“Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores.” – Napoleón Bonaparte.
México está por presenciar, desarrollar, y ejecutar la más profunda de las revisiones al Sistema de Justicia de los últimos 40 años.
El reclamo de millones de mexicanos de alcanzar una “justicia, pronta y expedita” que por años los partidos tradicionales omitieron atender porque, ¿qué caso tenía entrarle al tema?, en ese juego perverso de no querer reconocer que todos los gobiernos tanto federales, estatales y municipales han tenido su grado de responsabilidad, trae al menos al Poder Judicial estresado.
Tuvo que llegar el presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T de la mano, para que el tema se impusiera en la agenda prioritaria de construcción nacional.
Al principio, el denominado Plan A, luego el Plan B fueron poco comprendidos, digamos por una sociedad que sinceramente desconoce de fondo todo el andamiaje y entramado legal construido para desarrollar el Sistema de Justicia, pero con el reciente triunfo apabullante de Morena, se acabó el intento permanente de la oposición de no entrarle al análisis y discusión.
Es así como, de entrada, el Poder Judicial ha visto que el reclamo de acabar con la corrupción, los privilegios, con esa burbuja que ha colocado al impartidor de justicia como “la casta intocable” se acabó.
Este reportero tuvo el privilegio de ser invitado este jueves 4 de julio por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucia Piña Hernández para participar en Xalapa en la moderación de uno de los 14 eventos nacionales denominados “Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia” el mayor ejercicio de consulta y de escucha a profundidad sobre seguridad y justicia realizado en el país en la historia reciente.
Es así como a través de 14 encuentros, se busca generar un diagnóstico plural, que sustente propuestas concretas en las que se planteen estrategias y acciones desde los órdenes de gobierno, la academia, la sociedad civil y, enfáticamente, las personas usuarias del sistema de seguridad y justicia, con base en las competencias y responsabilidades de cada autoridad e institución que lo integran.
Esta iniciativa, impulsada desde el Poder Judicial de la Federación (PJF), tuvo como objetivo abrir un espacio de reflexión colectiva para detectar los problemas prioritarios de seguridad y justicia, así como las rutas de acción para su solución.
Los resultados se darán a conocer públicamente y con ellos se espera contribuir a establecer una Agenda Nacional de Seguridad y Justicia que atienda los verdaderos problemas en estas materias.
Fue así como pudimos conocer y recoger la experiencia de todos los integrantes del Sistema de Justicia, “desde las víctimas”, pasando por los funcionarios de primera línea –integrantes de Fiscalías, dependencias de Seguridad, organismos auxiliares de apoyo y respaldo a la víctima-, abogados postulantes, juzgadores, magistrados en una revisión de las desatenciones y falta de estudio de las problemáticas que han llevado a nuestro país a tener los peores niveles de impartición de justicia del mundo.
Tan solo como marco de referencia, de acuerdo con el informe Hallazgos de la organización México Evalúa, “el porcentaje de impunidad general en la justicia mexicana pasó del 91.8 por ciento en 2021 al 96.3 en el año 2022, lo que representa un retroceso de 4.5 puntos porcentuales en él, ya lastimado, acceso a la justicia.”
En el caso del delito de “homicidio doloso” la media nacional de impunidad fue de 95.7 por ciento, es decir, que de las 26 mil 278 personas asesinadas en el país, más de 25 mil no tuvieron acceso a la justicia; situación que se agrava en los estados de Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Zacatecas, donde los niveles de impunidad alcanzaron el 100 por ciento.
La Ciudad de México vuelve a aparecer con 100 por ciento de impunidad en el delito de feminicidio -75 mujeres asesinadas por razón de género, según cifras oficiales-, la acompañan Quintana Roo y Zacatecas; mientras la media nacional es del 88.6 por ciento. Cerca de 850 de los crímenes no fueron castigados.
En materia de desapariciones la impunidad total creció a los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, con una media nacional del 96.5 por ciento; en los abusos sexuales se mantienen Aguascalientes y la capital del país, además de Nayarit, con una impunidad del 100 por ciento.
El informe de México Evalúa también identificó seis estados con altos índices de impunidad en relación al delito de secuestro; repiten Aguascalientes y la Ciudad de México, y se suman Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
Por ello es tan importante lo citado el pasado 27 de junio en la Cámara de Diputados Federal, por parte de la propia ministra presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, quien afirmó que, a partir de este ejercicio, se desprende que “la justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial” –por primera vez reconoce que es un asunto que nos atañe a todos-.
Por ello afirmó: “Seamos críticos de la justicia en México. La realidad no nos permite otra actitud. Pero apliquemos la crítica en la que se encuentre en el centro de ésta las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general. Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto. Critiquemos con honestidad. Critiquemos con responsabilidad de Estado”, remató.
Al menos con este importantísimo mensaje, esa “casta intocable” admite que es urgente humanizar y sensibilizar la justicia, algo que en los últimos 40 años era si quiera impensable siquiera analizar.
Es evidente que habrá Plan C o Reforma al Poder Judicial, las preguntas acá serán, ¿en verdad responderá a la demanda ciudadana de lograr justicia pronta y expedita? ¿Se acabará con esa cadena de impunidad, corrupción que es innegable que existe? ¿Se reconocerá que es en las Fiscalías y en los 32 Poderes Judiciales Locales, donde verdaderamente los gruesos de casos están empantanados? ¿Cuándo y cómo se comprenderá a víctimas y a funcionarios de primer contacto que sufren las consecuencias de la falta de voluntad política para incrementar presupuestos que permitan alcanzar esa tan anhelada justicia, que reclama la sociedad?
Visto así, el reto imperativo de nuestros legisladores federales –diputados y senadores- obedecerá más a resolver de fondo el tema, o se circunscribe en la atención exclusiva de una sola visión del problema.
Pues el reclamo de “justicia, justicia y más justicia” es ya inminente.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
