Tristeza que la Universidad Veracruzana esté secuestrada por una mafia universitaria, bajo las órdenes del aún rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez. El mismo, quien toda su vida se ostentó como experto en el estudio de los Movimientos Sociales en México y no ve, haber creado un nuevo movimiento universitario de repudio en su contra, por querer mantenerse en un nuevo periodo, cuando la normatividad de la UV lo descarta por sobrepasar la mayoría de 65 años. Así como una Junta de Gobierno integrada por mafiosos que pretenden seguir gozando de privilegios, plazas de investigador y pago de dádivas. Y por fin, la gobernadora Rocío Nahle, en una conferencia de prensa, le pide a Martín Aguilar que se emita la convocatoria para aspirantes y candidatos a la Rectoría de la UV, en un claro mensaje y detener argucias, violación a la Ley Orgánica y excusas antijurídicas para apoyo a Aguilar Sánchez y sus aspiraciones para un nuevo periodo, mismas, quedaron enterradas.
UV, el rector y la mafia universitaria, vaya combinación.
Es importante señalar, más allá de la autonomía universitaria, existe un conjunto de leyes que regulan el contexto de la vida universitaria y el Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez omite una serie de derechos, que tiene acceso la comunidad universitaria y todo indica olvidar el principio de legalidad que le obliga a cumplir con la ley, desacatando el hecho de no cumplir con el requisito de 65 años para asumir la responsabilidad.
Y vergonzosamente, el todavía rector asume la interpretación de la Ley Universitaria para su beneficio y comete varias faltas penales y administrativas, como es la usurpación de funciones, pues en su encargo no puede interpretar las leyes, ya que es una autoridad administrativa, esta facultad es propia del Congreso de Veracruz. Sus declaraciones son prueba suficiente para acreditar esta falta.
Claramente comete el delito de abuso de autoridad, pues al negar el derecho de audiencia a la comunidad universitaria, violenta los derechos humanos que dice promover y nunca cumplió durante su encomienda, interponiendo sus intereses personales o del grupo que lo acompaña en su gestión universitaria. Al solicitar la prórroga de manera directa, cancela la posibilidad tanto a los aspirantes, como la comunidad de ejercer su derecho de audiencia, lo cual, daría oportunidad a la procedencia del amparo indirecto, lo que de manera inmediata suspende todo el proceso de designación del rector para el periodo 2025-2029.
Y esto provoca, que llegado al 1o de septiembre, pudiera continuar Martín Aguilar por el litigio de este recurso constitucional.
Adicionalmente se acredita el conflicto de intereses, pues realiza un consejo universitario general para atender un interés propio del rector y desvirtúa el sentido colectivo de las resoluciones de este organismo universitario. Así que, en conjunto, estaría acreditando las siguientes faltas administrativas y penales: Abuso de autoridad, usurpación de funciones, conflicto de intereses y la violación colectiva de los derechos humanos de la comunidad universitaria.
La única manera de entender esta atrevida e ilegal acción por parte del rector, obedece a lo que José Manuel Naredo, economista español, autor de “La taxonomía del lucro” (2019) denomina la corrupción del mundo académico, la cual, surge de la relación entre la estructura política y el sistema económico mercantil, esto es, al rector no le interesa el desarrollo académico de la institución, como se ha acreditado en los últimos años, pues al parecer solo le mueve el sentido de mantener los privilegios económicos y políticos de él y su grupo, además de posicionarse para los futuros escenarios políticos.
Este interés de grupo lo condujo a no aceptar la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que señaló a la Directora General de Desarrollo Institucional, Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, de violentar los derechos humanos de una trabajadora, a pesar de ser abogada y tener una maestría en la materia.
Esta funcionaria, Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, no solo es parte de su camarilla, es el plan “B” del rector y su grupo de interés para seguir sangrando a la UV para su beneficio. Por lo anterior, surge un dilema para la Junta de Gobierno, de cómo justificará la designación de Jongitud Zamora, cuando pesa sobre ella, la recomendación y ratificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la misma que no aceptó en su momento, violentando el derecho de la víctima trabajadora de la UV.
Si estuviéramos en el imaginario escenario “B”, en el supuesto que la Junta de Gobierno eligiera como próxima rectora a la Dra. Jongitud, autora del libro: “Corrupción académica en Educación Superior: Cómo identificarla y cómo hacerle frente”, pesaría en su imagen la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ratificando la resolución número 04 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora tendría que dejar el encargo, pues sería causa suficiente para destituirla del mismo, junto con las afectaciones institucionales y descrédito social de la UV en los temas laborales que se desprenden de ésta.
Por lo pronto, el rector Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez ha logrado lo impensable e increíble: Organizar a la comunidad universitaria, pero en su contra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora está convocados a exconsejeros universitarios y maestros para el apoyo de Martín Aguilar, quien de no quedar en la contienda, pretende imponer a la Dra. Jongitud Zamora, quien tiene la virtud de tener muchos enemigos y afectados, a su paso como funcionaria de la Universidad Veracruzana.
Y sobre el plan “C”, Martín Aguilar ve con desesperación imponer a Jorge Genaro Vicente Martínez, quien fue nombrado el 8 de noviembre de 2024 como nuevo vicerrector de la Zona Veracruz, sin importante trayectoria académica y sólo ser el protegido del Dr. Juan Manuel Pinos Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno y quien actualmente es protegido por el improductivo senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien interviene en los criterios del aún rector Martín Aguilar.
Los Derechos Humanos y Universitarios no son respetados por esta mafia de pillos, culpables de la debacle de nuestra máxima casa de estudios. Y son los mismos que prometieron cuidar y honrar a la Universidad Veracruzana, cuando en realidad, como dice el sabio refrán popular: “Ya les salió el cobre”.
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