“La violencia es el último recurso del incompetente”. – Isaac Asimov.
La Universidad Veracruzana (UV), máxima casa de estudios de la entidad, atraviesa hoy una de las etapas más críticas de su historia reciente. No es la falta de recursos ni las inercias administrativas lo que la colocan en el ojo del huracán, sino la crisis de credibilidad de su rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, quien en lugar de fortalecer a la institución ha decidido torcer la normatividad con tal de perpetuarse en el poder.
A través de artilugios legales y manipulaciones dentro de la Junta de Gobierno, Aguilar Sánchez busca prorrogar su gestión al frente de la UV, contraviniendo el espíritu de la Ley Orgánica.
El Artículo 88 de dicha norma establece con claridad que la comunidad universitaria —alumnos, pasantes, egresados, académicos, funcionarios y trabajadores— tiene derechos y obligaciones que deben ser garantizados y respetados. Sin embargo, lejos de cumplir con su papel de garante de esta comunidad, el rector parece haber optado por colocarse por encima de ella.
El episodio más indignante de esta crisis involucra al maestro Carlos Alberto Hernández Apango –quien se hace llamar solo Carlos Apango-, señalado de violación contra una estudiante en el Taller Libre de Arte de Xalapa.
La documentación del caso obra en poder de las autoridades universitarias y del propio rector. Pese a ello, la respuesta institucional ha sido decepcionante: en vez de respaldar a la víctima y garantizar justicia, Aguilar Sánchez promovió un “encuentro de mediación” que banaliza un hecho de extrema gravedad. ¿Cómo puede caber mediación alguna cuando existe una carpeta de investigación por violación?
La decisión no solo revictimiza a la estudiante, sino que exhibe la incongruencia del rector, quien juró defender a la comunidad universitaria. ¿Es así como debe actuar quien tiene bajo su custodia el interés colectivo de más de 90 mil estudiantes y miles de trabajadores? ¿Es de confiar la rectoría que prefiere proteger su continuidad política en lugar de garantizar justicia y seguridad a sus integrantes?
Lo más grave es el mensaje implícito: para la actual administración universitaria, las mujeres parecen ser ciudadanas de segunda dentro de la institución. El silencio, la simulación y la indiferencia son un recordatorio doloroso de que las estructuras de poder siguen siendo cómplices de la violencia.
La UV merece un liderazgo comprometido, transparente y sensible, no un rector atrapado en la obsesión de prolongar su mandato a costa de la dignidad y seguridad de su comunidad. Martín Aguilar no solo ha mostrado incapacidad, sino que con su actuar raya en la complicidad de un delito que, de confirmarse, debe pagarse con cárcel.
Hoy la pregunta es inevitable: ¿quién defiende realmente a la Universidad Veracruzana, si su rector ha decidido defenderse solo a sí mismo?
Al tiempo.
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