“Los hechos no dejan de existir porque se les ignore.” – Aldous Huxley.
Tras el ataque informático ocurrido el pasado domingo 23 de febrero, que afectó al menos 60 servidores de la Secretaría de Economía la cual quedó paralizada de todas sus actividades.
Lo poco que se habría logrado saber es que los atacantes solicitaban un rescate por 4 mil bitcoins que equivaldría a 38 millones de dólares, para regresar el control de los servidores.
De igual modo, se pudo también conocer que supuestamente los delincuentes cibernéticos habrían dejado un mensaje con una amenaza adicional: si en dos semanas no pagaban mantendrían el secuestro de datos y se duplicaría el monto del rescate.
Según reportes oficiales, varios servidores ya habían sido recuperados, aunque estimaban que el servicio se restablecería completamente el viernes 28 de febrero, cosa que no ocurrió.
Y no fue así, porque en los hechos el anuncio de la puesta en operación de los servicios de la Secretaría de Economía comenzara este mismo martes.
Fue a través de un comunicado de la propia dependencia, por el cual se aseguró que sus operaciones y las de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) regresarán a la normalidad a partir de este martes 10 de marzo.
La SE indicó que su capacidad operativa se ha ido recuperando de manera segura y controlada, por lo que está en condiciones de reanudar los trámites y sus funciones con relativa normalidad.
“A efecto de proteger la seguridad de la información en posesión de la dependencia federal y la capacidad operativa de la misma, el restablecimiento de los sistemas se ha llevado a cabo de forma segura, paulatina y controlada”, indicó en a través de la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Se reanudan los términos de la Secretaría de Economía, incluyendo a su órgano administrativo desconcentrado Comisión Nacional de Mejora Regulatoria”, añadió en el Acuerdo por el que se reanudan términos en la Secretaría de Economía.
La crisis provocada por el hackeo no ha sido del todo aclarada, muchas son las dudas que surgen de la propia invasión a la información sustancial del Gobierno.
Muchos de los cuestionamientos obedecen a ¿cuál habría sido el costo de la paralización parcial o total de las operaciones?, ¿se pagó algún rescate?, ¿Cómo es que se logró recuperar la información?
Quieran ocultarlo o no, es evidente que la intervención cibernética le ha metido freno a los ya de por sí tortuosos trámites que realizan para las solicitudes de empresas que reportan al Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
De igual modo fue evidente las afectaciones a los trámites administrativos para la exportación de tomate a Estados Unidos en plena temporada alta de la hortaliza.
Lo gravoso del asunto fue que quizá muchas de las hortalizas se perdieron por el tiempo de recuperación de los sistemas, mismos que tras ser atacados fueron aislados.
Cabe resaltar que especialistas apuntan a que el ciberataque habría impactado negativamente a los negocios que aspiran a formalizarse porque no pueden abrir una cuenta en el banco o solicitar un crédito porque no están en el Registro Público del Comercio.
El daño económico provocado por la falta de capacidad de previsión, de resguardo y de ciberseguridad por parte de los funcionarios del Gobierno de la 4T, habrá de sumarse a la serie de pérdidas y ajustes que nos habrá de dejar la caída en el precio del petróleo, la crisis del coronavirus y la depreciación del peso frente al dólar.
Mejor escenario para una crisis, ni mandado hacer.
Al tiempo.
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