Antes de inician con el tema de nuestra entrega, observamos mucha insistencia en atacar a integrantes del gobierno de Rocío Nahle García, bajo las órdenes del senador Manuel Huerta “El Ladrón” de Guevara y el delegado de Bienestar Juan Javier Gómez Cazarín, alias “El Carón”. Sabemos el cómo, dónde, cuándo y por qué, así como la lista de las plumas que con singular alegría tergiversan la información y no ven la gravedad del tema, ya que grupos enquistados en Morena, pretenden quitar a altos funcionarios, quienes sí trabajan y por qué no, quitar también a la propia Rocío Nahle, pues ella y algunos de sus colaboradores estorban para poder manipular los negocios en Veracruz y a la propia gobernadora, llevando a ella chismes, intrigas y lo peor, estos delincuentes con cargo público no presumen de trabajo gubernamental.

El tema de la alcaldesa de Colipa, de quien omitimos su nombre porque está involucrada en una investigación federal del gobierno de Claudia Sheinbaum y Estados Unidos, así como la DEA, vinculados con el Gobierno de Veracruz. Los negocios de cárteles en Veracruz no son un secreto y es un tema serio.

Muchos medios de comunicación tergiversan y lucubran datos, cambiando nombres, lugares y escenarios, confundiendo a la opinión pública, pero lo cierto es que el Gobierno de Veracruz tiene una investigación sustentada  sobre grupos criminales en el Estado y próximamente habrá sorpresas. Mientras atacan a la gobernadora Rocío Nahle, al secretario de Gobierno Ricardo Ahued y a otros, asegurando que no hay información sobre el caso de Colipa y todas las plumas pagadas por Manuel Huerta mandar misiles teledirigidos, con el fin de que haya cambios y beneficiar a los mismos corruptos del anterior gobierno estatal, comandados por Cuitláhuac García.

El epicentro de la investigación en Colipa, llega hasta Badiraguato, Sinaloa y Omar García Harfuch ya detectó células que generan violencia, bajo la intervención de la DEA y recordemos que los negocios en Veracruz con dinero del narco también son tema de una investigación e interés de Estados Unidos.

En esta entrega daremos a conocer breves sobre denuncias ciudadanas, la primera, sobre los negocios en el IPAX:

Queja directa en las oficinas centrales del IPAX, al tener un negocio  y se realiza en las mismas instalaciones del IPAX,  donde elementos se quejan de que como no han dado uniformes al personal, la gerenta de Administración vende las playeras del uniforme oficial de la dependencia de seguridad, mismas, se obligan a los nuevos elementos a comprarlas directamente con ella y si no tienes dinero, se les obliga a pagarlas de inmediato. Se hace un llamado al comisionado Luis Fernando Baños Vazquez, para acabar con este negociazo que tiene la gerente administrativa y su mal manejo.

Denuncian a cuestionados servidores públicos en Veracruz investigados por el Gobierno de Rocío Nahle:

Después de haber publicado las anomalías en la contratación de Franz Retolaza García, exfuncionario de la SIOP y ahora, como subsecretario de Desarrollo Institucional y Administración Policial de SSP en el Estado de Puebla, con la liga: https://claudiaguerrero.mx/funcionario-de-ssp-en-puebla-franz-retolaza-garcia-le-reabren-caso-por-corrupcion-en-siop-y-abuso-de-menores-en-veracruz/ se confirma ser investigado por el gobierno de Rocío Nahle, por el “extravío” de 400 millones de pesos, así como altos funcionarios y colaboradores del aun preso, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Recordemos que Franz Retolaza García tuvo observaciones en la Cuenta Pública 2015, con un daño patrimonial por $40 millones de pesos y este dinero nunca fue devuelto, bajo las órdenes de Tomás Ruiz González, como titular de la SIOP. Y fue en detrimento del Gobierno de Veracruz, teniendo como cómplice a Caleb Navarro Kloss, cuando se desempeñaba como subsecretario de Infraestructura y es el mismo, quien gestionó un amparo por estar indiciado en la Carpeta de Investigación 311/2015, interpuesta por la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos. Sobre el amparo, éste le fue negado.

Otro caso es el de Héctor Alejandro Barrientos Haces, quien actualmente es el director general de Administración de SSP del Estado de Puebla y  tuvo múltiples acusaciones a su paso por SEDESOL Veracruz, como lo dimos a conocer con la liga: https://claudiaguerrero.mx/lista-de-aviadores-sangrando-la-nomina-del-pri-en-veracruz/ en donde informamos, sobre la actual delegada de INFONAVIT Veracruz y publicada el 23 de enero de 2022 que dicta: “Sobre Anilú Ingram Vallines, la señalan de tener en nómina a Héctor Alejandro Barrientos Haces, quien fue su operador político en SEDESOL, con un salario de $15 mil pesos; a Sergio Omar Viveros Dorantes, quien cobra sin trabajar, también procedente de SEDESOL y a Juan Antonio Kuri Kuri, con un pago de $8 mil pesos y es hermano de Fernando Kuri, pareja sentimental de Anilú”.

Otra de las exfuncionarias investigadas actualmente  es Alejandra Alcázar Piza, quien tiene procedimientos administrativos abiertos en Veracruz, siendo inhabilitada en el cargo a su paso en el DIF Estatal, como lo dimos a conocer con la liga: https://periodicoveraz.com/titular-de-la-contraloria-general-impone-actos-de-corrupcion-en-dependencia-encargada-de-combatirlos/ en donde exponemos la corrupción de la excontralora general de Veracruz, Mercedes Santoyo Domínguez y advertimos: “Otro cártel, ahora en el DIF de Veracruz, bajo la operatividad de Ignacio Alejandro Montero Álvarez, inhabilitado de la función pública cuando era secretario particular de Héctor Ruz Santamaría, también destituido por desvíos de recursos a su paso en el DIF Estatal, donde también está destituida en el cargo Alejandra Alcázar Piza, así como inhabilitada en la función pública. Todos, protegidos por Mercedes Santoyo Domínguez”.

No debemos olvidar que Mercedes Santoyo Domínguez está siendo investigada por la administración de Norma Rocío Nahle García y se le abrió una carpeta  por daño patrimonial, negligencia, abuso de autoridad y peculado.

Uno más, Jorge Preza Castro, subdirector de Recursos Materiales  del Hospital Luis F Nachón, señalado de no tener estudios, ni Cédula Profesional y se encuentra firmando documentos oficiales como licenciado, así como recientemente se realizó una manifestación por los abusos de la administradora Rocío Hernández Díaz y también en contra del propio Jorge Preza Castro, como se  dio a conocer con la liga: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindicalizados-del-hospital-civil-exigen-la-destitucion-de-la-administradora-180433.html

Ante la crisis económica que enfrenta Veracruz, la administración de Rocío Nahle ha decidido reabrir expedientes “congelados” y sin castigo en contra de muchos exfuncionarios, quienes deberán responder por los quebrantos patrimoniales y sobre todo, tener castigo para funcionarios corruptos.

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Otra vez, la FGE de Veracruz guarda silencio. Queremos pensar, para mantener hermetismo en el proceso de la investigación y no, por incapacidad y “valemadrismo” de la fiscal general Verónica Hernández Giadans.

El fin de semana, se impuso la nota roja en varios municipios de Veracruz y lamentablemente, funcionarios estatales y federales fueron asesinados  por grupos criminales, quienes son el azote del gobierno de Rocío Nahle García. Y ella sigue manteniendo a desleales servidores públicos y en contra de los ciudadanos de Veracruz.

En el municipio de Espinal, mataron a dos agentes de Tránsito  del Estado y otro elemento está gravemente herido, quienes recibieron ráfagas de metralletas por parte de un grupo criminal. “Para variar”, la FGE de Veracruz no aporta datos, ni informa a la ciudadanía y mucho menos, el Gobierno del Estado tiene datos para la localización de los delincuentes.

Con base a publicaciones de medios de comunicación, se aseguró que los agentes de Tránsito Estatal tenían la encomienda del retiro de polarizados a los vehículos que circulaban, de acuerdo  a la Ley de Tránsito y es una violación al Reglamento que amerita una multa. Y este operativo había iniciado desde el jueves pasado y extraño que no hubo presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

De acuerdo con testimonios, personas sin identificar se acercaron a los elementos de Tránsito y sí más dispararon a los servidores públicos, asesinando a dos de ellos y dejando herido de gravedad a un agente estatal. Las imágenes son aterradoras y están circulando en las redes sociales.

Luego, en el municipio de Sayula de Alemán localizan la camioneta Suburban color blanca donde se transportaban tres empresarios de Coatzacoalcos, Jesús Trujillo Pacheco, su yerno Carlos Alberto Bernáldez y Francisco Javier Sánchez Avendaño, quienes fueron privados de su libertad el pasado 8 de septiembre en el tramo entre Texistepec y Sayula, según medios de comunicación.

Otra vez, la FGE de Veracruz guarda silencio y queremos pensar, es para mantener hermetismo en el proceso de la investigación y no, por incapacidad y valemadrismo de la fiscal general Verónica Hernández Giadans, quien ya debe presentar su renuncia al cargo, por dignidad y para no seguir afectando al gobierno de Rocío Nahle García.

Esta camioneta de lujo fue localizada en el Rancho Santa Rosa, en Sayula de Alemán y extrañamente, fue el resultado de la persecución de delincuentes, quienes atacaron al Módulo de la Policía Municipal de San Juan Evangelista, en la comunidad de Lázaro Cárdenas. Con base a relatos de testigos, los tres empresarios fueron alcanzados por sujetos armados al salir de la planta “Excidis”, cuando se dirigían a una reunión en Sayula de Alemán.  Esta desaparición tiene nexos con el asesinato de la candidata en Texistepec, Yesenia Lara, en mayo pasado y había líneas de investigación por el robo de combustible y huachicol fiscal.

Uno más, siendo nota nacional, el asesinato de un funcionario de Pemex en Veracruz, José Luis García Morales, quien se ostentaba como coordinador operativo de Petróleos Mexicanos, reportado como desaparecido el 1º de septiembre y fue localizado el 19 del mismos mes. El funcionario de 46 años, salió de las oficinas de Pemex, en Boca del Río y  se dirigía a la Ciudad de Xalapa rumbo a su domicilio y el funcionario federal nunca llegó a su destino, como se da a conocer con la liga: https://www.infobae.com/mexico/2025/09/20/jose-luis-garcia-morales-funcionario-de-pemex-desaparecio-en-veracruz-y-fue-hallado-sin-vida-18-dias-despues/

La FGE de Veracruz no ha emitido información para conocer las causas del fallecimiento, ni las condiciones en las que fue localizado su cuerpo y la nota periodística aclara: “De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el posible vehículo oficial en el que viajaba García Morales fue localizado en el municipio de Paso de Ovejas, con algunas de sus pertenencias en el interior, pero sin rastro del funcionario. La ficha de búsqueda detalla características físicas como una cicatriz en el brazo derecho, lo que ayudó a confirmar su identidad”.

Cabe mencionar, que los familiares del coordinador operativo de Pemex acusan a la FGE de Veracruz por omisiones legales como resistirse a aceptar la denuncia por desaparición, el 3 de septiembre e inconsistencias en la carpeta de investigación, además, los constantes casos de desapariciones de trabajadores de PEMEX en los últimos meses y aseguran ser patrones de violencia en contra de altos funcionarios de la paraestatal.

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Nombrado ilegalmente como jueces interinos a quienes no ganaron la elección judicial, entre ellos Ana Lilia Vidal Cruz, Janet Pérez Caro, Germán Jiménez Oceguera y Gabriela Ordorica Ávila.

A lo largo del Estado de Veracruz, especialistas jurídicos empiezan a dar cuenta de los ilícitos en que incurran los integrantes del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al designar sin facultades a los ahora llamados “Jueces Interinos”  a sus cuates y jueces de consigna de la  expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Resulta que  Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz, aún controlado por la expresidenta del Tribunal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, trata de justificar este modelo de designación de jueces en la fracción XII del artículo 174 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que a la letra dice:

ü  Artículo 174. Son atribuciones del Órgano de Administración:

XXII. Designar a servidoras y servidores públicos para desempeñar funciones jurisdiccionales, en caso de ausencia de Juezas y Jueces.

El asunto es que no existe “ausencia” alguna de jueces en el Estado de Veracruz, menos en los distritos en los que han impuesto ilegalmente a jueces sustitutos, pasando por alto, que conforme la Constitución del Estado y la misma Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, sólo se considerará como Juezas y Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, los elegidos por las y los veracruzanos a través de sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Antes de la Reforma Constitucional y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí existía la facultad del Consejo de la Judicatura del Estado, para decretar un juez interino, cuando por algún motivo justificado se ausentará temporalmente un juez titular del órgano jurisdiccional correspondiente y en consecuencia a ello, podían nombrar al juez interino mientras durara la ausencia, pues así lo disponía la ley.

ü  Artículo 103. El Consejo de la Judicatura tendrá las siguientes atribuciones:

1. Decretar el interinato cuando por algún motivo justificado se ausente temporalmente un juez titular del órgano jurisdiccional correspondiente y, en consecuencia a ello, nombrar juez interino que lo ocupe mientras dure su ausencia;

Pero esta facultad ya no existe, porque con la entrada en vigor hace meses de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se abroga la anterior, incluyendo esta facultad de hacer jueces interinos a los que no fueron electos por voto popular.

El Código Penal para el Estado de Veracruz, en su artículo 315 señala que comete el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público quien:

• Desempeñe o acepte desempeñarse como servidor público sin cumplir con los requisitos que exige la ley.

1. Continúe ejerciendo las funciones de su empleo, cargo o comisión habiendo dejado de tener ese carácter conforme a la ley, salvo que por disposición legal o reglamentaria deba continuar en sus funciones hasta ser relevado. Al responsable del delito previsto en este artículo se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario.

De forma ilegal fueron designados jueces interinos y de forma ilegal aceptaron desempeñar el cargo público de Jueces Interinos sin tener sustento legal, ni haber sido electos por voto popular al menos las siguientes personas:

• La C. Ana Lilia Vidal Cruz, quien fue adscrita como “juez interina” en funciones de juez de Control en Xalapa, distrito en el que perdió la elección, pero que sin justificación legal la volvieron a dejar como juez penal en ese mismo distrito, solo la cambiaron de ponencia.

• La C. Janet Pérez Caro, quien fue adscrita como “juez interina” en funciones de juez de Control en Córdoba, distrito en el que perdió la elección, pero que sin justificación legal la volvieron a dejar como juez penal en ese mismo distrito, solo la cambiaron de ponencia.

• El C. Germán Jiménez Oceguera, quien fue adscrito como “juez interino” en funciones de juez de Control en Orizaba, distrito en el que perdió la elección, pero que sin justificación legal la volvieron a dejar como juez penal en ese mismo distrito, sólo lo cambiaron de ponencia.

• La C. Gabriela Ordorica Ávila, quien fue adscrita como “juez interina” en funciones de juez de Control en Huatusco, siendo que ella perdió la elección en el distrito de San Andrés Tuxtla, pero que sin justificación legal la volvieron a dejar como juez penal en este nuevo distrito.

Cabe destacar que en los Distritos de Xalapa, Córdoba, Orizaba y Huatusco, los jueces de control que ganaron por voto popular no fueron declarados ausentes, ni estos han pedido licencia alguna, no obstante, ilegalmente se han nombrado en su lugar a jueces sustitutos.

Lo anterior ha generado que empiece a existir múltiples fracturas internas en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, porque jueces electos o reelectos por voto popular fueron enviados a distritos, los más lejanos posibles, a fin de orillarlos a renunciar.

Se sabe que este fin de semana, derivado de las quejas que se han empezado a generalizar entre los jueces del Estado, que sí fueron electos por voto popular, por el tema de las adscripciones, así como por las llamadas de amenazas para seguir presionándolos e indicarles cómo resolver asuntos por parte de David Cardeña, Diana Adivedh Cruz Villegas y Víctor Luis Priego López, la nueva presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, la magistrada Rosalba Hernández Hernández envió un mensaje a todos los jueces del Estado, en donde les señaló que “pronto se iban a reunir en persona, que los escucharía y atendería, que no se dejaran presionar, ni coaccionar por nadie, que sean justos e imparciales”.

Se sabe que muchos abogados están documentando las actuaciones que han llevado a cabo como jueces interinos Ana Lilia Vidal Cruz, Janet Pérez Caro, Germán Jiménez Oceguera y Gabriela Ordorica Ávila, pues además de ser nulo lo actuado por ser jueces no competentes, por ser ilegítimos, sus resoluciones siguen siendo arbitrarias y en cumplimiento a las instrucciones de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, David Cardeña, Diana Adivedh Cruz Villegas y Víctor Luis Priego López, ello a efecto de presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del Estado de Veracruz.

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Involucrado en escándalo por la asignación de contratos.

Hace una semana, subimos un comentario de Félix Alfredo Niño Flores en nuestra cuenta de Facebook y se activaron las alarmas para denunciar la publicación, colocarla en revisión y bajarla. El recién nombrado jefe de asesores de la magistrada presidenta Rosalba Hernández Hernández y extesorero del PRI Estatal, Félix Alfredo Niño Flores, quien vivía en Colonia Progreso Macuiltépetl, en Xalapa, Veracruz, ahora habita en cierto fraccionamiento de lujo, gracias a su responsabilidad en los dineros del Partido Revolucionario Institucional.

Lo interesante, que ahora se cuela en el Poder Judicial para  presuntamente asesorar en los temas jurídicos y sobre todo, dictar la plana a la inexperta presidenta del Poder Judicial, Rosalba Hernández Hernández.

También recordemos, que Alfredo Niño Flores fue enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno, durante el casi sexenio del hoy preso en el Reclusorio Norte, Javier Duarte de Ochoa y su gestión al frente de la Unidad Administrativa fue desastrosa, así como delegado Administrativo de la Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de Gobernación, durante el periodo 2015-2017, sin olvidar haber sido funcionario municipal en el Ayuntamiento de Xalapa. Y no debemos olvidar, haber dejado botada la dirigencia municipal del PRI en diciembre de 2023, con miras a la elección del 2024, como se informó con la liga: https://oem.com.mx/diariodexalapa/local/alfredo-nino-flores-renuncia-a-la-dirigencia-municipal-del-pri-lo-dio-a-conocer-en-redes-sociales-13449926 asegurando que el PRI ya no tenía “los ideales y principios que lo motivaron a unirse a sus filas”.

Este nuevo defensor de Morena, ahora se cuela en el Poder Judicial y ya hemos advertido en anteriores entregas, que priistas antes beneficiados, al no tener dádivas, ahora emigran a Morena.

Increíble pero cierto: Personaje que se benefició del PRI y a sus parientes, ahora protegido en Morena, como el caso de Félix Alfredo Niño Flores. Recordemos el escándalo en el 2016, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su delegación de Veracruz, beneficiado a familiares de una funcionaria de la dependencia, Shariffe Osman Flores, a través de una red de empresas constructoras a las que  otorgaron contratos millonarios, como se dio a conocer con la liga: https://animalpolitico.com/2016/12/comision-indigena-contratos-veracruz

Y dicta la publicación: “Otra de las empresas beneficiadas por la CDI-Veracruz es Urbanizadora y Constructora CAFX SA de CV. El 3 de junio de 2015, dos meses después de la entrada de Shariffe Osman como administradora, esta compañía recibió un contrato por $4 millones 555 mil pesos para la “construcción del sistema de drenaje sanitario” en el municipio de Chontla, Veracruz”.

Y el reportaje informa: “Los propietarios de esta empresa, de acuerdo con el acta constitutiva registrada en la Secretaría de Economía, son Félix Alfredo Niño Flores y Claudia Liliana Cruz Villar, quien es la administradora única. Félix Niño Flores es primo hermano de Shariffe Osman. Y según el portal de transparencia del gobierno veracruzano, hasta hace unos días, Niño Flores laboraba como enlace administrativo de la Subsecretaría de Gobierno; cargo al que llegó tras ocupar un puesto en el Comité Directivo del PRI estatal (2011-2013). La otra accionista, Lilliana Cruz, es esposa de Niño Flores e hija del actual secretario de gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Óscar Cruz Alexander”.

Pésimos antecedentes de un jefe de asesores que sólo logrará eclipsar a la nueva magistrada presidenta Rosalba Hernández.

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***El exsecretario de Gobierno permitió que sus colaboradores perdieran un caso por incompetencia y desconocimiento jurídico. Y la culpable Concepción Cruz repite en el cargo.

***Cartas a la redacción: La simulación en la Universidad Veracruzana: una convocatoria para validar una decisión ya tomada.

Grave la situación que enfrenta la Secretaría de Gobierno de Veracruz, ya que habíamos advertido sobre las incompetencias, negligencias y omisiones a deberes legales, al no atender señalamientos del SAT y luego, se convirtió en una enorme multa en detrimento de la SEGOB y sobre todo, por culpa de incapaces funcionarios, entre ellos el exsecretario Eric Patrocinio Cisneros Burgos. En esta entrega daremos entrada a una carta sobre la exposición de motivos y el estado que guarda esta millonaria multa, por culpa de “El Bola 8” y sus incompetentes colaboradores. Y aquí el texto:

La saludo con afecto y la vez le comunico circunstancias relacionadas con su nota https://periodicoveraz.com/segob-veracruz-y-su-enorme-deuda-ante-el-sat-por-incompetentes-funcionarios-aliados-de-eric-cisneros-2/, porque la sociedad debe saber las negligencias, complicidades o incompetencias que afectan el buen gobierno que pretenden realizar Rocío Nahle García.

Como recordará usted, la nota mencionada se refirió a la ineptitud de la falsa abogada Anahía Concepción Cruz Juárez, quien en 2022 presentó a Eric Patrocinio Cisneros Burgos y a su también protector José Pale un medio de defensa incorrecto, pues en vez de redactar el juicio de amparo en representación de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, como contribuyente, contra una sentencia que confirmaba un crédito fiscal. Expediente 485/18-13-01-4/272/19-S1-02-04, ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, les dio a firmar una revisión fiscal, quedando evidenciada su escasa experiencia, según sentencia dictada en la revisión fiscal 461/2022, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal con la liga: https://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=26/0026000030286990004.pdf_1&sec=Lorena_Sanchez_Osnaya&svp=1, en la cual, la autoridad federal mostró lo mal defendida que está la Secretaría de Gobierno, dando como resultado que tuviera que pagar cerca de $200 millones de pesos, por un asunto que era ganable, lo que es injusto porque esos recursos pudieron destinarse a niños con cáncer y ahora esa cínica funcionaria los deja sin quimioterapias.

En el fallo, la autoridad federal restregó al Gobierno Estatal encabezado por la Ingeniera Nahle que según al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativo, “… la legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, recae en la autoridad demandada en el juicio contencioso de origen, salvo disposición expresa que la impida para ello; consecuentemente, si como se expuso en líneas precedentes, la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, es parte actora en el juicio de nulidad del que deriva el presente medio de impugnación, resulta inconcuso, que carece de legitimación para interponer el presente recurso de revisión, en virtud de que se insiste, dicha legitimación únicamente la tiene la autoridad demandada a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica.”

Motivo por el cual desechó el recurso y el crédito fiscal quedó como consentido, por la incompetencia de doña Concha, al no saber distinguir que, siendo autoridad la SEGOB Veracruz, cuando actúa como contribuyente, se equipara a un particular, con mayor razón cuando es parte de un procedimiento jurisdiccional generado en una relación de supra a subordinación frente al SAT.

Pero esto no es todo, porque al iniciar la presente administración y sabiendo que Rocío Nahle y Ricardo Ahued quieren corregir lo mal hecho por Cuitláhuac García y por Eric Cisneros, doña Conchita Cruz, se presentó como la salvadora de la Dirección Jurídica, lo que fue comprado por la Directora y por la Subsecretaría Jurídica, ávidas de encontrar personas sin escrúpulos que traicionen a sus compañeros para echarlos y meter a su gente. Por esta bajeza, doña Concha fue ratificada según liga: https://www.segobver.gob.mx/directorio_curricular.php y se siente con poder de abusar aún más del personal a su cargo, a los que retiene innecesariamente en horarios prolongados, los ha culpado de los errores que ella ha cometido siendo personas capaces y con años de servicio, al grado que varios intimidados renunciaron, prefiriendo callar en lugar de enfrentarla.

Lo que la directora y la Subsecretaría Jurídica no saben que están siendo utilizadas y que la zalamería de Concha Cruz es el medio para ocultar sus propias irregularidades, que si revisaran a fondo, seguro encontrarán muchas. En el caso de su equivocada revisión fiscal 461/2022, pretende que prescriban las faltas administrativas y los delitos por el grave daño patrimonial causado, ya que los Manuales Específicos de Organización y el de Procedimientos, ambos de la Dirección General Jurídica, señalan que es ella, como jefa de Departamento, la responsable de analizar los asuntos y promover las demandas y recursos que procedan para defender de manera efectiva los derechos del Gobierno del Estado de Veracruz y de su Secretaría de Gobierno y no los analistas y auxiliares jurídicos, quienes sólo redactan oficios y demandas, conformes las instrucciones que les da.

Desafortunadamente, Cisneros Burgos logró meter a SEGOB a funcionarios que le pasan información y que en nada ayudan a un mejor gobierno, por esto confiamos en que la gobernadora tomará cartas en el asunto y que sus áreas jurídicas le serán leales. Por lo pronto se exponen a que Concepción Cruz les dé a firmar demandas o recursos erróneos y por el cúmulo de trabajo las firmen, con el consiguiente daño patrimonial, arrastrando a todos en su caída.

Estamos indignados porque la flamante abogada fiscalista Concepción Cruz dejó a niños con cáncer sin sus tratamientos y sus jefes anteriores ni Consejería Jurídica procedieron en su contra.

Para evitar mayores daños a las finanzas estatales es necesario que la directora jurídica y la Subsecretaría Jurídica tomen medidas que frenen las tropelías de la infiltrada Concepción Cruz, por su deber legal de denunciar y de abstención de encubrir, como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues de la entrega de recepción de diciembre de 2024 se presumen que conocieron el expediente de la revisión fiscal 461/2022. De no hacerlo, un grupo ciudadanos denunciaremos el tema ante la Fiscalía y ante Contraloría contra quienes resulten responsables por acción u omisión.

***Cartas a la redacción: La simulación en la Universidad Veracruzana: una convocatoria para validar una decisión ya tomada.

El reciente comunicado de la Universidad Veracruzana, fechado el 2 de septiembre de 2025, referente a la “Elaboración del Programa de Trabajo 2025-2029”, representa una alarmante muestra de simulación institucional que debe ser denunciada con firmeza.

Bajo el disfraz de una “participación universitaria”, se invita a la comunidad a integrarse en un proceso aparentemente abierto e inclusivo, cuando en realidad se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada para legitimar decisiones ya tomadas a puertas cerradas. La referencia a mecanismos como “diálogos universitarios”, “consulta en línea” y “participación por invitación” no es más que un ejercicio de validación simbólica que excluye a la verdadera pluralidad de voces dentro de la institución.

Lo más preocupante es que este montaje cuenta con el aval de la Junta de Gobierno, que, en lugar de ejercer su responsabilidad crítica y evaluativa, ha respaldado sin objeción un supuesto programa de trabajo de continuidad, ignorando por completo la obligación de analizar alternativas reales y proyectos innovadores. El órgano que debería velar por la transparencia, la pluralidad y la rendición de cuentas, ha optado por el silencio cómplice.

Cabe preguntar: ¿Qué significa la consulta si ya existe un programa de trabajo aprobado? ¿Qué sentido tiene invitar a participar si solo se integrará lo que convenga al discurso oficial? La comunidad universitaria no puede ni debe prestarse a legitimar una farsa. Estos mecanismos son utilizados para fabricar un consenso artificial que justifique un proyecto de continuidad sin debate ni renovación auténtica.

La Universidad Veracruzana merece un ejercicio democrático real, donde se escuchen todas las voces y se enfrenten las ideas. Lo que hoy se presenta como un ejercicio de planeación participativa, no es más que una escenificación vacía. Participar en esta dinámica sin denunciar su falsedad, es ser cómplice de una estructura que ha optado por el control y la simulación en lugar del pensamiento crítico y la transformación genuina. No más simulaciones. No más continuidad disfrazada de diálogo. La universidad crítica, libre y plural no puede construirse sobre cimientos de opacidad.

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La presidenta de México, discretamente, se está abriendo de todo lo que huela a AMLO.

La administración de Donald Trump operó lo que nadie había podido en México: Descarriló a la 4ª Transformación y al Partido Morena, evidenciando a presuntos “honestos y del cambio”, para demostrar con pruebas, ser corruptos y amafiados con cárteles mexicanos, así como comprobar que el Ejército Mexicano y la Marina, Armada de México operan negocios en el robo de combustible y el huachicol fiscal, comandados por altas esferas mexicanas, coludiendo a empresarios y políticos, entre ellos, los hijos del que se ostentaba como  “honesto”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este 17 de septiembre, la Fiscalía General de la República reconoció la existencia de una de varias carpetas de investigación en contra de los hijos del expresidente López Obrador por huachicol fiscal, tras el aseguramiento de un buque tanque con 10 millones de litros de diésel ilegal en Tampico, Tamaulipas. Y era combustible para los campos de siembra, en la elaboración de drogas, por parte de cárteles mexicanos, quienes fueron protegidos en anteriores gobiernos federales y en abierto, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y este expediente fue investigado por la DEA y Estados Unidos. Y fue entregado al gobierno de Claudia Sheinbaum y la presidenta de México, por su cercanía con López Obrador, sabía a detalle sobre el enorme robo de combustible y ella no había movido un sólo dedo para impedir este robo millonario a favor de grupos criminales, porque cumplía las órdenes de su mentor y de su partido político MORENA.

Con base al huachicol fiscal, surge el testigo protegido de la FGR, el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector aduanal, con distintivo “Santo”, quien reveló una red de protección desde lo más alto del poder del gobierno de Morena, bajo la operatividad del expresidente López Obrador. Y luego, la petición de amparo interpuesto por los hijos de AMLO, “Andy” y “Boby” López Beltrán para tener acceso a la carpeta de investigación en curso, bajo las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Y fue Carlos Loret de Mola, en su Portal Latinus, quien reveló que en una de las declaraciones del testigo protegido “Santo” reveló que “Andy” López Beltrán, como representante del Gabinete de su padre, Andrés Manuel López Obrador, es quien protegía la red de huachicol fiscal, como lo dio a conocer con la liga: https://x.com/CarlosLoret/status/1966879956937699801 donde el periodista expone: “Un hijo de AMLO protegía la red de huachicol de los sobrinos del exsecretario de Marina. Así lo implicó un testigo en el expediente de la FGR”.

Y esta colusión con grupos criminales de muy alto nivel, no se sabría, si no fuese por los testimonios de Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín Guzmán Loera, así como sus hijos Ovidio y Joaquín Jr., quienes detallaron toda la red de corrupción y que pagaron millones de dólares para funcionarios de altas esferas del gobierno de  Andrés Manuel López Obrador y recordemos que este expresidente y fundador de Morena siempre se ostentó como honesto, cuando en la realidad era un pillo, ladrón y corrupto, junto con sus cercanos colaboradores.

Después de evidenciar el Cártel de La Barredora, vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandado por Adán Augusto López, actual líder del Senado de la República y su exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, cuando el hoy líder de la JUCOPO en el Senado era gobernador de ese Estado, luego del escándalo de la Barredora, Paraguay detuvo a Hernán Bermúdez Requena por solicitud del Gobierno de México y este 17 de septiembre fue expulsado del país, para que viaje a México y se cumpla con su detención por varios delitos, entre ellos, colusión con grupos criminales y huachicol fiscal, como se da a conocer con la liga: https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2025/09/17/paraguay-expulsa-a-hernan-bermudez-llegara-a-mexico-para-cumplir-su-orden-de-aprehension/

Y en el análisis político, toda esta investigación de la Barredora y el huachicol fiscal fue bajo las órdenes de la propia presidenta Claudia Sheinbaum y así desligarse de operadores de López Obrador, como Adán Augusto López, los parásitos hijos de AMLO, altos mandos del Ejército y Marina, así como los compromisos con los grupos criminales, para así llevar una nueva administración federal, sin lastres, ni incondicionales del ladrón López Obrador.

Si ustedes se preguntarán si Claudia Sheinbaum quiere quitarse la vigilancia y órdenes de López Obrador, la respuesta es sí. Y si a Claudia Sheinbaum le importa lo que le pase a López Obrador, a sus hijos, a Adán Augusto o a sus operadores, la respuesta es NO y con mayúsculas. Y se confirma que la presidenta le da un poder amplio a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, quien ya se postula como el candidato natural de Morena y Estados Unidos lo ve con buenos ojos, pues está cumpliendo cada uno de los compromisos y además, limpiar el lastre que secuestra a México, llamado la 4ª Transformación.

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Tras haber armado tremendo zafarrancho en las instalaciones de la  Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) en Banderilla, para “desprestigiar” el “trabajo” del actual secretario Rodrigo Calderón Salas y al personal de su administración, por parte de un grupo traidor encabezado por Ricardo Reyes Bringas y ya se le está haciendo “engrudo el tamal”, pues en reuniones previas, donde presuntamente se advertía que ya tenían todo planchado con el Ing. José Luis Peña Peña, esposo de la actual gobernadora Rocío Nahle y quien ya se saborea la silla del director General de Desarrollo Rural de la SEDARPA,  Yovani Auli Moo.

El actual director de Desarrollo Rural, Ricardo Reyes Bringas, quien presume de ser el alcalde intelectual de José Azueta, de haber ofrecido rescatar al que según él es de toda la confianza de Rodrigo Calderón Salas, ahora, al jefe lo apuñala por la espalda.

Reyes Bringas  ya se veía en la banca, con un pie en Martínez de la Torre y llegaron a sus negros acuerdos a cambio de información y uniéndose en contra de la jefa de la Unidad Administrativa, pues dentro de sus planes estaba llevar al lngeniero Peña Peña para que viera el cochinero y como vulgarmente se dice: “Se las dejó caer”, dejando en claro que ni la administración de Calderón Salas, ni quien está a cargo de esas oficinas, el subsecretario de Ganadería Carlos Manuel Jiménez Díaz, son capaces de darle forma a la administración, quedando como héroe y propuesta para ser el sucesor a la silla secretarial a Auli Moo.

Y es que después de haberles recordado de ida y vuelta a todo el personal, quién los trajo al mundo, a sus supuestamente aliados Auli Moo y Reyes Bringas, solo les dio regaños a base de cariños, pues ya la película ya la tenían hecha, ya que el incompetente Ricardo Reyes Bringas, quien en todos lados se ostenta como “ingeniero”,  resulta que ni la prepa tiene terminada.

Se dice por ahí, que Reyes Bringas anda en busca de comprar un título, pues ya siente una investigación en puerta y todos saben que cuando está en su oficina comiendo o se la pasa de oficina en oficina como en el mercado, sólo llevando y trayendo como aliado a Giovanny Auli Moo, siendo Ricardo Reyes Bringas quien van con todo en contra de la administración y a costa de la traición.

Hay mucho interés en la SEDARPA y a poco más de un mes de la llegada de Giovanny Auli Moo, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Sedarpa, ya se rumora que se encuentran haciendo negocios con la maquinaria y el combustible donado por PEMEX en la zona sur del Estado de Veracruz.

No podía esperarse más de estos pillos, quienes bien aprendieron  las mañas, tranzas y corrupción, siendo apoyados por el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, mejor conocido como el “Bola 8”, quien le hizo la campaña imposible a la Ing.  Rocío Nahle y  ahora, se encuentra consiguiendo aliados y más gente infiltrada en su gobierno.

No sabemos qué le depara a la SEDARPA, pero la gobernadora Rocío Nahle debería poner un poco más de atención y estudiar bien al personal que incluye en su Gabinete, esperemos que un día de estos  se dé una vueltita por esa secretaría.

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Más sobre la corrupción en el IPE, ahora se convierte en el “Instituto de las Pasiones”.

Con base a publicaciones nacionales, sobre  el proceso de selección para elegir a la sucesora de Guadalupe Reyes Sahagún, quien había dejado el cargo como titular en la Comisión Nacional de Búsqueda, nos enteramos que la Secretaría de Gobernación eligió a la abogada y maestra en Derecho Procesal, Penal y Criminología, Martha Lidia Pérez Gumercindo para asumir el cargo en la CNB, siendo oriunda de Veracruz y además, fue cercana colaboradora del exfiscal Jorge Winckler Ortiz. Les cuento.

En posiciones del actual Gobierno Federal, los cercanos subalternos del exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, ahora ocupan puestos  de mayor relevancia, entre ellos:

1- Jorge Rodríguez Pucheta, quien actualmente es subdirector de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch y recordemos que ha ocupado los cargos de agente de la Policía Judicial, jefe de Grupo y comandante de la misma corporación, así como dentro de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), además se ha desempeñado como asesor en Crisis de Secuestro, Subcoordinador y director de la Policía Ministerial, siendo colaborador cercano a  Jorge Winckler.

2- Cristóbal Ubaldo García, titular del área de investigación en delitos cibernéticos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch y también recordemos que el exfiscal general Jorge Winckler lo hizo formador de Fiscales en el Área de Formación Profesional de la FGE de Veracruz.

3- Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que fue colaboradora de Jorge Winckler Ortiz, quien la hizo titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y de la Fiscalía de Desaparecidos de la FGE de Veracruz.

Con base a lo expuesto, no se debe olvidar que han sido colaboradores cercanos y formados bajo el mando y conducción del exfiscal general Jorge Winckler Ortiz.

***Más de la corrupción en el IPE, ahora se convierte en el “Instituto de Pasiones”.

Cartas a la redacción:

Para no hacer público lo que pasa en el ahora “Instituto de Pasiones” y para proteger a su “cercano colaborador”, Guadalupe  Chimal, haciendo alarde de su deshonestidad y una total falta de ética, el director oculta que desconoce la ley y autorizó el otorgamiento de una pensión por causa de muerte, por el fallecimiento de una pensionada que recibía precisamente pensión por causa de muerte.

En el IPE, la corrupción no sólo son los  malos manejos financieros, también lo es el mal otorgamiento de las pensiones y el nepotismo, pues desde el pasado mes de julio, los actuales directivos despidieron a María Fernanda, Maricela, Gabriela y Karina, compañeras a las que señalaron de otorgar una pensión por causa de muerte, por el fallecimiento de una pensionada, pero el problema es que las trabajadoras a quienes despidieron solamente son quienes reciben los trámites, quienes debieron negar la pensión por causa de muerte son el jefe de oficina de seguridad social, la jefa de vigencia de derechos, el subdirector de prestaciones y el director del IPE.

Y es tal es la incompetencia e ignorancia de estos personajes, que debiendo haber negado la pensión por causa de muerte, porque de quien pidieron la pensión fue por el fallecimiento de una persona que recibía precisamente pensión por causa de muerte, siendo los incompetentes quienes la autorizaron en total violación al artículo 50 de la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz, que indica lo siguiente: “La muerte del trabajador por causas ajenas al trabajo, cualquiera que sea su edad, con tres años continuos de  cotización al Instituto de Pensiones  del Estado como mínimo, así  como  la  de  un  pensionista  por jubilación, jubilación anticipada, vejez, incapacidad o invalidez, dará origen a las pensiones de viudez y orfandad o pensiones a los ascendientes, en  su caso, según lo previene esta ley”.

Cualquiera que sepa leer, puede ver que en ningún lado dice que se dará pensión por viudez por la muerte de un pensionista por viudez, pasaron por alto que la pensionada que murió era beneficiaria de pensión por muerte, no estaba pensionada por haber sido trabajadora, sino por la muerte de un trabajador o pensionado por jubilación, vejez, invalidez o incapacidad, pero para no hacer evidente la incompetencia, desconocimiento y estupidez de los verdaderos responsables, que son el jefe de oficina de seguridad social, la jefa de departamento de vigencia de derechos, el subdirector de prestaciones institucionales y el propio director del IPE,  es claro que desconocen lo mínimo de la ley y no revisan.

Y para justificar su ineptitud, despidieron a cuatro trabajadoras de base y lo que es peor, les permitieron vender sus plazas a terceras personas.

Es claro que el director del IPE, para protegerse y no hacer evidente su incompetencia y estupidez, igual para proteger a la mujer con quien mantiene una relación muy cercana, Guadalupe Itzel Chimal Cortés, de la que ya muchas veces denunciamos que no cuenta con Cédula Profesional y mucho menos tiene el perfil profesional para estar al frente del Departamento de Vigencia de Derechos, pero como es la protegida del director, siendo un secreto a voces en el IPE la relación muy cercana entre ambos.

Para proteger también a otro integrante de la pandilla de la exdirectora y actual alcaldesa electa de Xalapa, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, quien protege a Efrén Jiménez Rojas, incompetente subdirector de Prestaciones Institucionales y no van a realizar ningún procedimiento de sanción en franca complicidad con el contralor interno del IPE, pues las trabajadoras que fueron despedidas, tienen pleno conocimiento que desde la llegada de estos tipos, se han administrado mal las pensiones y los trámites no han sido realizados conforme a la legalidad, sino conforme a las decisiones personales de quienes aquí se señalan, incluida la incompetente Daniela Griego.

Desde que estos tipos llegaron al IPE, en franca violación a los derechos laborales  de muchos trabajadores de todas las dependencias de gobierno y en contra de la ley que se supone les protege, les han exigido tener los 53 años de edad, para poder jubilarse, aparte de todo el tiempo que se tardan en autorizar las pensiones, pues ya también se sabe que el dinero ya no les alcanza y han comenzado a hacer lo que los anteriores funcionarios, retrasar los trámites para no quedarse sin dinero. Así las cosas con la administración morenista y no debieran sorprender tener malos manejos con el programa de préstamos.

Por si fuera poco, con la desfachatez que los caracteriza, el director presume a través de cuentas oficiales haber acudido en su calidad de director, con personal del Instituto, a aplaudir el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que indica ser protegido y  no le harán nada, dejando claro que en esta administración impera la corrupción y la impunidad.

La gran interrogante es por qué la gobernadora permite toda esta corrupción en el IPE. Así que esta denuncia es para conocimiento de los veracruzanos, para que abran los ojos y vean el gobierno corrupto, deshonesto y falto de ética que tenemos.

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Medios de comunicación y periodistas de poca monta escriben elogios de este violador sexual en contra de mujeres y callan para beneficiar al improductivo senador, quien critica a Morena, a Claudia Sheinbaum, a Rocío Nahle y todo aquel que le estorbe en su proyecto.

***La Universidad Veracruzana y su presupuesto son los patrocinadores de las aspiraciones de Huerta y ambiciosos operadores.

Como mujer, me solidarizo con las víctimas y no hago acuerdos con violadores sexuales, como el caso del improductivo senador Manuel Huerta “El Ladrón” de Guevara. Y menos, con un oportunista, quien se ha hecho millonario a costa de un partido político tan cuestionado, de los moches entregados desde la administración del exgobernador Patricio Chirinos, de  la política porril y programas sociales en Veracruz.

Y como paga elogios, ahora lo muestran como el paladín de la crítica al interior de Morena, cuando él mismo es cuestionado por sus excesos, “manos largas” y un consumado acosador sin un ápice de vergüenza. Lo triste, que la FGE de Veracruz lo protege, lo alerta a que se sienta protegido, a que sea el perro rabioso y nadie lo detiene, ni sus palabras con gran peso por el resentimiento y ser parte de grupos ambiciosos de poder, inbañables y con aliento a drenaje.

Y Morena lo mantiene por los grupos de poder que lo protegen, citando a Verónica Hernández Giadans y a Martín Gerardo Aguilar Sánchez, quien está en la Rectoría, gracias a los amarres de Huerta “El Ladrón” de Guevara y la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. Y desde ahí, se patrocina a medios de comunicación, a periodistas que lucubran escenarios y falsean la verdad histórica, por $100 o $200 pesos, vendiendo sus plumas y se desprestigian ante la opinión pública, al defender a un violador sexual.

Son los mismos, quienes no voltean a ver a las víctimas sexuales de Huerta. Mujeres que levantan la voz y las humillan como si no valieran nada. Hasta las mismas juezas de control, durante las audiencias, regañan a las víctimas por haber denunciado a sus victimarios y cuestionan por qué “se dejaron violar”, sin tomar en cuenta el tiempo, forma y espacio, siendo humilladas y cuestionadas por la opinión pública y lo más triste, una mujer como fiscal general en la FGE de Veracruz prefiere hacer amarres y atender las órdenes de su “novio” y exsecretario de Gobierno, quien está coludido con grupos criminales y hasta él mismo, le incrusta en el organigrama a un operador llamado “El Pámpano” para que sea él quien en verdad ordene dentro de las áreas sensibles de la Fiscalía veracruzana.

Y Manuel Huerta hace ruedas de prensa cerca del Palacio de Gobierno. Su apariencia sucia y apestosa, lo soportan los reporteros, pues no les queda de otra que entrevistarlo, ya que el medio de comunicación tiene un convenio con este impresentable. Así que a taparse la nariz y acercar los micrófonos, para tomar audio y luego, con una toallita desinfectante, limpiar  la saliva, aliento a jugos gástricos, con olor a animal muerto. Un apestoso político, quien se pelea con el jabón, con actuales políticos y con los dirigentes de Morena, al no tener el control y sus opiniones ya no son tomadas en cuenta.

***Luis Ramírez Baqueiro pone sal a la herida en el “Imperio Gasolinero” de Veracruz.

Vaya columna Astrolabio Político de mi amigo Luis Ramírez Baqueiro, quien además nos ha apoyado jurídicamente en nuestra defensoría y bajo el también apoyo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) y compartimos la liga: https://periodicoveraz.com/el-derrumbe-del-imperio-gasolinero-en-veracruz/ donde hace una radiografía de la mafia e imperio gasolinero en Veracruz, involucrando a millonarios empresarios gasolineros investigados por la Secretaría  de Seguridad y Protección Ciudadana Federal,  a cargo de Omar García Harfuch, por los delitos de huachicol fiscal y robo de combustible.

Con el título “El derrumbe del imperio gasolinero en Veracruz”, el columnista expresa:  “El golpe asestado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra una red criminal dedicada al huachicol fiscal ha cimbrado los cimientos de una de las estructuras empresariales más poderosas y polémicas de Veracruz: la de los gasolineros. La detención de 14 empresarios, marinos y funcionarios, anunciada por Omar García Harfuch, no solo exhibe la magnitud del saqueo al erario mediante el robo de diésel, sino también la fragilidad de un modelo de poder construido al amparo de la complicidad entre autoridades y delincuencia. https://www.infobae.com/mexico/2025/09/07/revela-harfuch-nombres-de-empresarios-marinos-y-funcionarios-detenidos-por-red-de-huachicol-fiscal-en-tampico/

Entre los nombres que hoy circulan en los partes informativos del gobierno federal resalta el de Gilberto Bravo Torra, un hombre cuya historia retrata con crudeza el ascenso meteórico que sólo es posible en un sistema corroído por la corrupción”.

Y va más allá el periodista: “Hoy, ese imperio tambalea. El operativo conjunto que permitió las detenciones en Tampico revela no solo una red sofisticada para el robo y comercialización ilícita de combustible, sino también la manera en que empresarios locales construyeron fortunas inexplicables, siempre bajo el manto protector de autoridades complacientes y, en muchos casos, con la participación activa de grupos criminales. El impacto de estas detenciones es doble: jurídico y político. Jurídico, porque abre un proceso que podría derivar en la desarticulación de una de las mafias más poderosas del sector energético regional. Político, porque expone la manera en que empresarios que durante años se presentaron como “hombres de bien” en realidad cimentaron su influencia sobre prácticas delictivas. Para Veracruz, este escándalo es una llamada de atención. No se trata de un hecho aislado, sino de la evidencia de cómo el negocio de las gasolinas ha sido un terreno fértil para el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento paralelo de campañas políticas. El caso de Bravo Torra es apenas la punta del iceberg de un fenómeno que hunde sus raíces en los años de mayor descomposición institucional… Al tiempo”.

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José fue nombrado titular de la Secretaría General de Presidencia de la SCJN y Rosalba, titular del Poder Judicial en Veracruz.

*** Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y David Cerdeña le heredan guaruras sin experiencia como policías, pues uno era mesero y el otro taxista, para ser los “orejas”, así como reportar los pasos y con quiénes se reúne la magistrada presidenta del Poder Judicial.

***Mucho drama, chismes y mala asesoría para distraer a la magistrada presidenta Rosalba Hernández sobre el desastre financiero, laboral, administrativo y resoluciones de jueces y magistrados heredados por la extitular  del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Este martes se realizó la Guardia de Honor en el Parque Los Berros, en Xalapa, por parte de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Rosalba Hernández Hernández y su staff de colaboradores. Por cierto, en las fotografías con la liga: https://www.facebook.com/share/p/16Kx6RDcgK/ y publicadas por la pésima Coordinación de Comunicación Social, quien publica muy malas imágenes en su cuenta oficial de Facebook y otras redes sociales, sin cuidar la postura desgarbada de Rosalba Hernández en un evento solemne.

Por cierto, este pasado lunes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, acudió a la toma de protesta de la magistrada electoral de extracción indígena, oriunda de Juchitán, Oaxaca, Roselia Bustillo Marín, como nueva presidenta de la Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en sesión solemne para la instalación del pleno, se pone de moda la entrega del bastón de mando, cuando son creencias interculturales de grupos indígenas en Veracruz.

Y en esa visita de Hugo Aguilar, observamos las fotografías de Aguilar Ortiz con Rosalba Hernández Hernández y un tercero, José Hernández Hernández, quien resultó ser el hermano de la presidenta del Poder Judicial en Veracruz y este familiar es el titular de la Secretaría General de Presidencia de la SCJN, quien es señalado de haber operado, junto con Hugo Aguilar. para finalmente imponer a Rosalba Hernández Hernández en el TSJ de Veracruz.

Cabe destacar, que siendo oriundos de la zona de Chicontepec, José Hernández Hernández compitió para un cargo en la pasada elección del Poder Judicial, sin tener suerte, como se lee: https://w3.cjf.gob.mx/sevie_page/busquedas/Consultas/index_ficha.asp?exp=79712&rutaFichas=FichasSecAct Por esta razón y al ver que no tendría futuro el Dr. José Hernández, se aplicó toda la artillería para imponer a su hermana como magistrada presidenta en el Poder Judicial de Veracruz. Además, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, titulado en el 1997, posgrado en Madrid, España y una larga carrera en el Poder Judicial Federal, como se lee con la liga: https://eleccionjudicial.org/jose-hernandez-hernandez/   Y por supuesto, amigo cercano del actual ministro presidente, Hugo Aguilar.

Si bien, a Rosalba Hernández Hernández se le debe dar el voto de confianza con mucho cuidado, por el inicio de su administración, nos enteramos que existen muchas anomalías heredadas por  la expresidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ya que la misma Rosalba pidió al área de Ayudantía, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, que mandaran cuatro guardaespaldas con experiencia  y de esos cuatro, dos de ellos nunca fueron policías y entraron durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, siendo uno taxista y el otro mesero, incrustándolos como “halcones” u “orejas” para que estén informando los pasos y reuniones de la recién desempacada magistrada presidenta, Rosalba Hernández Hernández.

Y cuidado, los mismos pseudo guardaespaldas, le pueden poner un “cuatro” a la misma titular del Poder Judicial. Lo interesante, que estos “orejas” fueron “acomodados” por David Cerdeña Ortega, novio y operador de Lisbeth Aurelia Jiménez, así como “Daniel”, el particular y mandadero de la expresidenta del TSJ de Veracruz.

Como era de esperarse, ya iniciaron los chismes, dramas y quedar bien con la magistrada presidenta Rosalba Hernández, quien viene recomendada por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, pero no tendrá el poder completo, ya que el Poder Judicial se subdividió para evitar los abusos y evitar tener el  mando total, como lo tenía Lisbeth Aurelia Jiménez, quien vendía reuniones con ella, resoluciones, vinculaciones a proceso, alargar procesos judiciales, exoneraciones y aceptar carpetas de investigación fabricadas, manipuladas, con testigos fantasmas y manoseados, con la complicidad del exgobernador Cuitláhuac García, la aún fiscal general Verónica Hernández Giadans y el exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos. Urgente una limpia y recobrar la confianza del Poder Judicial en Veracruz.

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