Casi 45 días después de que Rocío Nahle asumió la gubernatura, cuando comienza a terminar o ha terminado la luna de miel con sus simpatizantes o con quienes votaron por ella, empieza a resurgir la realidad del estado, que, por el momento, pone en entredicho su administración en materia de seguridad-inseguridad.
La noche del lunes, el periodista Luis Ramírez Baqueiro, sobre quien no hay alguna duda de su buena relación con la gobernadora Rocío Nahle (prácticamente lo convirtió en su entrevistador oficial o de confianza), denunció atropellos de las policías, que consideró y calificó como “algo verdaderamente grave”.
“Apenas este viernes 10 de enero, recibí una llamada de un viejo y entrañable amigo. La misma servía para saludarme por el año nuevo, felicitarme por un reciente nuevo reto y para contarme, espantado, lo que le había ocurrido durante la madrugada.
“Resulta que vino a Xalapa, de donde es originario, para acudir al funeral del recientemente desaparecido Carlos García Méndez, quien estaba siendo velado en la sede de la Universidad de Xalapa, misma que fundó.
“En su trayecto pasó a Plaza Xanat a saludar a unas personas con las que habría cenado. A su salida fue detenido unos metros adelante por un comando de policías encapuchados, todos en motocicleta.
“Al detenerlo pretendió identificarse, sin tener éxito. Violentado, amenazado y amedrentado, fue bajado de la unidad en la que se transportaba para, con violencia, ser secuestrado y obligado a vaciar sus tarjetas bancarias. Aterrorizado, la víctima comenta que uno de los pseudo policías se trasladó a realizar retiros sin tarjeta vaciándole las mismas.
“Una vez robado, detenido contra su voluntad, los pseudo elementos de seguridad lo dejaron en libertad, con el susto de su vida, sin reparación de daño y con la amenaza velada de que si los denunciaba irían por él, por su familia, pues ya tenían su domicilio por su credencial de elector.
“Así es como este comando de ladrones opera en la total impunidad y, lo más grave, con placa oficial.
“Es de esperarse que a pesar de tener los números de sus placas o económicos de las motocicletas, el personaje no quiera tomar acciones legales porque seguramente estos tipos, ligados a grupos criminales, puedan tomar represalias”.
Guardan silencio en el Gobierno
Hasta anoche, cuando cerré esta columna, no había habido alguna reacción oficial ante la denuncia pública del hecho, ni del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, ni de la propia gobernadora o de su directora de Prensa, Adriana Muñoz Cabrera.
El pasado 7 de enero, en Orizaba, en una entrevista previa a que presidiera la Mesa de Seguridad, la gobernadora Rocío Nahle declaró que en el estado se trabaja en materia de seguridad con la consigna de cero impunidad. “Se está trabajando muy fuerte en todo Veracruz, la regla es cero impunidad”.
Dijo entonces que también se trabaja en la reorganización de la Dirección General de Tránsito y Transporte, otra de las áreas en las que hay reclamos tanto de la población como de trabajadores del servicio público de pasajeros en la modalidad de taxis.
No hay por qué no creerle, cuando apenas empieza su gobierno, pero la credibilidad se perderá si no se actúa y se demuestra con hechos y resultados que la intención va en serio, porque Ramírez Baqueiro se hizo eco de otra denuncia en su columna, otro robo de la policía, que también registró el portal alcalorpolitico.com.
Fabricaron un culpable, lo detuvieron y robaron su domicilio
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles. Al profesor Fernando Fernández policías lo detuvieron relacionándolo con el asalto a una cuentahabiente, quien había retirado 56 mil pesos de una sucursal bancaria.
Familiares y el abogado de la víctima denunciaron los hechos. Policías ministeriales, del estado y municipales instrumentaron un operativo en el domicilio del profesor, rompieron cristales, una puerta, causaron destrozos en la vivienda y detuvieron a Fernando.
Allanaron el domicilio, ubicado en la calle Ismael Cristen de la colonia Rafael Lucio, bajo el supuesto de una flagrancia. Una hermana del profesor, quien se encontraba en la casa, fue detenida, golpeada y sometida sin tener que ver nada con el caso.
Durante el “operativo”, que demoró tres horas, los policías aprovecharon para robar laptops, celulares, joyas, dinero en efectivo y alimentos que estaban en la cocina. Trataron de justificar su atropello reportando que habían sido agredidos.
Se llevaron por la fuerza y con violencia al profesor, quien acababa de llegar de dar clases en Naolinco y lo consignaron por el “delito” de agresión “contra las instituciones de seguridad pública”, no por el presunto asalto y robo que había cometido. Un juez de control lo dejó finalmente en libertad, pero se negó a registrar la detención ilegal.
Los policías que participaron en el atropello fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no en la Fiscalía General del Estado, porque saben que ahí los protegen. El abogado defensor dijo que el informe policial tiene graves inconsistencias.
El periodista pide a Rocío “intervención profunda”; ¿lo escuchará?
“Cabe señalar –publicó Ramírez Baqueiro– que el día del supuesto operativo los elementos de la Policía Estatal, Municipal y Ministerial solicitaban a curiosos no tomar fotografías del lugar y los alejaban de la zona.
“Los compañeros reporteros del medio denominado Notiwhats-Noticias afirmaron tener fotografías de varios policías que participaron en el operativo; la mayoría se encontraban encapuchados. Del responsable y del dinero robado aún no se sabe nada”.
El periodista, quien también preside la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), pidió: “Urge la intervención a profundidad de la gobernadora Rocío Nahle García y de su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, porque de continuar en la total impunidad la violencia con que actúan seguirá creciendo y podría salirse de control”.
No creo que Rocío dude, para nada, de la veracidad de la denuncia del periodista, en cuyos micrófonos deposita su confianza para hacer declaraciones. ¿Actuará su gobierno?
Policías, peores que los delincuentes
Sin saber que era yo periodista, el hombre explotó, se quejó ante mi acompañante.
Dueño de un modesto negocio de alimentos, que heredó de su padre ya fallecido, comentó como algo normal que miembros de la delincuencia organizada pasan a su establecimiento a recoger el pago por derecho de piso.
“Luego vienen y les digo que no he vendido nada y los hago pasar para que vean que esto está vacío. Me dicen que por esta vez me la van a pasar y se van. Pero atrás de ellos llega la policía y esos sí no perdonan. Me exigen su cuota y no se van hasta que no les doy dinero. Con quién me quejo. Esto pasó en todo el sexenio de Cuitláhuac García y sigue ahora”.
Como esas, hay muchas historias. Los casos referidos son de Xalapa, la capital del estado, el asiento de los Poderes, la sede de la Secretaría de Seguridad Pública. Si eso sucede aquí, qué no ocurre en el resto del estado y ya ni se diga en poblados alejados de la atención de los medios, los únicos que se atreven a hacerse eco de los sufridos veracruzanos, impotentes lo mismo ante la delincuencia organizada que ante la delincuencia con uniforme y placa.
Ramírez Baqueiro denunció lo mismo a policías ministeriales, estatales de Seguridad Pública incluidos de la Policía Vial, así como municipales. Todos están coludidos. Nada ha cambiado en Veracruz en materia de inseguridad pública.