Por Miguel Ángel Cristiani
En medio de un periodo de vacaciones, la Universidad Veracruzana no halla descanso. La comunidad universitaria se encuentra en pie de lucha frente a la imposición de un rector espurio: Martín Aguilar. Este conflicto no es solo una batalla por la dirección de una institución educativa; es un reflejo de la fragilidad de nuestras instituciones y de la necesidad imperante de respetar la ley.
La llegada de Aguilar al rectorado es un acto que desafía no solo la normativa interna de la universidad, sino también los principios democráticos que deben regir cualquier proceso electoral. La comunidad académica ha levantado la voz, formando una red de universitarios que busca mantenerse informada y organizada, un claro indicativo de que el espíritu de resistencia y la defensa de la legalidad están más vivos que nunca.
Es crucial contextualizar esta lucha. La Universidad Veracruzana, como bastión del conocimiento y la cultura en México, ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico y de formación de ciudadanos comprometidos. Sin embargo, el actual embrollo administrativo pone en riesgo no solo la autonomía de la institución, sino el futuro de generaciones enteras de estudiantes que merecen un liderazgo legítimo y comprometido con el bienestar colectivo.
La imposición de un rector sin el respaldo de un proceso transparente es un precedente alarmante. Este tipo de actos no solo erosiona la confianza en las instituciones educativas, sino que también alimenta un ciclo de impunidad que se extiende más allá de las aulas. La historia nos recuerda que la falta de respeto a las normas establece un terreno fértil para la corrupción y el autoritarismo. En este contexto, la comunidad universitaria tiene el deber cívico de actuar, de no permitir que la legalidad sea una mera formalidad que se puede ignorar.
Los datos son claros: según el último informe de la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades en la administración de recursos en instituciones educativas son alarmantes. Este tipo de corrupción no solo se manifiesta en la falta de transparencia, sino también en la manipulación política que busca controlar lo que debería ser un espacio de libre pensamiento. La Universidad Veracruzana no debe convertirse en un campo de batalla para intereses ajenos a su misión fundamental.
Es imperativo que la comunidad universitaria reflexione sobre el papel que desempeña en este momento histórico. La lucha por la legalidad no es solo una cuestión interna; es un llamado a la ciudadanía en su conjunto. El compromiso cívico exige que todos los sectores de la sociedad se involucren en la defensa de sus derechos y de sus instituciones. La universidad debe ser el ejemplo de esto, un faro de esperanza y un modelo de cómo se debe enfrentar la adversidad.
La resistencia contra la imposición de Martín Aguilar debe ser vista como un acto de valentía y responsabilidad cívica. La lucha por una Universidad Veracruzana libre y autónoma es, en última instancia, una lucha por la democracia misma. La comunidad debe permanecer unida, no solo para exigir el respeto a la ley, sino para reafirmar su compromiso con la verdad, la justicia y el bienestar colectivo. Este es el momento de actuar, de no permitir que la legalidad sea un concepto abstracto, sino un principio que guíe cada acción y decisión en el camino hacia un futuro más justo y equitativo.
En pleno receso vacacional, cuando se supondría que la Universidad Veracruzana descansaría del ajetreo cotidiano, la realidad ha demostrado lo contrario: la casa de estudios más importante del estado está en plena efervescencia. Y no por logros académicos, sino por la imposición ilegítima de un rector, Martín Aguilar, cuya permanencia en el cargo ha encendido las alarmas de la comunidad universitaria y de quienes todavía creemos en la legalidad como piedra angular de la vida institucional.
La situación que vive la Universidad Veracruzana no es menor ni anecdótica. Se trata de una ruptura flagrante de los procesos democráticos internos, de un atropello al espíritu universitario y a los principios que deberían regir cualquier institución de educación superior. La continuidad de Aguilar al frente del rectorado, sin el respaldo de un proceso transparente y legítimo, constituye no solo un acto de usurpación, sino un atentado contra la autonomía universitaria.
A lo largo de su historia, la UV ha sido un espacio de pensamiento crítico, un semillero de conciencia social y un baluarte en la formación de generaciones de profesionistas comprometidos con el desarrollo del estado y del país. Por ello, duele que hoy esté sumida en una crisis provocada desde las cúpulas del poder, que buscan imponer su voluntad al margen de la ley y del consenso.
