No pasó demasiado tiempo para confirmar lo que ya era un secreto a voces desde la semana pasada: que el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es completamente ilegal. Y no solo por el sucio procedimiento de su designación.
Rosario Piedra no solamente era militante de Morena al momento de su designación –lo que de suyo la volvía inviable como ombudsperson, al no contar con independencia político-partidista para ejercer un cargo que exige imparcialidad- sino que, como había trascendido y finalmente se confirmó, también era integrante del Consejo Nacional de ese partido –como consta en los registros del Instituto Nacional Electoral-, lo que la convierte en inelegible y, por tanto, a su nombramiento en espurio, sin validez legal.
Esto, porque de acuerdo con el artículo 9 fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre los requisitos para ser titular de ese organismo está el de “no desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”. Candado que Rosario Piedra y los senadores que la designaron ilegalmente se pasaron por el “arco del triunfo”, porque el Consejo Nacional es uno de los máximos órganos de dirección de Morena.
Y esto fue confirmado este mismo jueves 14 de noviembre por la propia Rosario Piedra, quien ante la oleada de críticas publicó un comunicado en sus redes sociales en el que, además de justificar su nombramiento en el hecho de ser víctima indirecta de un abuso de poder y en su activismo –porque conocimiento del derecho no tiene, lo que la hace, además de todo, no idónea para esa responsabilidad-, hizo una confesión de parte.
“He presentado ya mi licencia como militante de Morena para dedicarme de tiempo completo a la gran tarea que nos aguarda”, subrayó Piedra Ibarra, en lo que representa una aceptación abierta respecto de su inelegibilidad.
Ante semejante atropello a la legalidad, cinco integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH presentaron su renuncia, entre ellos Alberto Athié, ex sacerdote y activista que denunció los abusos sexuales del poderoso fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, en tiempos en los que era impensable y hasta altamente peligroso hacerlo. Él sí, por mérito propio y no por consanguinidad, un verdadero defensor de derechos humanos.
La respuesta del régimen a las críticas a la elegida del presidente de México fue la misma cantaleta estúpida de siempre: son “conservadores”, miembros de la “mafia del poder”, los que se oponen a que el lopezobradorismo haga lo que se le dé la gana con las instituciones y el país, pisoteando la ley si les resulta preciso.
Pero es tan grande el fraude cometido y tan grotesco el abordaje bucanero de la “4T” contra la CNDH, que incluso Amnistía Internacional rechazó las condiciones en que se dio la designación de Piedra Ibarra, cuyo primer acto como ombudsperson –luego de que hasta le tuvieran que levantar vergonzosamente el brazo para que rindiera protesta- fue poner en duda que hayan asesinado a más de una decena de periodistas en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien todos los días agrede a la prensa que no va a ponerse de tapete ni a preguntarle pendejadas desde la primera fila de las mañaneras.
La primera pedrada del lopezobradorismo en la frente de la autonomía de las instituciones está dada. Se quitaron la máscara.
Otro duartista al gobierno veracruzano
Donde también ya ni la disimulan es en el gobierno de Veracruz. Este mismo jueves, el Congreso local designó a Rafael Ambrosio Caballero Verdejo como contralor interno de la también “muy autónoma” Fiscalía General del Estado.
En la “hoja de servicios” de Caballero Verdejo aparece su paso por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde trabajó al lado del duartista Juan Manuel del Castillo, uno de los artífices –impunes- del saqueo a la entidad.
Y luego niegan sus pactos y alianzas.
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