“Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su actitud”. – Héctor Tassinari.
En un entorno global que se anticipa más complejo y menos dinámico para 2026, la decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de reducir en un 42% la deuda total de Veracruz no sólo representa una operación financiera relevante, sino una lectura política y económica adelantada de los riesgos que ya advierten las calificadoras internacionales. Fitch Ratings mantiene perspectivas estables para los gobiernos locales el próximo año, pero identifica presiones claras: menores ingresos propios, reducción potencial de transferencias federales y un gasto público que se tensionará por ajustes salariales y la recentralización de fondos etiquetados. Es decir, un escenario que exigirá a los estados llegar ligeros y disciplinados.
En ese contexto, el anuncio de Nahle luce estratégico. Veracruz pasó de 119 mil millones a 62 mil millones de pesos en deuda total durante el primer año de administración. No es un logro menor. Liquidar al 100% los 30 mil millones adeudados al SAT —herencia desde 2009— convierte a Veracruz en el único estado que utilizó y concluyó exitosamente el programa federal Deudor Cumplido. A ello se suma la reducción del adeudo ante el ISSSTE de 25 mil a 11 mil millones, un movimiento que impacta directamente en la sostenibilidad futura de las finanzas públicas y en la certidumbre laboral de los trabajadores al servicio del estado.
Lo relevante es que esta disciplina no vino acompañada de parálisis gubernamental. Seguridad, salud, obra pública, tecnificación del campo y programas sociales no sólo se mantuvieron, sino que en varios casos crecieron: adquisición de patrullas y uniformes, incremento salarial a la policía, fortalecimiento del sistema de salud con las “Camionetitas”, impulso al campo y atención urgente a contingencias en el norte del estado. Incluso se avanzó en la creación de un fideicomiso para la modernización del transporte público, un rubro históricamente abandonado.
Fitch prevé que, pese a las presiones globales y a la revisión del T-MEC —que podría frenar la relocalización de inversiones y afectar el empleo—, el 2026 será relativamente estable para los estados que lleguen con finanzas ordenadas. Sin elecciones locales y con una inflación más contenida, se reduce el riesgo de refinanciamiento de deuda de corto plazo y se abren espacios para una gestión más prudente. Es aquí donde la jugada de Nahle cobra sentido: Veracruz ingresa al 2026 compacto, menos vulnerable y con un margen mayor para resistir turbulencias externas.
La reducción de la deuda no resuelve todo, pero coloca al estado en una posición financiera inéditamente favorable tras más de una década de inestabilidad. Es un anticipo a un año que demandará firmeza técnica y política. Y, en este momento, Veracruz parece haber entendido el mensaje mejor que muchos otros.
A su vez, llegó una importante noticia, y es que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Veracruz es hoy la octava entidad más segura del país, así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, al comparecer ante diputados locales. Subrayó que desde el inicio de la administración de Rocío Nahle se asumió —y se sostiene— el compromiso de fortalecer la paz, la legalidad y el orden sin escatimar recursos. No les tiembla la mano, afirmó, y se actúa contra cualquier delincuente. Esta mejora en seguridad, sumada al saneamiento financiero, aporta la certeza que tanto requiere un estado que busca estabilidad y proyección en un entorno económico desafiante.
Al tiempo.
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