“Si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en que fijar la conducta.” – Confucio.
Una vez más el Congreso de Veracruz vuelve a estar en el ojo del huracán, sus 50 legisladoras y legisladores volvieron actuar bajo el precepto de que lo que en la entidad impera es la solución de los problemas heredados, sin importar claro que se violente alguna Ley o norma.
Esa es la controversia que ahora se avecina en el horizonte legislativo, pues seguramente, el tema escalará hasta la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se habrían violentado Leyes de carácter federal, como la de Coordinación Fiscal al disponer unilateralmente de fuentes de financiamiento federal para solventar adeudos heredados por la pasada administración estatal.
Y es que cuando el secretario de Derechos Humanos del PRD Estatal, Manuel Bernal Rivera objeto el asunto, no le sobraban razones para afirmar, que los legisladores en funciones podrían hacerse acreedores a sendas denuncias penales por haber aprobado el destino de recursos del uso de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2017 en el pago de obras del 2016.
Ya el reportero Carlos Alvarado del Diario AZ, documento en su momento la comunicación interna que la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) habría remitido por conducto del coordinador de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Delegación Federal en la entidad, Francisco Javier Esparza Valencia en donde se les comunica a los ayuntamientos veracruzanos no hacer uso de los referidos recursos para el pago de obras del ejercicio fiscal anterior.
Como ya se habría señalado el Congreso del Estado de Veracruz violó con toda flagrancia la ley, al autorizar de manera unilateral que los gobiernos municipales pudieran disponer de recursos del presente ejercicio fiscal para devengar obras del ejercicio anterior, bajo la premisa de que les fueron saqueadas por Duarte y su pandilla.
Aun cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Sergio Hernández Hernández cuestionado por este reportero al respecto, no precisó, ni justificó con base en que se hizo dicha autorización, se sabe que al menos por el momento la Secretaria de Hacienda, ni la Auditoría Superior de Federación han emitido aprobación alguna para la ejecución de dicho movimiento, mismo que trasgrede lo referido en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a que no se puede hacer un uso indebido de los recursos programados para determinado ejercicio fiscal”.
El tema habrá de generar toda una controversia, pues las propias oficinas centrales de la SEDESOL, que aun encabeza Luis Enrique Miranda Nava han precisado que dicha medida ejecutada por el Legislativo veracruzano “no es viable y ahora se dio a conocer a los municipios este hecho, porque aún están a tiempo de hacer las correcciones necesarias ya que no se ha cerrado la cuenta pública 2017” afirmó el mismo Francisco Javier Esparza Valencia.
La disputa por el manejo unilateral del recurso federal se da en el marco del 25 aniversario de creación de la dependencia, misma que sigue siendo sumamente cuestionado respecto a sus logros a lo largo de estos años.
Aun cuando recientemente el CONEVAL, reconoció que de 2012 a 2015, el número de personas que superaron estas condiciones de pobreza fue notable, pues habrían alcanzado logros como que 785 mil personas que estaban en rezago educativo lo superaron; 4.8 millones se sumaron a quienes tenían acceso a los servicios de salud; 3.2 millones más accedieron a la seguridad social; 1.3 millones adicionales se sumaron a quienes ya vivían en espacios dignos; 29 mil mexicanos que antes no contaban con agua, luz y drenaje en sus hogares, los obtuvieron; y un millón superó la carencia alimentaria.
A pesar de ello, los logros de la política social del Gobierno Federal dejan mucho que desear en un Veracruz en donde el rezago se vio catapultado, por la serie de pillerías y saqueos ejecutados al erario durante la administración de Javier Duarte y sus secuaces.
La llegada de la actual delegada Anilú Ingram Vallines resultó un bálsamo para garantizar una leve mejoría en la correcta aplicación de la política pública de Desarrollo Social en la entidad, quizá por ello, la estrategia de aprobar el recurso llama fuertemente la atención se de en las postrimerías de un nuevo proceso electoral, en donde las responsables de dichas tareas en los ámbitos federal y estatal suenan para ser propuestas como aspirantes al Senado de la Republica por sus partidos el PRI y el PAN.
Dicen que en política las casualidades no existen, entonces cabría cuestionarnos ¿acaso dicha medida responde más a un intento de empantanarle el camino a la delegada federal? La respuesta está en el aire, y en la determinación que habrá seguramente de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tan severa violación a la Ley.
Al tiempo.
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