Un juez de control reabrió este lunes la carpeta de investigación sobre la denuncia de los integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) por el saqueo de 2 mil 200 millones de pesos de la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado, que la Fiscalía General del Estado ya había cerrado porque dijo que los delitos ya habían prescrito.

El pasado 17 de septiembre, los afectados informaron en una conferencia de prensa que, tras nueve años de la denuncia, la Fiscalía les había hecho la notificación. La querella fue por los delitos de incumplimiento del deber legal, asociación delictuosa y peculado. En 2016, en el último año del gobierno de Javier Duarte, la suma se tomó de la reserva, que se conforma con el dinero de los jubilados y pensionados, para operar el Instituto, para pagar gasto de los sindicatos y para darles dinero a los organismos sindicales, o sea, se desvió y nunca se devolvió. La Fiscalía decidió el no ejercicio de la acción penal con base solo en un dictamen pericial contable.

Entonces, los integrantes de la Copipev impugnaron y ayer un juez determinó que le asiste la razón a los recurrentes en todos los puntos de disenso; que la Fiscalía no realizó una argumentación correcta y suficiente para desvirtuar los motivos de inconformidad; que, en consecuencia, revoca la determinación impugnada y ordena la reapertura de la carpeta de investigación, y que, una vez agotada exhaustivamente la investigación, la Fiscalía debe emitir una nueva determinación, en la que examine la totalidad los datos de prueba.

Lo que en su momento se supo es que con tal de que los consejeros representantes de los sindicatos autorizaran el desvío de recursos, les dieron dinero en efectivo, camionetas lujosas último modelo, terrenos, departamentos y concesiones, entre otros beneficios.

Ahued da la razón a maestras desalojadas; sí se les debe, reconoce

Aunque no es responsabilidad de la actual administración y exculpó a la de Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que sí se les debe el Seguro de Vida Institucional a las maestras jubiladas que fueron retiradas de la calle Enríquez, frente al palacio de gobierno, con el uso de la fuerza pública el viernes pasado.

En la conferencia de los lunes de la gobernadora Rocío Nahle, informó que el adeudo total es por un monto de casi 1,900 millones de pesos a más de 900 maestros y maestras jubilados y pensionados, y aunque no hizo una acusación directa aludió como responsable al gobierno de Javier Duarte, actualmente en prisión acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Explicó que a los maestros les descontaban dinero a través de la nómina del Gobierno pero que los metieron a la “licuadora”, o sea los desviaron para aplicarlos a otras partidas, y nunca los devolvieron ni los integraron a la de su seguro de gastos médicos. Ese mal uso de recursos fue característico del gobierno duartista. Las y los afectados reanudaron este lunes su protesta en la Plaza Lerdo con el mismo reclamo: que les paguen.

Cabe recordar que como diputado local del PRI entonces, Ahued, en su último año en el Congreso local se abstuvo de aprobar la Cuenta Pública de 2014, año en que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación la deuda era de 34 mil millones de pesos. Tres años después, renunció a su militancia priista para sumarse a Morena.

En su intervención en la conferencia de prensa no comentó nada del desalojo de las maestras el viernes, aunque con su declaración desmintió a quienes, desde adentro, para tratar de justificar la acción policíaca, soltaron la versión de que a las jubiladas ya les habían pagado. Dijo sí que están revisando y corroborando las cifras y los casos.

Observados por el ORFIS tienen que pagar multas que suman 11 millones

En tanto solventan o devuelven los montos observados por el ORFIS, los entes, lo mismo exfuncionarios del Gobierno del Estado que alcaldes a punto de concluir su gestión o responsables de organismos paramunicipales, deberán pagar multas que en total suman 11 millones de pesos, de acuerdo a información que tiene el columnista. Los cobros los tiene que y puede hacer ya la Secretaría de Finanzas y Planeación.

El pago de las multas no exime de responsabilidades a los causantes del daño patrimonial y tampoco les quita las sanciones que pueden ser de tipo administrativo hasta denuncias penales.

Manuel da una machincuepa y se alinea con la Presidenta Sheinbaum

Habilidoso, como pocos en Morena en Veracruz, el senador Manuel Huerta, convertido en figura nacional por su propuesta de que la reforma a la Ley de Amparo se aplicara con carácter retroactivo, a lo que se opuso de inmediato la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuestión de horas dio una machincuepa (el término viene del náhuatl, mayotzincuepa, ‘rodar como calabaza’) y se alineó con ella (no hay político que coma lumbre, diría, parafraseando la frase no hay borracho que coma lumbre).

En su muro de Facebook, el naolinqueño no se anduvo por las ramas, y posteó: “Como legislador, sostengo con firmeza que la Constitución no se toca. Si algún texto genera duda, se corrige. No a la retroactividad, eso es definitivo. Porque mejorar la justicia nunca será retroceder, sino avanzar con claridad, seguridad y respeto a los derechos de todos”.

El senador hizo ayer lunes declaraciones a Azucena Uresti en Radio Fórmula y dijo que su participación sobre el tema es por una justicia más cercana, rápida, segura, con lo que atiende el llamado de Sheinbaum. Insistió en que la reforma no quita derechos sino que los fortalece, y que se quiere que la defensa del pueblo sea más fácil, no más difícil.

Compartió las bondades de la ley reformada: “Desde tu celular podrás tramitar un amparo sin filas ni gastos. Las sentencias se cumplirán sí o sí: lo que te concede un juez, se respeta.

Ningún pleito individual volverá a frenar escuelas, hospitales u obras públicas. Más orden, menos ‘chicanadas’: se acaba el abuso de los vacíos legales. Y sobre todo: ninguna ley nueva podrá quitarte derechos ya ganados”. Y se despidió con un “¡Ánimo!”

En su declaración a Azucena Uresti negó que Adán Augusto López hubiera metido mano en el tema de la retroactividad. “No, fíjate, fíjate que no. En una entrevista que le hicieron a Isunza (otro senador), él hablaba de que tuvimos una reunión previa a las reuniones de las comisiones de nuestro grupo parlamentario”.

En la oposición, donde guardan la esperanza de que sea el candidato a la gubernatura en 2030, consideraron que su gallo andaba pisando mal el estribo para subirse al caballo que va rumbo a la sucesión de 2027

Las amistades no se niegan

Habla bien el hecho de que el delegado de Bienestar en el estado, Juan Javier Gómez Cazarín, no niega la cruz de su parroquia. Con motivo del acto que encabezó el domingo la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, como es propio en él, posteó muchas fotografías de veracruzanos que asistieron a la concentración y quisieron tomarse una selfie a su lado. Una de esas imágenes es con su amigo y protector, el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

No es ningún secreto que gracias al hoy exgobernador llegó al Congreso local y repitió en dos periodos consecutivos como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y es fama que fue Cuitláhuac quien también le consiguió la delegación.