- Las preguntas que no han sido contestadas hasta la fecha
- Quien es el propietario de la empresa que representa
- Quien le facilitó obtener ventas al
Por Miguel Ángel Cristiani González
Son muchas -demasiadas- las preguntas que están sin tener una respuesta creíble, en el caso de la empleada de la SEV, que aparece como representante legal de una empresa a la que en distintas dependencias del gobierno del estado, le otorgaron contratos para la adquisición de productos diversos por más de cien millones de pesos.
Esa suerte, no la tiene ni el presidente Biden.
La información revelada hasta ahora, parece indicar que es el mismo esquema con el que se trabajó en la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuya esposa por cierto, sigue en proceso de extradición del Reyno Unido, pero no la han traído aún para que responda, al menos, de los 100 millones de pesos que fueron desviados desde el DIF estatal.
Casi es la misma cantidad de millones de pesos los que se otorgaron ahora a una joven empleada de la SEV.
Entre los cuestionamientos que no han sido aclarados hasta la fecha, es por ejemplo, ¿quién o quienes son los dueños de la empresa privilegiada con esos contratos millonarios.?
¿Desde que dependencia se dio la orden para que le fueran otorgados esos contratos.?
¿Quién es el funcionario que movió la cuna, para que se le entregaran esos negocios.’
¿El ORFIS y la Contraloría Estatal ya están interviniendo, para constatar que lo que se compró efectivamente se entregó a las dependencias.?
¿La Auditoría Superior de la Federación va a auditar esas compras?
Al igual comprobar que se entregaron las compras, se repartieron a los beneficiarios.
No basta con que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García reconozca que se le entregaron a Araly Rodríguez Vez contratos en esa dependencia como trabajadora con doble plaza, una en Xalapa y otra en Cosoleacaque al sur del Estado.
¿Cómo es posible que pudiera “tramitar” tantas licitaciones de contratos en distintas dependencias si tenía que estar trabajando también en la SEV.
A menos que le hayan ofrecido esas dos plazas, como compensación para aparecer como “representante legal”.
No basta con que Zenyazen Escobar García asegure que se trató de una propuesta de algún sindicato de la SEV, desde hace más de un año, pero que “curiosamente” no recuerda cual fue.
Araly Rodríguez Vez no sobrepasa los 46 años y ha sido una de las proveedoras del gobierno de la 4T más multifacética, porque igual vende mobiliario, equipo médico especializado, computadoras, uniformes, sillas de ruedas, carriolas y hasta material anticovid-19.
En solo cuatro años logró 39 contratos por 100.9 millones de pesos con cuatro dependencias de gobierno: La Secretaría de Salud, el DIF estatal, el Instituto Tecnológico de Perote y los más recientes con la Secretaría de Seguridad de Veracruz.
En todos se identificó como la proveedora 32804 de la Secretaría de Finanzas y logró los contratos vía adjudicación directa. Como su dirección marcó la calle Huelva 39 en la popular colonia Higueras de Xalapa, solo que ahí desconocen su nombre.
El líder del PRI, Marlon Ramírez denunció su sospecha sobre esta proveedora y exhibió los contratos en dos ocasiones, – en noviembre del 2022 y recientemente en enero, durante la comparecencia del Órgano de Fiscalización de Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García dice que se investigan sus contratos y que incluso confesó que no es dueña de la “empresa” sino prestanombres y en realidad es una empleada administrativa que cubre un interinato en la Secretaría de Educación con dos trabajos: Uno como secretaria administrativa y otro como prefecta foránea en una escuela de Poza Rica, por ello recibe salario de casi 20 mil pesos mensuales.
Pero que no hay “evasión de Impuestos”.
La empresaria que está dada de alta como persona física empezó a recibir contratos del gobierno de Morena en 2019, un año después de que entró en operación la administración estatal de la denominada Cuarta Transformación.
La asignación de contratos, en los que han estado involucrados varios secretarios de despacho, ha generado polémica, pues nadie asume la responsabilidad de cómo una persona, sin ser propiamente una empresa, logró vender al gobierno del estado desde una computadora, audífonos, uniformes, sillas de ruedas, hasta pruebas de VIH e insumos para la atención de la pandemia por el virus SARS CoV-2.
Con tantas habilidades para las finanzas, casi casi, que doña Araly González debería de ser mejor la secretaria de Finanzas o secretaria de Desarrollo Económico.
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gobierno por más de 100 millones
Por Miguel Ángel Cristiani González
Son muchas -demasiadas- las preguntas que están sin tener una respuesta creíble, en el caso de la empleada de la SEV, que aparece como representante legal de una empresa a la que en distintas dependencias del gobierno del estado, le otorgaron contratos para la adquisición de productos diversos por más de cien millones de pesos.
Esa suerte, no la tiene ni el presidente Biden.
La información revelada hasta ahora, parece indicar que es el mismo esquema con el que se trabajó en la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, cuya esposa por cierto, sigue en proceso de extradición del Reyno Unido, pero no la han traído aún para que responda, al menos, de los 100 millones de pesos que fueron desviados desde el DIF estatal.
Casi es la misma cantidad de millones de pesos los que se otorgaron ahora a una joven empleada de la SEV.
Entre los cuestionamientos que no han sido aclarados hasta la fecha, es por ejemplo, ¿quién o quienes son los dueños de la empresa privilegiada con esos contratos millonarios.?
¿Desde que dependencia se dio la orden para que le fueran otorgados esos contratos.?
¿Quién es el funcionario que movió la cuna, para que se le entregaran esos negocios.’
¿El ORFIS y la Contraloría Estatal ya están interviniendo, para constatar que lo que se compró efectivamente se entregó a las dependencias.?
¿La Auditoría Superior de la Federación va a auditar esas compras?
Al igual comprobar que se entregaron las compras, se repartieron a los beneficiarios.
No basta con que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García reconozca que se le entregaron a Araly Rodríguez Vez contratos en esa dependencia como trabajadora con doble plaza, una en Xalapa y otra en Cosoleacaque al sur del Estado.
¿Cómo es posible que pudiera “tramitar” tantas licitaciones de contratos en distintas dependencias si tenía que estar trabajando también en la SEV.
A menos que le hayan ofrecido esas dos plazas, como compensación para aparecer como “representante legal”.
No basta con que Zenyazen Escobar García asegure que se trató de una propuesta de algún sindicato de la SEV, desde hace más de un año, pero que “curiosamente” no recuerda cual fue.
Araly Rodríguez Vez no sobrepasa los 46 años y ha sido una de las proveedoras del gobierno de la 4T más multifacética, porque igual vende mobiliario, equipo médico especializado, computadoras, uniformes, sillas de ruedas, carriolas y hasta material anticovid-19.
En solo cuatro años logró 39 contratos por 100.9 millones de pesos con cuatro dependencias de gobierno: La Secretaría de Salud, el DIF estatal, el Instituto Tecnológico de Perote y los más recientes con la Secretaría de Seguridad de Veracruz.
En todos se identificó como la proveedora 32804 de la Secretaría de Finanzas y logró los contratos vía adjudicación directa. Como su dirección marcó la calle Huelva 39 en la popular colonia Higueras de Xalapa, solo que ahí desconocen su nombre.
El líder del PRI, Marlon Ramírez denunció su sospecha sobre esta proveedora y exhibió los contratos en dos ocasiones, – en noviembre del 2022 y recientemente en enero, durante la comparecencia del Órgano de Fiscalización de Veracruz.
El gobernador Cuitláhuac García dice que se investigan sus contratos y que incluso confesó que no es dueña de la “empresa” sino prestanombres y en realidad es una empleada administrativa que cubre un interinato en la Secretaría de Educación con dos trabajos: Uno como secretaria administrativa y otro como prefecta foránea en una escuela de Poza Rica, por ello recibe salario de casi 20 mil pesos mensuales.
Pero que no hay “evasión de Impuestos”.
La empresaria que está dada de alta como persona física empezó a recibir contratos del gobierno de Morena en 2019, un año después de que entró en operación la administración estatal de la denominada Cuarta Transformación.
La asignación de contratos, en los que han estado involucrados varios secretarios de despacho, ha generado polémica, pues nadie asume la responsabilidad de cómo una persona, sin ser propiamente una empresa, logró vender al gobierno del estado desde una computadora, audífonos, uniformes, sillas de ruedas, hasta pruebas de VIH e insumos para la atención de la pandemia por el virus SARS CoV-2.
Con tantas habilidades para las finanzas, casi casi, que doña Araly González debería de ser mejor la secretaria de Finanzas o secretaria de Desarrollo Económico.
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