“La venganza es sólo un placer de pequeñas almas.” – Juvenal.
Todo está listo para que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado presente la terna de donde será nombrado la o el nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
La lógica indicaría que en la misma no existirían indicios que pudieran convertir en impugnables las designaciones, pero sabemos cómo se comporta Morena, en donde debiese imperar la norma, ésta siempre encontrará un resquicio para torcerla.
De esta manera en la misma estaría el nombre de Delia González Cobos, procuradora Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y a la que muchos ven como la pieza más idónea del ajedrez político, por ser hechura total de Morena.
Aun cuando su posible nominación generará una ola de amparos previamente preparados por algunos contadores de la región de Xalapa, quienes acusan de que la “candidata oficial” no cumple con el criterio de contar con al menos cinco años comprobables en materia de fiscalización.
De igual modo, se asegura que en la terna aparecerá el nombre del destacado contador José Lira Badillo, ex presidente del colegio de Contadores Públicos de Xalapa, quien cuenta con una trayectoria importante en materia de transparencia y rendición de cuentas.
El otro de la lista se asegura será el ex contralor General del Estado, Felipe de Jesús Ramírez Vargas, quien por su sólo currículo es garantía en cuanto la balanza se decantara a su favor.
Su profesionalismo, conocimiento e idoneidad lo convertirían en la mejor pieza para el cargo, aun cuando se sabe que, en la lógica de la 4T, lo ideal, no siempre es lo que prevalece.
Cabe mencionar que, a su paso por la función pública de Veracruz, ha sido de los pocos funcionarios en ser parte de un equipo que dejó evidencia de su probidad, al entregar en arcas mil 200 millones de pesos a la siguiente administración estatal.
Y aún más, es quizá el único de todos los aspirantes en haber participado en la conformación de todo el andamiaje jurídico – operacional que se emplea en el país para la rendición de cuentas.
Ahora bien, habremos de esperar que de última hora no se baje a alguno de los mencionados, pues se sabe que en la terna también estaría contemplado el nombre de Sergio Vázquez Jiménez a quien colocarían en sustitución del más impugnable de los finalistas.
¡Hagan sus apuestas!
Sextante.
Vaya circo mediático el armado con el tema de la orden de aprehensión del ex fiscal Jorge Winckler Ortiz y ex colaboradores, todo el show montado, forma parte de una estrategia que tendría como en el billar varias bandas.
La primera, desalentar a los opositores con el mensaje de que a partir de este momento son vulnerables a cualquier acción de la justicia.
Segunda, generar el escenario propicio para el regreso de personajes ligados a Javier Duarte, quien ya opera y actúa como vocero del actual gobierno estatal.
Tercero, alejar las miradas de un super golpe a la sociedad veracruzana de parte del Gobierno del Estado, con el tema del nuevo reemplacamiento vehicular mediante la publicación del Decreto por el que se establece el Programa de Ordenamiento Vehicular “Por tu Seguridad Actualiza tu Patrimonio 2019”.
Y es que según señala el decreto publicado este pasado viernes 20 de septiembre, las placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral emitida por el Gobierno del Estado, con anterioridad al año 2017, dejarán de ser vigentes a partir del 1 de enero del 2021.
Por lo que los vehículos que portan placas del año 2017 podrán optar por adherirse voluntariamente al Programa o realizarlo hasta que finalice la vigencia de tres años de antigüedad que marca la norma, sin embargo, a partir del 1 de enero de 2021 ya no tendrán vigencia.
Por el canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral, los propietarios de vehículos al corriente en sus contribuciones vehiculares estatales pagarán 509.4 pesos (6 Umas); los propietarios de vehículos cuya unidad o unidades tengan adeudos respecto de contribuciones vehiculares, 1,073 pesos (12,7 Umas) y los propietarios de vehículos que los den de baja del padrón vehicular estatal por inutilidad, pérdida total del automóvil, por siniestro, robo o cambio de Entidad Federativa, 84.49 pesos (1 Uma).
El monto estimado a recaudar rebasará los más de 700 millones de pesos.
El sablazo a la sociedad, bajo el argumento de garantizar la seguridad suena bonito, pero en medio de una severa recesión económica resulta muy cuestionable, pues en el decreto, no se habla en lo absoluto en que será empleado el recurso recaudado, por ejemplo.
Al tiempo.
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