Las imágenes de las favelas de Río de Janeiro tomadas desde el aire son tan potentes como dolorosas: techos de lámina, calles estrechas, humo, y el eco de los disparos que dejaron más de sesenta personas muertas en una sola jornada. Una nueva masacre, una más en el largo historial de “operativos” que prometen devolver la seguridad, pero terminan repitiendo el mismo guion: cuerpos caídos en los márgenes, comunidades heridas y una justicia que nunca llega.

La reciente incursión en los complejos del Alemão y da Penha involucró a más de dos mil quinientos agentes. El objetivo oficial era desmantelar redes del narcotráfico, pero los resultados recuerdan más a una guerra interna que a una acción de seguridad pública. En Brasil, estas operaciones han sido justificadas por años como “necesarias”, aunque en la práctica se convierten en castigos colectivos sobre los más pobres. Y esa tendencia no es ajena a la región.

En gran parte de América Latina, la promesa de “recuperar la seguridad” se ha convertido en una excusa para normalizar la violencia institucional. Desde las favelas de Río hasta los barrios populares de San Salvador, el patrón se repite: políticas que priorizan el control y el miedo, mientras relegan la inversión social, la educación y las oportunidades. Lo que se presenta como una estrategia de orden, muchas veces encubre la renuncia del Estado a garantizar derechos de manera integral.

Cuando la policía entra disparando a zonas donde el Estado nunca llegó con escuelas o centros de salud, el mensaje es claro: para algunos, la presencia del Estado solo se manifiesta a través del uso de la fuerza. El problema no es la búsqueda de seguridad, sino el tipo de seguridad que estamos construyendo. Una seguridad entendida como eliminación del otro, no como construcción de comunidad.

Esta construcción ya se vio antes en las comunas de Colombia y hoy décadas después los estragos aún son palpables, recordando que la violencia nunca será el camino y la construcción de paz es una urgencia necesaria pero de nada sirve si esta se obtiene mediante la violencia y el uso constante de armas.

Las consecuencias en derechos humanos son profundas. Las familias viven bajo un miedo permanente; los jóvenes crecen estigmatizados por el solo hecho de nacer donde nacieron; y las mujeres, que cargan con la reconstrucción cotidiana tras cada operativo, quedan invisibles en las estadísticas. Cada muerte sin investigación, cada detención arbitraria, cada allanamiento sin orden judicial erosiona no sólo la ley, sino la confianza colectiva.

El Salvador es el otro espejo. Su régimen de excepción ha sido presentado como un “modelo de éxito” por la reducción de homicidios, pero detrás de las cifras hay más de ochenta mil detenciones, miles de denuncias por tortura, muertes bajo custodia y un retroceso preocupante en libertades básicas. No hay democracia que pueda sostenerse si la paz se construye sobre el miedo.

México debería mirar con atención estos ejemplos antes de repetirlos. La tentación de militarizar la seguridad o de asumir que el fin justifica los medios siempre aparece en contextos de desesperación. Pero una política que sacrifica derechos en nombre de la paz, termina tarde o temprano, sacrificando también la paz misma.

El país necesita estrategias integrales que vayan más allá de la fuerza: inversión en comunidades, fortalecimiento policial civil, programas de reinserción que contemplen también la justicia restaurativa, transparencia judicial y, sobre todo, una visión de seguridad centrada en las personas, no en los territorios conquistados. La verdadera seguridad se mide no por el número de arrestos o de operativos exitosos, sino por la cantidad de vidas que logra preservar.

Mirar a las favelas brasileñas no debería servir para señalar con distancia, sino para anticipar lo que puede ocurrir cuando la desigualdad se combina con la impunidad y la política renuncia al diálogo. Que esa masacre nos recuerde que cada operativo que olvida los derechos humanos no es una victoria contra el crimen, sino una derrota del Estado.