Alma Grande

Pensar en la democracia es considerar una de las más altas concepciones del pensamiento humano. Idea que se ha perfeccionado con los años y que, al mismo tiempo, ha caído en manos de personajes que ven la democracia como un gran mercado donde todo se vende.

Porque no podemos negar que haya partidos donde se compran las candidaturas, donde el que gana es el líder nacional de partido, o algunos de los hombres, de ese partido, encumbrados en el poder.

En el mejor de los casos los dineros recaudados por la venta de candidaturas son destinados a las campañas de ese mismo instituto político. Otras veces -la mayoría- van a dar a los bolsillos de sus dirigentes.

El ejercicio del poder, es decir, el gobierno se ha convertido en un negocio a grado tal que se sabe que comprar una candidatura es una verdadera inversión, porque ya en el puesto los negocios llegan por sí solos, con el pretexto de la obra púbica los niveles de gobierno fortalecen a sus miembros en lo económico y en lo particular. Esto redunda en obras como el socavón de Cuernavaca, donde las cosas se hacen al aventón o simplemente se facturan materiales de buena calidad y se utilizan materiales de segunda. Un negocio donde el único perdedor es el ciudadano que puede morir en esas obras, como sucedió precisamente en el socavón de Morelos, donde hubo dos víctimas mortales.

Cuando se compra la candidatura a un puesto de elección popular también se adquiere como póliza de garantía la impunidad. Es decir, hay suficiente fuero como para que se haga lo que se haga fuera de la ley y la libertad está garantizada. La libertad de los culpables está incluida en el precio de adquisición de la candidatura.

Las candidaturas no siempre se compran con dinero, se exige, desde la cúpula de los partidos, ser triunfadores. Es decir, el partido recibe dinero del candidato, exigiéndole una cantidad mínima de votos, que prometerá al saldar la cuenta.

Pero las candidaturas no es el único producto que la democracia mexicana pone a la venta. Ahí están los votos de los ciudadanos, quienes sumidos en una desesperante miseria venden su voluntad política al mejor postor. Esta práctica se realizó durante la jornada electoral del 4 de junio en el Estado de México de manera abierta, sin discreciones ni sonrojos, frente a una autoridad electoral que pareciera no haberse dado cuenta de nada.

Ahí, los precios del voto ciudadano variaban desde los 300 pesos hasta los tres mil. Había que mostrar la foto de la boleta marcada para entregar el recurso económico. Aunque a veces quienes debían dar el dinero se desaparecían cuando habían contactado grupos grandes de ciudadanos para quedarse con el dinero. Los votos se compraron a hombres y mujeres de todas las edades para fortalecer las endebles preferencias del PRI en la entidad.

Pero una vez terminada la contienda hubo demanda de otro producto de nuestra democracia del que poco se habla, también tuvo lugar en el Estado de México y que tiene que ver con la venta de silencios de los partidos agredidos a la hora de cambiar las cifras en las actas. Porque en muchos casos las actas no pudieron alterarse sin la anuencia de los representantes del partido afectado. Aquí, debe tomarse en cuenta que algunos partidos carecieron de representación a lo largo y ancho del país, por lo que en algunos casos se repartieron entre los partidos los votos del partido que carecía de representación en la casilla.

Ya en el poder las concesiones, las licitaciones, las competencias por hacerse cargo de una obra, las convocatorias, también tienen su precio. Este es el gran negocio de los políticos que han optado por afiliarse a la sociedad de la empresa que surge con su autorización para garantizar no sólo un pago permanente sino para que no haya cuentas alegres en las empresas en las que participan los funcionarios públicos a cambio de permisos de construcción y licencias o autorizaciones.

Ahora, la modernidad trae al mercado de la democracia mexicana nuevos productos, como es el caso de la venta de firmas para que los que se postulan como candidatos independientes puedan llegar a serlo. Cada precandidato independiente a la Presidencia de la república requiere 866,593 firmas, es decir, el equivalente al 1 por ciento de la lista nominal del país, según el INE. Para senadurías deben firmar el equivalente al 2 por ciento de la lista nominal de la entidad correspondiente.

Una misma firma puede apoyar a todos los candidatos, aunque al final sólo será válida la primera que sea recibida por el INE. De tal manera que una persona puede convertirse en un expendedor de firmas a un precio razonable, tomando en cuenta que hay varios interesados en juntar firmas para llevar a la competencia electoral a los llamados independientes, quienes, en muchos casos deberán realizar gastos adicionales con productos y accesorios alternos a su candidatura.

Del otro lado del mostrador se encuentran los consejeros electorales que no ven pasar los productos de la democracia sin adquirir uno que otro, o bien ofertar alguna canonjía, fingir miopía, o diseñar nuevos y extravagantes lineamientos dentro de la estructura del INE que puedan dar el triunfo en las urnas a quienes no ganaron legalmente. Y esto también tiene un buen precio.

La democracia en México se ha vuelto un mercado de espacios, canonjías, justicias, encarcelamientos, injusticias, fueros, excesos, impunidades, etc. El desarrollo de nuevas herramientas se crea para que en el intento de cambiar algo, en realidad nada cambie. Al contrario, ahora hay más mercancías en el gran mercado de la democracia mexicana. PEGA Y CORRE. – Miguel Ángel Yunes Linares anunció que hay un lapso que no desaprovechará, para que los ex funcionarios duartistas Antonio Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva Ramos, puedan ser detenidos e investigados. Los actuales legisladores federales dejan su cargo el último día de agosto del próximo año, y con ello el fuero que los protege. Yunes Linares deja la gubernatura el 30 de noviembre de 2018 y ha dicho “…no se salvarán de la aplicación de la justicia, a pesar de que no los quieran desaforar los priistas, a partir del último día de agosto se les acaba el fuero ya que culminan con el cargo con el que cuentan actualmente” …Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Abandonar el entusiasmo personal, la pasión particular por la vocación política por el interés público. Diluir la propuesta personal para dar lugar a una propuesta colectiva es un avance en la política veracruzana.

Luego de exhibirse como una entidad con un gobernador que simulaba ser un rey, para quien los caprichos personales eran sucesos que todos los días repercutían en la vida del estado, es hora de sacrificar la imagen personal para dar un espacio legal y legítimo a las necesidades de una población que padeció la tortura de un mal gobierno.

Ante esta realidad donde un solo hombre hacía de uno de los estados más ricos de México su empresa particular, la declinación del poder personal por uno comunitario, donde todas a las voces sean escuchadas y los esfuerzos sean compartidos, así como fueron cargadas las desgracias para la población vulnerable de la entidad, así deberá ser también el poder para esa población que padeció más de un descalabro por los excesos de Javier Duarte.

Esta vez, el senador Pepe Yunes habló claro al decir que “El PRI es un partido comprometido con las mejores causas de México y que hace propias las causas de la gente”, con él estaba otro senador priista, Héctor Yunes, quienes mostraron que saben compartir algo más que un apellido.

Ahí también estaba el convocante, Renato Alarcón Guevara, que justificó la confianza del CEN de su partido al reunir a estos dos personajes que parecían lejanos, pero simplemente hacían su trabajo cada uno por su lado, tal y como lo demostraron en Pánuco, donde se realizó el Encuentro por la Unidad.

El dirigente Alarcón Guevara, fue muy claro al exponer su postura ante el futuro: “Salgamos nuevamente a dar la cara, nosotros los que la tenemos limpia. Que se escondan los que no tienen la cara limpia, los temerosos, los cobardes o los que andan negociando con el Gobernador el precio de la impunidad”, subrayó el líder estatal del tricolor.

Y no desaprovechó la ocasión para anunciar: “Vienen tiempos mejores”.

En ese evento el senador Héctor Yunes aseguró: “Hoy en este municipio se ha iniciado la marcha hacia la victoria en el 2018. Junto a Pepe Yunes, vamos a construir una alternativa política para un Veracruz que merece un mejor futuro”.

“Venimos a decirles que, frente a ustedes, en este escenario, se encuentra el próximo Gobernador de Veracruz, el que le devolverá la seriedad, la eficacia y la decencia a la política de nuestro estado”, remató.

Los priistas de todo el país saben que no pueden seguir divididos, y si no lo están deben demostrar su unidad. A pesar de que el liderazgo nacional no sea el que merece en este momento, las bases de los militantes del tricolor están con la gente. Así lo demostraron quienes junto con sus paisanos dijeron que el futuro puede ser prometedor si se trabaja para transformar una realidad que debe rescatar la dignidad de los políticos veracruzanos y el orgullo de quienes viven en esta entidad.

Durante más de 12 años, el estado fue señalado como cuna de la impunidad, como el centro de la deshonestidad administrativa, como el lugar donde la ley no podía llegar. Si los hombres cambian la política cambia, la economía debe recuperarse, la dignidad rescatarse.

Con la clase política regional en pleno como testigo, de presidentes municipales y alcaldes electos, ex diputados y de dirigentes de sectores y organizaciones del Partido en la huasteca, Héctor Yunes dijo: “Hoy todas las voces cuentan, todos los votos suman. Todos los priistas debemos ser uno sólo en la recuperación de la plaza perdida”.

El senador veracruzano insistió en que el PRI aspira recuperar el gobierno de Veracruz “no como un acto de revancha personal, sino para recuperar la paz y la tranquilidad que tenemos extraviada. Ese es el compromiso de Pepe Yunes y el mío”.

Esta propuesta en medio de la desesperanza en la que se encuentra el estado, luego de un par de sexenios de rapiña y un breve intermedio de una gubernatura de dos años que no permite a quienes la encabezan actuar como debería o como quisieran, las palabras de los dos senadores priistas con todas las posibilidades de llegar a ser candidatos a la gubernatura por el PRI.

En tiempos en los que las candidaturas independientes se abren para los resentidos que no fueron nombrados por sus partidos para concursar por un puesto de elección popular, Héctor y Pepe Yunes se concentran en el trabajo que tienen frente a sí con el objetivo de llevar a su partido al triunfo electoral.

La repercusión de una ausencia de gobernantes arroja lo que muchos achacan a la irresponsabilidad del presente gobierno, como es el caso de tener el mayor número de homicidios y secuestros en el país; con más feminicidios, infanticidios y muertes de periodistas.

Nadie lo niega, pero esto es sólo el efecto, y la causa habrá que buscarla no sólo en los excesos sino en los puntos negros de la estructura de gobierno y partidista que lo permitieron. De no rectificar y aprender de sus errores poco puede avanzarse hacia el triunfo electoral.

Sin embargo, la alianza de los Yunes en Pánuco seguramente será un hecho histórico que colocará de nuevo a Veracruz en una posición de lucha reñida en lo electoral en búsqueda de un mejor nivel de vida.

El senador Héctor Yunes cuestionó en ese acto la injerencia partidista del gobierno estatal en el actual proceso electoral: “Venimos a decirles que no se dejen engañar ni amenazar por el gobernador ni por sus emisarios oficiosos que solo los quieren utilizar para debilitar a nuestro partido”, acusó, para luego convocar a la militancia diciendo “no demos motivos de celebración ni de optimismo a quienes, monárquicamente, pretenden aferrarse al poder”.

Si fue reconciliación es un acto de nobleza de ambos, si era simplemente una tregua que ahora termina, fortalece a su partido, un partido agredido por sus propios militantes. PEGA Y CORRE. – Las presiones de los medios han contribuido de manera determinante para que la impunidad que existe alrededor de los cómplices de Javier Duarte tenga obstáculos. La exvocera de Veracruz y colaboradora de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez, permanecerá recluida en el penal de Pacho Viejo luego de que le fuera negado el amparo solicitado. Hace unas semanas inició el juicio de amparo 593/2017 para retirar la medida cautelar de “prisión preventiva necesaria” que fue impuesta por la juez de control Verónica Portilla Suazo, y así poder continuar en libertad con el proceso que se sigue en su contra… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El partido en el poder, de cualquier país, debe ser una organización sólida, transparente y honesta. Incluso, puede convertirse en la conciencia crítica del propio gobierno y en caja de resonancia de los logros de sus militantes, dentro y fuera de la administración pública. En México no es así.

La esperanza del PRI y de un estado sólido es dejar atrás al grupo que desde Atlacomulco gobierna. Seres individualistas, sin vocación política, carentes de identidad, la única bandera que enarbolan es la de sus universidades privadas dentro y fuera de nuestras fronteras.

El tiempo de los exquisitos debe terminar no sólo al frente del gobierno sino en el propio partido tricolor, al que han deteriorado enormemente por la falta de militancia y conocimientos políticos. Los administradores de los ricos -que bien puede llamárseles así a los últimos gobernantes- practican un pragmatismo que sólo logra aumentar la miseria en México, los números oficiales lo demuestran y basta con ver, con ojos imparciales, la calle de cualquier ciudad del país para comprobarlo. No se diga en las zonas rurales.

Si el gobierno mexicano sostiene un egresado más de alguna escuela privada extranjera, desaparecerá la solidez del poder. La dimensión de México ante el mundo se devalúa más que el peso. El intelectual del grupo en el poder es Luis Videgaray, un hombre sin más ideología que la de su universidad, sin más identidad que el dinero y carente totalmente de vocación política. Ahora quiere imponer a su amigo de la infancia, José Antonio Meade, llamado desde ahora “el gerente de los ricos”, porque flaco favor le hizo Claudio X. González, ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios y consejero de Carlos Salinas de Gortari, al destaparlo como candidato del PRI a la Presidencia de la República, acentuando su raigambre de personaje más cercano a la élite del dinero que al pueblo, que ha sido olvidado por los últimos presidentes del país por esa misma causa.

Los mexicanos advierten este tipo de raíces y saben que pesan mucho a la hora de tomar decisiones, influyen de manera notable en los programas de gobierno y no pueden esconderse a la hora de tomar posiciones trascendentes como es el caso de reformas que en realidad son contrarreformas.

Así, el PRI debe pensar no sólo en ganar las elecciones a como dé lugar sino en rescatar a su propio partido cuya frase esencial es la justicia social, de la que se han olvidado desde los ochenta para dar lugar a la justicia individual de personajes como Fidel Herrera, Javier y César Duarte, Rodrigo Medina, Eruviel Ávila, Roberto Borge, Humberto y Rubén Moreira, Andrés Garnier Melo, etc.

Si el PRI lleva a cabo su selección de candidato de manera más o menos transparente como aseguran, y se toma en cuenta la voluntad de la militancia, tenemos que desde hace cinco años encabeza las encuestas, dentro y fuera del PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es por ello que los tecnócratas le acumularon en sus oficinas responsabilidades relacionadas con la inseguridad, calificado como el principal problema de México.

Dentro del grupo en el poder, y del propio PRI, el ex gobernador de Hidalgo, resulta ser el político más sólido dentro de esta administración. El hombre que puede darle solidez al partido y seriedad a su política. Los demás son una especie de chamacos imberbes jugando a las chambas.

El único funcionario que no mostró una vida frívola en este sexenio fue Osorio Chong, dedicado a trabajar. Convencido de una vocación que otros tienen extraviada.

La posible designación de cualquiera de la camarilla de Videgaray significaría, para usar sus propias palabras, un peligro para México en el remoto caso de que pueda ganar el PRI la Presidencia de la República.

La primera condición para que el PRI vuelva a tener credibilidad entre los mexicanos es que el actual presidente de la República no vuelva a designar a su sucesor. Pero lo que se advierte desde ahora es que el jefe del ejecutivo seguirá decidiendo, de manera unilateral, sin tomar en cuenta a su partido, a su sucesor.

Si Enrique Peña Nieto, o su hombre detrás del trono, Luis Videgaray, deciden al candidato de su partido, tendrán muchas posibilidades de perder las elecciones.

Los electores se han cansado de estereotipos que más parecen maniquíes que seres humanos, ahí está Alfredo del Mazo, Rodrigo Medina, Enrique de la Madrid y el propio presidente de la República. Hace falta que gobierne México un ser humano, de carne y hueso, que por lo menos conozca la geografía del país que gobierna.

El PRI se ha dedicado a denostar a quien considera su único enemigo a vencer. Cada discurso del líder nacional del tricolor es aprovechado para descalificar la figura de Andrés Manuel López Obrador, fraseología que suele también adoptar el propio presidente de la República. Las campañas de proselitismo han degenerado en la descalificación del contrario, esto sirve para disimular la carencia de programas y proyectos de nación. De ahí la improvisación de los mandatos recientes.

Desde que el PRI no ha presentado en campaña una propuesta organizada, sistemática y metodológica de su proyecto de Nación, su discurso en busca del voto se ha nutrido primero de promesas y luego de insultos para el contrincante.

Ahora que el tricolor tiene contendientes serios y con posibilidades de ganar la Presidencia de la República, la campaña en busca de este puesto debe transformarse en todos los partidos, pero sobre todo en el PRI, que es al que más le urge solidez, desde el momento en que detenta el poder.

Un partido en el poder, débil, acusado de encubrir la corrupción, sin liderazgo serio, con discursos estridentes, sin programas aplicables, condicionando el voto, restringiendo candidatos con raíces sociales, etc., no puede seguir teniendo el poder.

El 4 de junio el PRI se mostró como una pandilla de delincuentes electorales en el Estado de México, a plena luz del día y a la vista de todos violó la ley que da fundamento a la democracia del país; sin embargo, sigue en el poder. Deben cambiarse las estructuras del partido para ser el garante de un candidato sólido y con posibilidades reales de triunfar en las urnas legalmente. PEGA Y CORRE. – Las transas de Duarte traspasan las fronteras de Veracruz y ahora los notarios públicos de Campeche, Nelia del Pilar y Jorge Luis Pérez Curmina, podrían perder su cargo, a causa de su presunta implicación en las operaciones para lavar el dinero del ex gobernador… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Los premios a la corrupción en Veracruz traspasan las fronteras, y la justicia mexicana en lugar de quitar el fuero a los sospechosos de atentar contra los intereses de los veracruzanos los encubre para que la impunidad sea eterna.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados frenó la solicitud de votar los desafueros de los priistas Tarek Abdalá y Alberto Silva, señalados como cómplices de Javier Duarte durante su mandato.

El grupo parlamentario del PRI, pidió la opinión de la Dirección de Asuntos en San Lázaro para definir el procedimiento. Así, la podredumbre de la administración pública trastoca la conducta de los funcionarios quienes sólo basta que sean miembros del PRI para alcanzar la impunidad, afectando la credibilidad de otras instituciones como lo es la propia PGR que ahora su titular suplente actúa fuera de la ley al intentar despedir al fiscal de la Fepade, sin que sus atribuciones se lo permitan.

Pero uno de los mayores problemas de esta administración pública ha sido la falta del hábito de la lectura, actividad obligada en todo político que se digne de serlo, sin embargo, para los miembros de la alta clase política es algo que no tiene sentido.

Y precisamente por esa falta de costumbre de leer, es que sus disposiciones han tenido que ser canceladas y sólo quedan en ridículo.

Así, los diputados del PRI consideran que su principal objetivo es obedecer al partido y proteger a sus militantes y no representar los intereses de la población; en esa grave confusión que la costumbre ha hecho tradición, se muestran impunes tanto los cómplices de Duarte, como quienes les permiten seguir gozando del fuero, y, por lo tanto de la impunidad.

Cuatro legisladores de la Sección Instructora votaron el 12 de octubre los juicios de procedencia contra los dos ex funcionarios de Javier Duarte en Veracruz, acusados del desvío de recursos públicos, pero en ambos casos se registraron tres empates consecutivos.

El presidente del órgano jurisdiccional, Ricardo Ramírez Nieto, turnó los dictámenes a la Mesa Directiva para determinar el trámite correspondiente, pero el diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín devolvió los expedientes, tras afirmar que no procede someterlos a consideración del pleno.

Ante esta situación los líderes parlamentarios del PAN, PRD y MC propusieron a la Junta de Coordinación Política enlistar los desafueros para su votación en el pleno, pero el PRI y sus aliados lo frenaron.

Las redes de la corrupción se extienden ante la impunidad y traspasan las fronteras de nuestro país. Hace días, el Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio de Estados Unidos solicitó al Senado de su país investigar a los prestanombres de funcionarios mexicanos involucrados en actos de corrupción.

Porque muchos funcionaros públicos, sobre todo de la administración de Javier Duarte, como el propio ex gobernador, trasladan su dinero al vecino país del norte, y adquieren propiedades o lo invierten en bienes raíces.

El objetivo de la investigación es desmantelar las redes que políticos mexicanos corruptos usan para lavar dinero e invertir sus bienes de procedencia ilícita en Estados Unidos.

“Hemos descubierto que la red presuntamente involucrada en el lavado de dinero obtenido por Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz recientemente extraditado de Guatemala a México, aún está vendiendo bienes en Florida que están sujetos a investigación en México”, afirmó el sindicalista en una carta enviada al senador Charles E. Grassley, Presidente del Comité Judicial del Senado.

Si la justicia mexicana calificara de delincuentes a estos corruptos, el resto de los países involucrados en los bienes y dineros de personajes como Duarte y sus cómplices serían investigados también en el extranjero.

La inexplicable tardanza de los juicios contra Duarte y sus amigos, y la imposición de un fuero a personajes por los que nadie votó pero que son legisladores, como si representaran algo más que sus intereses personales, tienen ahora una explicación.

Al tardar el proceso contra los corruptos, éstos se toman su tiempo para vender, bien vendidos, sus bienes en el extranjero. Casas y residencias de lujo que nunca formaron parte de su declaración patrimonial y que no fueron detectadas puntualmente por las autoridades mexicanas.

Así, el juicio contra Duarte puede durar meses o años, mientras esto sucede y no es declarado culpable sus bienes en el extranjero y muchos de ellos en nuestro territorio, son vendidos al mejor postor, o simplemente traspasados a familiares, compadres y amigos, fuera de toda sospecha.

De ahí que en el vecino país del norte haya preocupación por este tipo de negocios con inmuebles adquiridos con dinero mal habido.  La organización destacó que es importante procesar a los prestanombres de redes de políticos de México, y agregó que algunas Fiscalías de Estados Unidos han decomisado bienes y han obtenido declaraciones de culpabilidad de parte de algunas personas en las redes, a cambio del testimonio en contra de funcionarios corruptos.

Ante esta situación algunos legisladores estadounidenses señalan: “El Partido Revolucionario Institucional actualmente controla la maquinaria federal de proceso judicial en contra de funcionarios estatales corruptos, sin embargo, todos los gobernadores actualmente bajo proceso fueron elegidos como miembros del PRI”.

Por un lado la lentitud de la justicia para declarar culpable a Duarte, y por otro conservar arbitrariamente el fuero de sus cómplices,  permite que sus bienes se conviertan en una inversión que a veces no es del todo legal ni siquiera a través de prestanombres, porque en Estados Unidos el origen del dinero con el que se adquieren casas, departamentos, terrenos y residencias sigue siendo importante para la justicia.

La justicia mexicana  está diseñada a conveniencia no sólo de la libertad de los funcionarios corruptos sino del mejor precio de los bienes adquiridos por esos delincuentes dentro y fuera de nuestras fronteras. PEGA Y CORRE: La PGR y el SAT obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales contra socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte. Hay personas de bajos recursos, militantes del PRI, gente que aunque no eran empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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La destitución del fiscal electoral, Santiago Nieto, no debe ser ajeno al interés de los veracruzanos. Entre sus responsabilidades determinó órdenes de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desvío de recursos públicos a campañas electorales.

Tal vez ese fue el primer pecado cometido por el fiscal en medio de un mar revuelto en el mundo de la injusticia mexicana.

También exigió la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, otro de los intocables por el poder actual.

Santiago Nieto Castillo, fue destituido luego de revelar que el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, trató de obligarlo a exonerarlo de los cargos que se le imputaban en su área de trabajo, porque es sospechoso, y cada día lo es más, de desviar recursos de Odebrecht al PRI.

Para ser fiscal de los hechos e investigaciones electorales se requiere del consenso del Senado de la República, que determina al procurador de asuntos electorales, luego de la presentación de una terna; sin embargo, el encargado de hacer justicia electoral ahora es destituido por un procurador general de la república suplente, cuyo cargo nadie ha otorgado más que la ley orgánica de dicha dependencia.

La PGR removió a Santiago Nieto Castillo de su cargo como titular de la Fepade “por faltar al código de conducta de la dependencia”.

Dos días antes, Nieto reveló en una entrevista que Emilio Lozoya Austin, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht a su partido.

Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. La carta se asemejaba más a un currículum que a una solicitud de perdón.

Al saberse la noticia, se buscó en el Código de conducta de su organismo la alteración de la conducta y se le destituyó sin mayor explicación de fondo. Desde luego que de inmediato surgieron defensores de la medida, la mayoría de ellos incrustados en el ejercicio del poder, es decir en la administración pública.

De esta manera el panista Diego Fernández de Cevallos, que nunca da la cara, representante del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, ante el Frente Ciudadano, se atrevió a asomar la cabeza y dejar la evidencia de su apoyo a la decisión del procurador suplente, Alberto Elías Beltrán.

Hay quienes afirman que las decisiones tomadas por Beltrán carecen de validez, luego de ver la desproporción de la medida ante tal violación a los estatutos de su cargo. La visceral respuesta de una administración que considera una osadía cualquier filtración de información que exhibe las corruptelas de su estirpe, no se hizo esperar.

La intempestiva renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, en medio del debate sobre la designación del Fiscal General de la República, que durará en el cargo nueve años, y la inmediata aparición de Alberto Elías Beltrán, quien por estatutos internos se convirtió en un improvisado y obediente “Abogado de la Nación”, hacen ver la procuración de justicia en el país como una más de las improvisaciones de un régimen que no ha podido tener un solo acierto en casi cinco años de gobierno, sobre todo en la aplicación de justicia y el combate a la corrupción.

En este panorama dentro de la administración de justicia y en medio de una expectativa de combate a la corrupción, promesa que fuera bandera de la campaña de proselitismo de Enrique Peña Nieto no cumplida, vemos que el único personaje que se tomó en serio la lucha contra la corrupción fue Santiago Nieto y por ello fue cesado.

El diario brasileño O’Globo reveló el 13 de agosto que el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, declaró que “los pagos comenzaron en marzo de 2012, cuando Lozoya era uno de los principales integrantes de la campaña de Enrique Peña Nieto”.

En febrero de 2015, Santiago Nieto solicitó dos órdenes de aprehensión contra los ex gobernadores César Duarte, ahora prófugo de la justicia y Javier Duarte, detenido sin juicio ni sentencia.

El 15 de junio, la Fepade abrió una investigación en contra de Javier Duarte de Ochoa por el desvío de mil 300 millones de pesos del erario del gobierno del estado de Veracruz.

Así, Santiago Nieto fue removido de su cargo por Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en funciones de Procurador, quien aseguró que la destitución se realizó “de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la PGR y 137 de su Reglamento”.

Por si fuera poco, la PGR reiteró en un boletín de prensa que su compromiso es vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto.

La PGR no es lo mismo que el procurador, ni el procurador interino tiene las facultades totales de un procurador si no ha sido ratificado por el Senado, de tal manera que dicha disposición de despido no es válida.

El Senado tiene veinte días para ratificar el nombramiento del suplente, pero no lo ha ratificado y en virtud de esto, y no cumplir con los requisitos que establece el Artículo 102 Constitucional; para ser Fiscal General de la República se requiere: contar con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho”, y él cuenta con seis años de antigüedad profesional; porque su cédula profesional es de 2011, le faltarían cuatro años, habría que ver si el Senado, no obstante el mandato Constitucional, ratifica como suplente a alguien, que aún no cumple con los requisitos, lo que sería un mal precedente violatorio de la norma. PEGA Y CORRE. – Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores realizaron un daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz por 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos. De los cuales, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada. Las observaciones más sólidas son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Monreal volverá a vestir la camiseta que abandonó en el guardarropa su conciencia. El ex gobernador de Zacatecas, viene al encuentro de Eruviel Ávila en las oficinas del PRI capitalino, en medio de uno de los más sórdidos rincones de la Ciudad de México, en más de un sentido.

Cada uno de los dos personajes debe darle un giro de 180 grados a sus respectivas derrotas. En el caso de Eruviel Ávila, la victoria electoral del PRI no resulta clara para nadie, tampoco para la cúpula priista, los esfuerzos de la oposición por demostrar el fraude fueron inútiles ante la maquinaria pro-priista del INE. Eso nadie lo puede negar.

El hecho de que no se hayan castigado delitos electorales que se mostraron a plena luz del día habla mal de los delincuentes electorales asociados al PRI y de la autoridad electoral, también vinculada al PRI desde sus orígenes, tanto en lo individual en el caso de los consejeros, como del INE en lo general.

La elección del Estado de México este 4 de junio fue un cochinero, si hay un gobernador ilegítimo en el país ese es Alfredo del Mazo. Es por ello que Eruviel Ávila, uno de los responsables de esa derrota disfrazada de victoria, debe reivindicarse ante su partido sin importarle que baje de nivel dentro de la estructura del poder.

Con el simple hecho de acercar de nuevo a Ricardo Monreal al PRI se encamina hacia la reivindicación y el perdón.

Por su parte, el zacatecano, se encaminaría al seno materno político donde pudo llegar a tener, desde 1985, un cargo público, primero en el PRI, en cuyas filas se convirtió en Primer Regidor y Secretario del Ayuntamiento de Fresnillo; luego,  diputado y después senador.

De ahí se pasó al PRD para competir por la gubernatura de Zacatecas, que no le quiso otorgar el tricolor, y de ahí ha militado en todos los partidos menos en el PAN.

Porque ha sido Coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Senado (2006-2012), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados (2012-2014) y Coordinador de la Agrupación Política Morena en el mismo recinto (2015). Luego sería delegado del Gobierno de la Ciudad de México en Cuauhtémoc, al considerar que ese era el puente para la candidatura a gobernar la ciudad de México, pero al no obtener el pase automático de la delegación a la gubernatura ahora quiere encontrarse a Eruviel para regresar al redil de los priístas a cambio de la candidatura que siempre soñó.

La falta de claridad en las elecciones del Estado de México obligan al PRI y a Eruviel Ávila a contar con una victoria electoral clara como antecedente que no manche la victoria electoral de la Presidencia de la República, donde seguramente también podrán hacer chanchullos con la complicidad de los consejeros del INE.

Si el PRI no cuenta con un triunfo claro y de amplia diferencia ante su competidor más próximo, la propia Presidencia de la República estaría en juego, o en el peor de los casos, carecería de credibilidad su presunta victoria.

De tal suerte que la presencia de Eruviel Ávila en el PRI de la Ciudad de México no es gratuita sino que obedece a darle claridad y brillo a la supuesta victoria electoral priista de la Presidencia de la República.

El antecedente electoral del Estado de México no le sirve al PRI para consolidar un triunfo en las urnas por la Presidencia de la República.

El PRI debe tener una victoria holgada aunque sea en una presidencia municipal, para justiciar el triunfo holgado en la Presidencia de la República y qué mejor que ese triunfo suceda en un bastión de la oposición como lo es la Ciudad de México. Pero la conciencia social es irreversible, de eso parecen no estar conscientes ni Monreal ni Ávila.

Ricardo Monreal puede volver a competir por el PRI en la capital, pero los capitalinos no pueden creer más en el PRI.

Hay decisiones sociales irreversibles, por mucho que haya una espectacular campaña de otras opciones partidistas.

La fachada del PRI en la capital del país tiene la descripción más aproximada a su realidad interior, es una especie de tiendita ambulante, que ocupa la recepción de sus oficinas. Afuera la prostitución trabaja las 24 horas, la ausencia de autoridades en los alrededores motiva a los asaltantes a hacer de las suyas impunemente. La presencia de pordioseros y malvivientes afean más aún un espacio céntrico que lo mismo tiene de vecino al PRI nacional que a la delegación Cuauhtémoc. La suciedad en las calles  de los alrededores es un foco de infección pestilente, las personas que deben atender al público también despachan cigarros sueltos y mantienen una plática permanente con el lustrador de calzado de la entrada, etc.

Eruviel debe primero definir las actividades de quienes les abren las puertas del PRI de la capital a los candidatos, a los militantes, a los simpatizantes y a los nuevos votantes.

Después limpiar la casa y expulsar a muchos que no hicieron la tarea, aunque se queden sin nadie. Sólo así creerán, dentro y fuera del organismo, que quiere hacer algo diferente y, sobre todo, eficiente.

No es fácil ni rápida la tarea de Eruviel, más aun tomando en cuenta que  tiene el tiempo encima. Es mucho trabajo para un solo hombre y poco tiempo para tan inmensa tarea, sobre todo cuando cuenta con un supuesto candidato que en lugar de arrasar en las elecciones podría mandar al tricolor al quinto lugar electoral en lugar del cuarto en el que ahora se encuentra.

Por su parte, Monreal deberá plegarse a la congruencia más que a la ambición y rechazar la seducción de un PRI agonizante que en lo único en que pudiera ayudarle el zacatecano es a bien morir. PEGA Y CORRE.- El diagnóstico que realizó el jurista Francisco Berlín sobre la salida de Javier Duarte, la llegada de Flavino Ríos, su suplente, y la cómplice pasividad de los legisladores locales, hace de la clase política veracruzana un solo grupo que se consolida como el puente hacia la impunidad y que cuenta con fuero para que nadie se quede sin gozar en libertad los millones de pesos que le robaron a los veracruzanos. Señala Berlín Valenzuela: “los legisladores que representan a más de siete millones de veracruzanos privilegian intereses particulares por encima de los principios que nos rigen”. Como decíamos en este espacio son cuatro legislaturas en Veracruz, que permitieron el saqueo del estado y no hay un solo funcionario público preso. Todos los cómplices de Fidel Herrera y de Javier Duarte tienen asegurado su sustento por varias generaciones, a cambio de la pobreza de los veracruzanos que están condenados a vivir en la miseria de por vida… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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La proliferación de candidatos independientes para los diferentes puestos de elección popular se convierte en una especie de lotería donde las declinaciones pueden cambiar radicalmente los resultados de los candidatos con partido político.

La declinación a la que tienen derecho todos los aspirantes a un puesto de elección popular se convierte ahora en un arma que dejará sin credibilidad definitivamente a los candidatos independientes, servicio que agradecerán mucho los partidos políticos tradicionales y la auténtica oposición tendrá entonces para las elecciones de 2021, un estorbo que no pulverice los votos a su favor, como ahora sucederá con los candidatos independientes.

Es decir, la inconformidad social que nadie puede esconder en México distraerá votos para que la verdadera oposición no pueda triunfar, gracias a la declinación y coalición de los independientes.

Ahí tenemos al gran saboteador de la verdadera izquierda, el egresado del ITAM y pupilo de Luis Videgaray, Armando Ríos Piter, quien se ha caracterizado por seguirle el juego al PRI para desactivar, en momentos clave, el impulso social de la izquierda, ya sea el de su ex partido, el PRD, como el de Morena y otras fuerzas de oposición real.

El ser candidato independiente a la Presidencia de la República se convierte ahora en una inversión, porque cada uno de los que obtengan su candidatura sabrá vender bien su declinación, omisión, alianza o coalición con algún candidato perteneciente a cualquier partido político.

El simple hecho de intentar captar los votos de los inconformes distrae el derecho al sufragio de quienes pueden ganar desde una frontera contestataria auténtica.

Los candidatos se caracterizarán por los discursos encendidos contra la actual administración y contra el PRI, pero tendrán un subsidio y un apoyo en recursos humanos proporcionado por ese color. Para nadie es un secreto esta estrategia. La decadencia del partido en el poder vuelve previsible cualquier estrategia por sorpresiva que quiera parecer.

La inconformidad social tiene enemigo a vencer, pero desconoce los caminos que pueden derrumbar a los actuales funcionarios públicos, de ahí que la fusión de discursos y la confusión de ideas pueden hacer de las candidaturas independientes muy buen trabajo en favor del actual orden político, y quitar de en medio a la verdadera oposición.

Desde el momento en Margarita Zavala se inscribió como candidata independiente, dijo que no declinaría por nadie, pero a su discurso elemental y simplista agregó algo que la caracterizará en toda su campaña, dijo que el enemigo a vencer se llama Andrés Manuel López Obrador, luego ante la obviedad de su posición, tuvo el arrojo de añadir al PRI dentro de sus contrincantes electorales.

Margarita Zavala, sabe el precio de la declinación y conoce las entrañas de los partidos políticos tradicionales, es por ello que la inversión que ahora realice al juntar firmas y fingir una campaña, pueda ser remunerada con creces, tanto en lo político como en lo económico, porque hay otras posibilidades de ganar las elecciones que de manera simultánea se presenta en estos comicios, luego de la intención de pulverizar el voto de la oposición, y que consiste en que el actual sistema político adopte a uno de los suyos como candidato independiente, y sea apoyado por otros candidatos independientes, incluso por algún o algunos partidos políticos.

La ganancia de los posibles candidatos independientes no está en el concurso sino en el hecho de no concursar. Es decir, habrá quien, desde ahora, decida abandonar la lucha a cambio de varios millones de pesos. Esta venta de la intensidad o abandono de la lucha puede cotizarse desde hoy y hasta días antes de la jornada electoral. Mientras más cercano esté el día de las elecciones mejor podrán vender sus declinaciones, el abandono o la aceleración de sus campañas.

La vendimia en que se ha convertido la política en México, será también una reactivación económica para los medios electrónicos que han visto disminuida su captación de recursos a través de espacios pagados.

Los independientes son los salvadores del poder establecido implantando un gatopardismo, donde las cosas parecen cambiar para evitar que la gente se dé cuenta de que nada cambia.

La apuesta por las candidaturas independientes, que en un momento surge para refrescar la angustiada competencia electoral de partidos que llegaban al extremo de plagiarse así mismos, burlando la memoria de los mexicanos y violentando más de una legislación electoral, se convierte en una feria de números y apuestas que parece más un casino que la competencia por el poder.

La cantidad de concursantes por los puestos de elección popular motivará no sólo la confusión sino un gran cúmulo de votos anulados y un alto índice de abstencionismo, motivado por la diversidad de ideas, no de propuestas, poco sólidas alrededor de una realidad que es sórdida y vergonzosa.

La convocatoria que desde el INE se hizo para la suscripción de posibles aspirantes a diferentes puestos de elección popular no fue otra cosa que la muerte de nuestra democracia desde el lugar mismo donde debía fortalecerse.

Permitieron a los consejeros electorales darse el lujo de apoyar desde una aparente posición imparcial a los partidos políticos existentes para fortalecer grupos y pandillas, pero no para darle equidad a la competencia en las urnas.

La figura de los independientes desde el momento mismo que personajes como Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” mostró, desde su simulada independencia, ser más priista que el PRI y actuar en consecuencia. Esa posibilidad de reforzar la competencia electoral y fortalecer la participación de la población en las elecciones nunca fue real en México.

El sistema apostará en estas elecciones lo que le queda de prestigio de las candidaturas independientes que no es mucho capital político, por cierto, así podrá impedir, a como dé lugar, el triunfo de la figura de Andrés Manuel López Obrador sacrificando las posibilidades de los independientes de ganar las elecciones y echando dichas candidaturas al cesto de la basura para siempre.

El descontento popular se convierte en una moneda de cambio, donde el poder hace pedazos la organización social y se apodera del derecho a elegir a su propio jefe de ejecutivo a través de los distractores que son los candidatos y las falsas novedades en un sufragio condenado a la derrota ciudadana. PEGA Y CORRE. -El Servicio Geológico Mexicano, que encabeza el Ingeniero Geólogo Raúl Cruz Ríos, dio a conocer los avances de todos los procesos del organismo con tecnología de punta, fruto de un proyecto institucional clave de levantamiento, optimización, automatización e implementación de protocolos. El SGM está listo para posicionarse “en la categoría de las mejores organizaciones del mundo”, dijo Morales Fuentes, Director de Administración y Finanzas del SGM, quien fue el encargado de la presentación…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El plazo que marcó el INE para que se registraran los aspirantes a convertirse en candidatos independientes a la Presidencia de la República fue ampliado, como una especie de tributo a las negociaciones que al interior del PAN realizaba Margarita Zavala, lapso que fue aprovechado por casi un centenar de mexicanos que buscan tener en su currículum, por lo menos, el intento de haber peleado la candidatura.

Ante esta realidad que pareciera de comedia, se registraron en este ridículo procedimiento 86 aspirantes, siete mujeres y 79 hombres, 40 cumplieron con los requisitos, ocho no los cumplieron y a 38 se les otorgaron 48 horas más para entregar más información o subsanar omisiones.

De los 38 que faltan, una vez que el INE les entregue sus constancias, contarán con 120 días para lograr las firmas. Los que inician este lunes, tendrán hasta el 12 de febrero para lograrlo.

El descrédito de la figura pública del presidente de la República es evidente. Es como si el INE publicara a los cuatro vientos que ahora cualquiera puede ser presidente de la República, que se inscriba quien crea que pueda ocupar un puesto de elección popular.

Pero no es sólo la figura presidencial la que se deteriora sino cualquier puesto de elección popular que pueda representar a los mexicanos en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

Es decir, los políticos y los funcionarios públicos tienen una imagen tan deteriorada que cualquiera puede mejorar, basta con tener la suficiente estructura social como para establecer los vínculos necesarios con tanta gente, pero sobre todo el dinero suficiente para contar con un proceso de recaudación de firmas donde se requieren recursos para reunir tal cantidad.

Aquí viene otro grave problema en la política mexicana que se asocia con la clase social de quienes puedan llegar a ser candidatos a cualquier puesto de elección popular. Condición que el propio priista del Estado de México, Carlos Hank González, había anunciado desde hace mucho tiempo al decir que un político pobre no es más que un pobre político.

Para ser poseedor de una candidatura se requieren recursos económicos suficientes para realizar una campaña a la altura de sus competidores, no basta el dinero que otorgan los mexicanos a través del INE, eso es sólo una parte de lo que necesita para ser competitivos.

La representación política, la designación de los manejos de la administración pública, recae entonces en quienes quieren y pueden contar con recursos propios para representar a la clase social a la que corresponden. Lo que quiere decir que los pobres ya no serán representados en las cámaras y mucho menos en una presidencia municipal o en la presidencia de la República, por la simple razón de que quienes están sentados en la silla del poder en los tres niveles de gobierno, son personas con una gran holgura económica que no pueden hacer otra cosa que defender los intereses propios y los de su clase.

Las candidaturas independientes vienen a darle un portazo a la tradición de que nos gobernaban los mejores hombres. Ahora no depende la candidatura de una vocación política, sino de la oportunidad que a estos hombres y mujeres les da la suerte de nacer con posibilidades económicas suficientes como para competir por un puesto de elección popular.

Abaratar el ejercicio político en un tiempo de descomposición social y crisis económica no hace otra cosa que abrir las puertas a fuerzas extrañas dentro y fuera de nuestras fronteras.

Si es al interior del país, hay fuerzas oscuras que pueden ser representadas por quienes mueven los hilos de los que aparentan competir, cubriendo y defendiendo intereses que la gran maquinaria de la justicia mexicana no puede controlar ni la estructura electoral puede advertir.

En México puede surgir, por ejemplo, un nuevo grupo electoral conformado por los ex gobernadores corruptos, cuyo frente puede denominarse el de la Delincuencia Autorizada, que deja en el olvido a una delincuencia organizada superada por ellos en muchos sentidos. La cantidad que los ex gobernadores corruptos pueden aportar para convertir a un representante suyo en presidente de la República es incalculable. El dinero mal habido por todos ellos supera la fortuna del hombre más rico del mundo y esto puede producir un colapso en la justicia mexicana de dimensiones impredecibles.

Si es al exterior, la economía creciente de países como China, Rusia, Estados Unidos, Israel, que ven el territorio como un manjar para instalar sus empresas e influir en la política mexicana de acuerdo a sus intereses.

Abrir la candidatura de un puesto de elección popular sin más requisito que la reunión de firmas en por lo menos 17 estados de la República, significa abrirle la puerta a intereses extranjeros, a narcotraficantes, a todo tipo de personas que quieran aprovechar su cargo para beneficiar a un grupo reducido de personas. Si bien esto viene haciéndose desde hace tiempo, por lo menos los personajes están ubicados en las filas de los partidos políticos, los cuales han permitido la impunidad de sus militantes, pero no por eso deben abrir más las posibilidades de una amplia gama de mexicanos que sin más requisito que firmas puedan llegar a convertirse en presidente de la República.

En cambio, los verdaderos líderes sociales, los que tienen realmente seguidores y son un ejemplo a seguir son castigados por la estructura de gobierno. No es ninguna novedad que los activistas y luchadores sociales que defienden la naturaleza son encarcelados por el sistema político mexicano por interferir en los planes de los grandes capitalistas que talan bosques, que exportan maderas. Los propios recursos naturales tienen sus defensores en diferentes regiones del país y son entes políticos por naturaleza, preocupados por la defensa de la población, pero estos personajes han sido castigados históricamente por el simple hecho de impedir la libre depredación de la tierra en la que viven y vivieron sus ancestros, pero donde ya no vivirán sus descendientes por el simple hecho de que lo que las autoridades llaman progreso, se los arrebata.

Esos son los líderes que deben tener todas las facilidades necesarias para llegar a puestos de elección popular y no quienes por deporte o simple capricho quieren formar parte de un grupo de candidatos que desconocen las auténticas responsabilidades de un hombre o una mujer electo por la población. PEGA Y CORRE. – Este sábado se nos casó Alberto Silva Ramos, principal cómplice de Javier Duarte en más de un negocio chueco, con su ex secretaria privada, Cyndi Paola Virues Rodríguez, a quien en su momento se le acusó de cobrar sumas millonarias en el PRI estatal a favor de su “novio”, o sea su actual esposo. No cabe duda de que la complicidad crea relaciones más profundas que el simple hecho de evitar la cárcel… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Si Javier Duarte de Ochoa es inocente que lo liberen, si es culpable que lo juzguen. La confiscación de bienes señala su responsabilidad en el quebranto de la economía del gobierno de Veracruz, lo convierten automáticamente en culpable, pero sigue siendo factor de negociación.

La figura de Javier Duarte, junto con su grupo de ladrones sigue pendiendo de una decisión de la justicia mexicana que no se atreve a sentenciarlo, a pesar de que hay pruebas de más, testigos reales, señalamientos de los medios, acusaciones directas. Nada se mueve en este caso.

Desde noviembre de 2016 se le han confiscado dinero y bienes a Javier Duarte, esto lo convierte en un delincuente, de otra manera la autoridad se convertiría en una expropiadora de bienes obtenidos de manera legal, pero desde el momento que los asegura una autoridad judicial, estamos hablando de un responsable cuya culpabilidad está debidamente comprobada.

Se le han congelado 722 millones 451 mil pesos, además, un rancho en Las Mesas, Valle de Bravo, en el Estado de México; el rancho El Fulanito, en Fortín de las Flores; una casa en Tlacotalpan y dos más en Boca del Río; y un departamento en Marina de Tajín, Alvarado, 16 lotes ; un local comercial en Torre Ánimas, Xalapa; cuatro lotes de terreno en Punta Tiburón, Alvarado; cuatro lotes de terreno en Pastoresa, Xalapa; un lote en Corral Falso, Emiliano Zapata; cinco lotes en Denominados Modelo y Las Lágrimas, Xalapa y un lote en Los Tabachines, Emiliano Zapata.

Si esta recuperación de bienes no se le aplica a un culpable entonces la justicia mexicana actúa mal. Pero como se trata de un delincuente que está en la cárcel mientras se les olvida a los veracruzanos que existe y que es un hampón, pues todo acto de confiscación se convierte en un distractor social, cuando debería ser una severa condena.

Así, sus cómplices siguen el mismo rumbo hacia la impunidad con la bendición de la cúpula de su partido, las autoridades judiciales y la protección de los jerarcas del gobierno federal.

Lo anterior pudimos verlo claramente en la Cámara de Diputados, donde dos de los cómplices de Duarte de Ochoa pudieron salvarse de ser desaforados para ser juzgados como viles delincuentes comunes; sin embargo, el mayoriteo priista en la Sección Instructora salvó a sus correligionarios Antonio Tarek Abdalá Saad y Alberto Silva.

La decisión creó tal inconformidad al interior de la Cámara que se abrió la posibilidad de llevar el debate sobre su desafuero al pleno.

El presidente de la Sección Instructora, el priista Ricardo Ramírez Nieto, informó que se emitieron dos votos a favor del desafuero y dos en contra, por lo cual la Sección ya no tiene nada que hacer respecto a retirarle la inmunidad a ambos diputados federales por Veracruz.

A petición del diputado del PRD, Omar Ortega y el del PAN, Pablo Piña, se determinó trasladar a la Mesa Directiva la decisión, de si se puede someter a discusión el dictamen en el pleno de diputados, ya que en la Comisión se presentó un empate.

Los legisladores de oposición, PRD y PAN, habían anunciado que presentarían un dictamen alterno en donde exigirían el desafuero de, por lo menos, Antonio Tarek Abdalá, responsable de las finanzas durante buena parte de la gestión de Javier Duarte.

El otro cómplice, más cercano y voraz, pareciera no hacerle nada la justicia. Su carrera delictiva inició cuando ganó las elecciones como presidente municipal de Tuxpan, donde sembró la indignación de los tuxpeños por robarse 100 millones de pesos destinados al alumbrado público y otorgados a una empresa fantasma que él creo.

Ahí empezó a operar como todo un experto en la creación de empresas de fachada, que solamente simulaban que ganaban licitaciones cuando en realidad el dinero iba a parar a los bolsillos de los funcionarios involucrados en dicho concurso. Principalmente la máxima autoridad del municipio, Alberto Silva Ramos.

Al incorporarse al gabinete de Javier Duarte, como secretario de Desarrollo Social, Alberto Silva, aplicó mucho de la experiencia adquirida como presidente municipal de Tuxpan, y posteriormente se convirtió en coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, donde crea también medios fantasma a los que otorgó millones de pesos en publicidad.

En 2015, dejó el cargo para postularse como candidato a ocupar una curul en la Cámara de Diputados, por el principio de mayoría relativa. El 29 de marzo de 2016 solicitó licencia a la diputación federal para volver a asumir el cargo de coordinador de Comunicación Social del estado de Veracruz, con el objetivo de manipular la información de los medios de la entidad y arremeter contra el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia, desde que era candidato a la gubernatura, entre otras campañas de desprestigio contra los enemigos de su jefe.

Una vez que deja la gubernatura Javier Duarte, Alberto Silva regresa a su curul.

El simple trayecto acusa complicidad, opacidad, trampa; sin embargo, los integrantes de la Comisión Instructora prefieren dejar la moneda en el aire al empatar sobre la decisión de quitarle el fuero a tan oscuro personaje.

El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, solicitó el 14 de julio de 2017 el desafuero de Alberto Silva Ramos para que sea separado del cargo de diputado federal y pueda ser acusado del desvío de mil 500 millones de pesos. Nada sucede.

La maquinaria del poder, sustentada por la cúpula partidista y el silencio cómplice de la PGR hacen de los delitos contra los veracruzanos en particular y los mexicanos en general, una especie de reconocimiento a la habilidad de los funcionarios públicos que carecen de principios y sus valores personales dejan mucho que desear.

Ni siquiera por la vergüenza de verse señalados por la población abandonan su actitud de triunfadores, ante una impunidad que parece caracterizar la aplicación de la justicia en México. PEGA Y CORRE. – Miguel Ángel Yunes Linares, negó que haya ex funcionarios cercanos a Javier Duarte que estén siendo protegidos para evitar que enfrenten algún cargo penal. Aseguró que “no hay intocables y prueba de ello es que el jefe de la banda está en la cárcel” … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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En el Poder Legislativo de Veracruz es más redituable convertirse en cómplice de los malos servidores públicos que denunciarlos para luego castigar su delito, para que no haya impunidad. Pero la docena trágica que sufrió el pueblo veracruzano desde la llegada de Fidel Herrera, engendró nuevos delincuentes de cuello blanco y perfeccionó las técnicas de otros.

Los diputados locales en la entidad hicieron del fuero que los honra el puente hacia la impunidad que los deshonra.

Cuatro legislaturas que lejos de representar a los ciudadanos, protegieron los intereses de dos gobernadores que terminaron por quebrar la economía de uno de los estados más ricos del país. Los diputados deben ser castigados por alguien, porque los veracruzanos tienen en el voto de castigo su mejor arma, pero ese voto no los conduce a la cárcel como merece más de un diputado desde la LXI Legislatura estatal.

Ellos le apostaron a la mala memoria de los mexicanos y terminaron por pisotear la dignidad de la población y burlar incluso recursos federales, afectando así a todos los mexicanos, que carecen de la fuerza suficiente para que la justicia mexicana actúe sin distingos, o que por lo menos actúe.

La principal tarea de los diputados locales fue la de hacerse de la vista gorda ante una ola de delitos que se cometían desde la gubernatura, para luego ascender en su carrera política como principal recompensa a su silencio. No hay mejor complicidad que el silencio, porque en ese vacío de información se encuentran aún más delitos que desde afuera de la administración pública pueden advertirse.

Así entre funcionarios públicos y legisladores locales quebraron industrias, crearon otras que nunca se supo dónde estaban, abrieron otras con fachada solamente. Y dejaron a la deriva, o bien las agredían, a las que en realidad eran motor de crecimiento y productividad en Veracruz.

Los diputados de Veracruz de las legislaturas LXI, LXII, LXIII y LXIV fueron capaces de crear figuras fiscales que permitieran hacer de las suyas con empresas fantasma y otras formas de reformas legaloides que allanaran el camino a Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa en sus respectivas administraciones públicas.

Así, nuestra compañera Claudia Guerrero, calificó el 02 de agosto a la LXI Legislatura como una de las peores en la historia de México, al señalar: Un Congreso gris y secuestrado por los intereses monetarios, que poco a poco se convirtió en rehenes con una cuerda alrededor del cuello, apretando más y más, hasta asfixiarlos. Desde el principio, con una mayoría de curules para el PRI, a Fidel Herrera Beltrán, eso no le “llenó”, queriendo someter a la oposición y casi, lo logró.

Abusando de los textos de Claudia Guerrero, podemos advertir que quienes conformaron la LXI Legislatura son los mismos nombres que ahora suenan como los principales cómplices de Javier Duarte. He aquí un ejemplo: El caso del diputado por el distrito XXIV, Erick Lagos Hernández es vergonzoso. Es el encargado de las transacciones financieras y vigilar como “Fiel Sabueso”, que el Congreso haga, determine y apruebe lo que el Gobernador instruyó. Si algún diputado hará un pronunciamiento en contra del sistema, hay que pasar primero con Erick, para negociar; si los periodistas oficialistas tienen hambre, hay que pasar con Erick; si algún Coordinador quiere negociar aprobaciones de Iniciativas ríspidas, violatorias, anticonstitucionales e inmorales, hay que pasar con Erick; si algún diputado se tarda en votar, Erick le dice: “Ora cabrón, oprime el botón”, como le gritaba al diputado Julio Chávez del PT. Todo gira en torno de Erick, pues hasta las comidas fastuosas de los diputados priistas y la oposición, ¿quién cree que las paga?… Acertó, Erick Lagos Hernández. Y con respecto a su distrito Santiago Tuxtla, le diré, que está sumergido en el olvido, inseguridad, falta de oportunidades laborales y cae en su conciencia, las 11 muertas de Ciudad Isla, quienes fueron asesinadas en forma violenta y con el mismo “modos operandi”… pero eso, a Erick, no le importa…
Así, la impunidad pareciera ser un dogma para los diputados locales, que, por si fuera poco brincan sin control de un puesto a otro, viviendo del presupuesto pero enriqueciéndose con negocios privados.

En la instalación de la LXII Legislatura no se contó con la presencia del Gobernador Fidel Herrera Beltrán, ni del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Reynaldo Madruga Picazzo, como parte de un diálogo sin palabras pero que establecía distancias y condiciones.

Para la LXIII Legislatura la presidencia fue para la priista Ana Guadalupe Ingram Vallines, como vicepresidente se designó a la perredista Ana María Condado Escamilla y como secretario quedó el panista Domingo Bahena Corbalá. Fórmula que fue aprobada con 48 votos a favor y dos votos nulos.

La LXIV cuenta con una presidenta panista en la Mesa directiva, María Elisa Manterola Sainz; una vicepresidenta perredista, Dulce María García López; y una secretaria de la Mesa directiva también del PAN, Regina Vázquez Saut.

En información del grupo de investigación de Carmen Aristegui, se afirma que al menos 90 diputados veracruzanos en las dos últimas legislaturas recibieron sobornos por alrededor de 150 millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa, para aprobarle cerca de 500 leyes y decretos.

En la lista de Duarte para sobornar a los diputados estuvieron Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura y Juan Nicolás Calleja, presidente de la Junta de Coordinación Política, además del ex subsecretario de gobierno y actual diputado federal Eric Lagos Hernández.

La historia condena a los legisladores veracruzanos que toman el camino del Congreso local para alcanzar la impunidad, sin embargo, el desprecio de la historia nunca será un castigo suficiente para los corruptos. Las complacencias que emanan desde el centro del poder no sólo son cómplices, sino que impulsan la corrupción en lugar de combatirla o, por lo menos denunciarla. PEGA Y CORRE. – La Fiscalía General del Estado dio 90 días al ex gobernador Javier Duarte, o sus apoderados legales, para reclamar cientos de objetos localizados en una bodega que fue confiscada en febrero pasado en la colonia Paraíso, de Córdoba, donde se encontraron 115 cuadros, lienzos, autorretratos, fotografías familiares, obras de arte, 56 reconocimientos, 19 cajas de libros, cristalería y vajillas, edredones, muebles y plumas, entre otros muchos objetos de valor. De reconocer su propiedad el ex gobernador se metería en un lío, que podría echarle abajo su intento por pasar sólo unos meses en la sombra… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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