La sofisticación de la tecnología hace posible crear redes de complicidad sin que haya evidencias y al mismo tiempo contacta a personajes que llegan a la administración pública con el único fin de hacer dinero a como dé lugar.
Desde hace casi un siglo, la tendencia a la corrupción de los funcionarios públicos del país creó una especie de lenguaje no escrito, de leyes no autorizadas, de espacios propios para acordar, que tienen como resultado una compleja red de complicidad cuyo objetivo es sacar la mayor cantidad de dinero de las arcas sin que fuera demasiado evidente.
En la mitad de del siglo pasado el disimulo y la discreción imperaron sobre el desacato y los excesos. A partir de este siglo, el evidente exceso de atribuciones llegó a límites indignantes, donde los mexicanos eran los más afectados y quienes menos tenían la posibilidad de denunciar, aclarar, señalar a los funcionarios corruptos.
Desde la llegada de Fox, la tecnología se convirtió en la mejor aliada de quienes podían adquirir el manejo de las redes de corrupción y establecer los contactos necesarios con la discreción poco atendida.
Así, desde diferentes aristas de la administración pública, mientras por una parte se arreglan licitaciones, en la otra se presentan proyectos que carecen de lógica y se crean convenios paralelos donde el ganador es el que menos trabaja y el que más relaciones tiene con los hombres de la política. Así sucedió con una red de ductos donde la Comisión Federal de Electricidad subsidia a empresas particulares, una de ellas ligada a la familia Ortiz Mena, que pertenece al mismo árbol genealógico de Carlos Salinas de Gortari.
En esta panorámica el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó a las empresas que tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad a que de manera voluntaria acepten renegociar los acuerdos firmados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Desde 2015 esos contratos han costado 62 mil millones de pesos.
Estos contratos obligan a la empresa pública a pagar un subsidio de 21 mil millones de dólares por siete ductos que en la actualidad se encuentran inactivos.
Manuel Bartlett, director General de la CFE, detalló que por el alquiler de siete ductos varados, ésta ya tiene una serie de sanciones, el año pasado, pagó 5 mil millones de pesos. Este año estaría pagando otros 16 mil millones de pesos de no negociarse los contratos, que, precisó Bartlett, fueron firmados durante el gobierno pasado. Indicó que se investigará quiénes firmaron esos contratos.
Las empresas a las que se les paga estas rentas son: Carso, IEnova y TransCanada. Andrés Manuel López Obrador detalló que esos siete ductos para gas no tienen una planta para generar electricidad. Explicó que se dieron los contratos para construir gasoductos, y CFE es la garante de la compra del gas de esos ductos particulares; pero como está sucediendo en esos siete grandes gasoductos, CFE debe pagar a las empresas la renta aunque no haya gas.
El presidente destacó que durante la época neoliberal se firmaron “contratos leoninos” en beneficio de los particulares y en grave detrimento de la empresa pública debido a que los ex funcionarios mexicanos permitieron dicha práctica y que de continuar así pagarían a las empresas 70 mil millones de pesos durante los próximos 25 años. De continuarse estos contratos la CFE está en riesgo de quiebra.
El presidente afirmó que la intención de dar a conocer los nombres de las empresas que reciben subsidio es para generar un debate nacional con el propósito de acabar con la corrupción.
Asimismo, AMLO acusó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de beneficiar a las empresas privadas y contribuir con la privatización del sector eléctrico nacional.
López Obrador dijo que su gobierno busca una reestructuración de acuerdo a compromisos “de manera voluntaria”. Exhortó a las empresas para que se celebre un convenio, se revisen contratos y se haga el acuerdo de que no van a aumentar los precios de la electricidad.
IEnova, filial de la empresa estadounidense Sempra Energy, es dirigida por Tania Ortiz Mena López Negrete y su Consejo de Administración lo preside Carlos Ruiz Sacristán, quien fungió como Secretario de Comunicaciones y Transportes durante la presidencia de Ernesto Zedillo.
Por su parte, Grupo Carso, IEnova y TransCanada aseguraron que los contratos celebrados con la CFE gozan de legalidad y transparencia.
Es decir, todo se maquinó con tiempo, con una estrategia que no permite desconocimiento de los mecanismos y donde las licitaciones muestran sus propósitos nada claros y sí muy sucios.
La empresa del sector energético que brinda servicios de gas y electricidad, dijo que todos los contratos que ha obtenido con la Comisión Federal de Electricidad han sido bajo proceso de licitación y aseguró que a lo largo de 22 años en el mercado se ha conducido con estricto apego a la ley.
“Todos los contratos de ductos de transporte de gas natural de la empresa con CFE fueron adjudicados bajo procesos de licitaciones públicas internacionales abiertos y transparentes, bajo estándares internacionales de la industria”, detalló en un comunicado enviado a la BMV.
Por su parte, la senadora perredista Xóchitl Gálvez, reconoció que tuvo dos contratos, suscritos entre julio y noviembre de 2011, pero rechazó tener conflicto de intereses en relación a los servicios de proveeduría que su empresa High Tech Services, ofreció en el pasado a la Comisión Federal de Electricidad.
En entrevista vía telefónica, la legisladora aseguró que a través de la empresa de su propiedad High Tech Services sólo tuvo dos contratos con la CFE, con números 800536748 y 800524421, por un total de 2 millones 970 mil pesos, firmados en el segundo semestre de 2011; precisando que no prestó otros servicios ni integró consorcios con otras empresas con posterioridad.
La relación entre funcionarios públicos y propietarios de empresas con instancias gubernamentales no son claras ni transparentes, por limpia que sea la competencia en las licitaciones la relación es perversa y debe dejar de llevarse a cabo.
Es decir, anteriormente se permitía que a plena luz del día se cometieran delitos de cuello blanco que podían quebrar empresas del gobierno sin que nadie dijera nada, ni investigara y menos aún se castigara.
Habrá que investigar a todos los directores generales de la CFE que estuvieron implicados ya sea por acción o por omisión en este tipo de latrocinios al país. PEGA Y CORRE.- La marabunta de nuevos partidos políticos pequeños se aproxima. Son 56 organizaciones que podrían convertirse en partido, pero seguramente pasarán sólo algunas. Así pasaran la prueba dos o tres se habla de un exceso de partidos sin ideología precisa y que sólo sirven para vivir del erario y confundir al electorado… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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