“No hay autoridad como la que se funda en la justicia y se ejerce por la virtud.” – Plinio el Joven.
La Universidad Veracruzana (UV) ha sido durante décadas un bastión político disfrazado de institución académica.
Bajo la retórica de la autonomía, la Máxima Casa de Estudios del estado ha servido históricamente como enclave del priismo dominante y, más recientemente, de una corriente panista que, con astucia y cautela, se ha incrustado en la estructura académica, administrativa y directiva.
El actual conflicto en torno a la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez no puede entenderse sin revisar esa historia oculta, esa lucha por el poder que nunca abandonó los pasillos universitarios.
Hoy, la controversia no gira únicamente en torno a la supuesta ilegalidad de extender el mandato de Aguilar, sino en quién se beneficia o pierde con esa decisión.
No es casual que los más férreos opositores a la prórroga sean los ex rectores Víctor Arredondo, Raúl Arias Lovillo y Sara Ladrón de Guevara, todos ellos con vínculos públicos o discretos con estructuras de poder político tradicional. Tampoco sorprende que los tres aspirantes visibles a la rectoría —todos formados o respaldados por ese mismo establishment— hayan reaccionado con virulencia ante una decisión que les bloquea el camino.
Martín Aguilar, -ha sido- torpe en el manejo de la comunicación institucional, sin duda ha dejado vacíos que han sido hábilmente explotados por sus detractores. Pero no se trata aquí de evaluar su capacidad de marketing político, sino de reconocer que, por primera vez en años, un perfil con discurso progresista de izquierda —con todas sus deficiencias— se mantiene al frente de la UV en un entorno universitario acostumbrado a los arreglos políticos de élite. Y eso ha incomodado a muchos.
La pregunta inevitable es: ¿quién informa a la gobernadora Rocío Nahle García sobre la realidad dentro de la UV? Porque, aunque en público ha mostrado desacuerdo con la prórroga, en privado debe saber que la guerra universitaria no es una lucha entre legalidad e ilegalidad, sino entre corrientes ideológicas que se disputan el control de un símbolo educativo y presupuestal.
Como dato importante, el actual alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes —ex Abogado General de la UV, con más de 45 años de experiencia en la institución— parece ser una pieza clave para comprender ese tablero. ¿Acaso se ha desdibujado su papel como interlocutor o es parte de las tensiones internas que se niegan a transparentar? ¿Con quién habla Islas Reyes que le lleva otras versiones a la misma Gobernadora?
Nadie niega la debilidad institucional del actual rectorado, pero tampoco debe negarse la estrategia de fondo: los grupos vinculados al PRI y al PAN pretenden recuperar una universidad que consideran suya. Y lo están haciendo disfrazados de legalismo, de academia, de protesta legítima. Pero el fondo sigue siendo el mismo motor o causa que los impulsa: el detentar el poder del centro de formación académica más importante del Estado de Veracruz.
Al tiempo.
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