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Trasciende que la Unidad de Inteligencia Financiera entregó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la lista de la red criminal que maneja al ayuntamiento de Córdoba, sus recursos y ajusticiamientos de involucrados que no coincidieron con sus intereses.
Destacan el alcalde Juan Martínez Flores y la Síndica Vania López González de cuestionado prestigio y quien busca la alcaldía por Morena.
Aparecen además en la lista negra el diputado federal Zenyazen Escobar, quien al igual que su familia han sido mencionados por sus ligas criminales y en la lista indagatoria también aparece el nombre del diputado local Juan Tress Zilli.
Todos morenos. Todos bajo presunción. Todos con pruebas incriminatorias irrefutables.
En la acción criminal que tiene penetrada a Córdoba se incluye además al Cartel de las Grúas que opera en la región de las Altas Montañas, brazo delincuencial que tiene sumido en el terror a cinco municipios de Orizaba a Zongolica y de eso sabe mucho Zenyazen Escobar.
Es en realidad, toda la zona de las Altas Montañas en la que la ciudadanía vive desde hace seis años bajo el terror.
Parte de la indagación de la Unidad de Inteligencia Financiera, responsable de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se pone en operación luego de investigarse el origen de los últimos ajusticiamientos en el otrora próspero municipio de Córdoba y toda la región de las Altas Montañas.
Tras los asesinatos de José Escamilla Aguilera y Grodex Ríos, se iniciaron las investigaciones que dieron como resultado que atrás se movían considerables sumas de dinero y transacciones económicas que incluyen parte del financiamiento para la campaña del hoy alcalde Juan Martínez Flores en 2021.
Ahí partió el hilo de la madeja.
Por aquel momento se registraron los asesinatos de Escamilla y Grodex y el sospechoso movimientos de 32 millones de pesos presuntamente provenientes de algún rubro o empresa legalmente establecida.
Ello dio lugar a que la UIF iniciara las investigaciones para determinar el origen del dinero.
La otra línea de investigación de Inteligencia Financiera se abrió a partir de la sospechosa relación que existía con José Escamilla con Grodex, el primero encargado de operar económica y políticamente para Juan Martínez Flores.
Derivado de esto la red empezó a destejerse.
Quedaban al descubierto la Dirección de Movilidad Ciudadana que lleva el control de la Dirección de Tránsito, Protección Civil, Policía Municipal y Comercio.
La indagación llevó a dar con el origen de los vínculos de Escamilla y parte del cuerpo edilicio con grupos de la delincuencia organizada, a los que el propio Escamilla había comprometido dichas direcciones a cambio de financiamiento para la campaña de Juan Martínez.
Consecuentemente la eliminación de Escamilla y Grodex era indispensable.
Sabían demasiado.
Dentro de los involucrados presuntamente se encuentra la ahora síndica del ayuntamiento Vania López González quién sería el enlace con uno de los lavadores de los grupos delictivos de nombre Rafael Aiza.
Araiza es quién mantiene una empresa de transporte en la ciudad de Córdoba y presuntamente habría financiado directamente e incluso participado como integrante de Morena.
Hoy se sabe además que la red delictiva incluye el control del DIF municipal y la titularidad en favor de Rafael Aiza en el manejo de “Empresas Fantasma”.
En la feria de complicidades también aparece Luis Abella quien presuntamente factura diversos servicios en el área de mantenimiento público del transporte de basura y mantenimiento automotriz con empresas “patito” con domicilio en la Central de Amatlán en dicho municipio y la cual constantemente cambia de razón social teniendo una facturación semanal de hasta un millón de pesos.
Dicho operador está ligado al diputado federal se Zenyazen Escobar García -quien también está presuntamente ligado al Cartel de las Grúas- y el actual diputado local Juan Tress Zilli, beneficiarios de la operación delictiva con patrocinios para la instalación y avituallamiento de sus “Casas de Campaña” de ambos legisladores.
Por lo pronto la Unidad de Inteligencia Financiera ya cuenta con los reportes de operaciones de lavado de dinero y avisos de quienes realizaron actividades vulnerables.
Cuenta asimismo con el informe detallado de inteligencia y otros documentos útiles que dieron lugar al descubrimiento de operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT).
Quedaron por tanto listas las denuncias correspondientes ante la autoridad competente para proceder, solo es cuestión de tiempo.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
