Finalmente y tras un largo espacio para rumores y especulaciones, fue dada a conocer la terna de aspirantes de la que saldrá quien encabece al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz los próximos siete años.
Y como ya se venía venir, fue incluida en la tríada la hasta hace muy poco tiempo procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Delia González Cobos, a quien prácticamente se da por hecho que será designada este jueves por el Pleno de la LXV Legislatura como auditora general del Orfis.
Sin embargo, esto supondría un absoluto despropósito que, de concretarse, constituiría un nuevo atropello a la legalidad en Veracruz ya que, por principio de cuentas, Delia González Cobos no cumple con los requisitos de ley para dirigir a la entidad fiscalizadora estatal.
Para empezar, no cubre lo establecido en la fracción III del artículo 87 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que establece que al momento de su designación debe “contar con una experiencia de, al menos, cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. En 2016, hace tres años, González Cobos fungió como asesora en la Cámara de Diputados, por lo que incumple con el requisito. Amén de que en el resto de su currículum no hay nada que indique que cuente con conocimientos particularmente en la materia de auditoría financiera.
Tampoco contaría con la residencia de al menos cinco años en Veracruz que se exige en el artículo 58 de la Constitución del Estado a quienes no son originarios de la entidad, por la misma razón de su ya referido encargo en la Cámara de Diputados en 2016, en donde fungía como asesora, entre otros, de los entonces diputados federales Cuitláhuac García Jiménez y Rocío Nahle García, mientras que su coordinador era Eric Patrocinio Cisneros Burgos.
Hoy, son ellos quienes la impulsan para llegar al Orfis, en particular Nahle y Cisneros, junto con la otra razón que vuelve inelegible a González Cobos para el cargo: su militancia partidista.
El artículo 67 de la Constitución veracruzana señala que durante su encargo, el titular del Orfis “no podrá formar parte de ningún partido político”. Pero durante los procesos electorales de 2015, 2016 y 2018 Delia González Cobos fue representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, lo que lleva a inferir de inmediato que es militante de ese partido político, al que además le debe prácticamente todos los cargos que ha ocupado desde que salió de la administración federal.
Empero, al realizar una búsqueda en el portal oficial de Morena, resulta que su padrón de militantes se encuentra “en reserva” al estar en “proceso de revisión, actualización y sistematización”. Así que lo más probable es que cuando vuelva a ser habilitado no aparezca el nombre de Delia González Cobos. Pero ¿un partido le confiaría su representación en órganos electorales a una persona que no sea su militante? ¿Cómo podría garantizarle un mínimo de lealtad si ni siquiera se afiliase formalmente a su proyecto político?
Queda claro que el régimen de la llamada “cuarta transformación” en Veracruz lo que desea es una incondicional –para además cumplir con la obligación de la paridad de género- al frente del organismo que se encargará de revisarle sus cuentas públicas. Y que también represente los intereses de uno de los grupos que dentro de Morena se disputa el control del estado. En este caso, el que encabeza la secretaria de Energía Rocío Nahle.
Una fiscalización a medida que nada vea, que nada denuncie sobre los actos de gobierno en Veracruz. Total, si en la Contraloría van a preparar mermeladas, ¿por qué no harían tamales en el Orfis?
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