Por Miguel Ángel Cristiani
En Veracruz, la palabra rendición de cuentas ha sido tan usada y desgastada que ya casi nadie la toma en serio. Pero cuando se habla de un daño patrimonial por más de 2 mil 300 millones de pesos, detectado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en municipios, dependencias estatales y organismos autónomos, la ironía se vuelve indignación.
No se trata de una cifra perdida en el aire. Es dinero público, dinero de todos. Y detrás de cada peso desviado hay una historia de escuelas inconclusas, calles intransitables y hospitales sin medicinas.
El problema no es nuevo. Lo nuevo —y lo preocupante— es que sigue ocurriendo con la misma impunidad con la que se han disfrazado los discursos sobre la “transformación” y la “honestidad valiente”. Los gobiernos cambian, los colores también, pero los vicios permanecen: opacidad, simulación y falta de sanciones reales.
Hoy el ORFIS, encabezado por Delia González Cobos, ha iniciado un proceso de revisión de cuentas públicas, auditorías y capacitación técnica. Se habla incluso de posibles denuncias penales ante irregularidades detectadas. Es un paso muy necesario, sí, pero insuficiente si no se traduce en resultados concretos. Porque la fiscalización sin consecuencias es apenas un ritual burocrático.
Cada año, el informe del ORFIS se convierte en una pasarela de discursos sobre la transparencia. Los diputados “analizan”, los alcaldes “defienden”, los auditores “revisan”, y al final, todo se diluye en la niebla de la burocracia. Las sanciones, cuando llegan, son anecdóticas; los responsables, rara vez pisan un tribunal. Mucho menos la cárcel. La ciudadanía, por su parte, asiste como espectadora resignada a una obra que conoce de memoria: la de la impunidad institucionalizada.
Pero hay un punto clave que no puede pasarse por alto: la importancia de contar con perfiles técnicos y éticos en los puestos encargados de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. No se trata solo de “buenas intenciones”, sino de competencia profesional y moral. Sin servidores públicos capacitados, el sistema de fiscalización se convierte en una coladera donde lo ilegal se disfraza de “error administrativo”.
La corrupción no es solo un asunto de números, sino de valores. De nada sirve detectar daños millonarios si quienes deben sancionar forman parte del mismo entramado de complicidades. Veracruz ha sufrido por décadas una cadena de funcionarios complacientes y políticos cómplices que reducen la rendición de cuentas a una farsa.
Por eso, la formación técnica y ética que hoy impulsa el ORFIS debe ir más allá del curso de capacitación rutinario. Requiere una auténtica reforma institucional que blinde la fiscalización contra los intereses partidistas y las presiones del poder. No basta con enseñar cómo auditar; hay que enseñar a decir no. A no ceder ante el chantaje político, a no encubrir desvíos, a no justificar el saqueo.
La ética pública no se improvisa: se construye con reglas claras, con sanciones ejemplares y con funcionarios que sepan que su deber es con la ley, no con el jefe en turno.
El mayor antídoto contra la corrupción es la vigilancia ciudadana. Pero para ejercerla, el ciudadano necesita información accesible, veraz y oportuna. El ORFIS debe abrir sus datos, transparentar sus auditorías como ya lo está haciendo y permitir el escrutinio público. No hay justificación técnica para esconder lo que es de interés general.
Si el daño patrimonial asciende a más de 2 mil 300 millones, la sociedad tiene derecho a saber quiénes son los responsables, qué dependencias están involucradas y qué sanciones se aplicarán. No se trata de linchar, sino de exigir justicia.
Porque en Veracruz ya no basta con indignarse. Es hora de responsabilizar a los responsables. De dejar de premiar la incompetencia con impunidad.
El daño patrimonial no es solo una cifra: es el retrato de un sistema que se niega a cambiar. Y mientras los ciudadanos sigamos aceptando la corrupción como parte del paisaje, la cuenta pendiente seguirá creciendo.
Veracruz no necesita más discursos sobre transparencia; necesita decisiones firmes, sanciones ejemplares y ética pública en acción. Solo entonces podremos hablar, sin sarcasmo, de una verdadera rendición de cuentas.