Por: Francisco Berlín Valenzuela
En estos momentos el Estado de Veracruz está viviendo una difícil situación de gobierno caracterizada por una profunda crisis política. Esta circunstancia generó el contexto que obligó al gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, a solicitar una licencia, que siendo por 48 días, en realidad implica una separación definitiva de su encargo porque justamente ese es el lapso en el que concluye su mandato constitucional. Ahora bien, es de la mayor importancia tener presente que la esencia de las controversias que se suscitan en torno al actual mandato gubernamental, siempre han implicado cuestiones de principios: honestidad, legalidad, eficiencia, congruencia y ética. De ahí que resulte de la mayor trascendencia la cuestionada forma de designar al “gobernador interino”. De la interpretación literal de los artículos involucrados se desprende muy claramente lo que procedía en consecuencia. Haberlos forzado amañadamente nos coloca una vez más en la censurable circunstancia de realizar acciones que, cuando menos, resultan ajenas a la ética política. Hace unos días se llevó a cabo una sesión en la diputación permanente del Congreso del Estado, en la cual se dio a conocer la solicitud de licencia del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para separarse del cargo por lo que le resta de su periodo de seis años y, en consecuencia, nombrar a la persona que debía remplazarlo, recayendo tal designación en el Doctor Flavino Ríos Alvarado, quién venía fungiendo como Secretario de Gobierno. Como era de esperarse se produjo una división entre los diputados, ya que algunos pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional y partidos afines dentro del Congreso, consideraron que debía de aplicarse el artículo 48 de la Constitución Política del Estado que a la letra dice: “En las ausencias o faltas temporales del Gobernador del Estado, se observarán las disposiciones siguientes: I. Podrá ausentarse hasta por diez días naturales, sin necesidad de dar aviso al Congreso, quedando encargado del despacho el Secretario de Gobierno; II. Si la ausencia excediere de diez días, pero no de treinta, el Gobernador deberá dar aviso al Congreso o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, en cuyo caso quedará encargado del despacho el Secretario de Gobierno; III. Si la ausencia es mayor de treinta días naturales, el Gobernador deberá obtener la licencia correspondiente del Congreso o, en los recesos de éste, de la Diputación Permanente, quienes designarán, según el caso, un Gobernador Interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha ausencia; IV. Si la falta, de temporal se convirtiere en absoluta, se procederá como lo dispone el artículo 47; y V. Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por un tiempo mayor de noventa días naturales”. A simple vista el contenido de este artículo es muy claro y no necesitaría de interpretación alguna, pues los términos de la solicitud de licencia dirigida a la Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pide expresamente que “autorice al suscrito licencia para ausentarme de mi encargo a partir del día de hoy y hasta la conclusión del periodo de mi mandato”. De la lectura de esta parte de su escrito de licencia se desprende que no se trata de una licencia temporal, sino absoluta porque abarca hasta el fin de su mandato, es decir hasta el 30 de noviembre que comprende 48 días. Este es el punto y meollo de la controversia porque 48 días son por supuesto más que los 30 contemplados en la fracción II del artículo 48 por lo que es obvio que se trata de una licencia que cae en la hipótesis del artículo 47 en el cual se establece que: “….Cuando la falta de Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Con – greso se encontrase en se – siones, elegirá al Gobernador sustituto que deberá concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido, la Diputa – ción Permanente nombrará un Gobernador provisional y con – vocará al Congreso a sesio – nes extraordinarias, para que, erigido en Colegio Electoral, haga la elección de Goberna – dor sustituto. El Gobernador provisional podrá ser elegido por el Congreso como sustitu – to….” Al no haber procedido así, como lo establece la Constitu – ción General del Estado, se ha dado lugar a numerosas críti – cas que cuestionan este pro – cedimiento, tanto por haber sido una interpretación ten – denciosa como por alejarse de un principio básico de hones – tidad y de ética política. Con suficientes razones, se obser – va como una imposición de la mayoría en el Congreso que no entendió de razonamientos jurídicos ni de interpretacio – nes parlamentarias, poniendo en duda el proceder del órga – no que tiene como misión la elaboración de las leyes que norman el comportamiento social. Es bueno recordarles a los señores diputados miembros de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado -aunque ya se fueron- que con este procedimiento se incrementa la desconfianza que el pue – blo ha venido teniendo sobre su proceder. Sobre todo por – que el órgano que concibe las leyes no cumple con las nor – mas que después impone a los ciudadanos. El desacato a las leyes que los diputados están obligados a obedecer esta – blece un mal precedente que hará que el cuerpo electoral les continúe teniendo descon – fianza si es que alguna vez se la tuvieron. No es admisible que los miembros de este órgano des – conozcan los principios básicos de la teoría política y de la doc – trina que asegura la existencia de un régimen democrático. Su actuación sugiere que sólo acataron los designios de otro poder, lo cual anula su inde – pendencia y autonomía. Al haber procedido como lo hicieron demostraron su ape – go a la defensa de sus inte – reses personales y partidistas poniéndolos por arriba de los principios que deben regir a la actividad política de los repre – sentantes populares. Este indebido procedimien – to que se siguió en el nombra – miento del Doctor Flavino Ríos Alvarado para que termine el periodo de Javier Duarte de Ochoa, llama la atención sobre todo porque la persona que fue nombrada en este cargo obtuvo su grado de Doctor en Derecho con una tesis sobre “Derecho Parlamentario” que el suscrito dirigió y que me hace ver que ya olvidó el con – tenido de lo en ella consigna – do, no obstante su experiencia legislativa en los congresos federal y local. Los partidos de oposición que en la voz de Ana Cristina Ledezma López, Cuauhtémoc Pola Estada y Alejandro Zai – rick sostuvieron acertadas y elocuentes intervenciones, in – vocando que debería de apli – carse el artículo 47 para dicho nombramiento, tienen abierta la vía de la acción de incons – titucionalidad por violación a normas de carácter general.
En sesión solemne, el pasado sábado 5 de noviembre, a las 11:47 horas, quedó legalmente constituida la Sexagé- sima Cuarta Legislatura del Estado de Veracruz, donde 50 diputadas y diputados rindieron protesta de ley para el periodo comprendido del 5 de noviembre de 2016 al 4 de noviembre de 2018.
Conforme a lo que mandata la Constitución Política del Estado y los artículos 12 al 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, integrada por Octavia Ortega Arteaga, Ana Cristina Ledezma López y Juan Eduardo Robles Castellanos, coadyuvó a iniciar la sesión solemne y convocó a las y los legisladores para la elección de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura que fungirá durante el primer año de ejercicio constitucional que comprende del 5 de noviembre de 2016 al 4 de noviembre de 2017. Tras la elección y con 29 votos a favor la nueva Mesa Directiva de la LXIV Legislatura quedó integrada por las diputadas María Elisa Manterola Sáinz, Dulce María García López y Regina Vázquez Saut en su carácter de presidenta, vicepresidenta y secretaria, respectivamente. La diputada María Elisa Manterola Sáinz rindió protesta de ley y acto seguido la tomó a su vez a los 49 diputados restantes; de esta manera quedó legalmente constituida la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz. La legisladora presidenta de la Mesa Directiva realizó la declaratoria del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 5 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017. Conforme a la ley fue designada la comisión de cortesía integrada por los diputados Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Eva Felícitas Cadena Sandoval, Luisa Ángela Soto Maldonado, Sergio Rodríguez Cortés, Manuel Francisco Martínez Martínez y Ernesto Cuevas Hernández, para comunicar al Gobernador del Estado de la legal constitución de la LXIV Legislatura. Con el mismo fin y para hacerlo del conocimiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia fueron designados los diputados Bingen Rementería Molina, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, José Roberto Arenas Martí- nez, José Kirsch Sánchez, Rodrigo García Escalante y Fernando Kuri Kuri. Integran la LXIV Legislatura de Veracruz los diputados
Sergio Hernández Hernández, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Hipólito Deschamps Espino Barros, Teresita Zuccolotto Feito, Marco Antonio Núñez López, María del Rosario Guzmán Avilés, José Roberto Arenas Martínez, Vicente Guillermo Benítez González, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Amado Jesús Cruz Malpica, Ernesto Cuevas Hernández, Nicolás de la Cruz de la Cruz, Juan Manuel del Castillo González y Juan Manuel de Unanue Abascal. También Isaías Pliego Mancilla, Lourdes García González, Zenyazen Roberto Escobar García, Patricia Rodríguez Cueto, Sebastián Reyes Arellano, Eva Felícitas Cadena Sandoval, Sergio Rodríguez Cortés, María Adela Escamilla Moreno, Juan Nicolás Callejas Roldán, Luisa Ángela Soto Maldonado, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, Janeth García Cruz, Emiliano López Cruz y Gerardo Buganza Salmerón.
Además Arturo Esquitín Ortiz, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante, Mariana Dunyaska García Rojas, Hugo Gonzá- lez Saavedra, Miriam Judith González Sheridan, Daniela Guadalupe Griego Ceballos, José Kirsch Sánchez, Fernando Kuri Kuri y Manuel Francisco Martínez Martínez. De igual forma Bingen Rementería Molina, Rogelio Arturo Rodríguez García, José Manuel Sánchez Martínez, Tanya Carola Viveros Chá- zaro, Carlos Antonio Morales Guevara, Gregorio Murillo Uscanga, Luis Daniel Olmos Barradas, María del Rocío Pé- rez Pérez y Camerino Basilio Picazo Pérez. En el Recinto Oficial de Sesiones presenciaron esta sesión solemne diputados federales, senadores de la República, servidores públicos del estado y la Federación, amigos y familiares de los diputados de la LXIV Legislatura y medios de comunicación. “ Conforme a la ley fue designada la comisión de cortesía integrada por los diputados Cinthya Amaranta Lobato Calderón, Eva Felícitas Cadena Sandoval, Luisa Ángela Soto Maldonado, Sergio Rodríguez Cortés, Manuel Francisco Martínez Martínez y Ernesto Cuevas Hernández, para comunicar al Gobernador del Estado de la legal constitución de la LXIV Legislatura. PÁGINA 16 NOVIEMBRE 20
Por: Ángel Rafael Martínez Alarcón
La historia política del ejecutivo estatal de Veracruz todavía está por escribirse en los anales de la historiografía veracruzana. La post revolución mexicana, a partir de 1920, cuando por vía electoral los mexicanos eligen al general sonorense Álvaro Obregón, para el periodo presidencial de 1920 a 1924. También en el estado de Veracruz tuvo su renovación del poder ejecutivo estatal, saliendo electo el Coronel Adalberto Tejeda Olivares para un primer periodo. Adalberto Tejeda Olivares, declarado Gobernador constitucional para el periodo de 1920-1924, tiene una serie de permisos para abandonar la gubernatura. El 19 de septiembre de 1924, es declarado Gobernador de Veracruz el General Heriberto Jara Corona. El 15 de octubre de 1927 designan Gobernador Constitucional a Abel S. Rodríguez. Adalberto Tejeda Olivares vuelve a tomar posesión como Gobernador para el periodo de 1928-1932. Gonzalo Vázquez Vela, fungió como gobernador de 1932 a 1936; renuncia al cargo para incorporarse al cargo de Secretario de Educación Pública en el gobierno federal del General Lázaro Cárdenas del Río. Para el periodo de 1936 a 1940, fue Gobernador Miguel Alemán Valdez, en 1939 solicita licencia al cargo, para hacerse cargo de la campaña presidencial del General Manuel Ávila Camacho. Fue sustituido por un familiar, Fernando Casas Alemán. El último gobernador del cuatrienio fue Jorge Cerdán Lara, entre los años de 1940-1944. Adolfo Ruiz Cortines es el primer gobernador sexenal entre los años 1944-1950. Por la muerte del titular de la Secretaría de Gobernación, pide licencia para dejar el cargo de gobernador en 1948, para asumir la titularidad. Fue sustituido por don Ángel Carvajal. Para la gubernatura de 1950 a 1956, fue responsabilidad del xalapeño, Marco Antonio Muñoz T. Para el tercer sexenio de 1956-1962, en manos de Antonio M. Quirasco. Para 1962- 1968, Fernando López Arias. 1968-1974, Rafael Murillo Vidal. El sexenio de 1974-1980, Rafael Hernández Ochoa. Entre los años de 1980 a 1986, Agustín Acosta Lagunes estuvo al frente del Gobierno de Veracruz. El hombre leyenda del sistema de espionaje del estado mexicano, fue votado para el periodo de 1986-1992, el coronel Fernando Gutiérrez Barrios, quien en su segundo informe de gobierno, en 1988, anunció: ha sido distinguido los Veracruzanos y su gobernador, por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, para ocupar la Secretaría de Gobernación. Siendo sustituido, por el joven cordobés Dante Alfonso Delgado, el primer ex gobernador de Veracruz, preso por asuntos políticos. Es detenido el 17 de diciembre de 1996, puede ser un buen regalo del 20 aniversario que Javier Duarte de Ochoa, sea puesto en una cárcel federal por todo el daño económico, social y moral que él y su familia le realizaron a los 7 millones de veracruzanos. Patricio Chirinos Calero, 1992-1998. Miguel Alemán Velasco, 1998-2004. Fidel Herrera Beltrán, 2004-2010; estos dos últimos gobernadores fueron los creadores del gran endeudamiento del Gobierno de Veracruz, sin que nadie los haya señalado judicialmente, más bien tuvieron todas las complicidades del primer gobernador con licencia hoy prófugo de la justicia. Sólo se tiene una excepción en el año de 1927; en que el presidente Plutarco Elías Calles, de manera arbitraria con el Gobernador Constitucional de Veracruz, el General Heriberto Jara Corona, fue destituido del cargo, por el delito de cobrar los impuestos a las compañías petroleras extranjeras que operaban en las zonas petroleras del estado. Hasta 1988, las renuncias o licencias de los gobernadores veracruzanos siempre fueron para ascender a importantes cargos en la federación, era una distinción para el personaje en turno y para los veracruzanos; dos de ellos llegaron la Presidencia de la República, luego de ser gobernadores de Veracruz. Hasta apenas el pasado 12 de octubre del año en curso el gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia a la legislatura local para separarse del cargo y enfrentar todas las denuncias contra su administración. Nos queda claro que su licencia fue para huir de la acción de la justicia federal sobre el sexenio de saqueo que él y su banda realizaron a la tesorería estatal. La licencia a Javier Duarte de Ochoa dio motivo para la designación del investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, doctor Flavino Ríos Alvarado. Dicho personaje en lugar de ser considerado el cómplice mayor, por su responsabilidad como Secretario de Gobierno, la camarilla de servirles diputados lo designaron Gobernador Interino, por 48 días. Dejando pasar la gran oportunidad de dignificar el ejercicio político en Veracruz, con la propuesta del jurisconsulto Guillermo Ortiz Mayagoitia, magistrado de la Nación, hombre de una reputación intachable. Javier Duarte de Ochoa nunca actuó sólo, siempre tuvo cómplices desde la famiglia, y una docena de diputados federales y locales, así como en los tres órdenes de Gobierno; hoy que la justicia intenta llamarlo a rendir cuentas, muchos de sus cómplices empiezan a negarlo. Con fecha del 25 de octubre de 2016, se convierte en el primer gobernador del PRI que es expulsado de dicho instituto. El gran pecado fue la traición al PRI, en el pasado proceso electoral para la renovación del ejecutivo estatal, apoyando a MORENA. Logrando el triunfo de la alianza PAN-PRD, encabezada por Miguel Yunes Linares, primer gobernador no priista en los últimos 92 años, en el Estado de Veracruz. Hombre formado para el ejercicio publico, una larga trayectoria en el sistema político nacional. Hombre de palabra.
Ante la severa crisis financiera que vive Veracruz, como consecuencia de una irresponsable e indebida administración de los recursos por parte del Gobierno del Estado, el alcalde Américo Zúñiga Martínez pidió desde el Senado de la Repú- blica la intervención del Presidente Enrique Peña Nieto. Acompañado de alcaldes veracruzanos y luego de sostener un encuentro con el Senador José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, dijo en conferencia de prensa que “ante el desorden financiero e incumplimiento del Gobierno de Veracruz de entregar los recursos adeudados, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar respetuosamente su intervención”. Al jefe de las instituciones del país le pidieron se conmine al Gobierno de Veracruz a hacer frente a estos adeudos y se nombre un interventor por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “que garantice la entrega en tiempo y forma de los recursos adeudados, así como los subsecuentes”. Además, con base en el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal y derivado del reiterado incumplimiento de las autoridades estatales, se realice la entrega directa por parte de la SHCP a los municipios de los referidos recursos no ministrados, así como las participaciones y aportaciones futuras. Zúñiga Martínez pidió al Presidente que exhorte a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por las autoridades municipales, y en su caso se sancione a los responsables del quebranto. “Los municipios veracruzanos nos encontramos ante una grave crisis económica y en la antesala de una crisis de gobernabilidad que pone en riesgo la paz social de toda la entidad veracruzana”, aseveró. Acompañado de los alcaldes Manuel Álvarez Sánchez, de Coscomatepec; María de Lourdes Lara López, de Jilotepec; Adanery Medina Guerrero, de Tezonapa; Joel Javier Vázquez, de La Perla; Gerson Morales, de Yanga, y Magno Roberto Álvarez, de Atzacan, quienes representan a más de 80 munícipes veracruzanos, dijo que las autoridades municipales carecen ya de los recursos necesarios para la prestación de los más elementales y vitales servicios públicos en perjuicio de toda la población veracruzana, además de la imposibilidad para cumplir con sus obligaciones laborales con miles de trabajadores municipales.
Por : Hilario Barcelata Chávez
El daño patrimonial al Instituto de Pensiones del Estado según el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) es de 2 mil 994 mdp derivado de la comisión de tres grupos de actos de ilegalidad cometidos por funcionarios del IPE y de la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN). Sin embargo, el daño real es superior a los 10 mil mdp. Veamos: 1.- Recursos no transferidos a la Reserva Técnica El primer componente del daño patrimonial reconocido por el ORFIS por un monto de 2 mil 709 mdp que el Instituto (se entiende que sus directivos) no cumplió con la obligación legal de transferir al Fideicomiso Fondo de la Reserva. Se trata de recursos que el IPE recibió por diversos conceptos y que debió depositarlos en la Reserva Técnica, pero eso no lo hizo. Este monto se compone de mil 810 mdp de préstamos a corto plazo que hizo a sus derecho-habientes y que estos pagaron al IPE, pero la directiva no depositó en la Reserva Técnica; otros 744 mdp de recursos que el IPE utilizó en contratos de Comisión Mercantil y que cuando le fueron devueltos tampoco los integró a la Reserva; otros 86 mdp recibidos por pagos de préstamos a corto plazo y 69 mdp por interés en préstamos de corto y mediano plazo y por inversiones en valores. 2.- Contrato de Comisión mercantil incumplido El segundo componente del daño patrimonial es resultado de la decisión del Consejo Directivo de entregarle a SEFIPLAN 180 mdp para que, mediante un “contrato de Comisión mercantil” actuara como “comisionista” del IPE, realizando inversiones financieras con ese dinero y garantizándole el pago de rendimientos a una tasa neta del 5 por ciento anual, y en con la promesa de pago de interés moratorios del 6 por ciento en caso de no cumplir
con el pago. Por desgracia, ni el capital ni los intereses han sido entregados al IPE, lo cual suma un adeudo de 185 millones de pesos. Adicionalmente SEFIPLAN se comprometió a garantizar el cumplimiento del pago con bienes patrimonio del Estado, pero nunca cumplió con entregar la relación de los bienes sujetos a garantía. 3.-Recursos entregados al Gobierno del Estado no devueltos El tercer componente del daño patrimonial tiene un valor de 100 millones de pesos y se derivan de una trasferencia de recursos que en noviembre de 2014 hizo el IPE a la SEFIPLAN (al parecer en calidad de préstamo) la cual se comprometió a devolver esos recursos durante 2015, sin embargo transcurrió todo el año y ese dinero no fue devuelto. 4.- Las omisiones del ORFIS ¿descuido o dolo? En el Informe de la Cuenta Pública 2015, el ORFIS omitió señalar un conjunto de actos de ilegalidad en el manejo de los recursos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que son responsabilidad de funcionarios que deberían ser señalados en este documento particularmente porque se reconoce la existencia de irregularidades, que sin embargo no son identificadas como presuntivas de daño patrimonial. En primer lugar, el Informe de la Cuenta Pública señala en su Observación Número: FP- 033/2015/004 ADM que el gobierno del estado no ha entregado al IPE un total de 5 mil 309.9 mdp correspondientes al “subsidio extraordinario” para cubrir el déficit institucional del período 2007 a 2014 y que sumados al faltante de 2015 por mil 376.9 mdp suman un total de 6 mil 685 mdp. Sin embargo el Informe no identifica este incumplimiento como daño patrimonial, a pesar de que la entrega de esos recursos es obligatoria de acuerdo con el artículo 98 de la Ley de Pensiones de Veracruz, que establece la responsabilidad solidaria del gobierno del Estado para el cumplimiento del pago de las pensiones cuando exista déficit y el IPE no puede cubrirlas en su totalidad. Asimismo, en el Informe el ORFIS se indica que el IPE tiene cuentas por cobrar por 674.5 mdp que son resultado
de adeudos por cuotas y aportaciones no pagadas por Organismos y Dependencias cotizantes. Se trata de una irregularidad resultado del incumplimiento de un deber legal, sin embargo el Informe no lo señala como una infracción a la ley de parte de la dependencia que dejó de realizar esos pagos. Y debería de hacerlo porque la omisión del pago implica la comisión de un delito, ya que una parte de ese adeudo está constituido por retenciones que el patrón hace a sus trabajadores y que no entregó al IPE, a más de no entregarle las aportaciones patronales que corresponden, y que necesariamente estaban previstas en el presupuesto de estas dependencias, lo que implica un desvío de recursos. El hecho que el gobierno del Estado no cumpla con el pago del subsidio extraordinario junto con el incumplimiento del pago de cuotas y aportaciones, daña el patrimonio el IPE y le conduce a una situación de incumplimiento en el pago de las pensiones, según se puede ver en la Observación Número: FP-033/2015/013 ADM que indica que tan sólo en 2015 el IPE dejó pendientes de pago pensiones por un total de 193 mdp. Si se consideraran estos dos montos de adeudos como parte del daño patrimonial, entonces éste ascendería a 10 mil 353 mdp. Por desgracia los diputados aprobaron el Informe de la Cuenta Pública con estas escandalosas omisiones, lo importante, sin embargo, es que esos adeudos no prescriben y el IPE podrá reclamarlos en cualquier momento. (hbarcel@hotmail.com)
Por: Carlos Bravo
Los veracruzanos chupándonos el dedo con las noticias cotidianas sobre la rapiña de Duarte y sus secuaces. No dudamos que la huida estuvo más que concertada; desde antes de iniciar campa- ñas para gobernador, el hoy gobernador electo denunció el brutal atraco que Javier estaba haciendo en el estado y lo tiraron de a loco, sin hacer ninguna acción el poder legislativo y el judicial, tanto estatal como federal. Después, ya en campaña, volvía a denunciar el saqueo desenfrenado y la bancada priista y verde bloquearon el juicio político al gobernador, mientras que el fiscal se hacía de la vista gorda y, al contrario, se ocupaba de ver cómo golpear al gobernador electo para que no llegara a tomar posesión. Día a día iban saliendo más desfalcos hasta que ya era imposible tapar la ratería en todos ámbitos, secretarías, servicios y obligaciones de pago, en donde están implicados no sólo prestanombres y empresas fantasma, sino secretarios del gobierno, subsecretarios y hasta mandos medios. Se robaron lo destinado a los Juegos Centroamericanos, el dinero de la universidad, de los jubilados, del seguro popular y todo lo imaginable de las aportaciones federales, los impuestos estatales y hasta los fondos de jubilación. Muchos de los implicados, como ratas han ido huyendo del barco, el primero, el secretario de seguridad, renunció y huyó antes de que le sacaran sus tranzas y responsabilidad en los muertitos por encargo y de ahí para el real ya que otros se han ido a refugiar bajo el fuero legislativo para que no les llegue la justicia. Pensar que el ex gobernador empezó siendo un don nadie en su natal Córdoba, andando de mandadero de Fidel, quien lo fue preparando hasta hacerlo llegar a Finanzas donde empezaron sus robos, luego y aprendiendo mañas de su maestro, siguió robando y tapando tranzas, lo que le valió para que Fidel lo impusiera a la gubernatura a Veracruz, dejando de lado al Yunes que en teoría le tocaba el turno. Y lo impone para que se encargue de tapar todas las tranzas y robo a las arcas estatales, pensando que el gordo había aprendido como hacer tranzas sin que se notara, pero como dicen, el que no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver y se volvió loco, pues no robó con mesura ni disimuladamente, este jijo e.. se fue con la cuchara grande, desfalco y robó todo lo que se atravesó a su paso ante la mirada y complicidad de los legisladores estatales y federales, de sus compañeros de partido y hasta del presidente, a quien no le convenía que salieran a la luz los apoyos de campaña como el que llevara el maletero detenido en Toluca. Así se la fueron llevando, mientras la familia Duarte y su familia política, -otros ladrones de alcurnia conocidos- seguían haciendo tranzas y tratando de encubrir los botines mientras el gordo decía que muchas propiedades se las habían heredado. Qué curioso, cuando ya la situación es insostenible y la cúpula priista ya no lo puede proteger, cuando Beltrones muchas veces dijo que Duarte estaba haciendo un buen papel como gobernante, se les cae el telón ya insostenible, lo citan en Gobernación a la vez que se va a dar la orden de aprensión por la PGR, renuncia en la tele en un noticiero pagado y antes de que se logre ejecutar la detención, se pela en un helicóptero que alguien del gobierno prestó y saliendo unos dicen que a Puebla, desde donde tomó un avión junto con su familia, en tanto que el Secretario de Gobierno, colaboradores, legisladores y Gobernación, ponen cara de tontos y se conforman en decir que no saben dónde está. Como si fuera tan difí- cil saber bitácoras de vuelo, entradas por aduanas a otros países, seguimiento con tarjetas de crédito aunque la de Karime sea de Manzur, en fin, dónde está y quien lo encubre, seguramente en las altas esferas se sabe pero mientras a los veracruzanos pretenden darnos atole con el dedo. Que es posible estuviera ya todo armado, no es difícil pues con un mínimo de legisladores verdes aprueban al Secretario de Gobierno como gobernador, cuando había otro candidato al menos más honorable o bien por la diferencia de días, se pudo haber propuesto que el gobernador electo ya entrara en funciones. Los días que faltan de este denigrante sexenio serán difí- ciles, pues muchos a los que les adeudan, se van a quedar colgados de la brocha sin esperanzas de cobrar al menos a corto plazo, pues con tanto robo, dejaron al estado totalmente quebrado. Ahora lo que todos deseamos, más que meter a la cárcel a toda esa banda de maleantes, es que les incauten lo que se han robado y lo devuelvan al estado para que se le dé el uso que de origen estaba destinado. Pero quizá sean sueños guajiros, pues esas ratas que están huyendo, se están cobijando en el fuero y, los que no, se están perdiendo en diversos destinos donde gozarán de su rapiña.
Decisiones que ni los más escépticos analistas habrían considerado en su momento y que sin embargo se dan en un contexto en el que, sin duda, las fuerzas políticas tendrán que irse acomodando sin saber bien a bien cómo irán a quedar. Lo que también llama la atención es que, en los tres casos, las victorias de los conservadores se dieron por un estrecho margen. Incluso, de haberse efectuado de acuerdo con el número absoluto de los votantes, Hillary Clinton habría ganado la elección ya que contó con un mayor número de sufragios directos pero, como es bien sabido, el sistema en ese país es diferente y privilegia el nú- mero de distritos electorales ganados antes que el voto directo. Como sea, se esperan tiempos difíciles para México. No es sólo la construcción del anunciado muro y la deportación en masa de millones de compatriotas, sino el mensaje que le está dando a los sectores más retrógradas y que mayor odio destilan hacia la población latina y afrodescendiente. Se sabe que el Ku Kux Klan –que desde hacía años estaba en el mayor olvido- ha vuelto a aparecer y no hay duda que una vez que Trump asuma la presidencia se redoblarán las agresiones de la autoridad en contra de la población afroamericana. Si con Obama en la Casa Blanca fueron reiterados semejantes abusos, no hace falta mucha imaginación para prever la oleada de agresiones que los policías blancos emprenderán en contra de a gente de color y, de paso, en contra de las y los hispanos. Y mientras eso pasa más allá de nuestras fronteras, en el estado de Veracruz la situación es de total ingobernabilidad, con un gobernador constitucional que pidió licencia y huyó con el botín; un gobernador interino que le facilitó la fuga y que pretende tapar sus trapacerías; y un gobernador electo al que se le cuecen las habas por llegar a Palacio de Gobierno para intentar poner orden. La buena noticia –casi a punto de cerrar la presente edición- es que hubo un relevo en la Secretaría de Finanzas. Se fue Antonio Gómez Pelegrín y llegó Clementina Guerrero García quien, se afirma, forma parte del equipo de Yunes Linares. Así, quince días antes de asumir el gobierno del estado, Miguel Ángel empieza a mover sus piezas en sitios estratégicos. Se dice que el nombramiento fue una negociación con respaldo del gobierno federal para que empiece a soltar recursos pero sin que lleguen a las arcas del viejo equipo duartista. Cabe decir que Clementina procede de la Universidad Veracruzana y es una administradora que ha probado sobradamente su honestidad. Es lo que necesitamos en Veracruz, gente honrada que maneje los recursos de manera transparente y que empiece a generar la confianza que tanto necesitamos. Sólo así podremos terminar el año con un poco –al menos un poco- de esperanzas.
