Insistir sobre las causas y motivos que llevaron a Morena a ganar la Presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión y en varios estados del país pareciera estar de más. Sin embargo, vale la pena recordarlo.
La brutal corrupción del anterior gobierno –que no está siendo perseguida y mucho menos castigada-, la enorme desigualdad, la sistemática violación de derechos humanos y la pobreza lacerante de millones de mexicanos llevaron a una votación que representó una ruptura de fondo entre los ciudadanos y ese sistema político que, sin embargo, no hizo más que regurgitar sus más viejos esquemas y fórmulas en un régimen que navega con bandera de “transformador”.
Empero, la esperanza de los millones que decidieron entregarle al lopezobradorismo todas las riendas del poder en México se centró en ese discurso que hablaba de renovar la vida pública del país, de terminar con las prácticas de descarada corrupción que caracterizaron al último gobierno priista, de impulsar una agenda progresista, de izquierda, fincada en el respeto a los derechos humanos fundamentales y sobre todo de lograr sacar de su postración a los desposeídos.
Bien pronto, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” comenzó a mostrar que sus prioridades se ubicaban en una coordenada distinta: mantenerse en el poder a costa de lo que fuere, usando para ello todo el poder del Estado, gracias al control cuasi absoluto de los poderes públicos que la propia ciudadanía le confirió, sin que en realidad muchos de los que votaron por esa opción tuvieran claro lo que eso representaría.
Poco más de dos años han bastado para conocer el verdadero rostro del actual régimen: anclado en el pasado, lleno de prejuicios de toda índole, de un autoritarismo creciente, mentiroso compulsivo y profundamente irresponsable. Valgan unos botones de muestra para soportar estas aseveraciones.
A pesar de repartir miles de millones de pesos a través de sus distintos programas sociales, la pobreza aumentó notablemente en México en los últimos dos años. De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 61.1 millones de mexicanos que en 2018 tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza, en 2020 se pasó a 70.9 millones de pobres por ingreso.
Y aunque la pandemia jugó un papel determinante en esta situación, de ninguna manera puede hablarse de una política pública de contención de sus efectos ni medianamente exitosa, cuando la única “estrategia” puesta en marcha al respecto ha sido la apertura indiscriminada de las actividades económicas, cuyas consecuencias se reflejan directamente en el número de contagios y fallecimientos por covid-19, que hasta el corte de este domingo alcanzaron, en cifras oficiales, casi 175 mil muertos.
Lo cual nos lleva de inmediato al criminal manejo de una crisis de salud que se gestiona con criterios políticos y con una irresponsabilidad que tarde que temprano tendrá que llevar a alguien a responder ante la justicia. Baste con la certeza que ahora se tiene de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no compró vacunas para inmunizar a la población contra el letal coronavirus SARS-Cov-2, pues pensaban que Donald Trump ganaría las elecciones en Estados Unidos y regalaría las dosis necesarias para lucrar electoralmente con las mismas. Ahora, México anda –literalmente- mendigando el biológico en países como la India o Rusia, mientras el ritmo de vacunación de la población en nuestro territorio es francamente ridículo. Tanto, que resulta hasta obsceno.
Y por si lo anterior no bastase, el régimen de la “4t” no solo no defiende agenda progresista alguna, sino que tiene una clara intención de conculcar la libertad de expresión –vía la regulación de las redes sociales y las consiguientes limitantes al intercambio público- y los derechos humanos le importan un pepino, como queda totalmente de manifiesto con su decisión de que un sujeto con reiteradas denuncias por abuso sexual y violación como Félix Salgado Macedonio sea candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, mientras en Veracruz le abre la puerta a personajes de similar calaña como el animador Juan Santiago, promotor de felaciones públicas y de venta de alcohol a menores de edad en un antro del puerto jarocho.
¿Quién dijera hace apenas dos años que no se podría estar peor?
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