Diego Valadés
en REFORMA
01 Nov. 2021
ico_clock3 min 30 seg

Los términos con los que el presidente de la República atacó a la Universidad Nacional Autónoma de México dieron lugar a nutridas expresiones de apoyo a la institución. La UNAM adoptó el tono prudente que corresponde a su jerarquía académica.

La recriminación presidencial fue un maltrato sin precedente a una de las universidades más importantes del hemisferio, orgullo de varias generaciones de mexicanos. Ahora falta por ver cómo actuarán quienes crean que cuentan con la venia presidencial para desarticular a la Universidad. La turbulencia es una posibilidad siempre latente en las universidades públicas mexicanas. En ellas se requiere un pulso cuidadoso para conducir un trabajo libre, responsable y plural.

El gobierno universitario se basa en la autoridad moral, no en el poder coercitivo. Los dirigentes universitarios ejercen una función académica, no política; su liderazgo resulta de la respetabilidad de su trayectoria, no de la popularidad de su discurso. La desestabilización universitaria es fácil si no se cuenta con el apoyo del Estado, y sería inevitable si fuera el Estado mismo quien la convocara.

Por ser libre y creativo, el modelo universitario no debe depender del sistema político, pero sí tiene relación con el tipo de Estado en el que actúa. En el siglo XIX la universidad colonial fue abolida por los liberales y restablecida por los conservadores, hasta su extinción definitiva en 1865. En lugar de la Real y Pontificia se implantó la educación superior republicana y laica mediante diversos institutos civiles, científicos y literarios en los estados, y por escuelas federales que incluyeron a la Nacional Preparatoria fundada por Benito Juárez. Estas instituciones son el origen del sistema universitario del siglo XX.

Justo Sierra propuso crear la Universidad Nacional, científica y laica, desde 1881; lo consiguió hasta 1910. En 1929 le fue otorgada la autonomía, que ya había sido planteada por el gobierno de Francisco I. Madero para “independizarla de los vaivenes de la política”. A principios de 1933 tuvo lugar una memorable polémica entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso acerca de la posición ideológica de la Universidad. Ambos, cultos y elocuentes, coincidían en que la UNAM debía apoyar a “la clase proletaria del país”, pero Lombardo se decantaba por que la Universidad se rigiera por el materialismo histórico mientras que Caso argumentó en pro de la libertad ideológica. Entretanto, se discutía la reforma al artículo 3º constitucional que implantó la educación socialista.

En represalia por la renuencia de la UNAM a su ideologización, el Congreso expidió en 1933 una Ley Orgánica que la privó del presupuesto anual y de su carácter Nacional, dejándola como Universidad Autónoma de México y en condiciones precarias. La comunidad, el Consejo Universitario y los sucesivos rectores no capitularon; siguieron trabajando y llamándose UNAM. En 1945 una nueva ley, la vigente, reintegró a la Universidad su personalidad Nacional y el Estado reasumió la obligación de sostenerla. La entereza universitaria triunfó.

Hoy, más allá de posiciones ideológicas, una parte del debate se centra en la forma de atender la demanda de educación superior. El derecho de la juventud para acceder a ese nivel educativo debe ser satisfecho, pero no a expensas de perturbar la preparación de los centenares de millares que ya están en las universidades.

Es evidente que la capacidad organizativa, docente, financiera y física de estos centros de estudio no les permite absorber la totalidad de la demanda potencial. En cambio, es deseable remontar las discrepancias, siempre superables, y cooperar para encontrar soluciones.

La Secretaría de Educación y muchas universidades públicas, incluyendo la Nacional, cuentan con modalidades muy desarrolladas de educación a distancia. Gobierno y universidades darían un ejemplo constructivo si se asociaran en un Sistema Nacional de Educación Superior a Distancia. El país vería con alivio que la tormenta quedara atrás y que en su lugar surgiera un proyecto compartido, inteligente y viable, para ofrecer a la juventud la oportunidad que necesita: universidad para todos.

La Universidad y el Estado no deben ser adversarios. Hay que construir lo que nos falta sin destruir lo que tenemos.

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