Xalapa, Enríquez. 17 de julio de 2025.- El 13 de abril de 2020 fue aprobado el paquete de 8 leyes que en conjunto constituyen el marco legal con el que se brinda protección ante la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Estas reformas fueron concebidas como una necesidad de protección para las mujeres al momento de elevar a principio Constitucional la Paridad en 2014, pero la existencia de resistencias políticas de alto nivel impidieron su legislación y hubo que esperar para que pudieran ser aprobadas. Es decir: era previsible que al hacer obligatorio el que los cargos de elección popular debieran configurarse en un 50% para hombres y el 50% para mujeres, se elevaría la violencia que se ejerce en contra de las mujeres por razones ancladas en el androcentrismo con el que la política ha sido configurada históricamente.
Hoy, a 5 años de haber entrado en vigor este marco legal federal, hemos transitado por 2 procesos electorales federales y 2 procesos electorales locales en Veracruz, y a la fecha es posible concluir que:
En el Estado de Veracruz siguen sin armonizarse estos ordenamientos legales, creando un vacío que dificulta la defensa de las mujeres al momento de enfrentar violencia política.
Esta entidad sigue estando en el segundo lugar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas con 55 personas inscritas en él por habérseles demostrado que cometieron violencia política.
Sigue siendo complicado para las víctimas acceder a la justicia por lo complejo del funcionamiento de denuncia y defensa ante los órganos jurisdiccionales, pese a que en estos se han previsto instancias como las defensorías para facilitar la defensa legal de las víctimas.
El vacío más grande sigue estando en el área intrapartidaria, en donde las mujeres poco se atreven a denunciar, porque al deber hacerlo internamente, saben que será difícil que sus casos sean reconocidos y ello las expone a consecuencias adversas que pueden limitar sus carreras políticas.
Cada vez más mujeres funcionarias públicas acuden a denunciar actos que pueden ser constitutivos de violencia política, lo cual es positivo, porque este marco legal también las protege a ellas.
Nosotras, desde el Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo, reconocemos que el mecanismo entraña retos sobre los que es preciso seguir trabajando para lograr que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales sin que ello vulnere su integridad ni su vida.
No obstante ello, hoy vemos con preocupación un fenómeno que nos exige pronunciarnos en forma contundente:
El marco legal en la materia reconoce 22 conductas que podrían ser constitutivas de este delito, algunas de las cuales pueden ser cometidas por periodistas o personas que desde los medios digitales se expresan en contra de las mujeres con el fin o de desprestigiarlas, invisibilizarlas o despolitizarlas para inhibir y vulnerar sus derechos políticos.
La proliferación del uso de las redes sociales ha favorecido que estos medios hoy sean en donde más abundan todas las formas de violencia en contra de las mujeres en general y de las mujeres políticas en particular.
Hemos trabajado mucho desde los colectivos, con las instituciones y con las organizaciones de periodistas para avanzar en la construcción de una comunicación no sexista, que no estereotipe, no discrimine y no violente a las mujeres por las implicaciones que ello tiene para su imagen y su reputación pública.
Pero es de especial relevancia el uso político que hoy se está dando a este recurso legal, aprobado para proteger a las mujeres víctimas, por quienes ocupan posiciones de poder para limitar, menoscabar y restringir la libertad de expresión.
Analizar los casos de Héctor de Mauleón en Tamaulipas, Karla Estrella en Sonora, Ruby Soriano en Puebla o Jorge González en Campeche tienen un común denominador: las mujeres denunciantes están en el poder. Incluso una de ellas, la gobernadora de Campeche, cometió el tristemente célebre acto de violentar a legisladoras federales al afirmar que contaba con supuestas imágenes íntimas suyas y amagar con difundirlas, vulnerando su derecho a la privacidad en un acto sin consecuencias, lo que lleva a cuestionar la imparcialidad de quien sanciona.
Estos actos de acallar las voces disidentes no son ajenos a presentarse en Veracruz. Los periodistas Elfego Riveros, Ángel Camarillo e Isabel Ortega tuvieron que bajar sus notas periodísticas, emitir disculpas públicas y deberán pagar multas por decir lo que el periodismo está obligado a hacer: la verdad.
No obstante ello, hoy vemos con preocupación un fenómeno que nos exige pronunciarnos en forma c
No se vive la violencia igual cuando se tienen todos los recursos políticos al alcance, que cuando se está descobijado y es muy difícil acceder al aparato público para actuar ante lo que se considera injusto.
Por eso es que nos pronunciamos con gran preocupación ante este hecho. Los recursos legales por los que las mujeres luchamos son para proteger a las víctimas, no para que desde el poder se les utilice para actuar en contra de quienes al mismo poder les resultan incómodos.
Seguir por esa ruta, lejos de disminuir la violencia contra las mujeres, generará efectos no deseados en contra de ellas y de toda nuestra sociedad.
El patriarcado no nos concede nada. Nos cobra caro por cada paso que damos hacia adelante y hoy, está usando la paridad para infiltrar a sus aliadas y además quiere cobrarnos la factura al censurar, usando para ello un instrumento legal noble, pero utilizado de manera inadecuada, frívola y desnaturalizada.
No a la censura bajo el argumento de violencia política. Avancemos en derechos, sin perder libertades
