Compartimos un texto académico y con base a experiencias sobre seguridad y Protección Civil, mismo daremos a conocer textualmente: En pasada entrega que realizamos el 13 de mayo de 2025, sobre la columna Entre lo utópico y lo verdadero, compartimos una muy importante preocupación, debido a que un colectivo de trabajadores afiliados al Sindicato Estatal del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, conocido como FESAPAUV, hizo pública una denuncia sobre diversas irregularidades que se observaban dentro de la institución e instaban a sus autoridades a que tomaran medidas efectivas para garantizar la seguridad laboral e integridad física de todos los trabajadores y de la comunidad universitaria en su conjunto.
Denunciaron que los esfuerzos en materia de Protección Civil y Educación sobre el Riesgo de Desastres dentro de la Universidad Veracruzana, se han limitado durante toda la administración del Rector Martín Aguilar Sánchez a aspectos generales y superficiales, sin abordar las necesidades reales de seguridad y de prevención que deben implementarse para la salvaguarda de la población universitaria ante cualquier desastre natural que pudiera afectar y cuya responsabilidad recae en la Dra. Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, secretaria de Desarrollo Institucional, de quien depende el mal llamado SUGIR, que bien debería ser y actuar como una Unidad Interna de Protección Civil, de acuerdo a la Ley General respectiva que obliga a tener como parte de su estructura organizacional, al igual que a todas las instituciones educativas del país, lo que evidentemente la UV no tiene.
Mencionan trabajadores, que la Unidad Interna de Protección Civil debe ser la responsable de formular y operar los Programas tanto internos y externos de Protección Civil debidamente autorizados, los que dentro de ningún inmueble universitario existen; tampoco, se cuenta con los tan necesarios Análisis de Riesgos emitidos por especialistas, Dictámenes de Ingeniería Eléctrica y Estructural formulados por peritos en la materia y Dictámenes Técnicos de Riesgo previos en la construcción de obras universitarias, para evitar que éstas se asienten en zonas de riesgo como susceptibles a inundaciones; todas estas carencias que son el resultado de la negligencia y la ignorancia institucional, son constitutivas de acuerdo a la ley, de delitos graves y por ende, pueden ser sancionadas con prisión de tres a diez años y multa de mil a cinco mil días de salario mínimo vigente en la capital del Estado.
Con esta falta de cumplimiento con las normativas vigentes, se han mantenido situaciones de riesgo y vulnerabilidad que han puesto en riesgo, como ya se corroboró ante los desastres naturales presentados en el norte del Estado, a la integridad física de los miembros de nuestro sindicato, estudiantes, maestros y en general de toda la comunidad universitaria.
Mencionaron reiteradamente los trabajadores, que en la generalidad de las edificaciones universitarias, existe una alarmante falta de equipamientos y dispositivos esenciales para la seguridad, tales como hidrantes, extinguidores, equipos contra incendios, y señales informativas, preventivas y restrictivas y de obligación y luces de emergencia, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables; tampoco existen salidas o escaleras de emergencia, rutas de evacuación formales y seguras e instructivos y manuales donde se consignen las reglas y orientaciones que deben observarse en caso de una emergencia y en los que deberían señalarse las zonas de seguridad o los puntos de reunión, mismos que no se encuentran actualmente definidos y marcados.
El tema de la Protección Civil en esta institución se ha convertido en un asunto tabú; pocos se atreven a mencionarlo o a discutirlo abiertamente. Se argumenta que no hay recursos financieros suficientes para implementar las medidas requeridas por la ley. No obstante, se ha considerado que la solución no se limita únicamente a la disponibilidad de fondos; muchos de los instrumentos que se hacen necesarios para mejorar la protección civil, podrían haber sido desarrollados por los propios trabajadores administrativos, alumnos y académicos de las diversas regiones de la UV, a través de programas de trabajo que para el caso se hubieran implementado. La ausencia de partidas presupuestales específicas para la protección civil dentro de los presupuestos anuales autorizados en la UV evidencia un desinterés total por parte de las autoridades y demuestran la falta total de voluntad política que ha existido durante la presente administración para atender este importante tema, lo que plantea interrogantes serios sobre el compromiso de la institución con la seguridad de sus miembros.
Es claro que de haberse contado con Unidades Internas de Protección Civil con sus correspondientes Programas Internos y Externos debidamente autorizados, así como con los Análisis de Riesgos emitidos por especialistas y basados en el Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz, se hubiera determinado, las zonas que afectaron instalaciones universitarias eran susceptibles a ser inundadas y afectadas por las intensas lluvias que se pronosticaron por el Servicio Meteorológico Nacional, quien desde el lunes 6 de octubre estuvo alertando sobre la incidencia que tendrían las condiciones meteorológicas para los próximos días, anunciando lluvias intensas en la zona de la Huasteca veracruzana, las que alcanzarían entre 250 mm a 350mm.
Esto considerando además, el riesgo latente de la cercanía que existía con el Río Cazones, una de las afluentes más importante de Veracruz y el que recibió aportaciones de agua de lluvia no solo del territorio veracruzano, sino también de los estados aledaños y de las montañas por la que este baja; esto fue demasiado como para no haber tomado medidas extremas, lo que no se hizo, ni por los Gobiernos Federal o Municipal, pero tampoco por la Universidad Veracruzana, quien debió velar por la salvaguarda de toda su población en esa zona de la entidad, como la propia Ley Orgánica de la Universitaria le obliga a ser el garante y responsable de la salvaguarda de la institución, sean sus bienes materiales, como su población.
Se suspendieron las clases un par de días, pero sabemos que muchas personas como académicos y estudiantes debieron asistir por compromisos ya agendados y supuestamente impostergables; no se tomó en serio el riesgo latente porque no hubo una instrucción tácita de evacuar la zona de riesgo; una gran cantidad de universitarios, incluso sus familias, vivían en zonas aledañas a las Facultades donde asistían y por desgracia se encontraban en zonas, como se señala en el Atlas de Riesgos del Estado de Veracruz, como inundables y sujetas a sufrir serias afectaciones por la creciente del Río Cazones; se dio igualmente la instrucción de quedarse en casa, las que también en muchos casos se encontraba dentro de la zona de riesgo y por desgracia de ella, ya no pudieron salir como hoy sabemos.
¿Nuevamente nos preguntamos, en dónde están la Junta de Gobierno y la Contraloría Interna?, instancias que deberían haber protegido los intereses de la universidad y garantizar el cumplimiento de las leyes, aquellas que creemos que alguna vez juraron respetar. ¿Dónde están los sindicatos universitarios? Todos cayeron en una complacencia alarmante, priorizando intereses personales sobre la defensa de los universitarios.
A cuatro años de esta administración universitaria, la ausencia de iniciativas concretas para implementar políticas de prevención de riesgos ya causó muertes de estudiantes universitarios. La inacción parece ser la norma y no se vislumbra ningún cambio en el horizonte. Aunque la historia nos ha enseñado que, lamentablemente, solo se actúa ante la inminencia de un desastre o después de este, aquí no se actuó de forma alguna y desde luego que al presentarse este desastre natural, se ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas; es evidente quiénes son los responsables de estas negligencias; ojalá la justicia constituya y sancionen esta negligencia e irresponsabilidad institucional, como delitos graves como la Ley en la materia lo establece. La identificación de los actores que han permanecido inertes ante esta situación es crucial, ya que su indolencia ya tuvo consecuencias devastadoras para aquellos que no tuvieron condiciones para afrontar el impacto de un gran desastre y que por ello perdieron la vida, lo que como vemos pudo evitarse.
Aquella entrega del pasado 13 de mayo que realizamos por este medio, hoy ratifica el testimonio claro que esto estaba previsto para el futuro y que tarde o temprano tendría que ocurrir; aquí el asunto es pensar en cuántos desastres vendrán más adelante.
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