“Hay pocas virtudes sin prudencia.” – Marco Tulio Cicerón.
Vaya pleito ranchero el que se ha generado por parte de las autoridades estatales y municipales en la capital del estado.
Resulta ser, que la autoridad municipal ha determinado cancelar la instalación de algunos postes en donde habrán de estar instaladas las cámaras de videovigilancia con las que se pretende fortalecer la seguridad por parte del Gobierno Estatal en la capital del Estado.
Resultado de ello, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares recriminó el actuar del presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero por dicha medida.
La justificación del mandatario estatal se fundamenta en que la autoridad municipal no notificó de la clausura de las mismas, con antelación y sin que mediara en ello, algún tipo de aviso previó.
La inversión que el gobierno estatal apuesta para mejorar la seguridad de los veracruzanos es superior a los mil millones de pesos y tan solo en Xalapa, el número de cámaras a colocar es cercano a los mil 252, para su correcta operación habría de instalarse una antena en el Cerro de Macuiltépetl, con la que se pretende dar cobertura a la red de vigilancia.
Hasta ahí todo pareciera tener justificación.
El reclamó airado del mandatario estatal ante tan absurda reacción de la autoridad municipal, hace presuponer que la administración municipal se niega a colaborar, como una forma de reacción o de presión política.
Lo cierto es que la autoridad municipal desde el pasado 29 de abril a través del comunicado informaba de la extraña situación.
Y es que el mismo refería que “la instalación de bases o soportes para videocámaras de vigilancia en banquetas, incluso sobre rampas para las personas que viven con alguna discapacidad, no cuenta con autorización del Ayuntamiento de Xalapa, afirmó la directora de Desarrollo Urbano, América Carmona Olivares.”
La supuesta determinación provenía de algunos reclamos de ciudadanos, que manifestados a través de las redes sociales consignaban la colocación de estructuras de cemento y postes metálicos para estos aparatos de vigilancia, de manera ilegal que llegado el momento estorbarían lastimosamente la movilidad de los peatones, afirmaba la funcionaria municipal recordó que este programa lo opera la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
Según la autoridad municipal, es “la autoridad estatal la encargada de solicitar los permisos correspondientes, para realizar estudios y determinar la ubicación ideal para estas estructuras”.
La demanda del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero quedó vertida también este mismo lunes en conferencia de prensa en Palacio Municipal ante medios de comunicación, al afirmar que parece mentira que la autoridad estatal no respetase los reglamentos municipales de Desarrollo Urbano.
Según el munícipe xalapeño, es a través de una empresa particular la encargada de colocar las bases y postes en puntos donde se afecta el paso de los transeúntes, incluso en rampas para personas que se desplazan en silla de ruedas.
Hasta aquí pareciera que de este lado también se tendría cierta justificación, o al menos, la impronta dictaría que se buscará el dialogo y también el acuerdo para beneficio de los xalapeños.
Pero resulta que el factor electoral, pone de manifiesto nuevamente un conflicto, bastante absurdo, pues confirma que aquí lo que interesa no es apoyar a los ciudadanos, sino zancadillearse entre autoridades.
De entrada, el munícipe xalapeño debiera dejar de lado ya el discurso legalista, pues ya comienza esa actitud a tras tocar y afectar la operatividad del municipio.
No se puede ser más papista que el papa.
Si existen temores respecto a observaciones de parte del Órgano Interno de Control o del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS), bastaría con notificarle y pedir sugerencias para la aplicación de tal o cual contrato, con la dispensa de que se requiere con urgencia atender temas como la recolección de basura, por ejemplo, porque entendemos que quieran licitar hasta la reparación de una llanta, un cambio de amortiguador, o cambios de motor.
Lo cierto también es que, si las obras afectan la movilidad, lo primero que se debó procurar es precisamente el acuerdo con la empresa responsable –en este caso empresas Comtelsat y Teloram– para notificarle de las afectaciones al mobiliario urbano, o si no cuenta con permisos en materia ambiental para la colocación de la antena y su posterior operación, pero no perjudicando a los miles de xalapeños que realmente demandan medidas de seguridad en sus colonias.
Señores queda claro que en alguien debe caber la prudencia, así simplemente a nadie benefician y si perjudican a los miles de habitantes de esta gran ciudad.
Al tiempo.
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