Acusan al contralor interno de SEDEMA, César Aurelio Garrido Kim, por cobro de moches para agilizar pagos a proveedores.
Nos envían una grave denuncia. Y por miedo a represalias, el personal adscrito al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública (INVEDEP) desea expresar su profunda preocupación por el comportamiento autoritario, grosero y déspota de la funcionaria Marlyn Vázquez Domínguez, actual jefa del Departamento para la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del INVEDEP, la cual, se encuentra adscrita físicamente en las oficinas centrales de la Ciudad de Xalapa, Veracruz y quien a menos de un mes de haber asumido el cargo ha demostrado falta de sensibilidad, nula empatía e irrespeto hacia los defensores públicos y personal administrativo de esta institución.
Nos comentan, que desde su llegada, la funcionaria Marlyn Vázquez Domínguez ha impuesto disposiciones sin fundamento operativo ni legal, bajo el argumento de que “ella ya fue defensora” y por lo tanto, cree que sabe cómo deben hacerse las cosas, pretendiendo imponer criterios personales y reglas inoperantes, que lejos de mejorar el servicio, entorpecen las labores y generan un ambiente laboral hostil.
Y los trabajadores afectados puntualizan: “Ya que no cuenta con la experiencia, ni el trato humano necesarios para desempeñar el cargo, tal pareciera que “se le subió” el haber sido designada como jefa de departamento, pues su actitud refleja soberbia, falta de humildad y desconocimiento del trabajo de campo, que diariamente realizan los defensores públicos en todos los distritos judiciales del Estado”.
Entre las conductas señaladas se encuentran:
- Cambios arbitrarios de adscripción, con el fin de cansar o forzar la renuncia de defensores para posteriormente colocar a personal de su confianza.
- Trato prepotente y humillante hacia el personal, generando un ambiente de miedo, presión y desmotivación.
- Exigencias sin sentido, ni sustento jurídico, que en nada abonan a la mejora del servicio público.
- Presuntas gestiones personales para beneficiar a personas cercanas, entre ellas su pareja sentimental, buscando trasladarlo del distrito judicial de Coatzacoalcos a Xalapa.
Aunado a ello, pretende que los defensores públicos nos impongamos, no en nuestro ámbito de representar a la ciudadanía, si no en el día a día, respecto a la manera de trabajar y coordinarse, ante los jueces de control, así como ante los jueces en materia civil de los diversos distritos judiciales del Estado de Veracruz, sin considerar que ello genera fricciones con el Poder Judicial. Este tipo de directrices, además de carecer de sustento práctico, desgastan operativamente a los defensores, quienes debemos atender asuntos urgentes y delicados en tiempos limitados. Estas instrucciones sólo entorpecen los procesos judiciales y deterioran la coordinación con auxiliares de sala, jueces y oficiales administrativos, quienes son piezas clave en la impartición de justicia.
Lo más preocupante es que, ante cualquier inconformidad del personal, Marlyn Vázquez Domínguez se deslinda de responsabilidad, asegurando que todas las instrucciones omitidas son por órdenes directas de la directora general, Rosalinda Galindo Silva, utilizando su nombre como escudo para legitimar actos arbitrarios y hacer creer que las imposiciones provienen de la dirección.
No obstante, el personal conoce el perfil de Rosalinda Galindo Silva, por ello, las actuaciones de Marlyn Vázquez Domínguez ponen en entredicho la imagen de la directora general.
Cabe resaltar que los defensores públicos del Estado de Veracruz ya enfrentan una sobrecarga de trabajo, salarios poco remunerados y altos niveles de estrés derivados de la naturaleza de los casos que atienden diariamente. A ello se suman jornadas extenuantes de 12 horas diarias, sin que exista reconocimiento, ni remuneración adicional por el esfuerzo y compromiso que cada defensor aporta en beneficio de la ciudadanía veracruzana.
A todo lo anterior, deben agregarse los malos tratos, presiones, hostigamiento y amenazas veladas de una funcionaria que parece olvidar su función de dirigir con respeto y empatía, no someter ni infundir temor.
Los defensores públicos que conformamos esta institución, desde el norte del Estado hasta el sur, exigimos que se respeten nuestros derechos laborales y humanos, pues lo único que está generando Marlyn Vázquez Domínguez es un ambiente de trabajo hostil, desmotivación y frustración, que inevitablemente afecta la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía.
Por ello, pedimos encarecidamente que se le remueva del cargo y que, en lo sucesivo, se implementen filtros más rigurosos y evaluaciones reales de perfil, capacidad y vocación de servicio para ocupar puestos de liderazgo dentro del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, a fin de garantizar que quienes los asumen, lo hagan con ética, respeto y verdadero compromiso institucional. Atentamente: Defensores Públicos Unidos del estado de Veracruz.
***Acusan al contralor interno de SEDEMA, César Aurelio Garrido Kim, por cobro de moches para agilizar pagos a proveedores.
Cartas a la redacción:
Estimada Claudia Guerrero, antes que todo como mujer y empresaria admiro tu gran valor y compromiso por tu labor periodística para con la sociedad. Un trabajo que hace mucha falta en el ambiente político, ya que este gobierno actual llegó con demasiada corrupción e ignorante, es por eso por lo que abordo el asunto, por el cual, acudo a ti y a tu equipo.
En la administración anterior se nos adjudicaron algunos contratos de obra y quedando pendiente de pago algunos para la nueva administración. Resulta que para pagarnos los adeudos de estos contratos, se nos acercó una persona de nombre César Aurelio Garrido Kim, quien se identificó como el contralor interno de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz y quiero expresar mi sentir porque ha sido extremadamente acosador e intimidante tratar con él, ya que del grupo de contratistas ninguno se atreve a quejarse por miedo y temor a las represalias que este señor César Aurelio Garrido Kim pueda realizar en contra de una servidora y de los demás contratistas, ya que él en cada ocasión que puede, nos amedrenta con decir que si queremos que libere nuestros pagos, tendremos que acordar con él y hacer todo lo que él nos pida.
Por qué la secretaria de Medio Ambiente en Veracruz, Luz Mariela Zaleta Mendoza confía totalmente en él, ya que César Aurelio Garrido Kim es de toda la confianza de la titular de SEDEMA. Quiero decirte que hace unos meses sacó unos pagos o al menos, él nos dijo que nos pagaron porque él le dijo a la secretaria que nos pagaran y de ahí necesitaba cierta cantidad, misma que se le entregó, todo esto por miedo, ya que también nos ha amenazado, que de no hacer lo que él dice, someterá a las empresas a investigación y las congelará para que no nos den trabajo en ningún lado en todo este sexenio, motivo por el cual, acudo a ti Claudia, para hacer esto público y dejar de vivir esta pesadilla con César Aurelio Garrido Kim.
Al menos, el pueblo veracruzano se entere de la clase de personas que trabajan en esta administración. Cabe mencionar que César Aurelio Garrido Kim menciona tener todos los elementos para hacer lo que él quiera en la Secretaría de Medio Ambiente, ya que los supervisores de obra los tiene bien “controladitos” y están a su disposición para hacer lo que él diga y mande. Si se niegan, sólo basta con hacer una llamada a la secretaria Luz Mariela Zaleta Mendoza y los corre en un segundo. Ya de por sí están los supervisores cobrando porque él los tiene ahí, pero en el momento que César Aurelio Garrido diga a la secretaria que los corra, los corre.
De igual manera, dice tener todo el control en el OIC, junto con un contador de apellido Murillo, gente de mucho cuidado por lo que vemos y mucha corrupción en esa SEDEMA. Pareciera que la secretaria Luz Mariela Zaleta Mendoza no existe en las decisiones que realizan estas personas. La pregunta: ¿Cuánto tiempo seguirá esta situación con esta clase de funcionarios? ¿O es que la secretaria Luz Mariela Zaleta es cómplice?
Hace falta que los funcionarios como la titular de Medio Ambiente, Luz Mariela Zaleta, el contralor general del Estado, Ramón Santos Navarro, la gobernadora Rocío Nahle pongan orden en la Secretaría de Medio Ambiente y hagan los cambios necesarios para que esta clase de situaciones dejen de seguir pasando.
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