***Jueza de control ordenó su entrega el pasado 9 de septiembre y la fiscal encargada alegó no terminar el inventario, en claro abuso de autoridad y protección a delincuentes.
En enero del 2022 dimos a conocer el grave caso de violación a los derechos del empresario en Río Blanco, José Antonio May González y el de sus trabajadores de la bodega “Comercializadora MAGA”, quienes sufrieron abuso policiaco, tortura, secuestro y dos de ellos fueron golpeados brutalmente por elementos de Seguridad Pública, para luego ser consignados injustamente por policías de la Ministerial al mando de Rodolfo Astudillo Medina, director de la Coordinación Regional Zona Sureste de las UECS, quien en videos internos de la empresa se muestra llevar el operativo, dando instrucciones para realizar los delitos arriba mencionados, además de perpetrar robo, abuso de autoridad y sobre todo, la venganza instruida por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Para dar contexto, haremos una breve introducción de este lamentable caso, que sigue vigente por la necedad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al mando de Verónica Hernández Giadans al negarse entregar la bodega de la “Comercializadora MAGA”, cuando una jueza de control no encontró elementos para retenerla y al hacerlo, se comprobará la denuncia por robo, interpuesta por su dueño, en el saqueo de mercancía y la afectación en la descomposición de productos. La autoridad judicial resolvió que las imputaciones no tienen sustento y todos los detenidos ya están en libertad por no comprobarles infinidad de delitos fabricados por el desleal funcionario estatal Rodolfo Astudillo Medina.
Cabe mencionar que Rodolfo Astudillo Medina es Licenciado en Derecho, con el número de Cédula Profesional 5588774, estudiando la carrera del 2002 al 2007 en la Universidad Autónoma de Guerrero y su única trayectoria profesional es laborar por casi 11 años en la Fiscalía General de Guerrero como agente del Ministerio Público, hasta que en el 2019 llegó a Veracruz como operador de los negocios sucios en la Fiscalía General del Estado. Sus abusos fueron aprendidos en la policía guerrerense, donde son señalados de torturar, abusos a los derechos humanos y un gobierno que cohabita con grupos paramilitares y narcotráfico.
Con la columna titulada “Policías de Cuitláhuac García torturan, secuestran y roban a víctimas; caso José Antonio May”, con la liga: https://periodicoveraz.com/policias-de-cuitlahuac-garcia-torturan-secuestran-y-roban-a-victimas-caso-jose-antonio-may-videos/ relatamos cómo dos trabajadores estuvieron más de un año presos al fabricarles delitos, cuando en videos internos se comprueba el abuso de autoridad, secuestro y torturar a patadas a las víctimas, para luego ser consignadas injustamente por el popular delito de ultrajes a la autoridad.
En el mismo relato, advertimos que la FGE se rehúsa a entregar la bodega en Río Blanco, tratando de sostener fabricados delitos en contra del dueño de la empresa, quien reporta pérdidas millonarias y este operativo logró afectaciones al patrimonio de José Antonio May González, sólo por la venganza electoral y política.
No debemos perder de vista esto que publicamos: José Antonio May González es un empresario de la zona centro de Veracruz. En el 2018 apoyó a Cuitláhuac García Jiménez, a MORENA y a sus candidatos para que ganaran la gubernatura de Veracruz y escaños en el Congreso Local. Y nunca pensó que este patrocinio le costaría disgustos, injusticias, afectación a su patrimonio, robo agravado, tortura y encarcelamiento de sus trabajadores, así como denigrar a May González y a su familia por órdenes del gobernador de Veracruz, cuando José Antonio May apoyó al presunto cambio en el estado y después se convertiría en el peor enemigo del sistema, por no cumplir con los intereses electorales de MORENA en la elección del pasado 2021.
El 19 de junio del 2021, elementos ministeriales de la FGE y de Seguridad Pública de Veracruz acudieron a la “Bodega y Comercializadora MAGA”, ubicada en la calle Paso Carreta sin número, congregación Vicente Guerrero, en el municipio de Río Blanco, alertados por un presunto robo de cerveza, pero en realidad, los policías fueron quienes robaron $1 millón 509, 067 pesos y violentaron los derechos de los trabajadores de la empresa, para luego, torturar al empleado Juan Miguel Márquez Camacho y a Miguel Ángel May Nasta, sobrino del dueño de la empresa, quienes permanecieron presos hasta agosto del 2022, sin comprobar los delitos que se les imputaban.
Actualmente, José Antonio May González ha demostrado su inocencia en todas las imputaciones y los detenidos dejados en libertad, pero sigue el calvario en la entrega de la bodega, la cual paga renta, sufriendo otro abuso de autoridad por parte de la fiscal adscrita a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia en Nogales, Patricia García Enríquez, quien bajo el oficio con el número 6156/2022 pide una prórroga para la devolución del inmueble “Comercializadora Maga SA de CV”, con la excusa de no haber terminado el inventario y contabilización de los objetos que se encuentran en dicho inmueble. Esta estrategia es evitar confrontar su inventario con el verdadero y comprobarse que la bodega fue saqueada por elementos de SSP y Ministeriales, robando productos perecederos bajo el mando de Rodolfo Astudillo Medina y protegido por la fiscal general Verónica Hernández Giadans.
Además de robar como corrientes delincuentes, portan placa y arma reglamentaria, se llevaron la nómina y pago a proveedores, comprobándose esto en videos internos de la empresa, mostrando cómo el maletín es custodiado por ministeriales vestidos de civil y con chalecos antibalas, transportándose en camionetas doble cabina con placas XY-01708 y Ford F150 con placas XY00606, propiedad de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Tampoco hay castigo por la brutal golpiza a la víctima y empleado de José Antonio May, entre patadas en la cara y cuerpo, a ratos cachetadas y a momentos la aplicación de la bolsa de plástico en la cabeza, para tratarlo de asfixiar, con el fin de lograr que la víctima dijera la ubicación de José Antonio May González. Existen denuncias por tortura y abuso de autoridad comprobadas y hasta el cierre de esta columna, la FGE no ha abierto ninguna Carpeta de Investigación en Asuntos Internos y los torturadores, al mando de Rodolfo Astudillo Medina, a quien como premio por su “lealtad” en septiembre del 2021, fue nombrado como Coordinador Regional Zona Sureste de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) como se dio a conocer con la liga: https://www.masnoticias.mx/la-fge-designa-a-rodolfo-astudillo-como-titular-de-uecs-veracruz-coordinador-regional-zona-sureste/
No se debe omitir que en los videos se confirma cómo ministeriales se llevan los cerebros de las cámaras de video y nunca pensaron que había otro, el cual, cuando había pasado todo el presunto operativo, José Antonio May González pidió a la FGE poder entrar a la bodega y esta petición fue aceptada, pensando que no habría problema y con peritos certificados, así como notarios públicos se detectó este cerebro con cámaras que captaron todo el abuso, robo y tortura a las víctimas. Los victimarios omitieron este “pequeño detalle” que hoy pone en el banquillo de los acusados a estos hoy considerados delincuentes con placa para robar, torturar, golpear y fabricar delitos e imputaciones.
Un hecho lamentable, pues ante este operativo que más bien fue venganza del gobierno de Cuitláhuac García, la hermana de José Antonio May fue violentada y a punto de ser violada sexualmente por un policía de la Ministerial, quien en el video se observa portar una máscara de la muerte. La vergüenza de la mujer fue tan grande que se resistió a ser tocada, interviniendo su pareja para defenderla y siendo los dos detenidos, para luego, días después se pagaron $100 mil pesos de soborno para dejarlos libres. Hoy, la hermana de May González y su familia están fuera de México y llevan un proceso de asilo político por el acoso y persecución del Gobierno de Cuitláhuac García, con comprobados testimonios y material en video.
Las pérdidas en esta bodega en Río Blanco son millonarias. Mucha de la mercancía es perecedera y la Fiscalía de Veracruz se resiste a entregarla, sin justificar el por qué, en un claro abuso de autoridad y violentando los derechos de José Antonio May, quien ha pagado puntualmente la renta al verdadero dueño de este inmueble, para no afectarlo en esta revancha política. Y May González ganó todos recursos judiciales para que sea entregada esta bodega y quien resulte responsable de pérdidas y robo por más de $13 millones de pesos. Lo interesante es que José Antonio May González es dueño de otras siete comercializadoras, trabajando de manera lícita y sus pagos de impuestos en regla.
Este tema es vergonzoso por donde se vea. Dos víctimas en la cárcel por delitos de ultraje a la autoridad sin existir elementos para sustentarlo y familias ya están tranquilas por la libertad de trabajadores que se convirtieron en presos políticos. Quién va a pagar las pérdidas millonarias en una bodega que inexplicablemente no es entregada. Ya está interpuesta la denuncia ante la FGR, con la Carpeta de Investigación con el número de expediente FED/VER/CORD/00002225/2021, así como otra Carpeta de Investigación con el número SUIP/DV/541/2021 en la Fiscalía Tercera Investigadora en Delitos Diversos Adscrita a la Subunidad Integral de Nogales, Veracruz, perteneciente a la FGE.
Con base a la resolución emitida por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial Saray Hernández Pérez ordena a la FGE que: “Entregue la bodega a más tardar el 09 de septiembre del 2022, de cumplimiento a la resolución emitida en audiencia el 23 de junio del 2022 y restituya el bien inmueble a José Antonio May González”. Triste que hasta el cierre de esta entrega, la FGE no acate las órdenes y no cumpla lo que una jueza de control ordena.
Abuso de autoridad, robo agravado, secuestro, tortura e intento de violación sexual, complicidad, asociación delictiva y crimen organizado es lo que se ve en este tema y perpetrado por elementos de la Policía Ministerial, de Seguridad Pública y hasta de la Guardia Nacional, bajo la protección de sus jefes, la fiscal Verónica Hernández Giadans y Hugo Gutiérrez Maldonado, quienes han permitido tanta impunidad y protegidos por una placa… Y todo, por una venganza personal de Cuitláhuac García Jiménez, quien ha podrido a las instituciones FGE y SSP utilizando el poder para perseguir a sus antes amigos patrocinadores, hoy perseguidos políticos.
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