La Procuraduría Federal del Consumidor, es una dependencia seria, necesaria para la totalidad de los mexicanos. Dependiente de la secretaría de Economía se convierte en el puente entre la administración pública y la población en materia de consumo y calidad de mercancías.
Es un aparador de buenos o malos gobernantes. La responsabilidad de todos y cada uno de los trabajadores de Profeco debe ser un ejemplo que arroje confianza entre la ciudadanía.
Cuando no existe esta credibilidad en el quehacer cotidiano de los empleados de esta dependencia, que tiene que ver con todos los mexicanos, como de todas las que dependen del gobierno, la repercusión es negativa y tiende a generalizarse.
Es por ello que cualquier conducta que no sea la adecuada en la Profeco tiende a desgastar al resto de la administración pública; sin embargo, esto parece no importar a sus altos mandos de las dos administraciones pasadas, quienes afirman, podrían estar involucrados con tres grupos delictivos que extorsionan a empresarios gasolineros.
Es posible que la Profeco haya sido completamente eficaz desde su nacimiento en 1976, tiempo en el que ha habido de todo, digno de elogio pero también de vergüenza.
En los 90 conocí la Profeco desde sus entrañas, cuando la encabezaba Roberto Campa Cifrián, funcionario honesto y cabal amigo.
En esa experiencia conocí a quien posteriormente se convirtiera en procurador de esta dependencia, el regiomontano Rogelio Cerda, quien fue nombrado por su paisano Ildefonso Guajardo, entonces secretario de Economía, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Cerda era delegado del norte del país, cuando yo era delegado en el norte de Veracruz, y coincidimos en diferentes actos de la Profeco
En esta época la Profeco se colocó en el centro del huracán, ante la opacidad de sus actividades, el más sonado fue cuando se detuvo José Guadalupe Aguirre Solís, director nacional de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, el que comandaba las supervisiones a las gasolineras.
El funcionario tenía en su poder 275 mil pesos en efectivo cuya procedencia no pudo acreditar por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de lavado de dinero. Al funcionario le fue suficiente un par de horas y una llamada telefónica para que alcanzara la libertad y le fuera regresado el efectivo.
La incógnita quedó en el aire, mientras las interpretaciones a esta liberación quedaron en la memoria de los mexicanos. Se responsabilizó de inmediato a Ildefonso Guajardo, quien hizo caso omiso de las críticas, a pesar de pruebas en su contra.
Eran tiempos en los que se vigilaba estrechamente sólo que los litros de gasolina estuvieran completos y todavía no había tope al precio del combustible. Origen y circunstancias de la gasolina expedida nada tenían que ver con la Profeco.
La denuncia de un ex empleado de ambos, quien declaró que en la Profeco existe una red servidores públicos que exigen cuotas a unas seis mil gasolineras y se coordinan con el Cártel Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos para el cobro de las extorsiones arrojó como resultado que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/
Dicha indagatoria alcanza a los ex titulares de la Profeco, Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero, así como a una veintena de ex funcionarios federales divididos en dos grupos: los “Guanajuatenses” y “Grupo Monterrey”.
Actualmente Sheffield es senador por Morena, y candidato perdedor por la gubernatura de Guanajuato, puesto que volverá a pelear luego del desgaste del PAN en esa entidad. Del otro inculpado sólo se que se mantuvo en Profeco hasta el 30 de octubre de 2024.
Ante esta situación la queja de los gasolineros se generaliza cuando se resisten a alinearse con la extorsión y alteración de medidas, que no se alinean con las cuotas, denominadas “vacunas” y son amenazados por sicarios.
Según la denuncia: “Otro colaborador del Grupo Monterrey es Sergio Arturo Iturbe, quien fuera director de la Oficina de Defensa al Consumidor en Guerrero, donde hizo alianza con Guerreros Unidos para mover el dinero recaudado a nivel nacional, a su vez, es el encargado de la zona de Guerrero por cuanto hace al cobro de ‘vacunas’”.
El denunciante señaló que “tiene conocimiento de que a Ricardo de la Peña Gutiérrez, ex coordinador general de Administración, la logística de recaudación del pago de ‘moches’ se la organizaba y ejecutaba el Cártel Santa Rosa de Lima, lo cual sabe porque se lo dijo abiertamente, Talía del Carmen Vázquez Alatorre, ex subprocuradora de Verificaciones, y actual diputada federal de Morena, es decir de la misma área a la que pertenecía aquel funcionario, José Guadalupe Aguirre Solís, atrapado con 275 mil pesos en efectivo.
Talía comentó que el cártel Jalisco Nueva Generación le brindaba protección y, a su vez, ella les pagaba con parte del dinero recaudado de los ‘moches’”, declaró el testigo, “Pablo”, quien trabajó casi tres años en la Profeco.
Tras intervenciones telefónicas se identificó a tres sujetos encargados de intimidar y cobrar entre 20 y 25 mil pesos mensuales a los dueños de las gasolineras en CDMX: Arturo N, José de Jesús N, “El Pelón” y Miguel N, contrarios al Grupo Monterrey, liderado por Cuauhtémoc Villarreal Martínez, ex subprocurador de Verificaciones entre 2019 y 2022. Agentes federales corroboraron que existen las “vacunas” y que los cobros se calculan en función de las estaciones que tiene cada empresario.
Según estas declaraciones las cuotas pagadas eran registradas en un listado que era compartido entre Sheffield y Aguilar Romero. Los pagos eran a cambio de avisar de verificaciones o evitar que se les acusara de irregularidades administrativas para inmovilizar las despachadoras de gasolina.
“Había reuniones constantes entre Aguilar Romero, De la Peña Gutiérrez y Sheffield. Yo estuve en una de ellas, en el mes de septiembre de 2023, en el departamento de Sheffield. En dicha reunión, Aguilar Romero llevaba una tarjeta informativa para dividir el dinero, ya que Ricardo Sheffield empezaría la precampaña para la gubernatura de Guanajuato.
El ex procurador y senador Ricardo Sheffield, señaló que “no tiene conocimiento ni ha sido notificado” sobre ninguna carpeta de investigación en la que se le mencione.
Los empresarios gasolineros han denunciado en los últimos años diferentes mecanismos de extorsión y amenazas de los cárteles, en presunta colusión con personal de la Profeco, y aunque en 2022 hubo una indagatoria interna que derivó en despidos, las extorsiones siguen.
Ricardo Sheffield aseguró estar dispuesto a colaborar con la FGR, sobre el “testigo clave”, Sheffield cuestionó la solidez de las pruebas.
La Profeco debe mantener la armonía entre la población, la información puntual sobre los precios de los productos y ser una guía sobre la calidad de la oferta de productos y servicios.
PEGA Y CORRE.- A pesar del apoyo del Consejo Nacional de Nueva Derecha, la marcha convocada por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue un fracaso, a duras penas llegaron mil quinientas personas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.