres siglos— fue derribada hace más de cien años y nunca reconstruida. En Turquía se preserva y se capitaliza un símbolo sin utilidad práctica; en México se destruyó un símbolo cargado de memoria, comercio, cultura y vida cotidiana.

La comparación duele. En Turquía, la Puerta del Bósforo del Palacio Dolmabahçe no es solo una filigrana de mármol blanco: es una declaración de identidad, un recurso turístico y una herramienta diplomática que sigue generando prestigio. Atatürk, el fundador de la República, utilizó ese mismo palacio como residencia presidencial, y muchos de sus actos públicos quedaron enmarcados por el mar. Cada año, millones de visitantes viajan a Estambul y se detienen frente a esa puerta, no porque les dé acceso a algo, sino porque representa la grandeza de un pueblo que entendió la fuerza de sus símbolos.

En Veracruz, la Puerta del Mar funcionó entre la Colonia y el Porfiriato. No era ornamental, sino esencial: por ahí entraban colonizadores, comerciantes, refugiados, artistas y campesinos; por ahí salían mercancías hacia Europa y llegaban influencias culturales que forjaron nuestra identidad. Era, como se ha dicho, la Puerta de México. Pero cuando se amplió el puerto a inicios del siglo XX, se optó por demolerla en nombre del progreso. Y desde entonces, solo quedan las crónicas y los bocetos.

No es un caso aislado: en Veracruz solemos ver la historia como estorbo y no como capital. Derribamos monumentos, dejamos caer edificios, ignoramos nuestro propio legado, y después nos quejamos de no atraer turismo cultural.

La política turca entendió, desde hace siglos, que la arquitectura puede ser discurso. Dolmabahçe fue el primer palacio en incorporar alumbrado de gas, agua corriente y calefacción central. La Puerta al Bósforo fue un gesto calculado: mostrarle a Europa que el Imperio Otomano no era un rezago medieval, sino un jugador moderno y poderoso.

En Veracruz, en cambio, nos quedamos sin el gesto y sin la piedra. “La Puerta del Mar” pudo haber sido el emblema de la apertura de México al mundo, un sitio histórico comparable a la Puerta de Alcalá en Madrid o al Arco del Triunfo en París. Pero la demolimos y, lo más grave, nunca la reconstruimos.

El exgobernador Javier Duarte llegó a prometer en 2014, en una entrevista de café en la Parroquia, que la reconstrucción estaba contemplada dentro del rescate del centro histórico. Como tantas otras promesas, se quedó en humo. Y después, nadie más retomó el proyecto.

No se trata de romanticismo ni de nostalgia barata. La Puerta del Mar sería un atractivo cultural de primer nivel, un punto de encuentro con la historia y un imán turístico que, bien gestionado, generaría empleo y desarrollo local. En el mundo, las ciudades compiten por ofrecer experiencias auténticas; aquí, teniendo la historia en las manos, preferimos esconderla.

En Estambul, millones de turistas hacen fila para tomarse una foto frente a una puerta que nunca sirvió para nada. En Veracruz, ignoramos la puerta por donde literalmente entró la historia nacional. ¿No resulta absurdo?

Reconstruir la Puerta del Mar no resolvería los problemas de pobreza, inseguridad o corrupción, pero sí nos recordaría que somos una ciudad con raíces profundas y un legado digno de mostrarse. Sería un acto de dignidad colectiva: reconocer que en Veracruz no todo es improvisación y olvido, que también sabemos honrar nuestra memoria.

Dejar que símbolos como la Puerta del Mar permanezcan en el abandono es aceptar que la modernidad solo puede construirse sobre el olvido. Y eso es falso. Los turcos supieron integrar tradición y modernidad en un mismo gesto arquitectónico. Nosotros, en cambio, seguimos repitiendo la fórmula del despojo: destruir lo viejo sin rescatar lo valioso.

Cada piedra que se borra de la memoria es una oportunidad perdida de educar, de generar identidad y de ofrecer al mundo un rostro auténtico. Veracruz no necesita inventarse un pasado: lo tiene, lo tuvo. Lo único que falta es la voluntad política y ciudadana para recuperarlo.

La Puerta del Bósforo sigue en pie, altiva, recordándole al mundo que Turquía supo reinventarse sin renunciar a sus símbolos. La Puerta del Mar yace en el olvido, como una metáfora de un país que aún no aprende a valorar lo propio.

La diferencia no es de historia ni de recursos, sino de visión. Mientras Turquía exhibe con orgullo una puerta ornamental, Veracruz dejó caer la puerta que fue el verdadero acceso de México al mundo. Y la pregunta, inevitable, es: ¿seguiremos derribando nuestra memoria, o tendremos la valentía de reconstruirla?

Por Miguel Ángel Cristiani

La historia, cuando no se entiende, tiende a repetirse. Y en México, la memoria suele ser tan corta como la distancia entre una promesa de campaña y su olvido. Ahora, con bombo y platillo, se anuncia el posible regreso del tren de pasajeros entre la Ciudad de México y el Puerto de Veracruz, un proyecto que —dicen— traerá desarrollo, turismo y dinamismo económico a municipios que alguna vez vivieron del rugir metálico de “El Jarocho”. ¿Será?

En principio, nadie con un mínimo de sentido común podría oponerse a una obra que promete reconectar regiones, detonar economías locales y devolver vida a pueblos que el neoliberalismo dejó en el abandono ferroviario. Tierra Blanca, Tres Valles, Paraje Nuevo, Potrero, Soledad de Doblado… nombres que suenan a caña, a llanura, a historia ferroviaria truncada por la desidia, el saqueo y la violencia. Pero como toda obra pública en este país, el diablo está en los detalles. Y los detalles —como la seguridad, la operatividad y la transparencia— no se resuelven con discursos desde un templete.

No es la primera vez que se pretende vendernos el tren como sinónimo de progreso. Ya en 2023 se reactivó el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, y en 2024 se inauguró la línea entre Coatzacoalcos y Palenque, enlazándose con el elefantiásico y polémico Tren Maya. Proyectos con más carga ideológica que técnica, y más espectáculo que eficiencia. El papel todo lo aguanta; las vías, no tanto.

El trazo que hoy se plantea no es nuevo. Son las mismas vías por donde transitaba el mítico tren Jarocho, que en sus días de gloria era emblema de conexión, movilidad y turismo. Pero también, y no hay que olvidarlo, fue símbolo de abandono e inseguridad. Los asaltos eran pan de cada día, especialmente en los tramos cercanos a la capital. Eso, más que cualquier cálculo financiero, fue lo que mató al tren como alternativa de transporte.

Por eso, antes de caer en la euforia del anuncio, habría que preguntar:
¿Ya se diseñó el esquema de seguridad para garantizar que los pasajeros no viajen con el Jesús en la garganta?
¿Quién controlará la vigilancia en un país donde el crimen organizado ha demostrado tener más control territorial que el Estado?
¿O vamos a dejar que las autodefensas se suban al vagón?

Porque aquí no basta con decir que se reactivará el tramo Medias Aguas–Veracruz. Hay que entender que esa ruta atraviesa zonas altamente vulnerables: Juan Rodríguez Clara, Ciudad Isla, Papaloapan, Gabino Barreda, Piedras Negras, por nombrar algunas. Regiones productivas, sí, pero también golpeadas por décadas de pobreza, corrupción municipal y abandono institucional. El tren puede reactivarlas o simplemente pasarles por encima.

En esta columna lo hemos sostenido siempre: no hay desarrollo sin Estado. La infraestructura —por muy nostálgica o monumental que parezca— no sirve de nada si no se inserta en una política pública integral. No basta con que el tren pase: ¿habrá estaciones equipadas, conectividad local, inversión en servicios, educación, salud, empleo digno? ¿O simplemente será una postal bonita para la mañanera?

Y ojo, porque cuando se habla del tren como “reconexión del sur con el centro del país”, se omite que esa reconexión ya existe… para las mercancías. Las empresas privadas han seguido utilizando esos tramos ferroviarios, mientras que al pueblo se le vendió la idea de que “el tren ya no servía”. El discurso del abandono fue selectivo: se abandonó al pasajero, pero no al capital.

El tren puede ser una oportunidad, pero solo si se hace bien. Y hacer las cosas bien en este país implica planeación, presupuesto, transparencia, seguridad y voluntad política real, no simulada. Porque si lo que se busca es repetir la fórmula del Tren Maya —inaugurar tramos sin terminar, cortar listones sin reglamento operativo, vender turismo donde hay despojo—, entonces mejor dejemos el proyecto en la estación.

Lo cierto es que México necesita más trenes. Pero también necesita más Estado, más ética, más memoria. Los municipios por donde pasará esta ruta no requieren solo del tren; requieren políticas públicas que los integren a la economía nacional, no que los atraviesen y los dejen igual de marginados.

A los ciudadanos nos toca mirar con lupa cada paso de este proyecto. Preguntar, exigir, participar. Porque el tren, como metáfora del país, puede avanzar o descarrilarse según quién lo conduzca y para quién se construya.
Ojalá esta vez no se nos vuelva a pasar el tren.