La política local está plagada de intereses creados y estrategias que, lejos de buscar el bienestar común, alimentan la ambición de unos cuantos. Un claro ejemplo de esto es el comportamiento de organizaciones como Antorcha Campesina, un grupo que se presenta como defensor de las clases más desfavorecidas, pero que, en la práctica, ha construido un imperio de extorsión y manipulación a costa de quienes dicen representar. El reciente intento de amedrentar al gobierno municipal encabezado por Alberto Islas Reyes, con marchas y protestas, revela, una vez más, la naturaleza parasitaria de esta organización que busca más que justicia, un favor político y económico.
Desde que asumió la administración, el alcalde Islas Reyes ha procurado atender las necesidades de todos los grupos sociales, independientemente de su afiliación política o ideológica. Su gestión ha sido un esfuerzo por transformar una ciudad que, en muchas áreas, se encontraba sumida en el abandono. Obras públicas como el domo en el Telebachillerato Moctezuma o el mantenimiento de diversas calles son solo una muestra del compromiso de este gobierno con la infraestructura y el bienestar de la población. Sin embargo, en lugar de reconocer estos avances, ciertas organizaciones han optado por la vía del chantaje, buscando eludir las políticas públicas que no favorecen sus intereses particulares.
Antorcha Campesina, lejos de ser una organización “ciudadana”, ha funcionado durante años como una red de intereses oscuros, cuyo principal propósito parece ser el enriquecimiento de sus líderes. Su modus operandi es sencillo y lamentablemente efectivo: manipulan a las masas, organizan movilizaciones y crean una cortina de humo que distrae de las verdaderas necesidades de la comunidad. Y en este esquema, la estrategia es clara: crear caos, generar confrontaciones y, con ello, presionar a los gobiernos locales para que cedan a sus demandas.
Lo que está en juego aquí no es un reclamo legítimo de derechos, sino la manipulación de las necesidades más urgentes de la ciudadanía para engrosar las cuentas de unos cuantos. El domo en el Telebachillerato Moctezuma, por ejemplo, es una obra que beneficia directamente a estudiantes y padres de familia, pero en lugar de agradecer y reconocer la inversión pública, se intenta desvirtuar la intención detrás de dicha obra. ¿Cómo es posible que se tilden de injustos los esfuerzos de un gobierno local que sí cumple con sus responsabilidades, mientras que quienes pretenden extorsionar a través de movilizaciones no aportan nada concreto a la solución de los problemas de fondo?
Lo más grave de todo es la forma en que se instrumentaliza a las personas. Esas familias que, bajo el falso discurso de lucha social, terminan en las calles, movilizadas por líderes que, lejos de buscar su bienestar, solo quieren aumentar su cuota de poder y control. ¿Es esta la lucha social que necesitamos en México? ¿La lucha por el poder de unos pocos a costa del sacrificio de muchos?
El alcalde Alberto Islas, en su papel de responsable de la administración municipal, ha tenido la valentía de poner límites a estos abusos. En su reciente declaración, ha dejado claro que no cederá ante los chantajes de los pseudolíderes de Antorcha Campesina, y que se aplicará la ley con todo su rigor. No es un llamado a la represión, sino a la justicia, al respeto por el derecho al libre tránsito y, sobre todo, a la dignidad de los ciudadanos que se ven obligados a sufrir las consecuencias de estas manipulaciones. Las autoridades tienen el deber de garantizar que el espacio público no sea tomado de manera arbitraria por grupos que buscan lucrar con las necesidades ajenas.
Es hora de que los líderes de Antorcha Campesina dejen de utilizar la “lucha” como una excusa para justificar su accionar. Cada vez que se avecina un cambio de administración, como ocurre en este momento, la estrategia parece ser la misma: generar un ambiente de caos para obtener beneficios particulares, ya sea mediante concesiones económicas o, incluso, la intervención de proyectos que les permitan afianzar su poder.
La respuesta de la administración municipal debe ser firme. La ley debe prevalecer sobre la extorsión y el miedo. El gobierno de Islas Reyes ha demostrado que su objetivo es la mejora de la infraestructura y el bienestar de los ciudadanos. Cualquier intento de desvirtuar su labor a través de protestas orquestadas por intereses particulares debe ser contestado con hechos, no con concesiones. Las organizaciones como Antorcha Campesina deben entender que la política no es un espacio para el chantaje ni para la extorsión.
La lucha social es un derecho legítimo que no puede ser utilizado como una herramienta para intereses personales. El verdadero cambio social solo será posible cuando los ciudadanos sean capaces de reconocer a aquellos que realmente velan por sus intereses y a quienes, bajo el disfraz de defensores del pueblo, solo buscan su propio beneficio. La administración actual ha demostrado que es posible avanzar sin someterse a los intereses de los grupos de poder que, por décadas, han manipulado la política local.
Es tiempo de que la ciudadanía se una en torno a un gobierno que busca el bien común y que no cede a las presiones de quienes solo desean perpetuar su poder. Es hora de poner un alto a las extorsiones de quienes han convertido la política en un negocio familiar. Y, sobre todo, es hora de recordar que la verdadera lucha social no se encuentra en las calles, sino en las acciones concretas que mejoran la vida de todos, sin distinción alguna.
Es tiempo de que los verdaderos líderes surjan, aquellos que trabajen de manera transparente y comprometida con el bienestar común, no con los intereses particulares de unos pocos. La ciudadanía está cansada de la manipulación. Ya basta.