Alma Grande

Debemos pensar en un país como México, en qué tan necesario puede ser algo que no hace falta. Es decir, el aeropuerto nuevo de la ciudad de México, no le hace falta nadie más que a aquellos que van a hacer negocios con su apertura.

En realidad el nuevo aeropuerto tiene una aparente ventaja sobre el actual, que es una pista más, pero esa pista pertenece, desde ahora, a la base militar de Santa Lucía, que colinda con el que podría ser el nuevo aeropuerto. De tal suerte que su extensión es sólo ficción.

Cuestionamientos sobre la real utilidad del nuevo aeropuerto, la obra faraónica de la actual administración pública, expresó Marco Antonio Medina Pérez, consejero nacional de Morena, quien señaló que esa obra “…es un negocio gigantesco, es un negocio muy grande, se van a estar invirtiendo ahí doscientos mil millones de pesos, en una obra que no es necesaria o que si es tan necesaria, hay otras alternativas, ya Morena ha propuesto que en lugar de hacer esa magna obra que va a durar 20 o 30 años en ponerse en funcionamiento, hay que hacer como en otros países en donde hay un aeropuerto local y un aeropuerto internacional que puede estar en la base de Santa Lucía, dejando el aeropuerto como está para tráfico local, pero utilizando las instalaciones que ya están presentes. Para hacer eso se necesitan no más de 60 mil millones de pesos, estaríamos hablando de un ahorro de 140 mil millones de pesos”.

Marco Antonio Medina Pérez, en un desayuno-conferencia en Xalapa, afirmó que si en verdad se quieren tener recursos para atender a los damnificados por el terremoto, existen dos acciones determinantes que son ahorrar recursos a través de la austeridad, por un lado, y por otro lado, cerrar la válvula de la corrupción.

Esta posición, basada en su experiencia como encargado de las finanzas de Morena, hasta hace un par de años, “podrían tener de entrada cerca de 300 mil millones de pesos”. De acuerdo con un proyecto de austeridad que el líder nacional de ese movimiento viene estructurando desde hace años, y que poco a poco empieza a permear en toda la sociedad; sin embargo, debemos recordar que hace más de 12 años cuando empezó López Obrador a anunciar un plan de ahorro producto de la austeridad y honestidad, más de un político afiliado a otros partidos, rompió en risa    asegurando que no sólo era imposible sino ridículo.

Ahora, la lógica de este procedimiento es evidente y puede concretarse si los mexicanos se deciden a transformar en serio al país.

Así, Marco Antonio Medina Pérez, originario de Tuxpan, ha trabajado mucho en la zona norte de Veracruz, señaló: “tengo muchos años desarrollando actividades dentro del Movimiento, para y con el Movimiento…”.

Aclaró que existe en Morena una nueva concepción de liderazgo, de la convivencia con la gente, de la comunicación entre iguales.

Así comenta que “no tenemos la idea del protagonismo como en muchos otros partidos, se trabaja sin reflectores, directamente con la población, donde no sólo se confunde con los habitantes de las diferentes zonas de la entidad sino que se funde con ellos al conocer sus necesidades, sus prioridades, sus urgencias”.

Marco Medina fue durante los primeros tres años de Morena, Secretario Nacional de Finanzas, bagaje que le sirve para ver de otra manera la realidad económica de un país, cuyos mandatarios no han podido combatir la pobreza sino que la han incrementado hasta llegar al exceso de que más de la mitad, 52 por ciento, es pobre.

En el desayuno estuvieron presentes más de 30 comunicadores de Veracruz, ante quienes comentó los esfuerzos que se realizaron al inicio de Morena para convertirlo en un auténtico partido político. “Empezamos con cero pesos cero centavos y con un préstamo que nos hicieron dos distinguidos militantes…”, comentó ante los representantes de los medios de la entidad.

La vida política de Marco Medina, está acompañada del surgimiento de uno de los movimientos políticos que se ha consolidado en muy poco tiempo como una verdadera fuerza, capaz de arrebatar el triunfo electoral al más fuerte en los tres niveles de gobierno.

La preocupación de todos y cada uno de quienes conforman Morena, ya sea desde la línea de los simpatizantes o de los militantes es la reconstrucción inmediata y eficaz de las consecuencias del temblor del 19 de septiembre.

A pesar de que Morena recibió su registro como partido político el 9 de julio de 2013, se ha conformado en una fuerza social, más allá de las simpatías o afiliaciones de un partido político convencional. Su fuerza radica en la gente que está de ambos lados de esa línea invisible entre simpatizantes y militantes, ambos lados saben que la frase de “Sólo los pobres salvarán a los pobres” es una realidad que ahora fue demostrada en las consecuencias del sismo en los lugares afectados. La rapidez con la que Morena se ha colocado en las intenciones del voto de los mexicanos es sorprendente.

Así también la Asociación de Comunicadores de Veracruz “Froylán Flores Cancela”, que nace en abril del año pasado, ha irrumpido positivamente en la comunicación del estado, con José Valencia Sánchez al frente, quien, junto con la comitiva que conforma esta asociación fueron los anfitriones de Marco Medina, en una conferencia donde no sólo dio a conocer las soluciones para una reestructuración de las finanzas del Estado Mexicano sino que explicó la manera en que cada miembro de Morena se fusiona con las necesidades de la población y comparte con ellos no sólo un momento de comunicación sino de comprensión y de objetivos comunes y la mejor manera de alcanzarlos. PEGA Y CORRE.- Gonzalo Vicencio Flores, secretario general del comité Central de Morena en Veracruz, sufrió una agresión hace cinco meses, y cuyas secuelas lo mantienen todavía hospitalizado. Según testigos, los autores de dicho atentado fueron Manuel Francisco Martínez, diputado local por el Partido Verde, del equipo del presidente municipal de Chicontepec, Pedro Toribio Martínez. Gonzalo Vicencio además de ser militante de Morena es un abogado que ha defendido a la zona norte de Veracruz, se entiende bien con los indígenas de la región ya que él mismo habla náhuatl, y este tipo de acciones impide el fortalecimiento del cacicazgo que mantienen en la región las personas allegadas a Pedro Toribio Martínez. El día de las votaciones Gonzalo Vicencio fue atacado junto con su esposa, pudieron escapar de sus agresores y se escondieron en una casa cercana, donde media hora después fueron extraídos a punta de golpes y amenazas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El talento no se hereda, pensando que podría algún puesto púbico otorgar, por ese solo hecho, brillo a la mediocridad en la que se ha desenvuelto la política mexicana desde hace muchos años.

Anteriormente el hijo o hija de un médico prominente o un abogado sagaz, también se dedicaba a la misma profesión que el padre.

Lo único que se lograba era que el descendiente heredara los clientes o pacientes que el padre había reunido a lo largo de su vida y que posteriormente huye de las tareas ineficientes de los hijos que ponen en peligro su salud o su libertad o legalidad. No muestran la misma brillantez que sus progenitores.

En el mundo de la política es diferente. En este ambiente todos son talentosos, reciben más premios que castigo a lo largo de su trayectoria viviendo del erario, y no se cansan de reproducir un hijo, por lo menos, para el ámbito político del país, como si se tratara de dinastías. Porque el sistema político de nuestro país es muy plural, tiene tintes de dinastía, de monarquía, de dictadura, hasta de comedia, pero muy poco de democracia. Casi nada.

La herencia de la supuesta vocación política se convierte, automáticamente, en la herencia de poder, tenemos muchos ejemplos, desde Lázaro Cárdenas con su hijo Cuauhtémoc; luego Miguel Alemán Valdés, con su hijo Miguel Alemán Velasco, en esa tierra castigada por los cacicazgos de familia llamada Veracruz.

Los partidos políticos se han debilitado a causa de las herencias de sus militantes, a sus hijos, yernos, nietos, etc.

Si de algo adolecen actualmente los partidos políticos es de cuadros reales. No hay líderes sólidos para llevarlos a una candidatura formal con posibilidades concretas de triunfar en las urnas, ni siquiera para la Presidencia de la República.

Los cuadros dejaron de crearse cuando los militantes vieron en sus hijos los sucesores de sus puestos para que siguieran viviendo del presupuesto. Así de la herencia se brincaron al nepotismo y del nepotismo a la dinastía, y sobre todo que se crean clubes como el de Atlacomulco, lugar de donde se ubican las canteras de los líderes que tienen como única formación política la experiencia y los consejos de sus padres o abuelos. Ahí tenemos casos como el de Alejandro Murat, que hereda la gubernatura de Oaxaca, o la posición de la que goza el actual secretario de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, quien no se descarta para ser el candidato del PRI a la presidencia de la República como lo fuera su padre, Miguel de la Madrid, quien inició la debacle de la economía mexicana que no se ha detenido, pero las herencias se brindan apostando a la mala memoria de los mexicanos y eso, por contradictorio que parezca, debemos recordarlo.

Los auténticos líderes de los partidos políticos han cedido involuntariamente su poder a los hijos, familiares, compadres y amigos de los poderosos. No hay heredero del poder que no le apueste a la desmemoria del pueblo.

Ahí está Ninfa Salinas, hija del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, fue invitada por su amigo Jorge Emilio González en noviembre de 2011 a unirse al proyecto del Verde Ecologista de México.

Juan Pablo Adame, hijo de Marco Antonio Adame, ex gobernador panista en Morelos, egresado del Tecnológico de Monterrey con una licenciatura en Relaciones Internacionales.

Luciano Quadri, hijo del candidato presidencial por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, se desempeñó como suplente en la diputación federal de René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo.

René Fujiwara, hijo de la ex diputada federal Maricruz Montelongo Gordillo y nieto de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, hija del ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu y de Adriana Salinas de Gortari, sobrina del ex presidente, Carlos Salinas de Gortari.

Se desempeña como secretaria general del CEN del PRI.

Manuel Velasco Coello, nieto del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Suárez, actual gobernador de esa entidad por el Partido Verde.

El yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, quien fuera subsecretario de la SEP; otro extraño sujeto de la política es José Alberto Couttolenc, diputado local plurinominal en el Congreso de Chiapas, y cuñado del Niño Verde, Emilio González Martínez.

Alejandro Juraidini Villaseñor, es hijo del Director General de telecomunicaciones de México, es diputado federal por el estado de México. A estos últimos se les caracteriza por su nulidad en el proceso legislativo, nunca participan en tribuna y menos aún presentan una propuesta al pleno.

El problema en México es que el culto a la personalidad de los diferentes políticos crea su propia ruina. Así, se le insiste, por ejemplo, al hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Colosio Riojas, también egresado del ITESM, que siga la carrera política de su padre. Las presiones y las tentaciones son tales que puede acceder en algún momento sorprendiendo a más de uno dentro y fuera del PRI.

La evolución de los partidos políticos en México se ha detenido a causas del conservadurismo que imponen las herencias de un poder que debe tener una dinámica muy diferente a la actual, de ahí que no debe sorprendernos que sean rebasados por la población, como acaba de suceder en días pasados cuando los líderes de diferentes fuerzas pugnaron por renunciar a sus prerrogativas en favor de los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado.

La vanguardia en México la tiene la población debido a estas herencias que no pueden menos que mostrar el lado oscuro de una democracia que se aleja cada día más de su objetivo original. PEGA Y CORRE. – Desde esta tribuna haremos una pasarela de aquellos que por derecho de sangre irrumpen en la vida política del país sin dejar más huella que la podredumbre de un sistema que se hace viejo gracias a sus prácticas monárquicas. Todavía faltan muchos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Una vez cerrada la puerta de las nominaciones plurinominales seguras, cómo le harán los partidos políticos para colocar en las titularidades de las diferentes comisiones a sus alfiles, es la gran pregunta que se hacen quienes hicieron de una posibilidad de apertura política y pluralidad ideológica, un espacio para sus militantes consentidos.

Desde la aparición de las legislaturas plurinominales cada partido político colocaba en los primeros lugares a los estrategas de su organización, de tal suerte que garantizaran su presencia en las dos cámaras. Así, dentro de estos personajes se elegía, desde antes de algún acuerdo entre pares en las diferentes colegisladoras, a los propios coordinadores de sus fracciones parlamentarias y a uno que otro presidente de comisión.

Ahora, si la idea surgida de la población surte efecto en la reducción de legisladores, la designación de presidentes de comisión deberá ser producto de una concertación entre similares, contrincantes, pero no enemigos.

Es decir, la necesidad de ponerse de acuerdo empezará desde el inicio de cada legislatura para acordar las posiciones que cada partido ocupa.

Otro de los factores que deberá tener consenso son los saltos de los legisladores que pasan de una posición a otra, adueñándose de espacios y presupuestos cuya transparencia deja mucho que desear.

Hay ejemplos de personajes que han vivido toda la vida del presupuesto, que han pasado de un puesto a otro y sobre todo influido en el devenir del país. Tal es el caso de Emilio Gamboa Patrón, cuya carrera política comienza a los 22 años, precisamente cuando entra a miliar en el PRI, partido que le ha brindado la oportunidad de saltar de un puesto otro.

En 1979, a la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado a la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, es nombrado su secretario particular. Al ganar las elecciones De la Madrid, Gamboa patrón sigue en el mismo puesto, como secretario particular, desde donde influye, incluso, para la designación de quien sería el próximo presidente de México.

Al comenzar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es nombrado Director General del Infonavit, por un periodo de dos años. A partir de 1991, salta al IMSS, donde se encarga de su titularidad, para pasar ese mismo año a Fonatur y a la Lotería Nacional.

De 1992 a 1994 se convierte en uno de los más influyentes secretarios de Comunicaciones y Transportes que haya tenido administración pública alguna, sustituyendo a Andrés Caso Lombardo.

Posteriormente Gamboa se convierte en el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, en 1998, con Francisco Labastida Ochoa como titular, cuya campaña de proselitismo encabeza, quien dos años después perdiera la Presidencia de la república frente a Vicente Fox.

Gamboa Patrón comienza su carrera legislativa en 2000, como senador priista, desde una oposición naciente, pero al mismo tiempo complaciente. Termina su periodo como senador junto con el sexenio y se convierte en diputado de la LX Legislatura, en 2009, terminada su gestión como diputado es seleccionado como líder de uno de los pilares del tricolor, la CNOP, hasta 2011, para que al siguiente año se convierta en senador nuevamente, y coordinador de la fracción de su partido en esa colegisladora, donde actualmente se encuentra y seguramente, a finales del próximo año tendrá un  nuevo puesto, porque personajes como Gamboa Patrón no pueden estar fuera del presupuesto pero tampoco de la influencia política e ideológica no sólo del partido sino de la realidad nacional.

Emilio Gamboa Patrón es un militante del PRI que pocas veces ha hecho campaña. Es decir, desde que las candidaturas plurinominales existen en 1996, es decir, que cumplen 21 años, la responsabilidad con el elector puede eludirse.

Porque en términos reales nadie vota por los legisladores plurinominales, sino que son resultado del porcentaje de la votación para los candidatos ganadores de su partido que sí realizaron campaña de proselitismo.

Las democracias indirectas, como la nuestra, tienen sistemas de representación proporcional, México no es el único, pero sí de los pocos que son utilizados una y otra vez con un exceso de responsabilidad, mucho mayor a la que tiene un legislador electo por el pueblo.

Es así como el legislador plurinominal en México sirve a su partido y no a la sociedad, porque al entrar en esta categoría debe servir a su partido y al grupo que lo designó, pero no representa a ninguna parte de la población, porque no obtuvo un solo voto de los ciudadanos.

Es esta parte de la legislatura sin legitimidad electoral la que deben sacar del rejuego parlamentario en el país, creada para darle equilibrio a las decisiones parlamentarias y compensar mayorías aplastantes, que ya no existen en el sistema político mexicano.

El sistema de partidos que padece el país, tiene en la reforma electoral próxima la posibilidad de borrar todos o una buena parte de los legisladores plurinominales que deberán responder, por fin a las necesidades de un espacio territorial del país y no sólo a los intereses de su partido; es muy posible que desaparezcan todos estos espacios; sin embargo, habrá que preguntarse si las cúpulas de los partidos políticos están preparados para interactuar dentro de un nuevo esquema de legislación sin el apoyo de los diputados y senadores plurinominales.

La representación indirecta que tiene México se agotó cuando personajes como el arriba mencionado mostró, con su práctica legislativa la inoperancia de un proyecto político que sólo atrofiaba las decisiones de diputados y senadores.

La transformación de la forma de operar de los legisladores mexicanos está próxima, en la que se verán forzados a voltear a ver a los representados que tienen una larga lista de pendientes sin resolver. PEGA y CORRE. – Ángel Donet Méndez Cadena, hijo de Eva Cadena, ex militante de Morena, quien fue filmada recibiendo dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador sufrió un atentado en el sur de Veracruz, en Las Choapas, del que salió ileso. En el lugar quedaron los casquillos de balas de grueso calibre, cuyos disparos fueron a impactarse en el automóvil del agredido… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El dinero robado por cuatro ex gobernadores, Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Guillermo Padrés, de Sonora y César Duarte Jáquez, de Chihuahua, que supera los 97 mil 500 millones de pesos, alcanzaría para reconstruir los daños ocasionados por los terremotos, valuados en 38 mil 100 millones de pesos por el gobierno federal.

Si a esto agregamos los gastos millonarios utilizados en su defensa, y lo que no se ha descubierto, encontramos que la impunidad en México tiene sus orígenes en una mala aplicación de la justicia y no hay mexicano que no piense que esa mala aplicación es con intención, con ventaja y alevosía.

Con ese dinero el secretario de Educación no estaría partiendo plaza en cada escuela dañada y anunciando, como actor de telenovela, lo que considera su trabajo, que, como sucede con la reforma educativa, dista mucho de tener elementos pedagógicos.

Aurelio Nuño, cuando llegó a su cargo mostró vocación de policía; ahora parece perito valuador de ingeniería, lo que debe hacer es preocuparse por darle a los libros de texto un contenido informativo que hable sobre los sismos. Donde los alumnos por pequeños que sean no se dejen engañar por las mentiras que proliferan en las redes sociales. Pero todo este innecesario protagonismo del titular de la SEP se acabaría si cada uno de los gobernadores bajo sospecha, que son del mismo partido que Aurelio Nuño, regresaran por lo menos lo que se les ha detectado que falta. El resto, que no es poco, se lo pueden llevar a donde quieran y que no vuelvan nunca más.

Sin rencores pero sin reencuentros.

La urgente necesidad de la reconstrucción invita a este tipo de tratos, que además evitaría distractores en época electoral, al mismo tiempo que ahorraría grandes recursos gastados en los procesos penales de este tipo de delincuentes.

La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 54 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por el presunto desvío de 45 mil millones de pesos, provenientes de recursos federales, durante los primeros años de la administración del ex gobernador Javier Duarte.

Por su parte, Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo habría desfalcado al estado con al menos 16 mil millones de pesos.

El gobierno de Chihuahua señaló que César Duarte dejó un daño patrimonial de casi 6 mil millones de pesos.

Además, las irregularidades por 30 mil millones de pesos durante el mandato, Guillermo Padrés, del PAN; en Sonora se le suman acusaciones por lavado de dinero por 500 millones de pesos contra sus colaboradores.

Por su parte, el portal de noticias Sin embargo, señala que al menos 10 mandatarios estatales del PRI, incluidos, los tres arriba mencionados, han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación por algún delito.

Señala que “De sumarse los datos de dicho organismo de fiscalización con las denuncias presentadas por la oposición, la malversación asciende a 181 mil 376 millones de pesos, es decir, más de 10 mil millones de dólares”.

El Fondo de Desastres Naturales tiene asignado un presupuesto anual de 9 mil millones de pesos, poco más de 502 millones de dólares. Quiere decir que los presuntos desfalcos de los gobernadores mexicanos podrían multiplicar por 20 los recursos disponibles para la reconstrucción de las distintas zonas del país azotadas por huracanes y terremotos.

Hay una larga lista de gobernadores y ex gobernadores, la mayoría del PRI, cuya honorabilidad está en duda, como los hermanos Rubén y Humberto Moreira, de Coahuila. Al hermano del actual gobernador y a su hermano, los han denunciado diversos integrantes del PAN, ante el Congreso del Estado, por presunta malversación de 32 mil millones de pesos, más de mil 789 millones de dólares.

A Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco la ASF lo convocó a aclarar el uso de 17 mil 500 millones de pesos, más de 978 millones de dólares,  del erario público durante los años fiscales 2011 a 2015.

A Eruviel Ávila, ex gobernador del Estado de México, la ASF detectó que debe aclarar el destino de 3 mil 603 millones de pesos, más de 201 millones de dólares, del presupuesto público, presuntamente fueron malversados a través de fondos y programas federales.

Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León fue acusado de peculado y daño patrimonial por más de 3.567 millones de pesos, casi 200 millones de dólares, de acuerdo con la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

El daño que causó a su estado representa poco menos de la mitad del presupuesto del Fonden.

Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, fue acusado por la Fiscalía de Tabasco por la desaparición de 2 mil 604 millones de pesos, más de 145 millones de dólares.

Fausto Vallejo, ex gobernador de Michoacán, es investigado por el desvío de 2 mil 323 millones de pesos, casi 130 millones de dólares.

A Mario Anguiano, ex gobernador de Colima, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima lo acusa de malversar 2.119 millones de pesos, más de 118millones de dólares.

Estos personajes deben regresar lo que se robaron e irse del país para nunca regresar. En México la justicia mexicana se ha declarado, desde hace meses, incompetente para juzgarlos. PEGA Y CORRE.- A esta fiesta de los millones de dólares debemos agregar muchos más. Lo que se llevaron sus cómplices, a veces sin que los ex gobernadores, sus entonces jefes, pudieran darse cuenta. En otras ocasiones con su consentimiento y bendición, como es el caso de los compinches de Javier Duarte, encabezados por el actual Diputado Federal Alberto Silva Ramos, y otros que gozan de fueron como legisladores locales y federales, protegidos desde la cúpula del PRI, por sugerencia del entonces poderosos gobernador de Veracruz. Ahí está otro diputado federal, Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández, colega suyo en la Cámara; Edgar Spinoso Carrera, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México; Vicente Benítez González, diputado local por Nueva alianza. Entre otros muchos  con sus respectivos millones… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Los partidos en México están desesperados por mostrar la diferencia de otros y todo hace pensar que cada día son más similares.

Ante la fusión de tres partidos en el Frente Ciudadano la necesidad de diferenciarse de otros es urgente en las cúpulas de los partidos políticos.

Las cúpulas partidistas saben perfectamente que lo único que puede diferenciarlos entre sí, son las ideas, las propuestas, los proyectos. Pero casi ninguno tiene preparado nada. Pensaron que las campañas que se aproximan serían igual que las demás. Se equivocaron.

Las consecuencias del sismo del 19 de septiembre cambiaron el panorama de muchos partidos políticos y de algunos de sus posibles candidatos. Luego del sismo del 7 de septiembre y durante los embates de los huracanes que azotaron las costas de México, los líderes de los partidos políticos comenzaron a pugnar por reducir los ingresos de sus organizaciones para destinarlos a la reconstrucción de las casas afectadas y ofrecerles una vivienda digna a los damnificados.

Primero hablaron de reducir 20 por ciento de las campañas; luego de donar la mitad de las prerrogativas que tiene el PRI, durante un año; después se dijo que la totalidad del presupuesto otorgado a ese partido iría a resarcir los daños.

Posteriormente otros partidos políticos, que habían guardado silencio al inicio de estas propuestas, imitaron la acción y donarán parte de sus ingresos.

Más tarde se habló de eliminar a los legisladores plurinominales, ya que eran producto de la falta de pluralidad y partidos de oposición en las cámaras y ahora simplemente sobran.

Aquí hay dos factores que deben tomarse muy en cuenta, el primero de ellos es que los partidos políticos en México, acostumbrados a pelearse la paternidad de las propuestas populares, que son muy pocas últimamente, ahora deben aprender a pugnar por las coincidencias.

No importa qué dirigente haya creado una idea o propuesto una transformación a la vida política del país, lo cierto es que los militantes de los diferentes partidos políticos han estado vigilantes a las peticiones, a veces exigencias, de la población.

Así, desde su posición de ser intermediarios entre la población y el poder, supieron interpretar las inquietudes de un clamor popular que surgió con fuerza luego del sismo del 19 de septiembre del presente año. Escuchar a la población es una obligación de legisladores y partidos políticos en una democracia representativa. Esta vez lo hicieron, de tal suerte que suena con fuerza la petición popular de que no haya campañas, de que no se gaste dinero innecesariamente en una competencia que veces resulta predecible.

Lo importante para los partidos políticos en este momento es concentrarse en las coincidencias. Aquí está la clave del progreso del país, sobre todo cuando el factor que unifica criterio son las necesidades de los hermanos mexicanos. Ya no es válido buscar la paternidad de las ideas que crearán los equilibrios sociales, simplemente hay que pugnar porque existan, porque se consoliden.

La otra vertiente de interpretación es que la sociedad debe estar consciente de que no se trata de una donación de los partidos a la sociedad sino una entrega de recursos a sus dueños originales.

Porque la propuesta es una añeja petición de los mexicanos. Las campañas ya no les dicen nada ni a ellos ni a nadie. Nadie se las cree. Los debates perecen una competencia de insultos.

Ahora, tanto partidos políticos como líderes y candidatos deberán empezar a hacer propuestas a la población, que sean basadas en proyectos serios, para que sea a través de estas ideas la única manera de que se note la diferencia entre cada una de las diferentes organizaciones.

Las campañas políticas deberán ser no sólo austeras sino llenas de contenido. Es decir, con propuestas y no con insultos y descalificaciones contra los competidores. Los mexicanos hacen reaccionar a los partidos y sus líderes para que retomen el camino de la campaña presencial, frente a la gente, cara a cara con el elector y no a través de spots muy costosos para la población o mensajes en las redes sociales que por su extrema cantidad se diluyen y sólo sustituyen a la persona.

Ante esta panorámica se corre el riesgo de darle una notoria ventaja a los candidatos independientes, quienes podrán tener las prerrogativas que la ley, hasta ahora les concede, sin alterar su actual situación. De hecho, no se sabe en este momento quiénes serán, a pesar de que ha habido algunos espontáneos que se lanzan al ruedo con tanta irresponsabilidad como improvisación.

Ante esta posibilidad algunos de los partidos políticos comienzan a preparar a candidatos independientes para que representen sus intereses tanto en las campañas como en las declaraciones de difusión en busca del voto.

El PRI en la Cámara de Diputados propuso, en días pasados, eliminar a todos los legisladores federales y locales elegidos por la vía plurinominal y suprimir el 100% del financiamiento público para los partidos políticos en 2018.

Así, como dueño absoluto del balón de las ideas, convocó a los otros ocho partidos para que renuncien a lo que falta por recibir de los recursos económicos de este año.

Esto debe ser parte de un acuerdo nacional, no de la búsqueda de diferencias o paternidades imposibles de encontrarle el ADN. PEGA Y CORRE. – El sismo parece favorecer a uno de los cómplices cercanos del ex gobernador de Veracruz. Desde el 14 de septiembre la Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó sesionar en una semana sobre la solicitud de desafuero, presentada por la Fiscalía General de Veracruz, que encabeza Jorge Winckler Ortiz, contra el ex coordinador de Comunicación Social durante el gobierno de Javier Duarte, Alberto Silva Ramos, a quien se le considera uno de los más cercanos colaboradores y quien podría librar sus culpas si no se sesiona sobre su caso… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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Como si se tratara de una enfermedad contagiosa, los políticos mexicanos han preferido alejarse lo más posible de los damnificados de los sismos que afectaron a diferentes estados de la república, desde Oaxaca hasta la Ciudad de México, pasando por Chiapas y Morelos.

Mientras dentro y fuera de nuestras fronteras se expresaba la solidaridad con los afectados por la furia de la naturaleza, los políticos dentro del país y en funciones prefieren aprovechar en beneficio propio, algunos en favor de su partido, con la ayuda desinteresada de la sociedad mexicana y de otras naciones que enviaron ayuda directa a los damnificados por el terremoto.

Las cantidades de dinero son tan importantes que bien podría entregarse una reposición de casa o departamento a quienes perdieron su vivienda; sin embargo, éstos ni siquiera saben a qué instancia acudir para recuperar lo que les es propio. Mala señal.

La sociedad debió reclamar a través de las redes sociales y en cualquier manifestación pública la necesidad de que los partidos políticos recortaran sus beneficios para dar a los necesitados lo que perdieron por el sismo.

Las diferentes instancias de la sociedad mexicana apoyaron la posibilidad de que los partidos dieran parte de sus recursos a la reconstrucción y a regresarles a los damnificados parte de lo que por derecho les corresponde.

El Papa Francisco donó, por ejemplo, 150 mil dólares; cantidad nada despreciable, aunque debemos tomar en cuenta que el viaje de Su santidad le costó el pueblo de México más de nueve millones de dólares.

Así también debe considerarse que el Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera, cuestionó la ayuda y su transparencia, pero fue incapaz de donar algo de lo mucho que tiene como máximo jerarca de la iglesia católica en México.

La Revista Quién publicó fotografías de su mansión en Tlaquepaque: con piscina, donde realiza encuentros con la clase política y empresarial.

Ahora surge otra exigencia de la sociedad mexicana para apoyar a los damnificados de los sismos en la ciudad de México y en los estados de Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Veracruz.

Debe retirarse la pensión vitalicia a los ex presidentes de México y destinarse a reconstruir el futuro de los damnificados del sismo.

La pensión vitalicia también es un concepto otorgado con dinero de los ciudadanos. El Congreso de la Unión aprueba, cada año, una partida para la Presidencia de la República para que la destine a un pago para los ex presidentes o sus viudas, lo que en promedio asciende a 40 millones de pesos, afirma el portal sin embargo.

La solidaridad mostrada por personajes del espectáculo y los deportes contrasta con la actitud de políticos como el gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, quien escondió despensas y todo tipo de ayuda en bodegas del gobierno estatal para colocarles una calcomanía del DIF estatal que encabeza su esposa, Elena Cepeda, quien desvió toda la ayuda en especie hacia espacios del gobierno de la entidad.

Como este ejemplo hubo muchos en diferentes estados y delegaciones.

Ante este descaro, los futbolistas Javier ‘Chicharito’ Hernández y Miguel Layún realizaron una labor de apoyo a los afectados por los sismos que han sacudido a México en las últimas semanas.

Ya recaudaron más de 200 mil dólares que se fijaron en un principio, por lo que el Chicharito señaló: “Quiero agradecerles de verdad todo el apoyo, todas sus donaciones, ni en nuestros mejores sueños hubiéramos imaginado en tan poco tiempo haber logrado la cifra de recaudar 200 mil dólares”.

Añadió que ya comenzaron a destinar las donaciones a las distintas organizaciones de la República que están colaborando con los afectados y apuntó que ahora van por una meta más grande.

Han afirmado que “Lo mejor que tiene México son los mexicanos. Es vedad, pero lo políticos parecen no ser del país y no son de este planeta, su egoísmo y ambición no es de este mundo. Hay una clase dorada que conforman los consejeros electorales y los magistrados, que no gozan de buena reputación en el país; sin embargo, junto con los diputados y senadores no han abierto la boca para organizar una cooperación entre sus similares y destinarlo a los damnificados.

Los empresarios que deben toda su riqueza a los mexicanos han sido incapaces de iniciar una recolecta, y los funcionarios públicos, dedicados a la participación en negocios personales no han dicho nada al respecto.

Luego de que una serie de malos funcionarios públicos viven en la impunidad no se ha podido llegar al corazón de personajes como Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que pueda donar algo de lo mucho que le dejaron los trabajos de constructoras españolas en suelo mexicano, desde que era secretario de Comunicaciones del gobierno del Estado de México.

Magistrados instalados en esos puestos con el único objetivo de ver qué ganan de más, a pesar de tener salarios millonarios, ni siquiera han volteado a ver los damnificados y menos aún les conmueve la ostentosa vida que llevan. No se han dado cuenta de que hay mexicanos, con cuya pobreza hacen negocio y se enriquecen con su trabajo, que han perdido todo.

La insensibilidad de los políticos mexicanos no tiene límite y quieren que el tiempo pase y la desmemoria de la población les favorezca para poder seguir viviendo del presupuesto.

En cambio, hay otros funcionarios responsables que ni siquiera requieren ver la miseria en la que ha sumido a muchos mexicanos la furia de la naturaleza, sino que trabajan para que la tragedia sea menor, tal es el caso de los miembros de la Marina Armada de México, cuyo oficial mayor, Almirante José Luis Vergara, encabezó los trabajos de rescate y coordinó las actividades en los lugares donde hubo necesidad de asistir a la población.

En días pasados, un periódico de circulación nacional mostró el resultado de una encuesta donde detalla las simpatías que el pueblo mexicano siente por los marinos, donde el 86 por ciento de los encuestados afirman que la labor de los marinos fue muy buena en las tareas de salvación, rescate y apoyo a los afectados por el sismo del 19 de septiembre.

Los políticos mexicanos han dejado de ser políticos, su falta de sensibilidad acusa indiferencia y desapego a su tarea esencial, pero también han dejado de ser mexicanos, porque quien es indiferente al dolor ajeno no tiene cabida en ningún país, en ningún partido, ni en espacio alguno. Es decir, ante esta actitud los mexicanos comienzan a darse cuenta de que los políticos sobran. PEGA Y CORRE. – Por si la molesta burocracia legislativa no fuera lo suficientemente dañina, ahora será la población la que deba pagar los daños que el recinto del Senado sufrió a causa del sismo, al tener daños en el domo, escaleras, muro de tabla roca, banquetas y las rejas, entre otros; cuyo remozamiento costará 6 millones de pesos. Cantidad que deberían absorber los senadores, por lo menos por esta ocasión… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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La mejor manera de hacer olvidar algo, es colocar en su lugar similitudes. Así, en el eterno juicio contra Javier Duarte, los sucesos que le precedieron dentro y fuera de la entidad veracruzana le han servido de puente para dejar atrás ese amargo recuerdo.

Aunque los veracruzanos quisieran olvidar la mala experiencia de haber padecido un mal gobernante, el peor de todos, no pueden porque ven las repercusiones de ese mal momento en sus bolsillos, en la falta de oportunidades para sus hijos en las universidades, en la carencia de recursos de los jubilados, en la reducción de turismo, en el empobrecimiento de una clase media pujante y creativa que impulsaba muchos de los servicios en los que Veracruz era vanguardia.

Es así como el juicio contra el ex gobernador parece ya no ser una prioridad para las autoridades judiciales de México.

A pesar de que el fiscal del estado ha sido especialmente insistente en fortalecer pruebas contra el ex gobernador, autoridades superiores se empeñan en congelar el caso.

La primera revisión del caso en manos de un juez federal aún no ha sido concluida. El proceso penal se haya extraviado entre la impunidad y la burocracia de un procedimiento que pareciera depender de instancias extrajudiciales y no de la aplicación de la justicia.

Ni siquiera se deslinda si hay delito o no todavía. Mientras que la fiscalía del estado lo señala como responsable de desviar, por lo menos, 220 millones de pesos y de usar un helicóptero oficial para escapar, las autoridades federales, donde se ventila el caso, no saben por dónde comenzar a definir la situación legal del ex gobernador.

Según el portal Animal Político el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México inició en agosto pasado una revisión del caso, luego de que los abogados del ex gobernador promovieron un recurso de inconformidad contra la suspensión definitiva que un juez de amparo le había concedido a su cliente.

Los abogados defensores de Duarte parecen llevar la batuta en el caso, ellos aseguran que las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz que derivaron en las dos órdenes de aprehensión y por ende en la extradición de su cliente, no están bien fundamentadas. Señalan que la Fiscalía del Estado y los jueces locales no contaban con los fundamentos y la motivación necesaria para proceder por los delitos que le imputan, lo que equivale a una presunta violación al artículo 16 constitucional.

Esta condición interpuesta por los defensores aplaza investigaciones y juicios, así como declaraciones y pruebas. Desde el momento en que la PGR se hace cargo del caso, no existe delito grave que perseguir y sólo debe pagar una fianza para salir. Pero esto todavía no lo decide ningún juez porque significaría hacer perder votos al PRI.

Todo hace suponer que se le estará dando largas al proceso hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año, después, con la distracción de la nueva administración la noticia aparecerá en un rincón de los medios anunciando su libertad.

Las acusaciones tienen que ver sólo con la fuga del país y el presunto manejo indebido de recursos públicos.

Los otros delitos, como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, son simples anécdotas en el mundo de la corrupción y la impunidad.

Si no hay nada que reportar sobre el caso legal de Duarte, los medios no tienen información que difundir. De tal suerte que mantener estancado el procedimiento legal, es una estrategia que encamina a Duarte de Ochoa hacia la libertad.

La PGR no tiene prisa por llevar a cabo el juicio contra Duarte, los delitos requieren de pruebas, testimonios, declaraciones confesiones, y una serie interminable de papeleo. Los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada son prácticamente solucionados como trámites burocráticos, donde la manipulación del caso puede ser tan grande como los beneficios brindados al acusado, quien pareciera seguir riéndose desde su jaula.

La naturaleza con su fuerza y saña parece haber querido ocultar entre los escombros de un sistema de justicia caduco y corrompido la mayor vergüenza en la administración pública de Veracruz.

La furia de los huracanes y los distractores que el sistema electoral brinda sin control alguno, parecieran intentar hacer olvidar el caso de Javier Duarte que se encamina hacia la impunidad, en una burla a la dignidad de los mexicanos y un gran menosprecio a su memoria. PEGA Y CORRE. – La impunidad del caso tiene su precedente en la libertad que gozan los cómplices de Javier Duarte, muchos de ellos escudados en el fuero que les otorga la diputación federal y local, no sólo del mismo partido de Duarte, que es el PRI, sino de su organización satélite, el Partido Verde. Ahí está Alberto Silva Ramos, diputado federal por el Distrito 3, acusado de diversos delitos desde que fue presidente municipal de Tuxpan, ciudad donde se pasea últimamente para medir la memoria de los tuxpeños, pero hay otros como Adolfo Mota Hernández, diputado federal por el Distrito 8 de Veracruz; Edgar Spinoso Carrera, diputado federal por el Distrito 7; Noemí Guzmán Lagunes, diputada federal por el Distrito 9; Antonio Tarek Abdalá, diputado federal por el distrito 17; y otros que no tienen fuero como legisladores pero están protegidos por una mano invisible pero muy claramente ubicada, como Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, entre otros… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El secretario de Comunicaciones y Transportes no corresponde a su amigo los favores otorgados ni los beneficios recibidos. No sabe ser recíproco. Su ingratitud raya en la deslealtad, porque lejos de evitar que la popularidad del Presidente de la República siga cayendo, teniendo como principal lastre la protección que el ejecutivo le brinda, elude la responsabilidad y se burla de la inteligencia de los mexicanos, del dolor de los familiares de las víctimas y de la amistad del Presidente.

Si Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, no es culpable de una serie de acusaciones debe esperar el veredicto de las investigaciones en un espacio neutral. Es decir, en su casa, sin cargo administrativo alguno y sin responsabilidades políticas. Sin connotaciones de poder. Desprovisto de cualquier protección oficial que enturbie la acción de la justicia.

Esto quiere decir, que en cualquier democracia digna de llamarse así, el secretario de Comunicaciones, por dignidad debió presentar su renuncia momentos después de ocurrido el accidente del socavón para facilitar las averiguaciones y, sobre todo, no manchar la imagen del amigo que lo había colocado en ese puesto.

Por congruencia y respeto al hombre que lo ha protegido desde que era gobernador del Estado de México, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes debió presentar su renuncia, por lo menos mientras las investigaciones sobre la responsabilidad del socavón de  El Paso Exprés, se realizan.

Pero en un acto de cinismo desbordante, se le otorgó el derecho a ser orador en uno de los actos en los que debería haberse quedado callado, frente a una desgracia sin precedente en el sureste mexicano a causa del sismo de 8.2 grados ocurrido a la media noche del jueves 7 de septiembre.

Porque a la SCT, la secretaría de la Función Pública la responsabiliza de 22 irregularidades en esta obra, que ascendieron a mil 34 millones de pesos, casi la mitad del costo total del proyecto, de 2 mil 134 mdp.

La renuncia de Gerardo Ruiz Esparza es una petición popular desde el momento mismo en que ocurrió el accidente del socavón en El Paso Exprés a unos días de haberse inaugurado con bombo y platillo.

Desde ese momento la gran mayoría de los mexicanos pensaba que sus horas estarían contadas al frente de una dependencia tan importante como Comunicaciones y Transportes, pero no fue así. El socavón ocurrió hace poco más de dos meses, y no hay responsables, y si no hay señalados menos hay castigo; el responsable de llevar a cabo este proyecto señala hacia todos lados para que le sirva de chivo expiatorio.

Ante esta realidad, el vicecoordinador político del PT-Morena en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, pidió que el titular de la SCT se separe de su cargo por el principio de ética y respeto a la función de los servidores públicos.

Por otra parte, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, aseguró que el Secretario Ruiz Esparza debe dejar el cargo y responder ante la justicia por las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria. Exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

El senador de Morena, Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales contra Ruiz Esparza. Además señaló que de la auditoría pueda derivar la renuncia del funcionario.

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo. Consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

Pero ante la información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, el titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la calificó de “un paso ineludible ya que sin éste no se cumple con el procedimiento legal. No es conveniente adelantar juicios, cada quien tiene su derecho de defensa y lo va a ejercer ante la Función Pública”.

Ruiz Esparza, hace como que la virgen le habla y enfatizó que se llegará hasta sus últimas consecuencias y quienes tengan responsabilidad sobre el incidente, se trate de servidores públicos, empresas públicas y privadas, así como funcionarios locales, deberán asumirlas.

Además, senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron el miércoles 13 su renuncia, luego que la Secretaría de la Función Pública reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

Dicha auditoría señala que la obra fue licitada y otorgada a las empresas Construcciones Aldesem y Eppcor antes de que se elaborara el proyecto ejecutivo, deficiencia por la cual se disparó el costo en 647.1 millones de pesos, esto es, 71.78 por ciento más.

En cuanto a las deficiencias en la construcción, la SFP confirmó que la Comisión Estatal del Agua de Morelos notificó de los problemas hidráulicos que había detonado el Paso Exprés y la necesidad de modificar la capacidad del drenaje en el kilómetro 93+857, ante los riesgos de un colapso. Nunca se hizo nada al respecto a tiempo.

Así, según la SFP, la principal irregularidad se asocia al hecho de que la licitación fue lanzada el 16 de octubre de 2014 y asignada el 24 de noviembre de ese año, aunque el proyecto ejecutivo signado por Banobras y Orva Ingeniería fue firmado en enero de 2015, con posterioridad a la licitación.

La Función Pública menciona que la SCT realizó ‘‘pagos en exceso por precios unitarios extraordinarios mal integrados por 116 millones 807 mil pesos’’.

La auditoría habla de una nula supervisión de la obra: ‘‘No se consideró que durante la ejecución se contara con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería acordes con la obra a realizarse para evitar posteriores fallas de la misma’’.

Si esto lo desconocía Ruiz Esparza debe renunciar por no estar al tanto de una obra que inauguraría su gran amigo, Enrique Peña Nieto; si conocía todas estas anomalías, pues con mayor razón debe renunciar. PEGA Y CORRE: Seguramente basada en una denuncia que hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes y una investigación posterior, la Fiscalía de Justicia de Veracruz citó formalmente a declarar, en calidad de “investigado”, al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, con motivo de la presunta adquisición de medicamentos falsos durante su gobierno… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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El daño que hace un mal funcionario es más dañino que la furia de la naturaleza. Lo sabemos en México y en particular en entidades donde se han padecido malos gobernadores. El caso más relevante es el de Veracruz, donde la ambición humana supera las fuerzas destructivas del viento y los movimientos telúricos.

Más allá de las fronteras de los estados damnificados y algunas veces dañados de manera irreversible en su economía, están los funcionarios públicos federales quienes, al igual que los ex gobernadores, gozan de una impunidad insultante. Que menosprecia la inteligencia de los mexicanos y le apuesta a su desmemoria.

El culpable del socavón del Paso Exprés, en Cuernavaca, sentado frente al presidente parecía no haberse dado por aludido a la hora en que Enrique Peña Nieto designó tareas a cada secretario de Estado, entre quienes se encuentra el propio Gerardo Ruiz Esparza, responsable de obras como donde ocurrió el accidente fatal del socavón.

Precisamente cuando los mexicanos exigían el despido de Ruiz Esparza, luego de ser señalado desde varios ángulos como el culpable de obras realizadas al vapor y con materiales de poca calidad y prácticamente sin supervisión de obra, llega el gran sismo que le salva de mayores críticas. Esto debido a que cualquier falla de aquí en adelante en las obras realizadas durante su gestión no serán su responsabilidad, sino que le adjudicarán su fragilidad al temblor ocurrió el jueves pasado por la noche.

Es decir que a pesar de que cada día un mayor número de mexicanos, cuya indignación había llegado al límite exigía su renuncia, Ruiz Esparza seguirá en el puesto hasta el final de sexenio por el simple hecho de ser amigo del presidente, pero también porque ya no hay accidente o derrumbe que sea su responsabilidad sino resultado del sismo.

Es decir, el sismo ocurrido el 8 de septiembre es el velo con el que cubrirán malos manejos en las obras de constructoras extranjeras, principalmente españolas, que entregaron obras deficientes y con grandes huecos administrativos, en complicidad con funcionarios mexicanos, principalmente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Recientemente la Secretaría dela Función Pública explicó que fueron objeto de auditoría cuatro contratos y los convenios modificatorios correspondientes, relacionados con la construcción y los servicios de la obra del Paso Express de Cuernavaca.

Se encontraron irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra convenido, pagos en exceso, inadecuada planeación, programación y supervisión de la obra.

Empresas como OHL, Epccor, S. A. de C. V. y Aldesa, estas últimas encargadas de la construcción del Paso Exprés, y la brasileña Odebrecht, no sólo han incurrido en actos ilícitos, con propinas, diezmos, moches con los funcionarios de los tres niveles de gobierno, sino que han orillado a quebrar empresas constructoras mexicanas como lo es ICA, Ingenieros Civiles Asociados.

ICA no ha ganado proyectos de infraestructura en licitaciones que manera repentina les fueron otorgados a constructoras de otros países, lo que implica mayores gastos de operación que se compensan con menor calidad de materiales y nula supervisión de obra como sucedió con el Paso Exprés, que se pagaron millones de pesos por una supervisión de obra que nunca se realizó.

La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2010 irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero no hubo investigación alguna de parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el consorcio brasileño. Al contrario, los contratos a su favor se multiplicaron.

Por otra parte, Juan Miguel Villar Mir, accionista mayoritario de la constructora española OHL, negó ante un juez de la Audiencia Nacional tener conocimiento de un soborno pagado en España con recursos de la filial de su compañía en México.

Ante esta realidad que nadie puede ocultar, el propio presidente de la república convocó a las empresas constructoras a regresarle a México un aparte de lo mucho que les ha dado el país contribuyendo a la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, en las zonas donde el sismo prácticamente desmoronó las localidades. Señaló: “Pero, al mismo tiempo, para el objetivo de lograr la reconstrucción, hoy estamos convocando también a empresas del sector privado, sobre todo, dedicadas a la construcción para que, en un gesto de solidaridad, puedan aportar también su experiencia, su trabajo y su capacidad técnica para poder acelerar la etapa de reconstrucción”.

Y añadió: “He dado indicaciones para que aquellas empresas constructoras que se quieran alistar, como solidarios en esta etapa, en este proceso de reconstrucción, puedan participar a través de la organización, que desde el Gobierno Federal estaremos haciendo”.

Se convoca a aquellas empresas que triangularon gastos a través de empresas fantasma con la anuencia de la SCT, también se está llamado a aquellas constructoras que tienen concesiones del peaje en las autopistas y alargan de por vida sus ganancias a través del aumento en las cuotas, mismas que incrementan sin aviso previo al usuario. Es decir, se les invita desde la Presidencia de la República a regresarle a los mexicanos un poco de lo que les robaron impunemente.

El ejemplo lo ha puesto la empresa IUSA, propiedad de Carlos Peralta, ganadora de licitaciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, para comprar miles de medidores de luz.

Ahora, dicha empresa anunció la donación de 100 viviendas para los damnificados por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas. Es decir, es hora de corresponder con legalidad y transparencia parte de los que obtuvieron a través de la ilegalidad y la corrupción. PEGA Y CORRE. – Para aquellos que pensaron que el proceso contra Javier Duarte estaba dormido o se había olvidado, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, aseguró que el proceso en su contra sigue su curso. Aunque no se note… Esta columna se publica lunes, miércoles y viernes.

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Veracruz vive un drama que pocas veces han padecido sus habitantes en la historia de la entidad.

Por una parte, una crisis económica producto del saqueo que encabezó el anterior gobernador y la crisis política que deriva de la aparente pasividad del actual gobierno, combinada con la inseguridad que aumenta en cada rincón de la entidad.

Como habíamos comentado en este espacio, mientras la atención de las autoridades judiciales y de las policías esté concentrada en resguardar la integridad física de Javier Duarte, sólo estarán creando un telón de fondo para que la delincuencia actúe a sus anchas en ese territorio. El primer fin de semana de septiembre cuatro ejecutados en distintos hechos incrementaron el temor a la violencia en la entidad.

La crisis política se ha convertido en una bola de nieve en el desprestigio de Miguel Ángel Yunes Linares, quien había ofrecido la cabeza de su antecesor a cambio del voto de los veracruzanos, éstos consideraron que era necesario darle una oportunidad, y ahora esa promesa de campaña que lo llevó a la gubernatura no pasó de ser sólo parte de un discurso vacío y sin ninguna relación con la realidad.

A pesar de que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó que a la fecha se han recuperado 720 millones de pesos, de los recursos que fueron desviados en la administración de Javier Duarte, nadie parece estar satisfecho con lo hasta ahora logrado.

Porque por mucho que puedan quitarle de lo robado, el ex gobernador seguirá siendo una persona poderosa, prueba de ello, consideran los veracruzanos, es que hasta el momento nadie se ha atrevido a consignarlo, a investigarlo a fondo, a sentenciarlo. Nadie sabe qué se espera para que haya un efecto severo de la ley contra Duarte de Ochoa.

Ante esta realidad insoslayable, el gobernador afirmó que hay propiedades valuadas en más de 500 millones de pesos, por lo que insistió el monto de lo recuperado supera los mil 200 millones de pesos. Aclaró que “el dinero que se recuperó en efectivo se encuentra concentrado en cuentas bancarias que se han ido ejerciendo en obras hospitalarias a lo largo y ancho del estado de Veracruz” y agregó “El resto son bienes inmuebles: un avión, un helicóptero, el rancho de Valle de Bravo, El Faunito, hay varios lotes en Xalapa y hay un departamento en Alvarado”.

Aseguró Yunes Linares que todo está debidamente inventariado y ya instruyó al secretario de Finanzas y Planeación que se diseñe una página para dar transparencia a lo recuperado.

Dijo que todos los bienes están escriturados a nombre del gobierno y el dato se puede corroborar en cada registro público de propiedad y que se están desincorporando los predios para poder ponerlos a la venta.

El proceso de recuperación de bienes tiene una inercia que podría favorecer la adquisición de la deuda del estado, y en ese desarrollo Banobras podría hacerse cargo de este delicado trabajo.

De esta manera se anunció que Banobras maneja un bajo interés al otorgar créditos y esa situación sería conveniente para reducir el costo de servicio de la deuda que paga el Estado. Hasta el momento existen ocho créditos que bien podrían concentrarse en un proceso de recuperación. Pero este proceso no tendría efectos inmediatos, sino que representa una estructura que si bien es efectiva no repercutirá en el bolsillo de los veracruzanos en el corto plazo.

Pero la crisis económica sólo es la punta del iceberg, porque esta situación financiera empobrece también la vida política en la entidad. Empezando por la falta de credibilidad de los veracruzanos en sus autoridades, la carencia total de esperanza de recuperación real y la inercia rutinaria que se vive en la entidad.

Si a esto agregamos el factor inseguridad, encontramos que pocos son los lugares donde la población participa decidida y con convicción en las tareas de transformación de su entorno. Sin duda uno de esos pocos espacios es el municipio de Tuxpan.

A pesar de ser uno de los más castigados por la corrupción a causa de administraciones como la de Alberto Silva Ramos, a quien no quiere todavía reconocérsele como uno de los principales cómplices de Javier Duarte, Tuxpan ha comenzado una nueva era con su actual presidente municipal, Raúl Ruiz Díaz, quien ha colocado a la localidad en un lugar privilegiado, a grado tal, que ha regresado la confianza de las firmas extranjeras como un municipio sujeto de crédito.

Las posibilidades de recuperación de Veracruz son muchas, el estado es pródigo, sin embargo, la población vive actualmente un desencanto que no quiere equivocarse de nuevo.

Ni siquiera le han otorgado su total confianza al gobierno panista encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, porque temen que, al no presionar para el cumplimiento de las promesas de campaña más sólidas e inmediatas, tampoco cumpla el resto de sus proyectos a cumplirse en dos años de gobierno de los que ha pasado ya casi la mitad.

Veracruz exige de un proyecto conjunto donde se compartan aciertos y errores con la población. Es necesario dejar de pensar que las autoridades son los funcionarios y los ciudadanos no tienen derecho a opinar y mucho menos a formar parte del desarrollo de su propio entorno.

La crisis de credibilidad de los veracruzanos comienza con la falta de recursos materiales para avanzar, para crear empleos, para mejorar salarios, para otorgarle espacios a los jóvenes en las universidades. Es decir, con realidades concretas que tampoco se han visto de parte del gobierno. PEGA Y CORRE. – En las últimas semanas la gasolina ha tenido un incremento paulatino en Veracruz, debido a las inundaciones en Houston que sacaron de operación varias refinerías, la declaración fue del presidente de la Organización de Gasolineros del estado de Veracruz, Gilberto Bravo Torra, quien justifica este hecho a que en las últimas dos semanas el aumento ha sido sólo de dos o tres centavos cada que se efectúa, pero se trata de un impacto que se presenta al combustible… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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