Ella se ha mantenido al margen para proteger a sus hijos por el asesinato de Raúl Gibb, pero ahora, los herederos del dueño de la Opinión de Poza Rica fueron sacados ilegalmente como accionistas, robándoles su patrimonio.
***Asistió a una reunión organizada por la regidora séptima del Ayuntamiento de Poza Rica, Leslie Vanesa Ortiz Huerta, quien le notificó su plan para cometer varios delitos en contra del periódico y quedarse ilegalmente con él.
***La regidora aceptó haber participado en el tráfico de influencias, asociación delictuosa, fraude, robo y deberá ser desaforada por corrupción y delitos graves. Curioso, ahora es ilegalmente accionista de la Editorial Gibb SA de CV.
***La marca industrial “La Opinión de Poza Rica”, pertenece a Silvia Gibb Guerrero y por ilegalidades, Gonzalo Hernández Gibb no puede facturar a Ayuntamientos, ni a candidatos, si lo intenta, se formaliza el fraude.
Después de haber publicado la exclusiva sobre la entrevista y denuncia realizada a Doña Silvia Gibb Guerrero, dueña mayoritaria del periódico La Opinión de Poza Rica y quien señaló el despojo y robo sufrido a su patrimonio y herencia de su padre, acusando directamente a Gonzalo Hernández Gibb y a la regidora panista del Ayuntamiento de Poza Rica, Leslie Vanesa Ortiz Huerta por fraude, robo y despojar a una adulta mayor de su periódico, a la autora de esta columna Entre lo utópico y lo verdadero nos realizaron más de 30 llamadas a mi celular, acoso cibernético, en las redes sociales y sobre todo, cuestionar la veracidad de nuestra entrega e información, siendo Gonzalo Hernández Gibb, quien trató de defenderse, al asegurar haber denunciado a Doña Silvia por millones de pesos y presuntas omisiones laborales. Lo interesante, es que Carmen Barra Guerrero, viuda de Raúl Gibb, asesinado en 2005, confirma el despojo y robo, así como ella nos narra cómo Gonzalo y Leslie, planearon el asalto a las instalaciones de la Opinión de Poza Rica y el tráfico de influencias de la regidora séptima del Ayuntamiento de Poza Rica. No pierdan los detalles de esta nueva exclusiva. Les cuento.
Desde el asesinato de Raúl Gibb Guerrero en el 2005, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán, su viuda, Carmen Barra Guerrero se ha mantenido al margen de la polémica y sobre todo, de los reflectores, para proteger a sus dos hijos, ante una vorágine de indignación y la artera ejecución de Raúl Gibb, por su actividad periodística al frente de la Opinión de Poza Rica, medio de comunicación propiedad de los hermanos Gibb Guerrero.
El hijo mayor de Carmen Barra heredó un rancho de Raúl Gibb, cuando él estaba vivo, una extensión de 11 hectáreas, en la congregación de “El Chote”, en el municipio de Coatzintla. Nos narra Carmen Barra, que Gonzalo Hernández Gibb engañó al joven diciéndole que esa extensión de tierra serviría para tener gallinas, ganado, una hortaliza y alimentar a la familia con lo que se cosechara. El joven le firmó un poder notarial creyendo en la palabra del primo. Cuál fue su sorpresa, que Gonzalo Hernández Gibb usó este documento para su beneficio personal y se lo adjudicó ilegalmente, ya que Carmen Barra aún conserva el título parcelario y esa extensión era ejido. Fue Gonzalo quien despojó al hijo de Raúl Gibb, bajo la complicidad de notarios de esa zona. La misma Carmen y sus hijos no pudieron recuperar ese rancho, siendo despojados por el actual administrador de la Opinión de Poza Rica.
Tiempo después, el hijo mayor de Raúl Gibb Guerrero fue golpeado y amenazado de muerte por parte de Gonzalo Hernández Gibb, siendo denunciado y nunca fue castigado por estos delitos. Lamentablemente, esta víctima e hijo del dueño de la Opinión de Poza Rica, falleció hace dos años por una afección crónica y quien asume legalmente como albacea de las acciones de su hijo fallecido es Carmen Barra, la misma quien también cuida el patrimonio del hijo menor.
La misma viuda de Raúl Gibb puntualiza la existencia de un tercer hijo, de otra relación, quien también sufre de una afección crónica y aparece su firma en la ilegal Acta Constitutiva expedida por el notario 14 de Cazones de Herrera, Basilio Obando Celaya, quien también es señalado de fraude y dar fe a actos notariales inexistentes como se da a conocer en la denuncia PZR/DVII/F7/1222/2023. El tercer hijo de Raúl Gibb nunca asistió a la presunta sesión de Consejo, por haber sido operado para un trasplante y vive en Estados Unidos. La misma Carmen asegura en esa presunta firma de la Acta Constitutiva que alega Gonzalo Hernández Gibb es falsa, pues ella como viuda, los hijos de Raúl Gibb y la misma Silvia Gibb Guerrero no fueron convocados e ilegalmente sacados del Consejo de la Editorial La Opinión de Poza Rica y tanto Carmen como Doña Silvia estuvieron afuera del inmueble, sin dejarlos entrar, por tener candados en las puertas. Todo esto consta en actas.
Con diez años de matrimonio, dos hijos y su esposo asesinado por su actividad periodística, Carmen Barra Guerrero pide a la gobernadora Rocío Nahle y al secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil su intervención en este caso, pues las anomalías del notario 14 Basilio Obando Celaya fueron graves y delincuenciales, al despojar a los verdaderos propietarios de la Opinión de Poza Rica y sobre todo, al patrimonio y legado que dejó Raúl Gibb a sus hijos.
Además, debemos puntualizar que hace un año y medio aproximadamente, en el Consejo General, donde estuvieron presentes Silvia Gibb Guerrero y Carmen Barra, en representación de sus hijos, por aprobación y acuerdo mayoritario se sacó como accionista a Gonzalo Hernández Gibb y debía vender sus acciones al resto de dueños. Algo que tampoco pasó, ya que este delincuente ha sido apoyado por abogados de medio pelo y notarios corruptos.
Y además, la Fiscalía General del Estado ha guardado las carpetas de investigación en contra de Gonzalo Hernández Gibb, siendo Israel Cortés Juárez, fiscal 7 de Poza Rica, quien ha protegido en todo momento a Gonzalo, el mismo, que se ostenta como víctima, sin serlo. Y esta primera parte la dimos a conocer con la liga: https://claudiaguerrero.mx/duena-del-periodico-la-opinion-de-poza-rica-despojada-robada-y-agredida-falsificaron-su-firma-en-documentos-notariales/ en una entrevista exclusiva a Doña Silvia Gibb Guerrero.
Uno de los delitos graves en este terrible caso, es narrado por la viuda de Raúl Gibb, Carmen Barra, quien fue buscada por las hermanas Flor y Norma Arango Gibb, bajo la también autorización de Gabriela Arango Gibb, para darle el pésame por la muerte de su hijo y con engaños la citaron en un lugar para platicar sobre el periódico La Opinión de Poza Rica.
Ya reunidas, también asistió Leslie Vanesa Ortiz Huerta, regidora séptima del Ayuntamiento de Poza Rica y esposa de Gonzalo Hernández Gibb, siendo la funcionaria municipal quien le notificó que por acuerdo de Gonzalo, Norma, Flor, Gabriela y la misma regidora panista, realizarían un operativo para sacar a los empleados de Silvia Gibb Guerrero y tomar las instalaciones para adueñarse a la mala e ilegal, del inmueble que alberga La Opinión de Poza Rica. En ese momento, Carmen Barra se negó a participar, alegando que eran delitos graves al realizar dichas acciones, deslindándose de este grupo que ejerció asociación delictuosa, robo, lesiones y fraude, que se persiguen de oficio.
Lo peor, como funcionaria municipal Leslie Vanesa Ortiz Huerta utilizó activos del Ayuntamiento de Poza Rica para cometer delitos graves, siendo tráfico de influencias, abuso de autoridad, robo y puede ser desaforada por el Congreso de Veracruz, así como expulsada del Cabildo en la administración de Fernando “El Pulpo” Remes, si es que el alcalde de Poza Rica no quiere que le caiga una responsabilidad por omisión y complicidad.
Por último, la misma Carmen Barra Guerrero declaró que su cuñada, Silvia Gibb la ha ayudado en su transe como viuda, apoyando a sus hijos desde que sufrieron el artero asesinato de su padre, Raúl Gibb, así como respetar sus derechos como codueños y accionistas de la Opinión de Poza Rica. Carmen Barra nunca tuvo justicia por la ejecución de Raúl Gibb y ahora pretenden despojarla del patrimonio de los herederos legales. Por eso, pide la intervención de Rocío Nahle como madre, esposa y mandataria, pidiéndole sólo la protección a sus derechos jurídicos como viuda y los de sus hijos, así como llevar este proceso apegado a derecho y aplicando la Ley correctamente, castigando a notarios corruptos y metiendo a la cárcel a quienes han devaluado la imagen y credibilidad de este importante medio de comunicación en Veracruz.
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