A primera hora de este 1 de diciembre comenzará formal y legalmente lo que el movimiento lopezobradorista llama pomposamente la “cuarta transformación” de la República, obsesionado por ponerse a la misma altura de episodios históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
Sin duda, el cambio de gobierno –que sea verdaderamente un cambio de régimen está por verse- que atestiguaremos este fin de semana sí constituye un hecho histórico para el país. El quiebre de la hegemonía política de los grupos de interés neoliberales que gobernaron a México los últimos 36 años no es poca cosa. Aunque por lo que pudo verse en el larguísimo periodo de transición, solo se regresa al modelo estatista de los años 70, en el que el Ejecutivo federal concentrará todo el poder y buscará eliminar cualquier contrapeso a las decisiones que de facto ya ha tomado y que se convertirán en actos de autoridad a partir de que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente constitucional.
Nadie puede negar que los más de 30 millones de votos recibidos en las urnas respaldan su proyecto de gobierno y lo legitiman ampliamente ante la sociedad y la comunidad internacional. En consecuencia, y como sucede siempre con liderazgos carismáticos como el de López Obrador, la expectativa respecto del cambio prometido es enorme. Más grande de lo que estarán en condiciones de cumplir a cabalidad.
La seguridad será el más grande reto que tendrá por delante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo sabe y por ello decidió no solo dejar a los militares en las calles -contra lo que prometió en muchas ocasiones a lo largo de los años-, sino elevar a rango constitucional que las fuerzas castrenses realicen tareas policiacas en todo el país a partir de la creación de la Guardia Nacional, que tendrá facultades para detener civiles. Mal augurio para los derechos humanos.
Tampoco puede haber optimismo en materia de respeto a las leyes. Así lo demostraron con sus dos “consultas populares”, en las que ignoraron olímpicamente lo establecido en la Constitución para que estos ejercicios tengan validez. Pero eso no es lo peor. El propio López Obrador adelantó que cambiarán las leyes que necesiten cambiar para sacar adelante sus proyectos y decisiones, para lo cual tienen mayoría en el Congreso de la Unión. Si la ley nos estorba, reformémosla, es la consigna.
Solo que hacer legislaciones a modo es propio de regímenes autoritarios. Y es precisamente el tufo del autoritarismo lo que se desprende de las actitudes de varios “dilectos” representantes del lopezobradorismo, que ante cualquier crítica se comportan como dictadorzuelos en potencia y alientan el linchamiento de las voces discordantes, mientras “celebran” su “victoria” con frases del calibre de “se las metimos doblada” para hacer saber y sentir a quien señale sus yerros que pueden hacer lo que quieran. Incluido pasar por encima de una ley para obtener un cargo.
La economía será otro factor de riesgo para la viabilidad del país. Anuncios e iniciativas como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la desaparición de las comisiones bancarias y la expropiación de las Afores ya han provocado descalabros financieros, devaluación y un clima de incertidumbre que bien podría causar una fuga masiva de capitales que dinamitaría al país. Los mercados internacionales no entienden de esperanzas y devenires históricos.
Además, el financiamiento de los proyectos y ofertas de campaña de López Obrador requerirá de enormes sumas de dinero. ¿Alcanzará con despedir y bajarle el suelo a la burocracia y con combatir la corrupción? Las cuentas no salen.
Lo increíble es que todo lo anterior ha sucedido antes de que López Obrador gobierne constitucionalmente. Pero a partir de ahora, sus decisiones tendrán efectos inmediatos en la vida de toda la nación. El próximo presidente de México tendrá entonces una responsabilidad gigantesca que, por el bien de todos los mexicanos, ojalá honre con una administración no solo honesta sino eficiente de los recursos, a través de un régimen que de verdad convoque a la unidad nacional sin que ello implique la imposición de visiones y versiones únicas e incuestionables de la realidad, que nieguen el derecho a disentir o pensar distinto.
Llegó la hora. Les toca demostrar de lo que están hechos.
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