“La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre.” – Tácito.
Pues que siempre sí debe el Gobierno del Estado acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el fallo que emitió para que se reintegren poco más de mil 400 millones de pesos a cerca de 80 municipios de la entidad, los cuales fueron literalmente robados por el gobierno de Javier Duarte.
Así de contundente fue el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez al ser cuestionado por legisladores locales durante su comparecencia ante el Congreso.
La consecuencia inmediata es la responsabilidad penal, ni más ni menos, sentenció el propio Auditor General.
Cuestionado por la legisladora panista María Graciela Hernández Íñiguez el responsable de la fiscalización del Congreso apuntó: “Al ser una resolución ya definitiva, la pregunta es si existe responsabilidad penal y específica, la respuesta es sí. Se debe de cumplir con esa sentencia”, remarcó.
Y es que la controversia surgió el pasado fin de semana cuando el dirigente Nacional extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila Romero, exigió al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, que muestre los convenios que reconoció tener con alcaldes de Veracruz, en los que les propone reintegrar cantidades menores a los adeudos que prevalecen con sus ayuntamientos, pese a existir sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El revés ejecutado por Portilla Vázquez ha sido tan claro y contundente que deja literalmente sin margen de maniobra al mismo responsable de la política interior del Estado al afirmar que el propio Orfis “Va a verificar que lo que ya se sentenció y que se debe de reintegrar a los municipios, las Secretaría de Finanzas y Planeación atienda el monto que está señalado y ese monto debe de ser entregado en su totalidad al municipio que puso la denuncia y que la ganó”, afirmó.
El golpe magistral ejecutado por el Auditor General provoca el nocaut del Gobierno Estatal cuando señala que verificarán que dichos recursos sean aplicados por los municipios como lo indica el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), para abatir el rezago social y pobreza extrema.
Algo que jamás pudieron aplicar los municipios porque Javier Duarte y camarilla se lo robaron.
La crisis que se avecina se confirma al escuchar la negación del mismo secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pues en entrevista con este reportero, negó haber obligado a realizar estos convenios con autoridades municipales, a los que responsabilizó de ser ellos quienes piden liquidar el adeudo por debajo de los montos adeudados como se escucha en la entrevista https://www.facebook.com/avanoticias.encontacto/videos/383078175587191/
Claro es que las diferencias en los estilos de gobernar entre las pasadas administraciones y los integrantes de la Cuarta Transformación comienza a mostrar severas deficiencias por parte de los últimos, al no visualizar la cascada de anomalías en el desacato de esta instrucción jurisdiccional.
De esta manera el titular del Orfis adelantó que tan solo por este tema, a finales de este enero sostendrá reuniones con los contralores internos de los ayuntamientos afectados para indicarles cómo deben de actuar una vez que reciban los recursos o en caso de que no les paguen.
La tormenta se avecina y es de pronóstico reservado, el revés propiciado por el mismo Portilla Vázquez coloca ya en serios aprietos a los mismos legisladores que deberán investigar a fondo los señalamientos de los alcaldes afectados.
¡Algo simplemente no cuadra!
Al tiempo.
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