Por Miguel Ángel Cristiani G.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que en 2026 no sólo la deuda pública de México llegará a un nivel histórico rebasando por primera vez los 20 billones de pesos (151 mil pesos x persona), sino que el pago de intereses de ésta sería de aproximadamente de 1.6 billones de pesos (11 mil 696 pesos por persona), el mayor monto en 35 años.
En el discurso oficial, Pemex y la CFE siguen siendo “empresas estratégicas”, símbolos de soberanía y orgullo nacional. En la práctica, sin embargo, se han convertido en dos agujeros negros de las finanzas públicas, cuya voracidad presupuestal compromete no solo el equilibrio fiscal, sino también la posibilidad de invertir en salud, educación y desarrollo social.
Para 2026, el gobierno plantea destinar 708 mil 201 millones de pesos a Pemex, un aumento del 11.7% respecto al año anterior. De ese monto, el 73% es gasto programable, y dentro de él resalta un crecimiento de 13.5% en infraestructura y obra pública. Hasta ahí, todo parecería sensato: inversión productiva, fortalecimiento operativo. El problema es que, detrás de la retórica, más de una cuarta parte de los ingresos de Pemex (27.1%) provienen de aportaciones federales, es decir, dinero del erario que debería destinarse a la gente y no a mantener viva una empresa que, en teoría, debía sostenerse por sí misma.
El dato es brutal: solo en 2026, la Secretaría de Energía transferirá a Pemex 263 mil 699 millones de pesos, lo que representa un aumento de 86.8% respecto de 2025. Para dimensionarlo: esa cifra equivale a tres veces el presupuesto de atención a la salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social, o al doble del programa de becas universales de educación básica. En otras palabras, la prioridad del Estado mexicano no es curar enfermos ni educar niños, sino seguir subsidiando a una petrolera quebrada.
Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad proyecta ingresos por 535 mil 477 millones de pesos, una disminución de 5.2% respecto al año previo. Su gasto será de 602 mil 567 millones, con una reducción de 1.5%. En apariencia, un recorte. En la realidad, lo que cae es la inversión física (3% menos), mientras que los gastos en servicios personales —nómina, privilegios sindicales y burocracia— crecen 3.6%. Es decir, se invierte menos en infraestructura y más en mantener la estructura laboral intocada.
Pero lo más grave es que la CFE depende de subsidios a las tarifas eléctricas que, para 2026, alcanzarán 92 mil 685 millones de pesos. Dichos subsidios representan cerca del 14% de sus recursos. Con ello, la empresa tampoco es financieramente autónoma: sin dinero federal, sus números simplemente no cuadran.
La paradoja es evidente: mientras Pemex y la CFE absorben crecientes transferencias, los ingresos petroleros que alimentan a la Federación se reducen, debido a la baja en la producción y el precio internacional de los hidrocarburos. Se trata de un contrasentido histórico: el Estado mexicano subsidia a las empresas públicas energéticas, cuando debería ser al revés: ellas tendrían que generar los recursos que financien la política social y el desarrollo nacional.
Este esquema, además de insostenible, es injusto. Inyectar 263 mil millones de pesos a Pemex significa postergar hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales que sí generan bienestar tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos. A pesar de ello, la narrativa oficial insiste en defender el mito del petróleo como motor nacional, aunque el mercado mundial y la transición energética nos griten lo contrario.
Vale recordar que el Plan Estratégico de Pemex contemplaba mantener estas aportaciones extraordinarias solo hasta 2027. Sin embargo, el aumento previsto para 2026 implica adelantar recursos que en la práctica equivalen a financiar casi dos años más de subsidios. Dicho de otra manera: el gobierno está hipotecando el presupuesto de los próximos años para mantener con respirador artificial a una empresa que nunca se reestructuró de fondo.
La pregunta obligada es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los contribuyentes mexicanos seguirán financiando la ineficiencia, la corrupción y la incapacidad de dos monopolios públicos que, lejos de ser palancas de desarrollo, se han vuelto lastres fiscales? La historia nos enseña que ningún país logra prosperar a costa de sostener empresas estatales improductivas. México no será la excepción.
Pemex y CFE podrían transformarse en compañías modernas, competitivas, con visión hacia energías limpias y diversificación de mercados. Pero nada de eso se está haciendo. Por el contrario, se apuesta al mismo modelo caduco: más gasto, más subsidios, más deuda, menos futuro.
Y aquí radica la tragedia: cada peso que se inyecta a Pemex y a la CFE es un peso que se le arranca al futuro de millones de mexicanos. No se trata de un debate técnico ni contable: es un dilema ético y político. O se privilegia la rentabilidad social del gasto público, o se sigue sacrificando al país entero en el altar de dos “empresas estratégicas” que ya no lo son.
El presupuesto 2026 desnuda la mentira: Pemex y CFE no sostienen a México. Es México quien los sostiene a ellos. Y esa ecuación, tarde o temprano, nos llevará al colapso.