Pues resulta que las palabras sí fueron avispas y picaron fuerte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud (LGS) que protegía el derecho de objeción de conciencia para que el personal de salud pudiera negarse a practicar la interrupción de un embarazo, el cual se incluyó en una reforma de dicha ley en 2018, en las postrimerías del mandato de Enrique Peña Nieto, de la siguiente manera:

El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Permitir que la redacción de este artículo permaneciera tal como lo adicionó el poder legislativo anterior hubiese significado colocar un muro casi inquebrantable a la interrupción legal del embarazo sobre la cual legisló la SCJN, es decir, contradecir la norma jurídica que validó hace poco la misma dependencia.

Los conservadores, especialmente los religiosos, han presionado para conservar la LGS tal como estaba, porque era una especie de estafa jurídica para las mujeres. El típico “hágase pero no se cumpla”, porque no era una rendija jurídica sino un enorme socavón en el que cabían toda clase de pretexto para negar el servicio de interrupción del embarazo, tanto supuestamente éticos como religiosos.

El trabajo no ha concluido, pero ahora el poder legislativo tiene la obligación de proteger la objeción de conciencia, dado que la legislación mexicana reconoce la libertad de cultos, pero debe hacerlo de tal modo que armonice con el derecho a la interrupción del embarazo.

No será un trabajo sencillo, pues el dirigente del PAN ya declaró que no renunciarán a los principios que siempre han defendido (léase postura antiaborto). Ha corrido, sin embargo, mucha agua bajo el puente desde 1939, año en que se fundó el Partido Acción Nacional. El mundo ha visto cómo el impulso de las mujeres que luchan por sus derechos va rindiendo frutos, innegablemente en forma desigual.

En el 2021 todavía presenciamos en México manifestaciones en contra de la interrupción del embarazo en las que prevalecen las militancias políticas e ideológicas, en lugar de que el debate se centre en el respeto a los derechos humanos y la salud de las mujeres. La sombra ideológica o religiosa pretende cubrir e ignorar las tendencias que muestran una disminución en el número de abortos cuando estos son legales y se privilegia la difusión de los métodos anticonceptivos. Estadísticas a la mano desde los años cincuenta en Europa.

A mediados de los años setenta y la siguiente década comenzaron a surgir las legislaciones que despenalizaban el aborto, incluso en países donde era castigado con pena de muerte. Si eso consuela a los “antiderechos”, vamos sólo con cincuenta años de retraso en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

El cuerpo de las mujeres no ha dejado de ser la arena política en la que continúa la contienda entre liberales contra conservadores, especialmente en lugares donde los conservadores, para imponer sus puntos de vista, colocan en puestos clave a varones; por ello no deben extrañarnos los retrocesos, porque los hay, y muy graves, desde que la derecha ha intentado vestir de legitimidad su antidemocracia. De ahí que la lucha de las mujeres por el acceso a la participación política sea tan importante, pues también está comprobada la tendencia al surgimiento de leyes favorables a las mujeres cuando estas tienen mayor representación en los cuerpos legislativos.

En 1974, cuando fue aprobada la interrupción legal del embarazo en Francia y cuya ley fue promulgada por la abogada, política, sobreviviente del holocausto y ministra de Sanidad Simone Veil, durante el gobierno de Valéry Giscard D’Estaing, la funcionaria señaló una verdad tan simple que resulta incomprensible por qué los conservadores se niegan a verla.

Este proyecto tiende a poner fin a un desorden jurídico y a una desigualdad de hecho ante la ley, así como a riesgos inaceptables para la salud de demasiadas mujeres. Al apelar de la responsabilidad individual de estas, el proyecto también tiende a disuadirlas de valerse de lo que debe ser el último recurso. Este proyecto no pretende establecer una regla moral en nombre de la sociedad, sino solamente traer una solución más humana a las mujeres que viven este drama en la angustia y la soledad.

Es evidente que se intenta corregir una injusticia añeja, pero todavía hay muchos detractores. Ahora queda claro que no se puede apelar al humanismo ni al bien común que tanto pregonan los panistas. Se trata de una lucha política a la que las mujeres nunca han rehuido. Lo dijo bien el presidente de la SCJN, los avances en la despenalización del aborto han sido el resultado de la combatividad femenina que no ha cesado. No han sido dádivas de los “aliados” que pronuncian un discurso enaltecedor de las mujeres para olvidarlas a los dos minutos y continuar haciendo política a la antigua, es decir, como asunto “de hombres” que pueden decidir el destino, la salud y la dignidad de las mujeres. Eso sí debe pasar a ser cosa del pasado, de uno muy vergonzoso.

@pramirezmorales

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