En tiempos pretéritos ser indígena, mujer, afromexicano, discapacitado, joven, o tener preferencias sexuales diferentes al común de las personas, eran motivos más que suficientes para no aspirar a un cargo de elección popular. Todavía hasta hace poco se escuchaba en esta sociedad machista, misógina, homofóbica y racista: “¿Qué cosa? ¿Que nos quiere gobernar un indio, una vieja, un negro…? No no no; ni lo permita Dios”.
A pesar de que a lo largo de la historia México ha tenido gobernantes con alguna de esas características (Benito Juárez era indio zapoteca e Ignacio Comonfort nunca se casó y la de chismes que se armaron a costillas del pobre hombre), se consideraba hasta indigno decir que un presidente era indígena o sospechar siquiera sobre sus preferencias sexuales.
Para votar si contaban, pero si querían ser votados les ponían trabas punto menos que imposibles.
En el caso de las mujeres, las dejaron votar a partir del 3 de julio de 1955. Pero fue hasta 1977 cuando una mujer tuvo un cargo de elección popular: Griselda Álvarez que primero fue senadora y en 1979 gobernadora de Colima. Y tras ella vino Rosa Luz Alegría, titular de Turismo de 1980 a 1982 y primera mujer en un gabinete legal.
Pero en el caso de los afromexicanos, estaban casi invisibilizados y era muy hacia arriba verlos en un cargo público.
Ahora ya no es así porque todo mundo cuenta, no sólo como ciudadanos con derecho a votar, sino como candidatos a ser votados.
De acuerdo con los Lineamientos para la Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de Elección Popular, los partidos políticos y coaliciones deberán registrar exclusivamente fórmulas de candidaturas indígenas en los cargos edilicios por el principio de mayoría relativa en la Presidencia Municipal y Sindicatura, en aquellos municipios cuya población indígena sea igual o mayor al 80 por ciento. Y en Veracruz hay 39 municipios cuya población es mayoritariamente indígena.
Lo mismo pasará con los afromexicanos que viven mayoritariamente en nueve municipios: Tamiahua, Yanga, Cuitláhuac, Paso Vicente, Chinameca, Benito Juárez, Oteapan, Los Reyes y Aquila.
En los municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles, y que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena, los partidos deberán registrar una fórmula de candidatos jóvenes.
En el caso de la comunidad LGBTTTIQA+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales, queer, asexuales y otras identidades), los partidos deberán registrar al menos una fórmula de candidatos de esa comunidad.
Lo mismo sucederá con las personas discapacitadas cuyos partidos deberán registrar al menos una fórmula en municipios que cuenten con 12 o 13 regidurías.
Si tu lector eres caucásico, rubio, de ojos azules pero más mexicano que el Son de la Negra y quieres competir por la presidencia municipal de Yanga ¿lo puedes hacer? Claro que sí, pero ahora competirás con aspirantes afromexicanos. Y lo mismo sucederá con un afro, una persona con discapacidad, un joven, un indígena o un miembro de la comunidad LGBTTTIQA+ que podrá competir en cualquier municipio.
Las Acciones Afirmativas pueden ser perfectibles, pero lo importante es que las mal llamadas minorías ya están siendo tomadas en cuenta.
Parafraseando a un representante de un partido político ante el OPLE: “Con las Acciones Afirmativas ya cuentan los que siempre debieron contar”. ¿Tarde? Quizá sí, pero no lo bastante para ser ignorados de manera permanente.