Atorados en la vieja costumbre del pasado los panistas quieren que el ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, renuncie para que sea investigado, como si el hecho de que es director del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Cenagas, le otorgara fuero.
Para los panistas todo cargo público tiene fuero porque así conviene a los intereses de los miembros de su partido, y con esa medida imaginaria se conducen hasta para hacer justicia contra el adversario.
Aquí lo relevante no es que tenga fuero o que un personaje improvisado en las tareas políticas incurra en desvíos voluntarios o errores imperdonables. Lo trascendente es que la actual gobernadora Rocío Nahle, descubre y denuncia a la administración de su antecesor, siendo del mismo partido. Situación que nunca había ocurrido en Veracruz.
Ubicarse en la nueva realidad política les cuesta más trabajo a los conservadores panistas por cuestiones naturales; sin embargo, esto no le resta culpa a quienes son responsables ni quita delitos a quienes violaron la ley.
Rocío Nahle, denunció a Cuitláhuac García, por un desfalco millonario en el área de salud. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, defendió al actual director de Cenagas al asegurar que “está haciendo un gran trabajo”.
La gobernadora reconoció que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la Secretaría de Salud local por 1,600 millones de pesos durante el período fiscal de 2023.
Resulta interesante este proceso porque en la figura del ex gobernador de Veracruz puede centrarse un punto clave en la política mexicana, porque si se permite una investigación a fondo contra Cuitláhuac y éste resulta responsable, la población verá que la diferencia entre el ex presidente de la República y la actual Presidenta empiezan a marcarse de manera clara y contundente; sin embargo, si la investigación arrojara otros culpables, la aparente inocencia del ex gobernador parecería un perdón de parte de la presidenta que sería calificada de continuar con la misma política exactamente.
Hay señalamientos muy serios sobre la responsabilidad directa de Cuitláhuac, sin embargo, las investigaciones avanzan, renuncie o no el ex gobernador a su actual cargo.
Lo cierto es que debe castigarse al culpable. Aunque debemos tomar en cuenta que si el gobernador no se dio cuenta de cómo sucedió, debe ser castigado, y si se dio cuenta con mayor razón. Ya no digamos si la causa de dicho desfalco fueron sus órdenes expresas.
Ante estas acusaciones hechas por las autoridades, la gobernadora responsabiliza en primera instancia a Cuitláhuac García al asegurar que su administración dará seguimiento a las denuncias y que se llamará a responder a las autoridades vinculadas del área de salud. “No va a haber encubrimiento. Yo tengo que cuidar el patrimonio de Veracruz, esa es mi función”, alertó la gobernadora.
La gobernadora le tiene un guardadito a su antecesor cuando éste, teniendo la obligación de detener la promoción de la imagen, en tiempos electorales, que realizaba el entonces secretario de gobierno, Eric Cisneros, lo dejó libre para que presentara su libro a lo largo y ancho del estado, con permisos para faltar a sus obligaciones con ese pretexto.
Cisneros Burgos, no ocultaba sus deseos por ser el siguiente gobernador y, a pesar de que la ley le impedía dicha promoción, García Jiménez lo permitió y alentó.
El área de la salud fue un problema para el gobierno de Cuitláhuac García. Durante sus seis años de mandato, tuvo tres titulares, primero Roberto Ramos Alor, quien hoy coordina el IMSS-Bienestar en el estado; el segundo fue Gerardo Díaz Morales, quien falleció y fue sucedido por Guadalupe Díaz del Castillo.
Es decir, lo más fácil es que se culpe a cualquiera de ellos, ninguno está a la vista. El único visible y con cargo público es el ex gobernador.
En el sexenio de Cuitláhuac los Servicios de Salud de Veracruz registraron un desvío de más de dos mil millones de pesos mediante un esquema de contratos por adjudicación directa, otorgados a empresas de reciente creación y proveedores vinculados a casos de corrupción.
En la Cuenta Pública 2023 la Auditoría Superior de la Federación ordenó a la Contraloría General iniciar 24 investigaciones contra funcionarios de la dependencia por irregularidades en contratos que suman casi mil 600 millones de pesos, sin justificación comprobable.
Sisniega de pronto se convirtió en un próspero empresario inmobiliario.
Las auditorías revelan que, bajo su mando, el gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz continuó otorgando contratos a empresas cuestionadas e incluso sancionadas en administraciones previas por irregularidades.
Uno de los casos más polémicos es el de Productos Serel, empresa que durante el gobierno de Cuitláhuac García desde 2020 recibió más de 290 millones de pesos por el Servicio Subrogado de Alimentos y Bebidas para la red hospitalaria de los Servicios de Salud de Veracruz.
Aunque en entrevistas recientes la gobernadora Rocío Nahle, negó que haya algún pleito o rompimiento con su antecesor, señaló, a pesar de que hay de por medio una denuncia penal por irregularidades detectadas en el Sector Salud, en el ejercicio fiscal del 2023.
Además, Nahle se mostró sorprendida por el “vuelo” que le dieron medios nacionales a su anuncio de la presentación de una denuncia penal, ya que, recordó, se trata de protocolos establecidos por la Auditoría.
Cabe destacar que, a principios de esta semana, Nahle García dio a conocer que se presentó una denuncia por irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud y Asistencia en el ejercicio fiscal del 2023, contra quien resulte responsable.
La gobernadora comentó que la ASF realizó una auditoría profunda, y en una primera instancia emitieron observaciones, las cuales debieron atender los ex funcionarios que sean responsables, donde la figura central es el ex gobernador. La aclaración de Rocío Nahle es contundente al señalar que no habrá impunidad.
Para los panistas una simple observación es un delito consumado, cuando se trata de sus contrincantes, pero cuando ellos tienen el agua hasta el cuello y con evidencia dicen que se trata de una persecución política. Lo que quiere la ciudadanía es que se castigue a los culpables de la corrupción, sin importar el partido; siendo culpables debe haber una sanción ejemplar.
PEGA Y CORRE.- Los plantones de la CNTE, tan sólo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las pérdidas de los comerciantes suman 6 mil millones de pesos. …Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
