En las últimas fechas he venido comentando el reto que tendrá la oposición política (partidos ya constituidos y por constituirse) para librar con éxito la elección de 2021, dentro de 18 meses, cuando se elegirán diputados y presidentes municipales.
Una pregunta obligada es qué tienen para ofrecer al electorado, para los que votan, población de clase media para abajo, con un alto porcentaje de personas en pobreza o en pobreza extrema.
Todavía estamos muy lejos de una democracia como la de los países desarrollados, pues a lo largo de sus más de setenta años en el poder el PRI pervirtió el libre ejercicio del voto con malas prácticas como la de inducir el sufragio con despensas compradas con recursos públicos o de plano comprar el voto el mero día de las elecciones. El PAN lo imitó después.
La papeleta, pues, se mercantilizó y el electorado quedó habituado a recibir algo a cambio de favorecer a algunas de las opciones políticas, a la que más da, aunque aceptando también lo que le ofrecen las otras.
¿Bastará con los discursos de los candidatos? ¿Será suficiente solo el nombre de los aspirantes con su respectiva trayectoria? ¿Convencerán al electorado solo con promesas como las de siempre? ¿Serán garantía de triunfo las siglas y colores de su partido?
Morena no resultó mal alumno en eso de manipular el voto pero, opino, lo está haciendo en forma más refinada y efectiva: entregando dinero en efectivo en programas sociales en lugar de despensas (tengo entendido que ya rebasó con mucho el millón de beneficiados en todo el Estado).
Se enfrentarán, pues, en 2021, discursos y promesas contra dinero en efectivo.
Y a medida que corre el tiempo ya con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) en el poder, parece vislumbrarse que el próximo año la oposición a Morena enfrentará un nuevo elemento: la comparación que hará el elector entre las prácticas de unos y otros y cuáles, las de quiénes, les reportan beneficios o más beneficios, o les parecen mejor.
Un ejemplo a la mano: ayer vinieron al municipio de Papantla dos secretarios de Estado, la de Bienestar (antes Sedesol, María Luisa Albores González) y el de la Sedatu (Román Meyer Falcón), así como el Procurador Agrario (Luis Hernández Mirón), para entregar títulos de propiedad a dos núcleos ejidales, así como para visitar dos comunidades a una hora y a una hora veinte minutos de la cabecera municipal, respectivamente. Los acompañó el delegado de programas para el Desarrollo en el Estado (Manuel Huerta).
Los funcionarios del gobierno de López Obrador viajaron por tierra de la Ciudad de México a Papantla, llegaron directamente al edificio de la Ganadera a trabajar y luego se fueron a las comunidades Benito Juárez y Los Solteros (así se llama), viaje en el que constataron las pésimas condiciones del camino, una parte pavimentada y otra de terracería, en partes casi intransitable.
Viajaron sin mayor aparato, sin secretarios, “ayudantes”, “auxiliares”, asesores ni guaruras. En Los Solteros comieron con los pobladores mole con carne de guajolote y arroz y tomaron agua de carambola. De ahí regresaron al parque Takilhsukut en El Tajín para luego retornar a la CDMX por tierra, como vinieron, y sin hacer mayor ruido.
(El único que se vio mal, porque llevó escolta y patrulla, fue el titular de la Sedesol estatal, Guillermo Fernández Sánchez, mientras que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez estuvo ausente casi toda la jornada hasta la tarde en que llegó a El Tajín.)
Si se hubiera tratado de funcionarios de gobiernos del PRI o del PAN, los secretarios hubieran viajado en avión oficial al puerto de Veracruz, luego se hubieran ido al café de La Parroquia a disfrutar de lecheros, canillas y tirados con cargo al erario, hubieran hecho mucho ruido mediático y después hubieran ido a abordar un helicóptero para viajar a Papantla y de ahí a las comunidades, siempre rodeados de guaruras, “ayudantes”, “auxiliares”, asesores y quizá hasta de edecanes, además de que hubieran mandado “avanzadas” y los hubieran escoltado policías estatales y federales, así como escoltas personales, y se hubieran hecho acompañar por su “fuente” de prensa, todo con los respectivos gastos que ello hubiera implicado. De ahí hubieran retornado en helicóptero al puerto jarocho para comer en algunos de los más caros restaurantes de carnes o mariscos, para después retornar a la CDMX en avión.
Tal vez ahora no se note mucho pero llegará el momento en que el ciudadano compare la austeridad de unos y el dispendio de otros y eso decida el sentido de su voto. La oposición tendrá que ir pensando cómo superar ese reto, si es que los morenos mantienen su forma de conducirse.
Sentencia amaga libertad de expresión
Me pregunto si alguien de quienes están al pendiente de la vida política del país duda que el exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, fue un verdadero corruptazo a su paso por la función pública.
Hace cuatro años, en enero de 2016, fue detenido en Madrid acusado de lavado de dinero. Entonces, el académico y articulista del diario Reforma, Sergio Aguayo Quezada, publicó acertadamente:
“Humberto Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos”. Decía una gran verdad.
Puntualizó: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
Protegido entonces del presidente Enrique Peña Nieto, el coahuilense se dio por ofendido y en julio de aquel año demandó a Aguayo Quezada por daño moral.
Para sorpresa de todos, en octubre de 2019 la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo encontró culpable y lo sentenció a pagar 10 millones de pesos a su demandante, y ahora, el lunes, el juez 16 de lo Civil, Francisco Castillo González, lo requirió para que depositara una fianza de 450 mil pesos o de otra forma le embargaría sus bienes para obligarlo a pagar la suma millonaria.
Ayer mismo la oficina de la ONU para Derechos Humanos en México, Amnistía Internacional, Artículo 19 y la misma Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, expresaron su preocupación y pidieron que se investigue a jueces y magistrados del caso por conflicto de intereses. La sentencia, alertaron, puede afectar seriamente la libertad de expresión en el país pues de lo que se trata es de acallar la crítica periodística.
El influyente diario El País “cabeceó” la nota respectiva con el siguiente título: “Una sentencia contra un periodista y académico golpea la libertad de expresión en México” y en la entrada de su nota dijo que la sentencia “ha despertado los peores fantasmas sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión en México”.
Desde este espacio me sumo a la condena por la medida, pues constituye una amenaza para quienes ejercemos el derecho a la libertad de expresión con nuestras publicaciones diarias y le expreso toda mi solidaridad a Sergio Aguayo, una de las mentes más lúcidas de México y de lectura imprescindible.
¡El colmo! Ahora resulta que un juez determina que Moreira es una blanca paloma.
