Desde niño, ¡ay!, en la escuela primaria me enseñaron que era malo copiar, llevar acordeón o que otro niño nos lo pasara. A quien sorprendían le quitaban la prueba, en automático lo reprobaban y lo sacaban del salón. Aprendimos, pues, que debíamos estudiar y conocer de la materia para resolver en forma correcta. Nos formaban de otro modo, para actuar en la vida con honestidad. Hoy, con Morena, el propio Gobierno está degradando ese mundo con valores y principios, fomentando el uso de acordeones en forma abierta entre la población para resolver, a cometer fraude con tal de sacar adelante su reforma judicial. A los autores no se les puede sacar del salón pero sí se les debía sacar del país por atentar contra la democracia y la autonomía del Poder Judicial.
El viernes pasado cerré la semana en “Prosa aprisa” con el siguiente comentario: “Coincido (con el columnista de Reforma, Sergio Sarmiento) en que es una farsa. Soy de los que no va a votar esa reforma. No voy a validar un capricho de López Obrador. Sé, además, que ya todo el tamal lo tienen hecho. Van a quedar afines a Morena y al Gobierno. Reconozco que hay aspirantes bien intencionados, quienes participan de buena fe, pero no podrán hacer nada para evitar el golpe al Poder Judicial autónomo. No seré cómplice”.
Ese mismo día, con gran despliegue en sus portadas, dos de los diarios más leídos e influyentes del país, Reforma y El Universal, informaron que desde el Gobierno federal y gobiernos de los estados, como el de Nuevo León, están entregando acordeones con los números de los candidatos a los que quieren favorecer, un esquema fraudulento mediante el cual se está coaccionando a beneficiarios de los programas sociales de Bienestar y a empleados estatales para que voten o de lo contrario sufran las consecuencias.
El jueves pasado, en Xalapa, el propio presidente de la Junta Local del INE Veracruz, Josué Cervantes Martínez, declaró sin ningún rubor que no está prohibido que las personas lleven anotados, al votar, los números de aquellos aspirantes a personas juzgadoras. “Yo no conozco un criterio o una prohibición de que esa forma de hacer campaña sea incorrecta”. O sea, se pueden llevar todos los acordeones que se quiera, que incluso puede repartir la delincuencia organizada, porque nadie va a objetar nada, ya que la ley y la autoridad lo permiten, siguiendo el principio de permisión de que lo que no está prohibido está permitido.
A partir del hecho de que la propia autoridad electoral da su visto bueno para que los posibles votantes lleven acordeones, nos habla de lo mal que se planeó y diseñó la reforma, por la prisa que tenían en el Congreso de sacarla adelante para complacer un capricho de López Obrador, y que a todo vapor aprobaron los senadores de Morena el 11 de septiembre de 2024 para dársela como regalo de despedida porque estaba a días de terminar su mandato, pero no de entregar el poder, porque sigue mandando desde su rancho en Palenque, Chiapas. Si permiten acordeones es porque saben muy bien que los electores no conocen a los participantes y por lo tanto no saben por quiénes los van a llevar a votar.
Viendo el desinterés de los mexicanos por votar la reforma, la propia Claudia Sheinbaum empezó a promoverla sin estar autorizada, ante lo que el INE la vetó, a ella y a cualquier funcionario para que no lo hicieran. Impugnó y se salió con la suya. El 9 de abril la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consintió que lo hiciera. Eso es lo que quiere, tener sometidas a todas las autoridades. Pero no solo están promoviendo la reforma, sino también están diciendo por quién ir a votar, y para ello reparten sus acordeones, como lo documentaron, incluso con imágenes, Reforma y El Universal.
Promueven a morenistas como las impresentables Lenia Batres y Yasmín Esquivel, la misma que plagió su tesis de licenciatura, a Loretta Ortiz, Bernardo Bátiz y una lista de incondicionales al Gobierno de la 4T. Reforma informó el sábado que la dirigencia de Morena instruyó a gobernadores, legisladores, autoridades y liderazgos locales “movilizar” (acarrear) a millones de electores para alcanzar de un 19 a 20 por ciento de la votación, porque tienen previsto que por iniciativa propia solo va a ir entre 5 y 6 por ciento. Bien se puede afirmar que el resultado ya está, solo falta la votación.
El sábado 17 de mayo pasado, el escritor Jorge Volpi publicó un artículo en el diario Reforma, “Elegir jueces”, en el que apuntó que tantas boletas atiborradas de nombres “revela su perversidad”.
“De pronto, el Estado les exige a sus ciudadanos –al menos de forma ideal– que conozcan a profundidad el enrevesado armazón institucional de la justicia en México, con sus respectivas competencias, y, después, que se den a la tarea de estudiar a fondo la vida y las propuestas de cientos de personas a fin de determinar las más idóneas para cada puesto. Una demanda tan desmesurada –propia solo para aplicados estudiantes de Derecho– como angustiante y tan ridícula como riesgosa para la democracia”.
Dijo, para mí correctamente, que no se trata de minimizar la capacidad de cada ciudadano para realizar tan ardua tarea. “Lo que revela el diseño de la votación… es lo contrario: el inmenso desdén de un líder carismático (AMLO, le pongo yo nombre) y, a continuación, de su sucesora (Sheinbaum, sin duda) y del sistema que ella encarna, hacia esos mismos ciudadanos. En contra de lo que la Presidenta y sus seguidores afirman, nada hay de democrático en este proceso que no fue pensado para mejorar la justicia… sino para desmembrar un Poder en teoría autónomo sin saber con qué será sustituido”.
Con esto más: “Un juzgador no es un representante popular: su tarea no consiste en dar voz a la mayoría de los ciudadanos de una circunscripción, o en dirimir quién habrá de gobernar un municipio, un estado o el país en su conjunto, sino en valorar el conjunto de pruebas que se le presentan para determinar la verdad judicial: esa construcción imaginaria que permite la convivencia social al dirimir las controversias entre particulares, o entre particulares y el Estado, a partir de los testimonios y las pruebas que se le presentan. Esta es la razón, como ya hemos constatado en la fase inicial del experimento, de que el periodo de campañas haya resultado tan inane: ¿con qué criterio un ciudadano puede elegir entre una persona y otra? Para hacerlo a conciencia, tendría que revisar con lupa la biografía de cada uno –sobre todo cuando los únicos requisitos para presentarse son mínimos– o creer sin más las vagas promesas de cada candidato. Lo más probable es que al final sean tanto Morena como el crimen organizado quienes determinen a los vencedores, cuando no el más puro azar.
Concluyó, luego de comparar el actual despropósito con el de Calderón con su guerra contra el narco: “Otra vez sin prever lo que va a suceder, por un mero impulso megalomaníaco, comenzaremos a destruir nuestros poderes judiciales sin tener la menor idea de qué pasará al final. Esto es, acaso, lo más peligroso del proyecto: con su absurdo modelo, ni AMLO, ni Sheinbaum ni Morena pueden anticipar cómo funcionará la justicia en México una vez eliminada la carrera judicial, dejando que algunas de las decisiones cruciales para las vidas de millones queden en manos de juzgadores novatos e inexpertos en un caos que de por sí no tiene salida porque, entretanto, se ha decidido no reformar ni las fiscalías ni las policías”.
A partir de este lunes, los mexicanos, los no manipulables sujetos a los programas sociales y los empleados estatales que puedan hacerlo, tienen seis días para pensar y decidir si validan la farsa participando en esa votación. En el caso de Veracruz, en cambio, sí deben participar pero en la votación de sus nuevas autoridades municipales, con toda decisión, que muchos de los actos de violencia durante las campañas fueron para tratar de inhibir su participación ante el temor de que pierdan muchos de los candidatos de Morena.
