El objetivo es impedir que Andrea Chávez llegue a ser gobernadora de Chihuahua, porque el PAN sería el más afectado al ver los manejos que actualmente tiene la gobernadora de ese partido, Maru Campos, de tal manera que van con todo contra ella.
Ante esta situación, la dirigencia nacional del PAN se sumó a las denuncias de su comité estatal en Chihuahua, contra la senadora morenista Andrea Chávez Treviño, a quien también acusan de lavado de dinero, fraude y promoción ilegal de su imagen.
A pesar de que se les ha repetido, hasta el cansancio, que parte de la responsabilidad de los legisladores radica en gestionar ayuda a sus representados, sin importar el partido al que pertenezcan, los panistas insisten en que la labor propia de los representantes populares, acto adelantado de campaña, cuando se trata de actividades que todos los legisladores deben llevar a cabo y que no tienen la costumbre realizar los panistas.
El motivo de dichas denuncias es, según los panistas, que para la realización de brigadas de salud que realiza en la entidad, ha sido financiada por el empresario Fernando Padilla Farfán, quien es contratista de gobiernos morenistas.
Según la versión de los panistas al tener contrato con el gobierno federal, parte de sus ganancias las envía a Chihuahua, acción que interpretan según su percepción, como lavado de dinero.
Cuando en realidad este delito dista mucho de afectar el producto de la ganancia lícita de cualquier empresario. El lavado de dinero se produce cuando se introducen ganancias ilegales al sistema financiero, para incorporar ese capital a la economía legítima, lo cual nada tiene que ver con lo que hace ese empresario, labor que deberían seguir otros.
Al ingresar Andrea Chávez a la gubernatura de Chihuahua, haría una obligada auditoría donde saldría a relucir la corrupción de la gobernadora, que ha sido señalada por hacer mal uso del dinero de los chihuahuenses, se ha negado a recibir al IMSS bienestar, ha rechazado el apoyo de la Guardia Nacional, y secuestrado los libros de texto; creó otros, en blanco y negro, para distribuirlos en las escuelas de Chihuahua, que editó su secretario de Turismo, Felipe Edibray Gómez Gallegos, con un pago de $36,800 millones de pesos. La secretaria de Educación del estado, Sandra Gutiérrez Fierro, denunció que fue un “contrato” sin licitación. Iniciaron prácticamente desde que llegó a la gubernatura, por cierto, con dudas sobre su honestidad desde el primer día con el antecedente de haber recibido dinero mensualmente del entonces gobernador priista, César Duarte, cuando ella era presidenta de la Cámara de Diputados local.
Las corruptelas de Maru Campos se cuentan por miles como fue el caso del contrato entregado, sin licitación, por $4,200 millones para la Plataforma y Torre Centinela, clasificando toda la información como reservada durante cinco años. El contrato se firmó con SeguriTech Privada, empresa señalada por los sobreprecios en el equipamiento de inmuebles.
Realizó un negocio millonario con uniformes del Cobach, vulnerando la economía de las familias chihuahuenses. El Gobierno del estado, a través del Colegio de Bachilleres, sin contrato alguno, la comercialización de paquetes de uniformes para alumnos de nuevo ingreso. El proveedor ganaría 38 millones 352 mil 605 pesos por la venta obligatoria de 16,567 kits de uniformes, uno por cada alumno.
El 1 de febrero de 2022 inició un proceso de replaqueo vehicular, con el cobro del precio de las matrículas cuando ni siquiera se había emitido la licitación para fabricar las placas metálicas. Hacienda pagó al proveedor 233.13 pesos por cada juego de placas.
El Gobierno Estatal también aumentó el ISN del 3 al 4% durante 2022, siendo la tasa de ISN más alta del país.
Realizó una reforma judicial que puso en riesgo al Sistema de Justicia de Chihuahua y da entrada a una posible captura por parte de grupos de interés. Se eliminaron los concursos de oposición en el nombramiento de magistraturas. Se cambió la Constitución Política de Chihuahua para seleccionar al poder judicial mediante dedazo, poniendo en riesgo su autonomía, entre otros muchos, de lo que se sabe, pero una inspección exhaustiva del diario acontecer del gobierno de Maru Campos sin duda la llevaría a la cárcel.
Jorge Triana, vocero del comité nacional del PAN, consideró que el financiamiento de Padilla Farfán a la senadora, no puede ser considerado como una aportación voluntaria, sino de un esquema de presunto financiamiento ilegal disfrazado de donativos en especie que corrompen el sistema democrático y vulneran los procesos electorales.
Andrea Chávez ha sido víctima de una intensa campaña negra en redes sociales que en fechas recientes se acrecentó al arreciar su promoción personal en Chihuahua a partir de las llamadas “Caravanas de la Salud”.
Ante esto Chávez Treviño defendió púbicamente la labor que ha venido desempeñando: “Yo no me voy a avergonzar de llevar doctores y enfermeros a las colonias y localidades de nuestro hermoso y extenso estado. Que se avergüencen ellos”.
Añadió que en la administración de Maru Campos existen irregularidades en la asignación de recursos públicos. Entre las denuncias, mencionó que han otorgado más de 300 millones de pesos del erario al empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la mandataria. Chávez, además, exhortó a los funcionarios responsables a asumir las consecuencias de sus actos y apeló a la conciencia de quienes manejan los recursos públicos.
El PAN nacional no resiste una auditoría al gobierno de Maru Campos, desde donde envió grandes cantidades de dinero a su partido, del erario.
PEGA Y CORRE.- Ahora que los viajes de los funcionarios públicos le interesan tanto a la oposición tienen en Samuel García un ejemplo más para analizar, el viernes 28 inicia una gira por Europa. Visitará varias empresas en Alemania, Suiza y Suecia, lo que no reconoce es que la credibilidad de Nuevo León ha bajado sustancialmente para los inversionistas extranjeros, que no extrañe que llegue con las manos vacías…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.